La cerrazón como política judicial

Por primera vez, las y los jueces de este país serán electos por voto popular. Es un proceso abierto, de cara a la ciudadanía, que permite que prácticamente cualquier persona compita en elecciones equitativas, imparciales y transparentes. También es un ejercicio democrático, en el que los tres Poderes del Estado asumieron la gran responsabilidad de seleccionar a las y los mejores aspirantes.

Sin embargo, el Poder Judicial les cerró las puertas a sus integrantes. Su Comité Evaluador decidió contravenir la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que le ordenó reanudar el proceso de selección de juzgadores. Los argumentos de la Sala Superior fueron claros, se reconoció el mandato constitucional de garantizar la renovación de los poderes públicos y, para mí muchísimo más importante, se protegieron los derechos políticos de las personas juzgadoras que se habían registrado para competir desde el Poder Judicial.

En esta actitud renuente, el Comité de Evaluación rompió las aspiraciones de muchas personas dentro del Poder Judicial al privilegiar las suspensiones dictadas por varios jueces de distrito sobre lo expresado por la máxima autoridad electoral. Dejando de lado los derechos de las tres mil personas que, desde el sistema de justicia, veían la oportunidad de participar en las próximas elecciones.

El daño es enorme. Son miles de personas reales, de carne y hueso, quienes con un gran esfuerzo han forjado su vocación por la justicia. Secretarios proyectistas, jueces y magistrados que decidieron someterse al escrutinio de sus pares, quienes confiaron en la capacidad de su Comité para escoger a los mejores perfiles, y que fueron traicionados.

Al salir de mi entrevista pública frente al Comité de Evaluación del Poder Legislativo, me preguntaron qué le diría a las compañeras que se postularon por el Poder Judicial y que muy probablemente no podrían participar en la elección. Respondí que les diría que ganó la cerrazón y la confrontación frente al compromiso que, como juzgadores, debemos tener con el país. Fue precisamente esa actitud frente a la justicia la que motivó la Reforma Judicial. La falta de autocrítica y la carencia de diálogo. El autoritarismo frente a la conciliación.

Mi mensaje para mis compañeras y compañeros del Poder Judicial fue de resistencia. Porque estoy convencida de que nuevas puertas se abrirán y que, juntas y juntos, seguiremos construyendo esa justicia que queremos, una justicia con equidad y sentido social.

Y es que la Reforma Judicial de 2024 abrió importantes oportunidades que el Comité Evaluador decidió boicotear. Sólo por mencionar algunas, permitió poner al centro de la justicia la necesidad de recobrar la confianza de la ciudadanía. También brindó la posibilidad de ratificar en sus cargos a quienes tienen los méritos necesarios. Y más importante aún, permitió que los más jóvenes sigan avanzando en la jerarquía judicial.

Para decirlo más claro todavía, la reforma le dio al Poder Judicial la oportunidad de respaldar a los suyos, de apoyar a las y los secretarios y personas juzgadoras para alcanzar nuevas alturas en su carrera judicial. Pero su Comité Evaluador decidió desaprovecharla.

Esta es una historia de puertas cerradas donde la justicia, por momentos, parece olvidarse de su esencia. Es la crónica de un Comité Evaluador que, al enfrentarse a sus propios principios, traicionó los sueños de quienes le dieron vida y fuerza. Pero también es el relato de una lucha que se niega a sucumbir, de miles de voces que se alzaron para reclamar su derecho a construir una México más justo. Por supuesto, desde la izquierda.

Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de Circuito

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