Entre enero y marzo de 2021, las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego –homicidios dolosos, homicidios culposos, feminicidios y lesiones– registró 8 mil 561 casos a nivel nacional. La mortalidad por violencia armada en México alcanzó, en 2020, el 68.7 por ciento del total de homicidios (24 mil 617 decesos por armas de fuego), revela el reporte especial Violencia vinculada a las armas de fuego (abril 2021).
Del reporte –elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)– se desprende que el ascenso se ha dado año con año, pues en 2019 el 64.9 por ciento del total de asesinatos fue por armas de fuego (24 mil 437); en 2018, el 64.7 por ciento (23 mil 923); y en 2017 el 64.2 por ciento (19 mil 991). Veinte años atrás, en 1997, apenas llegaba a 15 por ciento.
Ello obedece al creciente acceso a armas de fuego no sólo de la delincuencia organizada, sino cada vez más del ciudadano común, a pesar de que en México está prohibida por ley la portación de armas por parte de civiles.
El documento de circulación restringida, del que Contralínea posee copia, señala que el mayor número de delitos cometidos con armas de fuego ocurrió en Guanajuato, seguido por Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.
“La manera en la que se cometen homicidios dolosos en México ha cambiado considerablemente. En 1997 sólo el 15 por ciento de éstos se cometían con armas de fuego, mientras que en 2021 (ene-mar) esta cantidad representa el 69 por ciento”, señaló David Pérez Esparza, titular del CNI y autor del informe.
Durante su participación en el II Congreso Mexicano PIC de Segurilatam con el tema Ciberinteligencia para la protección de infraestructuras críticas, el doctor en ciencias aplicadas a la seguridad por la University College London (UCL) consideró que el problema de este fenómeno es que, por ejemplo, en 2018 hubo 33 millones de delitos y unos 30 millones en 2019, pero de ellos sólo el 10 por ciento se denunció y únicamente el 0.3 por ciento llegó a conocimiento de un juez.
Detalló que el segundo delito más común en el país no es el homicidio, sino la extorsión, con 6 millones de delitos. Sin embargo, sólo se abren unas 6 mil 800 carpetas de investigación, debido a que “la mayor parte de las personas que sufren extorsión no lo denuncian”.
Reconoció que el máximo histórico de homicidios dolosos se registró en abril de 2020, con 2 mil 197 casos; y que se ha mantenido una tendencia a la baja hasta marzo de 2021, con un promedio de 2 mil homicidios dolosos mensuales.
Respecto de las víctimas de feminicidio cometido con arma de fuego, indicó que repuntaron a su máximo histórico –registrado en 2017–: desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2021, el promedio es de 20 cada mes.
“De ahí la importancia de poner en marcha un sistema multifuente como el que está desarrollando el CNI, el cual busca que corporaciones de seguridad aprovechen la información que ellas mismas generan a través de distintas vías contando para ello con inteligencia artificial en tiempo real, lo que servirá para mejorar la protección de las infraestructuras críticas”, subrayó el doctor Pérez Esparza.
Señaló que se trata de “un sistema multifuente para la estimación de la incidencia delictiva orientada a la inteligencia artificial”. De esta forma, el sistema podría enlazar información de diferentes fuentes que ahora están aisladas, recogiendo denuncias de distintas procedencias. “El objetivo es que la plataforma esté operativa a lo largo de 2021”.
Indicó que en la actualidad México cuenta con dos fuentes principales de información sobre incidencia delictiva: las encuestas de victimización y las carpetas de investigación iniciadas en las 32 fiscalías de las que dispone el país.
El también maestro en ciencias de la seguridad, con especialidad en crimen organizado, por The Jill Dando Institute de la University College London (UCL), actualmente coordina un equipo de más de 5 mil funcionarios federales, estatales y municipales desplegados en todo el país, en estrategias de seguridad, incidencia delictiva, reducción de la violencia y promoción del uso de inteligencia policial basada en evidencia.
Pérez Esparza también es responsable de la Red Nacional de Telecomunicaciones y de la Red Nacional de Radiocomunicación, renovación del Sistema 089 de denuncia anónima ciudadana, y de la operación de 60 mil cámaras de la Red Nacional de Video-vigilancia, los 32 servicios locales del Número Único de Emergencias 911, y de 200 C4 y C5 de todo país.
En su artículo “El tráfico ilícito de armas de fuego hacia México: una perspectiva desde las confiscaciones”, publicado por la Revista Mexicana de Política Exterior, edición especial 2020, afirmó que la violencia vinculada a las armas de fuego es el problema estructural más importante en materia de seguridad y salud pública que ha afrontado México en las últimas décadas.
Indicó que 20 mil armas ingresan ilícitamente cada año al país cuyo valor de ese flujo equivale a 20 millones de dólares por año, y no menos de 10 por ciento de todo el mercado mundial de armas de fuego.
En contraste, señaló que The Brookings Institution expuso que diariamente ingresan 2 mil armas ilícitas a México; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que el tráfico de armas entre Estados Unidos y México superaba las 200 mil armas cada año, con un valor anual cercano a los 127 millones de dólares.
Otras perspectivas se han enfocado más bien en estimar la cantidad de armas ya presentes en territorio mexicano. Gun Policy ha sugerido que la cantidad de armas ilícitas pasó de 300 mil en 2004 a más de 600 mil en 2012. Small Arms Survey, por su parte, estimó que 15 millones de armas están en circulación en México (el sexto país con más armas del mundo). Un tercer estudio sugirió que México podría haber acumulado hasta 24 millones de armas en el periodo 1990-2013.
Hay otras aproximaciones que añaden información sobre este fenómeno. Una encuesta encontró que tres por ciento de los participantes reconocieron que contaban con un arma en su domicilio en México. Otro estudio muy relevante encontró que, por primera vez en la historia contemporánea de México, la esperanza de vida de los mexicanos se había reducido, en gran medida, como resultado de la violencia experimentada en los primeros años del siglo XXI.
“En general, es evidente que las estimaciones antes descritas pueden concluir resultados muy distintos, aun cuando se trata del mismo fenómeno. La disparidad que arrojan estos datos se debe a que el tráfico de armas es, en esencia, un mercado negro. Por definición, esto significa que los actores que venden y compran armas ilícitas en este mercado operan ‘abajo del radar’. Los actores que en él participan tienen como objetivo prioritario que su negocio ilegal no sea observado ni entendido por las autoridades.”
Ante este hecho, el experto consideró que no existen cifras oficiales sobre la cantidad exacta de armas que se trafican hacia un lugar. Por ello, en ausencia de estimaciones, los estudiosos de este fenómeno toman en consideración variables proxy (o variables por triangulación), que sirven para inferir la cantidad de armas que existen en algún lugar.
Indicó que la literatura académica tiende a identificar, prioritariamente, siete fuentes vinculadas a las armas de fuego: los registros por hospitalización de heridas, la proporción de homicidios y suicidios, los casos de delitos presentados ante jueces, los informes de inteligencia sobre mercados negros, las entrevistas con informantes o policías, las encuestas de victimización y los datos de confiscación.
A partir de julio de 2019, Pérez Esparza colabora con la Guardia Nacional para incrementar las capacidades institucionales de sus miembros como primer respondiente, y de análisis de datos sobre incidencia delictiva, incluyendo una perspectiva geoespacial y de big data. También es director general del Registro Público Vehicular, que forma parte del CNI.
El experto ha enfocado su análisis en presentar la confiscación de armas de fuego como una alternativa para contar con mejor evidencia sobre los patrones espaciales, temporales y tácticos de confiscación de armas de fuego en el mercado ilícito en México.
Al respecto ha señalado que, aunque claramente no es perfecta, la información disponible por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) constituye una opción adecuada para conocer los patrones de confiscación de armas ilícitas en el país, debido a que es el último repositorio de todas las armas confiscadas en México.
Al analizar esta información que administra la Sedena sugiere que la confiscación de armas de fuego se había mantenido más o menos estable desde principios de la década de 1990 hasta mediados de la primera década del siglo XXI. Datos más actualizados al respecto indican que, a partir de ese momento, el volumen de confiscación de armas se incrementó sustancialmente.
De hecho, más de 179 mil armas ilícitas fueron aseguradas entre 2000 y julio de 2019. Este monto no es menor; para dar una dimensión del dato, el ejército mexicano cuenta con 198 mil elementos, por lo que considera que esa cantidad de armas confiscadas equivaldría a equipar a casi la totalidad de los miembros del Ejército.
Más allá del gran volumen de estas confiscaciones, hay que considerar que este fenómeno no es estable en términos temporales ni espaciales. De hecho, hay variaciones importantes año con año y entre entidades.
El experto también explicó que hay un incremento en las confiscaciones sobre todo a partir de 2007, cuando se informaron más de 4 mil 900 unidades. El punto más alto se presenta en el año 2011, cuando fueron confiscadas más de 32 mil armas, casi siete veces lo confiscado cuatro años antes. A partir de 2011, se observa una reducción sustancial en los niveles de confiscación.
Destacó que en un escenario optimista, una menor cantidad de armas confiscadas significaría que ingresaron menos armas ilícitas al país. En un escenario más crítico, un menor volumen de confiscación podría implicar una menor capacidad del Estado para detener estos flujos ilícitos.
“Se puede deducir que el segundo escenario fue el más factible (hasta 2018). Por ejemplo, en el caso de homicidio doloso, se observa un incremento sustancial en el papel que han tenido las armas de fuego como herramienta para cometer este delito a lo largo del tiempo”, subrayó el director del CNI.
Y agregó que en 1997 el 15 por ciento de los delitos de homicidio doloso se cometieron con arma de fuego, la inmensa mayoría se cometía por golpe o con un instrumento punzocortante. Sin embargo, para 2018, su uso se habría cuadriplicado, pues 69 por ciento de los homicidios dolosos se cometieron con arma de fuego.
“Este cambio es relevante pues deja en evidencia que entre 2015 y 2018 no sólo aumentó la cantidad de homicidios sino también el nivel de violencia asociada a éstos. El ejemplo más evidente de estos altos niveles de violencia durante los años más recientes se observa en el porcentaje de víctimas que murieron por impacto de arma de fuego”, apuntó.
Durante 2019, agregó, Guanajuato fue la entidad con la mayor cantidad de víctimas de homicidio doloso registro (3 mil 540), con un porcentaje mayor asociado a armas de fuego (2 mil 931, es decir, 83 por ciento del total). Niveles similares a este indicador fueron observados en Colima (82 por ciento) y en las otras tres entidades más violentas del país en 2019: Baja California (73 por ciento), Estado de México (68 por ciento) y Chihuahua (71 por ciento).
Sin embargo, el incremento en el porcentaje de homicidios dolosos con arma de fuego no es la excepción. Por el contrario, hay otros delitos en que el aumento del uso de armas de fuego se ha sostenido. Sobresale el porcentaje de lesiones dolosas en que se utilizó un arma de fuego, mismo que aumentó de 1.2 por ciento en 2002 a 6.5 por ciento en 2019.
Con base en lo anterior, Pérez Esparza indicó que si bien el número de confiscaciones de armas se redujo en los últimos años, en la práctica lo más factible es que haya ocurrido un incremento sustancial en la cantidad de armas que ingresaron ilícitamente al país. “Una posible explicación es la reducción en la cantidad (o eficacia) de los controles fronterizos y en las revisiones en las carreteras que cruzan el territorio nacional”.
Lo anterior refuerza la necesidad de elevar las capacidades de revisión universal (pero no intrusiva) de vehículos en la frontera norte y en los principales puntos carreteros del país, como ha iniciado esta administración.
En sus análisis apuntó que así como hay variaciones importantes en los volúmenes de confiscación a lo largo de los años, también se han presentado patrones de concentración espacial, significa que algunas entidades acumulan un mayor volumen de armas confiscadas que otras.
Y tres entidades sobresalen por la cantidad de armas que han confiscado entre 2000 y julio de 2019. En primer lugar, se encuentra Tamaulipas con más de 35 mil armas; en segundo, Michoacán con más de 30 mil, y, en tercero, Sinaloa con más de 22 mil.
A partir de ahí, se observan entidades que tienen (o tuvieron) una presencia importante de grupos delictivos; como Guerrero, Chihuahua y Durango. Asimismo, destacan otras entidades fronterizas con Estados Unidos que concentraron importantes volúmenes de armas confiscadas (Sonora, Nuevo León y Baja California), la mayor fuente de armas ilícitas hacia México.
También, observó que, por lo general, las entidades en el centro y sur del país tienden a contar con números menores de confiscación de armas que las entidades en el norte.
Las entidades que más acumularon armas de fuego durante el periodo 2000-2019 son las mismas que recientemente concentran más armas (de enero a julio de 2019), mientras que Tamaulipas y Michoacán también fueron punteros en los primeros meses de 2019 (con 442 y 379 armas, respectivamente).
Después aparecen Sonora, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Chihuahua. En general, resultan relevantes los casos de Jalisco y Guanajuato, han tenido incrementos importantes en el número de armas confiscadas, y en homicidios dolosos.
Como ocurre con otros mercados ilegales, incluyendo el de las drogas ilícitas, no todos los tipos de armas tienden a confiscarse en la misma proporción. Los informes que México ha entregado a la ONU revelan que cierto tipo de armas tienden a ser confiscadas con mayor frecuencia, explicó el doctor Pérez Esparza.
En seis años recientes, el 42 por ciento de las armas confiscadas son rifles; en segundo lugar, sobresalen las pistolas (27 por ciento); en tercer lugar, armas que no identificadas (13 por ciento); en cuarto y quinto lugar revólveres y (8 por ciento y 7 por ciento, respectivamente). El resto incluyen ametralladoras, subametralladoras y otras armas.
“Sin duda, estos patrones son valiosos para comprender la preferencia por las armas largas que tiene el crimen organizado que opera en el país”, enfatiza el especialista.
De acuerdo con el experto, aunque no hay información oficial y pública al respecto, los datos disponibles dejan en evidencia que se confiscaron más armas de fuego a ciertos grupos criminales entre 2006 y 2010, se puede estimar que 44 por ciento de las armas fueron retenidas a miembros que se identificaron con Los Zetas.
En segundo lugar, con 22 por ciento, se encuentra el Cártel del Golfo. Esto significaría que dos de cada tres armas fueron confiscadas a grupos con alta presencia en el noreste, específicamente en Tamaulipas, lo cual confirma la hipótesis sobre la relevancia de esa entidad en términos de armas confiscadas.
El resto de las confiscaciones se distribuye entre otros grupos criminales. Sobresale, por ejemplo, el caso de los Beltrán Leyva (10 por ciento), el Cártel de Sinaloa (8 por ciento), los Arellano Félix (7 por ciento) y la Familia Michoacana (1.5 por ciento).
Otros grupos, cuyas armas incautadas representan cerca de 1 por ciento del total, son los Jabalines, la organización de la Barbie, los Pelones, el Cártel del Pacífico, la Línea y los Carillo Fuentes. La inteligencia que se puede obtener de los grupos delictivos por medio de las confiscaciones amerita un esfuerzo coordinado por parte de todas las organizaciones de seguridad del Estado mexicano.
Con base en las confiscaciones, se sabe que alrededor de 70 por ciento de las armas que se confiscan en México provienen de Estados Unidos de varias fuentes. Las más exploradas son los compradores paja (straw purchaser), personas que utilizan su derecho a comprar armas legales en tiendas oficiales (gun shops), para luego revenderlas a personas que no tienen ese derecho, pero las adquieren con el objetivo de traficarlas a México.
La segunda fuente son las armas extraviadas o robadas de fuentes legales en Estados Unidos y que luego se trafican a México. Alrededor de 1.2 millones de armas fueron robadas en Estados Unidos entre 2012 y 2015; lo que significa que cada dos minutos un arma es robada.
Una tercera fuente muy relevante, pero que ha recibido poca atención, son los denominados gun shows, ferias informales en las que aficionados a las armas se reúnen en lugares públicos para comprar y vender libremente, debido a que son legales en Estados Unidos, “representan una importante amenaza y un riesgo para la seguridad en México”.
Por ello, el doctor Pérez Esparza concluyó que las políticas de armas de fuego en Estados Unidos pueden tener un enorme impacto en la violencia que ocurre en México, por lo que se vuelve estratégico que la política exterior coloque el combate al tráfico de armas como la columna vertebral que, desde el exterior, sirva para pacificar urgentemente a México.
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