Justicia mexicana no debe amparar a Monsanto y sus transgénicos

El sistema de justicia mexicano no debe amparar en definitivo a Monsanto y sus transgénicos, pues está demostrado que éstos ponen en riesgo la salud de las personas, considera el doctor en derecho Isaac de Paz. Califica como peligroso el amparo otorgado en primera instancia por el juez Rebolledo Peña, porque declara inconstitucional el decreto que prohíbe los organismos genéticamente modificados y el uso del glifosato en agravio del interés colectivo

En última instancia, la justicia mexicana deberá ver por el interés colectivo y no por el interés de Monsanto en el tema de los transgénicos y el uso del glifosato, considera el doctor Isaac de Paz, experto en derecho constitucional y derechos humanos. Ello, luego de que el 14 de julio pasado el juez Francisco Javier Rebolledo Peña concedió un amparo a la trasnacional en el que declara inconstitucional el decreto que prohíbe los organismos genéticamente modificados y el uso del agrotóxico.

El pasado 9 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con Werner Baumann, director ejecutivo de Bayer –empresa propietaria de Monsanto–, con la cual se mantiene vigente el litigio. Sin mencionar este punto, el primer mandatario indicó en sus redes sociales que el CEO le expresó “el deseo de esta empresa de continuar invirtiendo en México, tanto en la rama farmacéutica como en insumos para alimentos. Tienen mucha confianza en nuestro país”.

En entrevista con Contralínea, el doctor Isaac de Paz –profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California– expone que el amparo otorgado por el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a favor de la trasnacional no es definitivo, por lo cual actualmente está en una fase de revisión en la que el gobierno federal está apelando. Y es que tras este fallo, la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió un recurso de revisión.

“Es muy lamentable la decisión –del juez– y muy peligrosa: está tachando de inconstitucional el decreto por varias razones ambiguas, confusas y contrarias a lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección al ambiente. Básicamente el juez de distrito dijo que el decreto carece de fundamentación y de motivación. Es decir, le pareció que el decreto está insuficientemente sustentado en evidencia científica, al decir que el glifosato no necesariamente causa un daño, que los daños y los riesgos posibles no están bien explicados en el decreto. Y rechaza ilícitamente las pruebas y la evidencia científica que le ofreció el gobierno durante el juicio de amparo”, critica.

El doctor en derecho explica que el propósito del juicio de amparo es que una parte que se queja de la violación de un derecho tenga oportunidad de ofrecer sus pruebas, pero también la otra parte –en este caso la autoridad– tiene el derecho a defenderse y a exhibir sus pruebas.

Al respecto, señala que lo más preocupante es que desechó toda la evidencia científica y bibliográfica que ofreció el gobierno para ilustrarlo en cuestiones técnicas –“porque luego los jueces no son expertos en todo, no son científicos, no saben de biología evolutiva, de organismos genéticamente modificados o de la dinámica de los suelos”–, con información bibliográfica. Ello, bajo el argumento de que eran opiniones que no necesariamente sirven para sustentar el decreto. “Entonces el juez está desechando toda esta información y si no había un ánimo corrupto en él, por lo menos sí busca beneficiar procesalmente a Monsanto”.

El doctor Isaac de Paz González recuerda que, desde 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy consistente en advertir el riesgo, bajo el principio de prevención y precaución de los daños ambientales que pueden causar todas estas sustancias toxicológicas.

“En distintos amparos que han llegado hasta la Corte, ésta ha sido muy consistente en su jurisprudencia. [La decisión del juez al amparar a Monsanto] es una decisión aislada, no es una tendencia. Es una decisión errónea en contra del decreto.”

Entonces, considera, “si al juez de distrito le parece que el decreto no está suficientemente sustentado, el gobierno federal puede hacer otro decreto y dejar sin sustento éste. Hacer otro decreto más robusto, con mayor información y explicaciones sobre la toxicidad del glifosato y emitirlo de nueva cuenta. De alguna manera lo que está diciendo el juez de distrito es que el decreto está muy flojo. Pero la verdad es que todos los decretos tienen la información necesaria, no tienen toda la explicación de los procesos a los cuales se refieren las normas jurídicas de los decretos. Creo que hay un ánimo de beneficiar a las transnacionales, en este caso Monsanto”.

Añade que la experiencia de los litigios que se han llevado contra Monsanto en Estados Unidos, comprueba que “el glifosato y todas esas sustancias como el Faena y los herbicidas que se venden en la provincia mexicana causan un daño a la tierra, al ambiente, a los ecosistemas y a las personas. Eso es muy importante remarcarlo. Los juicios en Estados Unidos han sido porque han provocado cáncer de piel en miles de personas y son esas miles de personas que han llevado a Monsanto a las Cortes y eventualmente le han ganado litigios individuales que van desde los 10 millones de dólares hasta los 250 millones. Y Monsanto actualmente está tratando de negociar alrededor de 20 mil demandas que tiene en contra de diversos estados en la Unión Americana”.

Es por ello que el doctor en derecho considera que el caso en México puede llegar hasta la Suprema Corte, por la trascendencia. Asimismo, señala que a veces los jueces de distrito –que son primera instancia– “se equivocan mucho, ya sea por falta de preparación de criterios jurisprudenciales o a veces por mala fe, no lo puedo decir en este caso. Pero esto no debería de preocuparnos tanto, claro que mediáticamente es un golpe para el decreto del gobierno federal pero, la verdad, creo que se va a revocar [el amparo]”.

Demandas colectivas

—¿Qué posibilidad tendrían los mexicanos –que han sido afectados por el uso reiterado de estos agrotóxicos y trasngénicos– de presentar demandas colectivas similares a las que han ocurrido en otros países?

—Bastantes posibilidades. No es porque uno quiere hablar de litigios millonarios, pero si hay personas que están padeciendo ese tipo de consecuencias en su salud, en su piel, y que tienen estas enfermedades causadas por el uso reiterado, la exposición y el contacto que tiene con la piel este herbicida popular, por supuesto que tienen muchas posibilidades serias. Actualmente existe una acción de daños extracontractuales, es decir, daños que puede reclamar una persona en contra de otra fuera de una relación contractual, es decir, por la falta de información, por la negligencia en la información y por la falta de cuidado de las instrucciones en el uso de los agrotóxicos, de estos herbicidas que le causan un daño a las personas y al medio ambiente. En ese aspecto, la Corte ha ido avanzando en cuanto a los daños punitivos, que son aquellos a consecuencia legales a raíz de una conducta negligente de una empresa. Hablo de sumas millonarias porque ya hay casos en la Suprema Corte en donde grandes empresas con grandes capitales trasnacionales se han visto obligadas a pagar cantidades hasta de 30 millones de pesos por el daño que le causaron a una familia.

El doctor Isaac de Paz añade que sí hay precedentes y fundamento legal para proceder en contra de estas empresas.  “Habría desde luego que buscar la evidencia para llevarla a juicio y poder demandarlos; eso en el aspecto individual. En el aspecto colectivo del daño al suelo, a los ecosistemas, ya es momento de que muchas organizaciones documenten esos daños y se empiece a armar una serie de litigios, porque prácticamente estas empresas no sólo nos hacen responsables de ellos sino que ahora pretenden burlarse de los mexicanos al interponer estos amparos, y encuentran jueces obsequiosos y parciales que les dan la razón para contraatacar este decreto. Es necesario que muchas organizaciones unan esfuerzos para que vayan a juicio, a tribunales estas transnacionales”.

El doctor en derecho indica que el gobierno federal expuso demasiada información sobre la toxicidad de este herbicida. “La verdad es que el juez de distrito desechó bastantes pruebas y no le dio cabida a ningún argumento que planteó el gobierno federal. La sentencia me pareció muy parcial, muy a favor de Monsanto”.

Por ello, considera que hay una buena estrategia de litigio por parte del gobierno federal, “sólo que en este caso, al juez muy subjetivamente le pareció que los riesgos no estaban demostrados, como si todas las leyes tuvieran que exponer con un análisis pormenorizado los riesgos de los hechos a los que se refieren las leyes. Eso sería muy absurdo. Este análisis que hace el juez Sexto de Distrito fue muy obsequioso a favor de Monsanto”.

El experto en derecho constitucional considera que el gobierno federal tiene todas las posibilidades de ganar porque existen precedentes en materia de protección al ambiente, y en materia de los principios de prevención del interés colectivo. Añade que desde 2012 hay una serie de litigios en los que siempre se ha favorecido el interés de la colectividad, incluso el derecho a la salud de la colectividad y el derecho a un ambiente sano.

De Paz González señala que en el peor escenario se puede hacer otro decreto más robusto y sustentado. “Monsanto no va a ganar en México, ya se le han cerrado las puertas aquí. Esa estrategia responde a una estrategia global de querer defenderse a toda costa, pero no va a tener eco la resolución ni tiene mucho futuro porque la van a revocar. De hecho ahorita no puede importar, aunque haya ganado el amparo porque está sujeto a una segunda revisión”.

—Luego de que este juez dio la espalda a la sociedad y a las personas que están en contacto con este agroquímico, ¿qué debería pasar en el Consejo de la Judicatura para que este tipo de jueces no sigan beneficiando los intereses particulares?

—Sí se debe fortalecer la rendición de cuentas de los jueces; no se pueden estar equivocando tantas veces. La sociedad no puede estar dependiente de sus errores, no podemos consentir tantos errores santa fallas. En este caso, si al juez no le pareció suficiente las pruebas, tiene la facultad para solicitar nuevas pruebas para ampliar periodos y allegarse de toda la evidencia que el caso requiere, pero no lo hizo. Entonces tenemos que exigir al Consejo de la Judicatura investigaciones más serias, sanciones o por lo menos que no lo ratifiquen en su segunda promoción como juez, porque ahora ya es difícil que los ratifiquen automáticamente: antes el que era juez se quedaba ahí para siempre, ahora ya hay más candados.

“Lo que sugiero es que se tome en cuenta el bloque de decisiones erróneas para que no se les rectifique como jueces y que se pongan a estudiar, que se vayan a hacer otras cosas si no están defendiendo el interés público, porque es lo que nos mandata la Constitución. No es por el afán de descalificar a nadie, pero si la gente no está preparada para aplicar la Constitución en el nivel que demandan los tiempos, en el nivel que requieren este tipo de asuntos tan delicados que afectan al país, ellos deberían irse a la banca por lo menos un tiempo: quitarles el nombramiento por lo menos un rato, regresarlos a que sean secretarios para que estudien, sepan cómo resolver estos casos y vuelvan a concursar para jueces de distrito”.

Te puede interesar: Monsanto paga miles de millones en EU y en México se le cierran las puertas; ¿qué sigue?