La desaparición de personas es todavía uno de los problemas más grandes que enfrenta México, reconoció la alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ello aunque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido apertura de las autoridades y hay voluntad política para la creación de un Instituto Nacional Forense.
En los tres años de gobierno lopezobradorista hay un total de 21 mil 546 personas desaparecidas y no localizadas; las personas localizadas han sido 28 mil 35, de las cuales 2 mil 258 se encontraron sin vida y 25 mil 777 con vida, indica el reporte semestral de Búsqueda e identificación de personas desaparecidas emitido por la Subsecretaría de derechos humanos, población y migración a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez.
Durante el foro internacional “Avances y pendientes en la agenda de desaparición de personas en México”, Bachelet pidió al actual gobierno que la voluntad política se materialice en apoyo económico y en recursos que resulten en una institucionalización que no dependa de un solo interés político.
Por su parte, Luciano Hazan, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, llamó al Estado mexicano a reconocer sus obligaciones para garantizar los derechos de las víctimas. Además, Carmen Rosa Villa, parte del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, exhortó a México a incorporar los estándares internacionales para diseñar una estrategia integral para cumplir con los requisitos de la debida diligencia.
Asimismo, la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosamena, enfatizó que “debe existir una complementariedad entre los procesos de búsqueda e investigación a través de la consolidación y articulación conjunta de las instituciones dedicadas a ello, asegurando que esto pueda suceder de manera constante, permanente, reforzada y protegida”.
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