Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, hace cuatro años y medio, el principal órgano de seguridad nacional del país se transformó y tuvo cambios significativos en sus prioridades y objetivos, modificó su estructura de mandos operativos, redujo su personal y disminuyó salarios de directivos que eran superiores a los ingresos del presidente de la República.
De lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hubo un cambio hasta de nombre, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, de los 40 mandos superiores que había en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, ese grupo privilegiado se redujo a sólo 28, y todos con un salario menor al de López Obrador.
De aquel temido órgano de inteligencia del Estado conocido como Cisen –dedicado prioritariamente a la violación a los derechos humanos mediante la persecución, amedrentamiento y espionaje de políticos opositores, empresarios, dirigentes sociales y sindicales, periodistas y líderes estudiantiles, y que no hacía nada para resguardar la seguridad nacional, pues por el contrario colaboraba con agencias policiales estadunidenses que operaban libremente en territorio nacional en clara violación a la soberanía y a la Constitución–, ahora el CNI participa en acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para combatir al crimen organizado, disminuir la violencia, impedir que agentes extranjeros sigan operando con impunidad en el país y resguardar el territorio.
Al frente de la estructura del CNI está el general Audomaro Martínez Zapata, quien ostenta una plaza con la clave presupuestal H, por lo cual percibe un ingreso bruto de 163 mil 651 pesos al mes, de los cuales 29 mil 299 corresponden al sueldo base y 134 mil 422 pesos a una compensación garantizada; mientras que el presidente de la República gana 174 mil 26 pesos brutos, es decir que el general Audomaro tiene un salario inferior en 6 por ciento, que equivale a 10 mil 469 pesos menos, que el presidente López Obrador.
En un comparativo, hace 10 años Contralínea dio a conocer (número 336, del 26 de mayo de 2013) los onerosos salarios que percibían los 40 mandos superiores del Cisen, quienes desde aquel entonces ganaban más que los actuales funcionarios del CNI y cuyos ingresos oscilaban entre los 200 mil y 160 mil pesos mensuales que, de contemplarse la inflación acumulada en una década, más un bono adicional que recibían por riesgo de trabajo correspondiente al 30 por del salario y otras prestaciones, estaríamos hablando aproximadamente de que los funcionarios del Cisen ganaban un 300 por ciento más de lo que se percibe actualmente en el CNI.
Por ejemplo, el primer director general del Cisen en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Eugenio Ímaz Gispert, quien carecía de conocimiento en materia de seguridad nacional y que llegó a ese cargo por ser parte del grupo político del estado de Hidalgo, que encabezaban Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, percibía un ingreso bruto de 199 mil 591.47 pesos mensuales, monto que al sumarle la inflación de 10 años rebasaría los 500 mil pesos mensuales actuales, más otras prestaciones y un bono del 30 por ciento al salario.
El segundo al mando del actual CNI es el secretario general Osmar Saúl Parra Ibarra, quien con la clave presupuestal J3, percibe un ingreso bruto de 159 mil 724 pesos mensuales, que se integran con un sueldo base de 23 mil 993 pesos y una compensación garantizada de 135 mil 731 pesos, monto total que contrasta con los 193 mil 755.52 pesos que recibía quien ocupaba el mismo cargo hace una década.
La actual estructura del CNI cuenta con siete coordinaciones generales operativas, las cuales tienen una plaza presupuestal con la clave J2, cuyo ingreso mensual corresponde a 154 mil 487 pesos, que corresponden a 23 mil 993 como sueldo base y 130 mil 494 pesos de compensación garantizada, cuando en el sexenio pasado los funcionarios que ocupaban esos mismos cargos percibían un salario mensual por 189 mil 944.30 pesos, más bonos y otras prestaciones.
A finales del año pasado, un juez federal libró también una orden de aprehensión en contra de Mendoza Gándara por su supuesta participación en actos de tortura en contra de uno de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, y estuvo acusado junto con el prófugo de la justicia Tomás Zerón, principal responsable de la indagatoria en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Antes de ser coordinador general de Servicios Técnicos, el abogado y consultor en seguridad pública y nacional Andrade Téllez fungió como director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Cada una de estas coordinaciones generales tienen bajo su mando varias direcciones, con una plaza clave K2 y un salario bruto de 136 mil 158 pesos; por ejemplo, Mendoza Gándara tiene en su área la Dirección de Contrainteligencia Interna, a cargo de Dolores Castillo, en la Dirección de Contrainteligencia Externa está Eduardo Vázquez García y en la Dirección de Seguridad Institucional está Javier Aguilar.
En la Coordinación General de Análisis está la Dirección de Asuntos Internacionales, bajo el mando de Luis Gaistardo Serrano, exdelegado del Cisen en Quintana Roo; Dirección de Análisis, Luis Muñoz Ángeles, exsubcoordinador general de Planeación y Vinculación Institucional del Cisen; y en esa misma estructura está la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, a cargo de Antonio Curzio Gutiérrez, hermano del conductor de noticias Leonardo Curzio.
Sigue la Coordinación General de Operación, en donde Sandoval Medina tiene bajo su mando el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, cuyo titular es Luis Pichardo; la Dirección de Atención a la Delincuencia Organizada, Hugo Alejandro Sánchez Rodríguez, y también aquí está la Dirección de Extremismos Violentos, de reciente creación.
En la Coordinación General de Servicios Técnicos hay tres direcciones bajo el mando de Andrade Téllez: Dirección de Intervenciones, Aurora Alvarado Jiménez; Dirección de Desarrollo Tecnológico, y Dirección de Apoyo a la Operación.
En la Coordinación General Jurídica hay dos direcciones: de lo Contencioso y de lo Consultivo y Normatividad.
En la Coordinación General de Investigación aparecen en el organigrama tres direcciones: de Investigación Zona Norte; de Investigación Zona Centro, y de Investigación Zona Sur.
La última es la Coordinación General de Administración con dos direcciones: de Recursos Humanos y de Recursos Materiales.
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