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Cambiar el paradigma, a partir del reconocimiento del fracaso de la “guerra contra las drogas” impulsado por Estados Unidos y contener de manera integral el problema mundial de las drogas, así como las causas estructurales y primarias de desigualdad, pobreza, y violencia, consideran expertos.
Para el director del Departamento de Estudios de Administración Pública, del Colegio de la Frontera Norte (Colef), José María Ramos, sin duda alguna los 19 países participantes en la Conferencia Latinoamericana sobre Drogas, es importante porque planea la problemática muy aguda de las principales drogas blandas y sobre todo sintéticas.
Sin embargo, considera que el gobierno de Estados Unidos sigue marginando su responsabilidad como la sociedad de mayor consumo de drogas en el ámbito internacional. “Para ellos, no ha cambiado ni cambiará la narrativa: los principales países responsables son quienes generan la oferta o el trasiego de drogas. Por tanto, a ellos se les debe de exigir mejores políticas tanto de erradicación, control del trasiego y disminución del consumo”, indica en entrevista.
Con el trasiego de fentanilo y cocaína, Estados Unidos está regresando al enfoque tradicional, por lo que “yo veo muy difícil que los gobiernos latinoamericanos, con una serie de limitaciones económicas, problemas de violencia, la influencia de algunos grupos delictivos, sobre todo mexicanos, vayan a reorientar recursos para atender este tema”.
Si a esto se suma las posiciones de congresistas republicanos y del gobernador de Texas, Greg Abbott que han planteado que se reconozca a grupos delictivos mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, se fortalece la narrativa de culpabilidad mexicana. Y se margina que el tráfico de drogas es un problema transnacional y de responsabilidades compartidas, destaca.
Apunta que el Departamento de Estado ha reconocido algunos avances, pero también que la complejidad del problema aumenta, pues según esa visión, en México hay más violencia de los grupos delictivos, extorsión a productores agrícolas, incremento del trasiego de drogas y aumento del tráfico de armas; y en Estados Unidos: incremento de personas fallecidas por sobredosis de fentanilo.
El impacto social es diferente en cada país, según el nivel de desarrollo y las capacidades de gestión y de gobernanza del problema, sostiene José María Ramos, doctor en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, Madrid, España.
El investigador del Colef sostiene que desde la detención de Ovidio Guzmán a principios de enero de 2023, la dinámica delictiva del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos va en aumento. Lo mismo sucede con el consumo de diversos componentes de fentanilo en la sociedad estadounidense, con lo cual el número de fallecidos por sobredosis sigue en aumento.
La desaparición de la Iniciativa Mérida (2007-2020) por el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras de México y Estados Unidos (2021) y los diversos problemas de la agenda que lo integran, es un reflejo de una mayor complejidad de la agenda antidrogas y las limitaciones de la actual política y la cooperación, advierte.
De tal manera que la reducción del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos es un desafío complejo que requiere una eficaz estrategia integral que aborde tanto la oferta como la demanda de drogas, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, el desarrollo socioeconómico, la lucha contra la corrupción, sostiene José María Ramos, maestro en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Un enfoque de salud pública y el fortalecimiento del estado de derecho como lo planteó la Conferencia Latinoamericana, son algunas de las mejores propuestas de política que México debe considerar para enfrentar este problema. La implementación efectiva de estas estrategias no solo beneficiará a México, sino que promoverá la seguridad y la estabilidad en la región”, asegura.
Sin embargo, pese a que en febrero del 2021 el presidente Joe Biden planteó una propuesta más orientada a fortalecer el tema de salud, pero no se ha concretado, “o sea, esa política para tratar de reducir la creciente demanda de drogas que existe en Estados Unidos está reflejando que se ha acrecentado la dinámica de oferta y demanda de drogas”.
Considera que en los últimos 15 o 20 años no ha sido prioridad un enfoque de salud pública con el aumento de cocaína y los niveles de consumo de drogas blandas, ha incrementado en nuestros países, “por lo yo no creo que vayan a calzar una política integral en materia de prevención y tratamiento de adicciones”.
También hay una dinámica económica financiera detrás de esta actividad que no se ha regulado, al contrario, se ha diversificado mucho más el narcotráfico, lavado de dinero y el tráfico de armas, por lo tanto hay una problemática muy compleja. Ello, también por el fentanilo. Prácticamente se puede decir de nunca acabar, porque la política integral no ha sido así y no hay voluntad de Estados Unidos, con el mismo enfoque de culpar los países productores cuando tenemos un mercado muy diverso de drogas sintéticas que hace cinco años no las teníamos, acompañada de cocaína.
Considera que el tema es el mercado estadunidense, pero también el mercado en países latinoamericanos, claro, no son los mismos que en Estados Unidos, pero se está incrementando el consumo y también tiene que ver con esta dinámica delictiva en la región.
Sin embargo, en función de la problemática, sobre todo en los países sudamericanos, fortalecer los mecanismos de cooperación regional en algunos casos funcionan, pero en otros casos no necesariamente, entonces es fundamental fortalecer las actividades de inteligencia y de investigación.
Guadalupe Correa-Cabrera, Profesora de Política y Gobierno en George Mason University, especialista en temas de seguridad, señala que lo más sorprendente en el contexto del marco Bicentenario, es que Estados Unidos no ha llamado a México para realmente combatir los efectos perversos de la guerra contra las drogas impuesta por el vecino país.
“Desafortunadamente, el primer día de la puesta en práctica de este marco Bicentenario, se produjo un anuncio de las recompensas para agarrar a Los Chapitos, mostrándonos que tiene muy claro su interés”, señala. Por tanto, lo que se debe hacer México a partir de la Conferencia Latinoamericana es tomar en serio en el Acuerdo Bicentenario las recomendaciones de las naciones que participaron.
“El Acuerdo Bicentenario es la estrategia a seguir, pero está en el papel porque México opera bajo la presión de Estados Unidos, el cual no hace nada, ni invierte recursos para la prevención y de la salud pública, y luego simulan y se quejan de la crisis de opioides”, apunta Correa-Cabrera.
Considera que para luchar contra las adicciones y las drogas en general, es correcto ir a las causas y resolverlas de raíz, pero hay muchos intereses en las agencias de los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas del mundo y el país donde no quieren hacer nada.
“Ellos quieren seguir como como lo han hecho siempre: dejar que sigan operando agencias como la DEA, más como con una forma de controlar a los territorios de Las Américas que forman esta estrategia de su política dirigiendo sus esfuerzos antinarcóticos”, advierte.
Realmente –dice la doctora– Estados Unidos no se ha comprometido porque no existen los recursos para hacerlo efectivo, ¿cuánto dinero va a estar en los programas para luchar contra las adicciones y ver el tema de la drogadicción como una cuestión de salud pública?, cuestiona la académica.
“El cambio de paradigma sería la prevención de la demanda, pero realmente el mayor gasto solo beneficia al complejo militar-fronterizo-industrial y no a las personas que necesitan un tratamiento o programas de rehabilitación”, enfatiza Correa-Cabrera, profesora en Universidad de Texas-Brownsville-Valle del Río Grande, y en la George Mason University.
Afirma que lo más grave es que la guerra contra los cárteles implicaría una intervención directa de las fuerzas militares, cada vez tiene más eco entre las principales figuras estadounidenses, sintonizado directamente la adicción a las drogas con las muertes y la crisis del fentanilo con los cárteles mexicanos, sin tomar en cuenta todo lo que planteo la Conferencia de Latinoamérica.
Por tanto, la experta sugiere que no va a haber ninguna forma de controlar el narcotráfico porque Estados Unidos siguen generando presión a los gobiernos de América Latina, porque antes era para certificar y ahora para imponer una lucha directa y militar contra los llamados países proveedores.
“Lo único que van a hacer Estados Unidos es profundizar y crear nuevos espacios de lucha entre organizaciones criminales para capturar esos mercados, tan lucrativos y generar burbujas y olas de violencia, que además es militar. Estamos hablando de células complejas que se van adaptando al mercado”, aduce.
Estados Unidos ha tenido no solamente un papel duro en este tipo de programas al no asignar presupuestos, sino que, además, con su política en Latinoamérica, ha provocado toda esta vigencia masiva del narcotráfico y su vinculación con su imposición de política antidrogas que ha sido un fracaso.
Por otra parte, Correa-Cabrera sostiene que Estados Unidos tampoco hace nada para frenar el tráfico de armas, para suministrar a esta supuesta lucha contra el narcotráfico, pese a que lamentablemente en ese país va creciendo el consumo de drogas y de víctimas mortales.
Por ello debería ser importante atender a las recomendaciones de la Cumbre de Latinoamérica sobre las Drogas, pero Estados Unidos, pues no va a hacer mucho, por lo que hay que seguir proponiendo alternativas de presión a Estados Unidos.
Luis Astorga, doctor en Sociología por la Universidad de París I, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, considera que el interés principal en América del Sur son los cultivos de hoja de coca y laboratorios de cocaína, cuyos productores están concentrados en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y un poco en Brasil.
“Y las diferencias entre los distintos países en América del Sur al respecto son conocidas, pero el foro donde estas cosas se discuten y puede haber cambios son los foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, advierte.
Refiere que, en otros años, los intentos de una especie de bloque de los países que han tenido más problemas con el tráfico de drogas y cultivos ilegalizados no han modificado en prácticamente nada la posición de los países más conservadores en el seno de la ONU.
“Tenemos a todos los países musulmanes, a Rusia y un montón de países que se oponen a cualquier cambio de las convenciones, a lo más que se ha llegado es, por parte de gobiernos latinoamericanos, en particular el caso de Bolivia con el cultivo de hoja de coca, que se sale de la Convención de 61 de la ONU para reingresar posteriormente.”
Más allá de eso no se han logrado más cosas, tenemos el caso, por ejemplo, de Colombia donde no se avanzó en las discusiones sobre la regulación de la cannabis y en la última discusión hubo un bloqueo de parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.
En México –dice Luis Astorga– está prácticamente congelada la iniciativa, simple y sencillamente no existe y los foros que se realizaron a inicios de este sexenio duermen el sueño de los justos; hubo más de 10 iniciativas de distintos partidos y había la esperanza de algunos de que con la mayoría calificada se aprobara el uso médico de la mariguana.
Además, esto ocurre cuando en Colombia, por ejemplo, algunas de las propuestas de Petro han sido de no utilizar las Fuerzas Armadas para combatir los cultivos ilícitos, nada que ver con lo que está pasando en México, donde ya están probados los dos polos: la vía política y la vía militar y se construye la Guardia Nacional. Se dice también que atacando los problemas estructurales, pero esos son históricos. Asimismo, las policías en gran parte de América Latina y sobre todo en los países productores y con organizaciones delictivas más fuertes no estaban dando resultados, lo que impulsa una mayor militarización de la seguridad pública.
También varios países de América Latina aceptan ese tipo de propuestas y empiezan a generar los mayores incentivos para que los militares participen cada vez más en ir ampliando sus atribuciones, hasta llegar a lo que hoy conocemos.
| Principales conclusiones de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: para la vida, la paz y el desarrollo, realizada del 7 al 9 de septiembre en Cali, Colombia, convocada por los presidentes de Colombia y México, gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.
El documento final de Santiago de Cali se adopta como una guía declarativa para los países participantes, que luego servirá de insumo en otros espacios e instancias internacionales. Propone los siguientes puntos:
Se recuerda el valor de las convenciones internacionales en materia de estupefacientes (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada en 1971, y el Convenio de Sustancias Sicotrópicas de 1971, entre otras).
Contrarrestar de forma integral el tráfico de drogas con principios de justicia, desarrollo y combate a la pobreza para dar oportunidad a la población (entre ellos, los jóvenes), fortalecer comunidades y buscar vías de consumo lícito.
Identificar un nuevo paradigma que reduzca la demanda, con prevención universal, atención a la salud mental y a las adicciones.
Crear un grupo de trabajo de seguimiento con todos los países de la región y crear una alianza regional antinarcóticos.
La Declaración establece una hoja de ruta en dos fases: 1) crear un grupo de seguimiento por parte de los estados miembro, ajustada a las realidades de cada país, para abordar el problema mundial de drogas. Dicho grupo tendrá su primera reunión en los últimos tres meses de 2023 y buscará llevar propuestas consensuadas ante instancias multilaterales, incluida la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse en marzo de 2024; 2) Realizar una Cumbre Internacional sobre drogas con jefes de Estado en el marco de la Organización de la ONU, a celebrarse en 2025.
Participaron 19 países de ALC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ha sorprendido la ausencia de Brasil ya que, a pesar de haber sido un país invitado, no hubo representantes.
De organizaciones de la sociedad civil, destacan: Amnistía Internacional, Alas Moradas, Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, Autocultivo Medicinal en México, Cannabis Libre A.C. y Centre on Drug Policy Evaluation, Centro de Convivencia É de Leiu, Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos.
Países observadores: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Indonesia, Irlanda, Marruecos, Noruega. Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suiza, Tailandia y la Unión Europea. |
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