“Yo tengo listas de esos periodistas, columnistas”, señala Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social del gobierno de México y vocero de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Ésa es su respuesta al cuestionamiento sobre la veracidad de una declaración suya que ha causado revuelo en los últimos días: que durante el sexenio pasado 15 periodistas recibieron alrededor del 25 por ciento del total del presupuesto de comunicación del gobierno anterior, es decir, que fueron beneficiados con unos 15 mil millones de pesos.
—Pero, en números redondos, 1 mil millones de pesos a cada uno… ¿Más que a medios de comunicación? –se le cuestiona.
—Pues imagínate: si hay 10 de 30 millones, son 300 millones nada más ahí –responde con seguridad. Se recompone en su silla. Echa el cuerpo hacia delante.
—¿Pero hay alguno que de manera particular recibiera 1 mil millones? –se le insiste.
—No, no. Es un conjunto de periodistas o comentaristas y hasta directivos de periódicos que han recibido de manera directa, a su nombre, están los contratos a su nombre, como asesores de imagen, como asesores de información, incluso en campañas [publicitarias] –y que en conjunto recibieron el 25 por ciento de un presupuesto de 60 mil millones en 6 años, como declaró el pasado jueves 28 en una charla con estudiantes y profesores en su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (https://bit.ly/2IXLWXz).
Saco oscuro, cabello peinado meticulosamente, de hablar pausado, acelera de pronto su discurso. Ejemplifica con la campaña informativa llevada a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto para la protección de la vaquita marina.
“Lo que se gastó en la vaquita marina en publicidad es 20 veces mayor que lo que se invirtió realmente en protegerla. Hay muchos comentarios, notas, ‘infomerciales’ como se les llama, que están registrados no a nombre de la empresa [de medios de comunicación] sino de las personas: de los periodistas.”
Señala que en todo este sistema de pagos a 15 columnistas y directivos de medios participaron casi todas las secretarías de Estado y dependencias, como la Lotería Nacional.
La columna Oficio de papel reveló a principios de febrero los destinatarios de todo el gasto publicitario del sexenio de Enrique Peña Nieto [https://bit.ly/2XFF9oJ). Se detallan los montos para cada medio de comunicación y, en su caso, periodistas que recibieron recursos de manera individual para sus páginas de internet.
Se le hace ver a Jesús Ramírez que aunque, en efecto, hay columnistas a los que se les asignaron montos millonarios, ninguno se acerca remotamente a los 1 mil millones de manera individual. Tampoco hay registros de que algunos hayan recibido cientos de millones. Experiodista de La Jornada, de la agencias AP y Reuters, coautor junto con Carlos Monsiváis del libro Ciudad de México. Crónica de sus delegaciones, Ramírez Cuevas cita al columnista de El Universal y abogado de Televisa Javier Tejado Dondé. Fue, dice, quien dio primero el dato de que había esa cantidad (25 por ciento del presupuesto total) para los 15 periodistas. Pero “yo tengo listas de esos periodistas”, insiste.
Sobre si puede probar sus dichos, el egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señala con seguridad: “Hay muchos registros”.
Reconoce, sin embargo, que no hay documentación de todo. “También te debo decir que los tecnócratas del pasado no eran tan ordenados ni eran tan tecnócratas: en manejo de lo que era la corrupción no dejaron registro. No hay [archivo en formato] Excel; no hay un registro automatizado. Todo está en cajas de contratos individuales o de campañas, no están siquiera digitalizados [los archivos]”. Agrega que “hablamos de muchas cosas que no están registradas: menciones, impactos, entrevistas, todo está tasado. Cada teaser [formato publicitario que precede a una campaña publicitaria directa], tiempo aire, todo está tasado, y es imposible [determinarlo] porque eso no está en contratos.
Por ello, refiere, “ese recuento no es tan sencillo, porque se dejaron muchos huecos para no poder comprobar. Yo calculo que sí se pudieron haber llevado un equivalente a eso [15 mil millones de pesos]”.
—¿Quiénes son esos periodistas?
—No se trata de denunciar a nadie ni de levantar pruebas. Es un cálculo que hemos hecho en función de dos fuentes. Una es el comentario de Tejado Dondé, que sabe, y de la información que tenemos: la aparición de estos columnistas en todas las dependencias, que recibieron contratos de todas, incluso de organismos desconcentrados, de la Lotería Nacional, de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
—¿Entonces es información de la que no hay registro?
—Hay un registro, claro que lo hay. Pero es un registro incompleto.
Sabe que sus declaraciones han inquietado los círculos de periodistas, los ambientes en los medios de comunicación y, particularmente, los entornos de los columnistas que se han identificado ideológicamente con los gobiernos anteriores, así como de un sector social que ha exigido conocer los nombres y los montos que recibieron. Pero no se arredra. “Todos los cambios, cuando son de a de veras, duelen; y a unos les duelen más que a otros”, dice.
—Nombres –se le insiste.
—…No –arquea las cejas, lleva la mirada al techo del Salón Tesorería del Palacio Nacional, recinto en el que cada mañana el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador da su conferencia con la prensa–. No te puedo decir. Son del dominio público.
En los registros oficiales que posee Oficio de Papel (https://bit.ly/2ERN1Mu) aparecen 14 periodistas beneficiarios de publicidad gubernamental con montos muy inferiores a los señalados por Jesús Ramírez: Óscar Mario Beteta (77 millones 711.8 mil pesos); Joaquín López Dóriga (59 millones 635 mil pesos); Raymundo Rivapalacio (30 millones 498 mil 350 pesos); Ricardo Alemán (28 millones 145 mil 160 pesos); Adela Micha (27 millones 15 mil 110 pesos); Pablo Hiriart (23 millones 198 mil 890 pesos); Jorge Fernández Menéndez (20 millones 536.7 mil pesos); José Cárdenas (15 millones 215 mil 950 pesos); Rafael Cardona (10 millones 737 mil 780 pesos); Francisco Garfias (8 millones 602 mil 810 pesos); Francisco Cárdenas (8 millones 187 mil 80 pesos); Salvador García Soto (5 millones 756 mil 300 pesos); Eduardo Ruiz Healy (4 millones 243 mil 80 pesos); Francisco Santiago (2 millones 75 mil pesos).
La oficina que encabeza Jesús Ramírez es la que concentra toda la política de comunicación de la llamada “cuarta transformación”. También es la responsable de la relación de todo el nuevo gobierno con la prensa. El ahora funcionario señala que heredó una estructura caracterizada por estos pagos discrecionales a determinados periodistas y un uso patrimonial del dinero público.
“Venimos de un uso patrimonialista y propagandístico de la publicidad gubernamental y de la relación con los medios”. Explica que la relación de poder y subordinación entre gobierno y medios era de dos sentidos: “La prensa estaba subordinada al poder político, es más, al presidente de la República. A veces hasta las portadas y los teasers, las entradas de los noticieros, estaban dictados por [la Secretaría de] Gobernación”. Pero también, y sobre todo en los últimos años, “los medios se empoderaron y sometieron a los políticos a su propia agenda y su propio interés”.
Agrega que “de estas dos vertientes del pasado surgió una relación perversa, económica, en la que se utilizó el dinero gubernamental para aceitar la maquinaria, buscar opiniones favorables [de los periodistas], información que le sirviera al gobierno para reducir la crítica. Por ejemplo, acallar todo el tema de seguridad. Durante el gobierno de Peña fue muy claro que el tema de seguridad se borró prácticamente en los primeros años; después ya no pudieron [mantenerlo fuera de la agenda] pero de todas maneras se mantenía en bajo perfil”.
De acuerdo con Jesús Ramírez, tal relación de medios-gobierno requería cada vez más de mayores recursos. “Heredamos una relación perversa entre los medios de comunicación y el gobierno; una situación en la que el gasto gubernamental en publicidad era completamente injustificable, un insulto para la población, para los mexicanos”.
Para el vocero presidencial, “lo que oficialmente” se destinaba a los medios ya era insultante: 10 mil millones de pesos al año, es decir, 60 mil millones en el sexenio, unos 3 mil millones de dólares. Pero “sabemos que hay mucho dinero que no está registrado” y los números reales son aún mayores.
Con estos recursos “se creó una burbuja económica en los medios de comunicación que privilegiaron su relación con el poder, su aquiescencia de ponerse de acuerdo y ser funcionales unos a otros”, en lugar de buscar construir audiencias, lectores, tener público. “En lugar de informar y atraer a la gente, lo que hicieron fue generar una agenda subordinada a los intereses del gobierno”.
Pero, explica Ramírez Cuevas, no funcionó esa estrategia: perdieron estrepitosamente las elecciones del 1 de julio pasado. Y es que no sólo perdieron los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, y Acción Nacional, Ricardo Anaya, sino los medios y periodistas que apostaron a estos partidos. “Ya la sociedad no se deja engañar fácilmente. Puede ser víctima de noticias falsas, pero no de propaganda gubernamental como la que se dio de manera tan abusiva durante el gobierno de Peña”, considera.
Jesús Ramírez fue presentado por el propio López Obrador como parte de su equipo el 21 de agosto del año pasado. El entonces candidato triunfante dijo: “El coordinador de comunicación social va a tener una estrecha relación con ustedes [reporteros], atendiendo a periódicos, estaciones de radio, canales de televisión y todo lo que tiene que ver con las redes sociales”. Presidente electo en aquel tiempo, Andrés Manuel consideró destacar un dato para explicar el nombramiento de Ramírez Cuevas como su vocero: “Como mi pecho no es bodega, les comparto que conocí a Jesús porque me lo recomendó Carlos Monsiváis”.
Jesús Ramírez señala que su Coordinación General no sólo heredó una relación perversa entre medios y gobierno. También “heredamos la exigencia de transparentar las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno; transparentar los recursos que se invierten en publicidad, y separar la agenda de los medios del poder político: que haya independencia de los medios respecto del poder político, pero también del poder político respecto de los medios de comunicación, que han dictado la agenda en muchos casos”.
Rechaza que sus declaraciones puedan entorpecer la relación entre medios y gobierno. Por el contrario, “estamos en una situación única en el sentido de que al revelarse estas relaciones perversas, al haber una exigencia democrática de la sociedad de transparentar estas relaciones, también es de exigencia para que el gobierno rinda cuentas, explique su acciones”.
Considera que hoy la ciudadanía le exige tanto al gobierno como a los medios. “La sociedad también demanda de los medios de comunicación el ejercicio libre y responsable de la información, para que la gente tenga nociones de qué está pasando, por qué suceden las cosas y qué opciones hay para opinar o para la solución de los problemas”. A su vez esto fortalece a la sociedad.
“Esa es la herencia que tenemos: una crisis de un modelo viejo, caduco, unilateral; casi, casi, de bocina: los medios de comunicación como reproductores del discurso del poder, que a su vez es un poder subordinado a los intereses económicos.”
Asegura que en materia de la relación entre la prensa y el gobierno ha iniciado una nueva etapa. Hasta el sexenio pasado “era un círculo vicioso que respondía a los mismos intereses: del gobierno y privados que estaban bajo la idea del contratismo, de todo este beneficio, de traslado de los bienes públicos al interés privado. Además, cuando las ligas entre las grandes corporaciones y los medios de comunicación son cada vez más delgadas”.
No más dinero público, de manera discrecional, a columnistas empoderados ni a medios amigos del gobierno en turno. No más premios por debajo de la mesa ni contratos a periodistas “asesores de imagen”. Es lo que, asegura Jesús Ramírez, se acabó.
Zósimo Camacho/Primera de dos partes
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