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En la primera sesión ordinaria de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva dio publicidad al dictamen de la reforma al Poder Judicial, aprobada en la anterior legislatura por la Comisión de Puntos Constitucionales. Con ello, se citó al cuerpo legislativo para que el 3 de septiembre a las 10 horas pueda ser discutida en lo general y, posteriormente, votada.

El dictamen tiene el propósito de modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por mandato popular. Además, establece la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial.

Desde el inicio de sesión, los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo

Por su parte, el diputado Pablo Vázquez explicó que MC considera que “estamos iniciando los trabajos de esta Cámara de Diputados, sentando un pésimo precedente. Por eso pedimos desde Movimiento Ciudadano que este dictamen de la mal llamada reforma judicial se devuelva hoy mismo a las comisiones respectivas”.

De igual manera, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reiteró que “nosotros no compartimos el dictamen que vamos a votar en contra porque no nos parece una reforma oportuna, ni pertinente, ni prudente”. Igualmente, cuestionó el mandato popular a tal iniciativa. “Ni es democrática, ni es popular, ni tiene forma de operarse. ¿Cómo vamos a llevar 25 boletas a una urna?”.

Luego de que el 31 de agosto la jueza Martha Eugenia Magaña y el juez Felipe Consuelo Soto ordenaron suspender la discusión legislativa, el diputado Moreira Valdez indicó que “nosotros creemos que no podemos ir a una sesión de debate del dictamen porque hay dos suspensiones de dos jueces y, por lo tanto, le aviso que nosotros nos vamos a retirar”.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Sóstenes Mejía, señaló que “mientras tienen paralizado al Poder Judicial para defender sus intereses personales y están en paro, sí tienen tiempo para dictar suspensiones inconstitucionales. […] La jueza llegó al extremo de dictar una suspensión absurda, frívola, ilegal, inconstitucional, y que representa una aberración pretender paralizar el trabajo del supremo poder reformador del constituyente permanente. La osadía es del tamaño del temor a los intereses espurios que representan”.

Finalmente, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, indicó que los amparos son de carácter improcedente.

“El artículo 65 fracción primera de la Ley de Amparo dice con toda claridad que en caso de adiciones y reformas a la Constitución, el juicio de amparo es improcedente, junto con todas sus derivaciones y actos posteriores y anteriores, ningún acto del órgano jurisdiccional es procedente. Segundo, el artículo 39 de la Constitución es muy claro: el pueblo puede darse el sistema de gobierno que decida, es inalienable su derecho. El artículo 135 de la Constitución establece un mecanismo complejo, para lograr adiciones y reformas a la Constitución, mayorías calificadas, dos terceras partes, y mayorías de legislaturas de los Estados. […] Ese poder constituyente nos lo otorgó la población en las urnas”.

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