Los ciudadanos decidirán el futuro del NAICM

La consulta ciudadana que decidirá el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que se construye en Texcoco, ha abierto dos frentes: de un lado, una minoría que busca defender bajo argumentos técnicos la continuidad de la obra y sus contratos otorgados dentro de la opacidad; y del otro, a la mayoría de los mexicanos que por primera vez en la historia tendrán en sus manos el anteponer los intereses sociales a los de grupos de poder económico, acostumbrados a pisotear los derechos de pueblos y comunidades en el objetivo de alcanzar ganancias millonarias.

Amanuenses de estos poderes fácticos se pronuncian en contra de que el pueblo decida sobre el camino que deberá andar esta obra cuyo monto inicial, tasado en 170 mil millones de pesos se ha incrementado a 300 mil millones, lo que lo convierte en el segundo proyecto aeroportuario más caro del mundo. Según sus defensores, los ciudadanos no cuentan con los conocimientos necesarios para votar por la mejor decisión.

El asunto de fondo es que quienes así piensan olvidan mencionar que tampoco se consensaron en lo absoluto reformas como la Laboral que aniquiló los derechos de millones de trabajadores y condenó a las nuevas generaciones a contratarse en desventaja con los patrones mediante las outsourcings (subcontrataciones), que anulan su estabilidad laboral y los beneficios de la seguridad social, tales como acceso a atención médica, a una vivienda y una jubilación digna.

Y ni qué decir de la reforma a las pensiones y jubilaciones impuesta en el gobierno de Ernesto Zedillo por un servil Congreso que no tomó parecer alguno a los millones de afectados y que ahora deberán sobrevivir por pensiones miserables a consecuencia del manejo irresponsable de sus ahorros por parte de las Afores, cuyos únicos beneficiados han sido los banqueros y empresarios.

Debemos preguntar a los que ahora hablan de falta de conocimientos técnicos a millones de mexicanos si la Reforma Energética rindió los frutos esperados como la creación de 500 mil empleos y la disminución en los precios de la luz, las gasolinas, el diésel y el gas doméstico. Los diputados y senadores que votaron su aprobación se apresuraron a deslindarse del gasolinazo ejecutado en enero del 2017 y que ocasionó un serio revés a la economía de millones de hogares de bajos recursos por su efecto inflacionario.

El proyecto del NAICM fue autorizado de manera impositiva por la administración que está por concluir en diciembre próximo y desoyó las voces de los comuneros de Atenco, comunidades aledañas y especialistas en diversas áreas que advirtieron de los riesgos de construirlo sobre los terrenos de lo que fue un lago y que lo hacen propenso a hundimientos, por mencionar uno de los riesgos que implica su falta de planeación técnica.

Otro de los daños sociales que fue pasado por alto es que para suministrarle agua se corre el riesgo de acabar dejando sin una gota a municipios como Ecatepec que de manera histórica ha bregado contra la falta del vital líquido. En la actual época de estiaje, miles y miles de colonos han tomado las principales avenidas de ese municipio exigiendo un abasto al menos básico para cubrir sus apremiantes necesidades, luego de meses sin ver caer una gota en las tuberías de sus hogares.

La falta de planeación, transparencia y “conocimientos técnicos” tiene apenas en un 30 por ciento de avance a la obra que se suponía sería la joya del actual sexenio; el equipo de transición del presidente electo ha señalado que si se decidiera seguir adelante estaría terminada hasta el 2023. En síntesis: hay 4 años de retraso.

¿A quién responsabilizar de tan evidentes desaciertos? ¿Por qué se decidió arrancarla sin antes someterla a un foro de análisis nacional por parte de expertos en la materia y escuchando a los habitantes de las zonas y municipios aledaños?

Otro de los fenomenales desaciertos lo es también el inconcluso tren interurbano México-Toluca, que se ve difícil que entre en operación antes de que finalice el actual gobierno, como se tenía previsto. En la obra han aparecido dudas sobre el manejo de los recursos y el otorgamiento de contratos, similar a lo que ocurre en el proyecto aeroportuario de Texcoco y donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya ha cuestionado la adjudicación directa de millonarios contratos y la opacidad en el manejo de los recursos de origen público.

Diversas comunidades mexiquenses fueron objeto de brutales represiones y despojos para dar paso a un proyecto que también vio incrementado su costo inicial de 44 mil a 52 mil millones de pesos por “cambios en su trazo”. El daño ecológico causado a su paso es brutal porque, como ha sido costumbre en los gobiernos neoliberales, nunca se tomó en cuenta a la ciudadanía ni a los expertos en la materia.

Las voces que exigen seguir adelante con el NAICM dicen que esto es ya una decisión tomada por lo que una consulta ciudadana sale sobrando, pues cancelarlo costaría alrededor de 100 mil millones de pesos. El problema de fondo es que con los riesgos que implica su subsuelo fangoso (algunas imágenes publicadas en las redes dan cuenta del hundimiento de maquinaria pesada en la zona de obras) y otros problemas ecológicos, como el abasto de agua, lo meramente técnico debe ceder sus fines económicos al análisis de los verdaderos costos sociales, urbanos y ambientales, de una obra impuesta, mal proyectada y sumamente costosa.

Además, el cuestionado manejo de los recursos y sus orígenes debe ser puesto en la mesa del debate nacional para aclarar a millones de trabajadores la asignación de millonarios fondos de las Afores, utilizados para costear la obra y que, para variar, nunca se les consultó. Si los ciudadanos votan por seguir adelante con el proyecto, a través del esquema de concesiones a particulares, deberá precisarse cuánto de lo hasta ahora gastado proviene de fondos públicos y del ahorro de los trabajadores, pues bajo ningún sentido podrá admitirse que las Afores carguen a sus reiteradas pérdidas (minusvalías), una inversión que puede esfumarse sin rendir beneficio alguno a los ahorradores.

Someter a una consulta popular las grandes obras y políticas sociales del país habla sin duda de una nueva forma de gobierno que se sustentará en una democracia participativa donde todas las voces sean escuchadas. Si esta consulta logra ser vinculante respetando la voluntad popular, los mexicanos estaremos en presencia de un ejercicio constitucional inédito que sentará las bases para cambiar el modelo neoliberal que tanto daño ha causado al país en las últimas tres décadas.

Para bien de la nación, los ciudadanos deben refrendar su derecho a votar sobre los temas de trascendencia, tal y como lo hicieron el pasado primero de julio en que manifestaron su decisión por un cambio de fondo que beneficie a sus familias. Y el próximo mes de octubre puede marcar un nuevo hito en la consolidación de nuestra democracia.

Por cierto que para quienes dicen que la gente no cuenta con los conocimientos ni la información necesarios para emitir una opinión razonada, el dictamen entregado al presidente electo, en torno al asunto del NAICM, puede ser consultado en la siguiente dirección: https://lopezobrador.org.mx/2018/08/17/documentos-de-consulta-sobre-aeropuerto/

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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