La Guardia Nacional y los territorios zapatistas

El despliegue militar en marcha es el más grande en la historia del país. Para el nuevo gobierno es absolutamente necesario. Y no sólo para el nuevo gobierno: para toda la oligarquía y la llamada “clase política” de todos los colores del espectro electoral. La nueva Fuerza Armada fue instaurada con la “histórica” aprobación unánime de todas las bancadas representadas en el Poder Legislativo federal. Las legislaturas de los 32 estados de la República dieron también su aval de inmediato, con lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decretó la creación de la Guardia Nacional el pasado 26 de marzo.

Este jueves, de nueva cuenta, de manera unánime, los legisladores federales (senadores y diputados) concluyeron la aprobaron de las leyes reglamentarias de la misma Guardia Nacional. Es decir, “hay consenso” entre quienes gobiernan y disputan el poder acerca de desplegar por todo el territorio nacional a los efectivos militares. Y hay consenso entre los poderes fácticos: las cámaras empresariales, los consorcios mediáticos, los grupos financieros y, entre otros, la jerarquía eclesiástica celebraron la instauración de la nueva Fuerza y desearon que, por el bien de la nación, tenga éxito en el combate al crimen y en la instauración de la paz.

Como hemos dicho en este espacio, la confrontación real del gobierno de López Obrador no es con sus adversarios panistas, priístas, perredistas, empresarios, financieros o ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Existe, pero en lo fundamental sabrán llegar a acuerdos, como el del despliegue militar en toda la República.

Es de reconocerse que el combate a la corrupción no es menor: generará importantes fricciones entre algunos grupos que habían abusado hasta la obscenidad de los recursos públicos. Sólo un ejemplo: como lo reveló Contralínea en la columna Oficio de Papel, Televisa recibió el sexenio pasado más de 9 mil millones de pesos oficialmente por publicidad gubernamental. A ello hay que sumar lo que recibió por otros “servicios” brindados al gobierno de Enrique Peña Nieto y, el colmo, la devolución millonaria –documentada por Reforma– de impuestos a la propia empresa y a otras de su mismo grupo, como la televisión satelital Sky y el club de futbol profesional Águilas del América.

Sí es importante el combate a la corrupción pero por sí solo no cambiará la relación entre explotadores y explotados. La estructura generadora de desigualdad económica social quedará intacta.

La creación de la Guardia Nacional implicó intervenir 12 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sea de paso, esta legislación promueve que se armen las personas bajo el argumento de preservar su seguridad. El Artículo 10 de la Carta Magna mexicana dice ahora: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa […]”.

En la Constitución y en las leyes reglamentarias se insiste en que el nuevo cuerpo es de carácter policial y civil. Pero en los artículos transitorios queda establecido que estas tropas provendrán principalmente de la Policía Militar y de la Policía Naval. En menor medida, de lo que queda de la Policía Federal. Es decir, ayer eran militares y hoy, adscritos a la Guardia Nacional, son civiles. Como si un cambio de uniforme bastara para transformar a un militar en un policía. Además, el quinto transitorio autoriza al presidente de la República para disponer del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana para realizar tareas de seguridad pública.

Estamos hablando de un despliegue que ha iniciado con 50 mil efectivos y que llegará a 110 mil. Y, como ha insistido Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en este despliegue, los elementos no regresarán a sus batallones después de realizar operativos. Se quedarán ahí, en las plazas, “recuperando” el territorio nacional.

El comandante de la Guardia es el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, con credenciales de experto en inteligencia y combate al narcotráfico. El estado mayor de la nueva Fuerza se completa con un representante del Ejército (el general de brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez), uno de la Armada (el contralmirante de infantería de marina, Gabriel García Chávez) y una de la Policía Federal (la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel).

El reportero José Réyez reveló en Contralínea el despliegue que la Guardia Nacional alcanzará en 3 años a través de 266 coordinaciones en que la nueva Fuerza dividió al país. De ellas, 216 estarán a cargo de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 34 de la Secretaría de Marina (Semar). Y apenas 16, de la Policía Federal.

Entre las 266 coordinaciones donde se asentará la Guardia Nacional se contempla a las comunidades de los municipios autónomos zapatistas. Esta nueva Fuerza, por lo menos en el mapa, plantea instaurarse en el corazón del movimiento zapatista y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Incluso, de la información puede desprenderse qué coordinaciones de la Guardia serán y quiénes estarán a cargo. Se trata de la “entidad Chiapas 1” con cuatro coodinaciones regionales. Los cuarteles estarán en San Cristóbal de las Casas, donde el “enlace militar” es el coronel de infantería Vicente Dimayuga Canales; Comitán de Domínguez, con el coronel de caballería Carlos Alberto Rojas Martínez; Huehuetán, con el general de brigada Jaime Contreras Chávez, y las Margaritas, a cargo del coronel de infantería Arturo Carrizales Huerta.

La “entidad Chiapas 2” también contará con cuatro coordinaciones cuyos “enlaces militares” son el coronel de infantería Avigail Vargas Tirado, el teniente coronel de infantería Edilberto Jasso Godoy, el coronel de infantería Rodolfo Díaz Navarro y el coronel de Artillería Isaac Guzmán Rojas. Los cuarteles estarán en Ocosingo, Palenque, Pichucalco y Bochil, repectivamente.

El cerco militar sobre los zapatistas se estrechará.

También se creó la “entidad Chiapas 3” en el Sur del estado donde no hay comunidades autónomas zapatistas.

La región de influencia zapatista tendrá más cuarteles que otras regiones con altos índices de violencia, a pesar de que en el propio documento se establece que los índices delictivos en los territorios autónomos son de los más bajos del país.

López Obrador ha insisitido en que, como gobernante, no es de izquierda ni de derecha, sino “liberal”. Su lucha es contra los “conservadores”, como aquella del siglo XIX, cuando las dos grandes facciones se disputaban el territorio. Al triunfo de los liberales se instauró un gobierno fuerte que “recuperó” para el Estado liberal todas las regiones.

Probablemente, en la visión de López Obrador se deben “recuperar” todos los territorios. Y no sólo los que están en manos de la delincuencia, sino aquellos con comunidades antisistémicas, ajenas a lo que consideran el Estado burgués mexicano. Al parecer, la guerra en Chiapas no está cancelada.

Zósimo Camacho

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