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En México, el costo total de respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad digital oscila entre 2 mil 300 y 3 mil 500 millones de dólares al año y afecta tanto entidades grandes como pequeñas, señala el experto en ciberseguridad Eduardo Roldán. En entrevista con Contralínea, destaca que, sin embargo, “el 56 por ciento de las entidades financieras no reportan los ataques sufridos ante una autoridad de procuración de justicia”.
El año pasado, el país alcanzó la posición 52 entre los países más atacados por ciberdelincuientes en el Índice del Global de Ciberseguridad. Eduardo Roldán, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), considera necesario profundizar en la regulación de las actividades del cierbespacio.
Sin embargo, el mismo estudio califica a México como el cuarto país del Continente Americano con mayores capacidades para enfrentar la ciberdelincuencia. Por encima sólo se encuentran Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
Asimismo, por el volumen de su economía –la segunda más grande de América Latina– su sector financiero es el que mayores ataques recibe desde el ciberespacio.
Eduardo Roldán refiere que, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública de la Guardia Nacional, la tentativa de extorsión registró 48 mil delitos en internet, de los cuales sólo fueron desactivados 5 mil 920. En total, en 2023 los incidentes electrónicos reportados sumaron 21 mil 990 casos.
“Hay instituciones que están tratando de tomar medidas exitosas, como ciertas universidades, organismos gubernamentales y bancos; pero no hay comunicación entre ellas ni una coordinación nacional para frenar los ataques cibernéticos”, considera.
Señala que el 63 por ciento de las solicitudes de apoyo jurídico ante delitos cibernéticos proviene de la Ciudad de México y el resto del Estado de México, Puebla, Veracruz y Guanajuato, lo cual significa que la ciberdelincuencia principalmente opera desde estos cinco estados.
El 71 por ciento de los delitos más reportados son por cobranza ilegítima desde las aplicaciones; el 12 por ciento, por compraventa por Internet, y la extorsión figura con 8.4 por ciento, de acuerdo con el reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 2023.
En entrevista, Roldán advierte que la inteligencia artificial (IA) podría ayudar a controlar las acciones de la delincuencia mediante identificación de voz y de datos biométricos; “pero siempre y cuando sean bien utilizados”.
En 2023, en México fueron afectados instituciones gubernamentales, universidades, incluso hasta el Buró de Crédito, mientras que en Estados Unidos el Banco de la Reserva Federal, así como más de 50 bancos a nivel internacional; por tanto “lo que nos queda es de que seamos más conscientes de que la sociedad, autoridades civiles, políticas y militares, somos afectados por los ciberdelincuentes”.
Considera que en el mediano y largo plazo debe de pensarse en una “cibergobernanza global”, que beneficie a todos los países en el espacio cibernético. Más aún, cuando hay naciones que se “ciberatacan”, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China.
Para que haya un control efectivo –argumenta– debe empezar a generarse la confianza entre los países, a partir del Convenio de Budapest. En ese sentido, México debe apoyar este instrumento para generar convenios internacionales que deriven en una “super alianza global contra el cibercrimen”.
Por lo pronto, sugiere, México debe iniciar los trabajos adherirse a dicho Convenio y crear una agencia nacional de ciberseguridad.
En México hay 33 millones de consumidores que de alguna manera fueron afectados por ciberdelitos el año pasado. De acuerdo con el informe de la compañía estadunidense Norton, especializada en seguridad cibernética, el monto promedio de los daños a las víctimas es de 7 mil 700 dólares.
“Qué significa esto? Que primero tenemos que generar conciencia entre todos los sectores de la sociedad, porque todos son afectados, para ponerse de acuerdo y tomar las medidas adecuadas para combatir este estos crímenes”, alerta Eduardo Roldán.
Además de los pendientes en la legislación, el especialista señala que “la autoridad tiene sus propias limitaciones”. Se refiere a que se debe considerar como asunto de seguridad nacional la protección del ciberspacio, porque desde ahí se puede afectar las infraestructuras críticas. “Tenemos que proteger nuestras presas, centrales eléctricas, carreteras; todos los países son vulnerables. Por ello es necesario tomar conciencia y medidas para controlar el fenómeno del delito cibernético”.
Para el inspector jefe de la Guardia Cibernética, Jesús Borrego Álvarez, en el combate del ciberdelito el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han modificado nuestras actividades cotidianas y la forma en la que interactuamos el uso de sistemas tecnologías y comunicaciones conlleva un aumento de las ordenanzas cibernéticas.
Al participar en la Novena Semana de Cibeseguridad, señaló que la constante evolución de las TIC implica una permanente necesidad de protección y seguridad, ya que diversos reportes de la industria indican que se han incrementado y diversificado las modalidades de ataques cibernéticos.
La Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que los principales usos del internet fueron para comunicarse (93.8 por ciento), acceder a redes sociales (90.6), entretenimiento (89.6), buscar información (89.3) y capacitación o educación (83.3 por ciento).
Borrego Álvarez destacó que la Dirección General Científica de la Guardia Nacional cuenta con la Guardia Cibernética. Está cargo de todo lo relacionado con los delitos cibernéticos y, asegura, proporciona los insumos suficientes en tecnología para apoyar la investigación del ministerio público. Es un área especializada en la prevención investigación y persecución de conductas antisociales e ilícitas consumadas por internet y las nuevas tecnologías.
Cumple con la misión de prevenir, atender e investigar delitos o conductas antisociales en perjuicio de la ciudadanía que se cometen en agravio de niñas, niños y adolescentes, como el blooming, el sexting, la extorsión, el robo de identidad, la corrupción de menores, la trata de personas y la pornografía infantil, entre otras.
En materia de prevención de ciberdelitos, a través del número telefónico 088 –punto de contacto con la ciudadanía en la presente administración– se han atendido más de 113 mil 13 reportes ciudadanos. El que el delito de fraude se mantiene en el primer lugar.
Indica que, de los reportes recibidos, el 85.99 por ciento, es decir, 97 mil 184 casos, se canalizó ante la autoridad ministerial para que se formalicen sus denuncias y se realicen las investigaciones pertinentes. Y el 10.89 por ciento, es decir, 12 mil 304 monitoreo se resolvieron en el área con asesorías técnico-jurídicas.
Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en 2021, señala que en el mundo hay una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, destacó Borrego Álvarez, durante su participación en la Novena Semana de Cibeseguridad.
En ese sentido, la Guardia Nacional colabora con Facebook en la atención de alertamientos de suicidio, donde se reciben reportes de usuarios que tienen indicios de que están pensando en suicidarse. La coordinación patra atender este fenómeno alcanza a las policías cibernéticas de las 32 entidades federativas.
Por lo que respecta al tema de delitos contra menores de edad, la Guardia Cibernética cuenta con capacidad de prevención e investigación de conductas delictivas que se cometen a través de las tecnologías de la información y comunicación e internet. La colaboración internacional se materializa a través del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados.
Del análisis del perfil del agresor sexual, Borrego Álvarez informó que, por edad, se trata de personas de entre 18 y 35 años. Representan el 57.3 por ciento. En cuestión de género, los hombres significan el 94.8 por ciento y las mujeres el 5.2 por ciento.
Con respecto de las regiones del país que registran delitos de agresión sexual, la zona noreste representa el 8.3 por ciento, la zona sureste el 12 por ciento, la zona centro el 39.6 por ciento, la zona occidente el 22.9 por ciento y la zona noreste el 16.6 por ciento.
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