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Las 64 razas de maíz que se cultivan en México, de las cuales 59 son nativas, se verían amenazadas de permitirse la siembra de maíz transgénico. La batalla, en tribunales desde hace más de una década, se libra entre campesinos, sociedad y académicos contra una voraz industria que busca el control alimentario mexicano.
Una vez que el maíz transgénico se libera al ambiente, se va a cruzar con otros tipos a través del polen, lo que “podría afectar a nuestras variedades nativas de maíz”, y provocaría “que se fueran perdiendo algunas que tuvieran estos genes que no le corresponden”, advierte Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda, investigadora de Biotecnología y economía agrícola por la UAM Azcapotzalco.
Éste potencial riesgo fue uno de los motivos por los que una de las iniciativas que, el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para reformar el artículo 4 de la Constitución, en la cual se define al maíz como un “alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, [que] debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. [Por tanto, México] se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. [Y] debe priorizarse su manejo ecológico”.
“El maíz es de polinización abierta”, explica a Contralínea la también doctora en economía por la UNAM, Michelle Chauvet. “Esto quiere decir que una mazorca de maíz se cruza con otra por el viento. En realidad, es un intercambio de polen entre las plantas”, a lo que se conoce como flujo génico; de tal manera que un maíz puede contaminarse con genes que no le corresponden por naturaleza y perder su carácter nativo, con afectación directa a la biodiversidad mexicana de cultivos.
Una de las perspectivas en pro de este tipo de maíz es que “promete ser una tecnología que puede resolver fuertes problemas en la producción de este cultivo, que se exprese en incrementos de productividad y resistencia a plagas”. Sin embargo, añade una publicación de la Revista argumentos –de la UAM Xochimilco–, esto presenta un gran desafío para países “que poseen una gran riqueza biológica y una larga tradición cultural en el cultivo del grano, como es el caso de México”.
Diversas investigaciones a nivel internacional coinciden en que el maíz (Zea mays) surgió en México hace 8 mil o 10 mil años. “Este cultivo se originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a cabo los antiguos habitantes de Mesoamérica a partir de los ‘teocintles’”, pariente del maíz, cuenta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en su página web. “México es el centro de origen del maíz. Aquí se concentra, muy probablemente, la mayor diversidad de maíz del mundo”.
El grano de maíz “es el principal grano cultivado en México” y “se cultiva en todas las entidades del país”, enuncia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el Panorama agroalimentario 2023. En cuatro de las cinco regiones mexicanas es el cultivo dominante. Sólo el sur-sureste tiene otro: la caña.
La centro-occidente fue la región que más maíz produjo en 2022, con 8.46 millones de toneladas (Mt). Por su parte, Sinaloa contribuyó con el 20.8 por ciento del valor total nacional de maíz, con 5.2 millones de toneladas, seguido de Jalisco (3.9 Mt) y Michoacán (2.09 Mt).
Tan sólo en 2020, la población mexicana consumió 19 millones 35 mil toneladas de maíz. Para el “ciclo de mercado 2022/2023”, aumentó en más de 200 mil toneladas, según la “Balanza disponibilidad-consumo” del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de noviembre de 2023. Además, México tiene un consumo anual per cápita de 196.4 kilogramos, sintetiza la Revista mexicana de ciencias agrícolas, en un artículo de marzo de 2023.
Otro tipo de tecnologías en la agricultura se dieron a través de químicos sintéticos –como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y maquinaria– a partir de la llamada revolución verde, surgida en la década de 1940, cuando se pensaba que la crisis alimentaria era por “la escasa producción de alimentos” y, para solucionarlo, se llevó a cabo “el aumento de la productividad mediante el desarrollo tecnológico en la industria agrícola, narra un artículo de la revista Veredas de la UNAM.
Luego de los químicos, llegaron los organismos genéticamente modificados (OGM) –o transgénicos–, resistentes a plagas y herbicidas. A esto se le conoce ‘tecnologías como forma de poder’. “En gran parte tiene que ver con un desarrollo de las tecnologías de punta y más específicamente hablando de la biotecnología moderna, […] desde la primera liberación de un organismo genéticamente modificado en la década” de 1990, dice Arcelia González Merino, doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM.
A pesar de que González Merino no niega que la innovación pueda ayudar, acusa que la agroindustria va “en detrimento de posibles beneficios no solo de pequeños productores, campesinos, sino toda la sociedad en general”, pues se priorizan las ganancias. De igual manera, la innovación “generalmente va asociada a la figura de la patente o derechos de obtentor”, dice a Contralínea la doctora González Merino.
La persona obtentora es aquella “física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie”, define así la Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de octubre de 1996, en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo.
Esta ley surgió en el marco de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV, por su sigla en inglés), organización intergubernamental creada en 1961 con el fin de “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”, pronuncian en su página web. Actualmente hay 79 miembros, de los cuales México es uno de ellos desde agosto de 1997.
La persona obtentora tiene el derecho de “aprovechar y explotar […] una variedad y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales” por sí mismo o de terceros, con una duración de 15 a 18 años según la especie, siempre y cuando sea nueva, distinta en sus caracteres, estable después de reproducirse y homogénea, contempla el documento mexicano. Además, no se requiere el permiso del obtentor para uso de otras personas en investigación, autoconsumo o beneficio propio.
De UPOV hay dos figuras, la de 1978 y 1991. México se encuentra en la primera, aunque “hay ahorita presión para que se adscriba a un sistema de protección más riguroso [el segundo] y que, pues hay problemas justo para los campesinos”, menciona la doctora Arcelia González. En esta nueva extiende el plazo de los derechos de obtentor de 20 a 25 años. “Evidentemente en 20 años ellos ya tienen otra innovación, entonces nunca los alcanzamos”, critica la investigadora.
A partir de esto, se atenta contra la tradición campesina de intercambiar semillas con otras personas o guardarlas para posteriores siembras, agravado aún más porque se corre el riesgo de que sus propios maíces se contaminen con transgénicos y llegue un momento en que utilicen alguna variedad que, por ley, no les pertenece. “Si tenemos presencia de esos transgenes, eso permite que reclamen su propiedad intelectual esas grandes empresas” y cobrar regalías a las y los agricultores, señala la doctora.
En su artículo 48, fracción VII, la ley mexicana indica que se multará con “2 mil a 10 mil días de salario mínimo” por “aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular”.
A partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo se ubicó en 374.89 pesos diarios en la “Zona Libre de la Frontera Norte” y 248.93 pesos para el resto del país. Esto significa que las infracciones podrían ser desde 497 mil 860 pesos hasta 2 millones 489 mil 300 pesos en el resto del país y de 749 mil 780 pesos hasta 3 millones 748 mil 900 pesos en el norte.
“El que tú tengas en tu campo o en tu cosecha una variedad transgénica que no plantaste, no te exime de tener que pagar regalías al propietario de la innovación”, explica González Merino en referencia a la llamada “carga de la prueba”. México, “al ser parte de UPOV, hemos adquirido esas disposiciones también como válidas”.
La también investigadora agrega que este sistema se encuentra “en manos de empresas trasnacionales [como Bayer-Monsanto, Dupont o Syngenta] por un lado y, por otro, también algunos gobiernos de países más industrializados, como Estados Unidos, que han intentado promover, utilizar y apoyar el crecimiento y el desarrollo de la industria”. En México, agrega, “el 80 por ciento de la producción de semillas híbridas está en manos” de estas empresas.
Además, cambió radicalmente quién vende las semillas: ahora lo hacen las empresas. “Históricamente no era así […], ahora este poder tiene que ver con la concentración y que tienen muchas estrategias de control: venden la semilla más el fertilizante más el herbicida. Te venden el paquete completo; entones, esa forma de concentrar todo lo que implica la producción y venta de semillas, hace que ellos tengan todo el poder”, y que atenten contra la seguridad alimentaria, enfatiza la doctora Arcelia González.
Lo anterior se ve reflejado en que México cada vez importa más maíz amarillo (transgénico, usado para alimento de animales y otras industrias) de Estados Unidos, “porque hemos dejado en manos de la iniciativa privada la producción de semillas tan importantes”, agrega la investigadora.
De acuerdo con el SIAP, en 2023 México importó 5 mil 872 millones 512 mil dólares de maíz, superior por más de 100 millones de dólares en comparación con el 2022. En cambio, exportó 107 millones de dólares.
El Panorama agroalimentario 2023 de Sader menciona que Estados Unidos generó en 2022 más de 14 veces en maíz que lo generado en el país, y es el principal productor a nivel mundial. México es el séptimo, con 26 millones 553 mil 239 toneladas. Además, importó más de 17 millones de toneladas. Esto a pesar de que en territorio mexicano se consume 10 veces más maíz que en Estados Unidos.
En México inició la revolución verde, añade la revista Veredas, “con la fundación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo”. Comenzó a la par una serie de modificaciones legales para adaptar la agricultura mexicana a los intereses de la revolución verde, por lo que el Estado disminuyó cada vez más en sus funciones reguladoras y pasó simplemente a ser un espectador.
En 1996 se creó la Ley Federal de Variedades Vegetales para regular el derecho de obtentor de semillas mejoradas y que no fueran a ser usadas de otra forma que la ley no permitiera, contempla la Revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
No fue hasta 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, que se modifica la ley de 1996, por la cual “se creó un marco de protección a los derechos de obtentor y se sembraron plantas transgénicas”. Dos años antes, en 2005, con Vicente Fox al mando del Ejecutivo, se creó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como “Ley Monsanto”, que, en el papel, buscaba “regular específicamente a las tecnologías transgénicas”.
En entrevista con Contralínea, la activista Montserrat Téllez explica que “esos gobiernos vendieron nuestra agricultura básicamente”. La integrante de la organización Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz No Hay País, detalla que desde la década de 1980 sucedió “un giro de la política agrícola hacia una perspectiva neoliberal […] y se dejó vulnerable al sector campesino, que es el que produce la gran mayoría de nuestros alimentos”.
Contrario a lo anterior, “con este gobierno logró llegar gente, posicionarse en distintos espacios dentro, gente que siempre ha estado en la lucha hace muchos años, y esa gente ha sido muy congruente en su labor. Hemos tenido un conjunto de modificaciones al marco normativo que han generado condiciones distintas de lucha”, afirma la integrante de Semillas de Vida; aunque “no podemos ignorar que hay contradicciones”.
El debate sobre el maíz transgénico explota cuando, en 2001, “se detectó la presencia […] en plantaciones de maíz nativo en la Sierra de Oaxaca” por los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, publicado en un artículo de la revista Nature, explica el libro El maíz en peligro ante los transgénicos, publicado en 2013, coordinado por la doctora Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Esto derivó en un informe elaborado por la Comisión para la Cooperación Ambiental, creada por los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “No cabe duda que los transgenes están ya presentes en el maíz mexicano y se propagarán”, confirmó el texto de 2004, el cual agregó que la fuente principal de tal presencia “es el grano cultivado en Estados Unidos”, mismo que se importaba a México sin separación, por tanto, se mezclaba con los nativos.
La importación de maíz transgénico, advierte Montserrat Téllez, es una manera de posible contaminación, pues “el maíz entra en grano, y el grano es también semilla. El grano entra vivo a nuestro país. Eso se suma a que no hay trazabilidad, no hay un seguimiento de qué sucede con ese grano nuevo que entra. Se asume que como aquí somos autosuficientes va hacia la industria pecuaria [o] los ultraprocesados, pero se ha demostrado que sí está en nuestros alimentos”.
Si bien concluyeron que “no existe evidencia empírica alguna que el proceso de producir cultivos genéticamente modificados sea dañino o benéfico en sí para la salud animal o humana”, reconocen que estos “no parecen atender” las necesidades “más urgentes” de los campesinos.
Asimismo, indicaron que “la evaluación del riesgo del maíz transgénico en México está inextricablemente ligada al papel central del maíz en la historia y cultura mexicana”, tanto en creencias como valores “culturales, simbólicos y espirituales” que no se presentan en Canadá ni en Estados Unidos.
Se debe considerar “socialmente aceptable” la protección “al campesinado y sus variedades tradicionales de maíz […], resulta claro que la reducción máxima de los riesgos de la introgresión de transgenes en las razas locales de maíz mexicano se lograría mediante la prohibición total de la importación de organismos vivos modificados en la forma de maíz transgénico”, a pesar de sus costos “inaceptablemente elevados”, sugiere el informe.
En 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), publicó un informe acerca de una revisión de los maíces transgénicos en México. De cinco estados de la República (Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán y Chiapas), regiones “que cuentan con la mayor diversidad de maíces”, obtuvieron 1 mil 580 muestras de ADN para revisión.
De éstas, 1 mil 455 (es decir, el 92.1 por ciento) dieron negativo a “presencia de transgenes”; el restante 7.9 por ciento (125 muestras) dio positivo “para tres eventos: MON810, NK603 y TC1507”, describió la investigación. Del total de las positivas, 58 provenían de Chiapas, 13 en Veracruz, 11 en Oaxaca, siete en Michoacán y seis de la Ciudad de México.
“A nivel mundial existen 229 eventos transgénicos de maíz aprobados para consumo humano y animal, de los cuales el 51.52 por ciento (118 eventos) contienen al menos alguno de los eventos transgénicos analizados en este trabajo”, los cuales también son los más comunes a ser encontrados en alimentos procesados, explicó el texto del INECC.
En el país se han autorizado dos tipos de transgénicos de maíz. El primero “tiene el gen de la bacteria Bt (Bacillus thuringiensis) que hace que la planta produzca la toxina Bt, que funciona como insecticida”, contra plagas, explica Greenpeace México en un documento junto a la Universidad Autónoma de Chapingo (UAC). El segundo funciona para resistir a herbicidas, como el MON87429.
Las y los campesinos “siembran en el periodo otoño-invierno. No hay tantas hierbas porque no hay las condiciones, entonces el maíz resistente a herbicidas no nos viene a funcionar, y el resistente a plagas tampoco porque, por el invierno, pues tampoco hay plagas”; es por eso que México no necesita de maíz transgénico, aclara la doctora Michelle Chauvet.
“Este maíz que es resistente a este insecto pues no es funcional, porque realmente en México no tenemos ese problema tan grave de esa plaga como en Estados Unidos, donde sí es una plaga muy importante”, concuerda Beatriz Rendón Aguilar, doctora en Ecología por la UNAM.
Por otra parte, “si en el norte se autoriza la siembra de eventos transgénicos para forraje [alimento de animales], pues obviamente no les va a servir la línea transgénica que tiene que ver con gusano, porque se supone que nunca va a llegar a la reproducción de maíz”, añade la doctora en entrevista para Contralínea.
En cambio, “las variedades nativas sobresalen por su resistencia a entornos adversos y otras características como sus colores, texturas y contenido de nutrientes, por ello es importante fomentar su producción y la adopción en su cultivo de prácticas agronómicas sustentables que contribuyan a obtener mejores rendimientos”, sugiere la Sader.
Ante la presión de “corporaciones productoras de semillas transgénicas”, en 1995, científicos del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) “encargados de aprobar los permisos de siembra, propusieron una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico”, explicaba la revista Metodhos, de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.
Esta moratoria la retomó la hoy extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a finales de 1998 y se extendió hasta el 6 de marzo de 2009, cuando se reforma la Ley de Bioseguridad y se permite entonces “la entrada de maíz transgénico a suelo mexicano”. Enseguida se dieron 24 permisos en 24 localidades de estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas “para experimentar con maíz transgénico”, continúa el texto.
El 8 de marzo de 2011, Sagarpa “otorgó a Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico (MON603) en una superficie menor a una hectárea” entre Tamaulipas y Nuevo León, advierte la revista. Para 2012 ya eran 248 permisos, de los cuales se aprobaron 195, añade el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de la UNAM.
Tal escalada en favor de los intereses del capital urgió a la sociedad organizada a realizar una demanda colectiva. Cincuenta y tres personas –desde campesinos hasta investigadores– demandaron el 5 de julio de 2013 a Sagarpa, Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), “así como [a] empresas transnacionales que buscaban instalarse junto a sus transgénicos en México”.
La demanda buscaba, de acuerdo con la colectiva Semillas de Vida en su página web, la declaración de que “se han liberado al ambiente de forma voluntaria o involuntaria organismos genéticamente modificados de maíz en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas”.
De igual manera, que esos OGM afectan “al derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos ya que sobrepasa los límites permitidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)”; y que “con mayor razón se afectará la agrobiodiversidad si se liberan a gran escala maíces transgénicos”, puntualiza el texto.
Por tanto, se pretendía que “con base en las propias leyes se nieguen los permisos de liberación o siembra de maíz transgénico en todo el país”, explica la colectiva. Esto a través del juzgado federal doceavo de Distrito en materia Civil del Distrito Federal.
El Consejo de la Judicatura, en el documento DGCS/NI: 41/2013, fechado el 14 de octubre de 2013, confirmó que el 17 de septiembre de ese año, se ordenó a las secretarías “abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados del maíz”, así como liberación comercial, piloto y experimental “sin que esta medida implique revocar los ya dictaminados o concedidos”.
“Esta decisión es en tanto el juicio no acabe”, explica Montserrat Téllez. Entonces [la lógica fue]: como la materia del juicio puede verse afectada si no ponemos este freno, cuando terminemos el juicio ya va a estar contaminado todo el maíz si permitimos que siembre”.
El 13 de octubre de 2021 se negaron cuatro amparos promovidos por Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y PHI México en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad. El amparo en revisión era el 1023/2019.
El 4 de enero de este año, la Suprema Corte votó en contra de “la resolución de un juicio de amparo a favor de la empresa Bayer-Monsanto contra el decreto presidencial para la sustitución progresiva del uso de glifosato y prohibición de maíz transgénico, presentado por el magistrado Ricardo Gallardo Vara”, lo cual celebró la colectiva.
Sin embargo, la integrante de Semillas de vida alerta que también “el año pasado se dio una primera decisión del juez en la que pues no se nos da la razón a la colectividad demandante”. Y, si bien fueron a otra instancia, tampoco les favoreció la decisión. “Ahora vamos a ver cómo nos va. Se está dando la lucha en otra instancia” junto a un grupo de abogadas y abogados que apoyan.
“Debemos seguir […] apoyando esta demanda de los pequeños productores y de los campesinos para que el maíz se declare casi como un cultivo de seguridad nacional y la base de la alimentación, que lo es, y por lo mismo cuidarlo”, indica la doctora Arcelia González Merino.
El 31 de diciembre de 2020, el presidente publicó un decreto en el DOF con el fin de establecer los lineamientos de las dependencias para sustituir gradualmente el uso de glifosato y la siembra de maíz transgénico en México, así como su consumo en personas con fecha límite al 31 de enero de 2024.
Para el 13 de febrero de 2023, se remplazó con otro decreto que agrega la prohibición de la importación de ambas tecnologías, sólo que en el caso de maíz transgénico se permite el destinado para alimentación animal y uso industrial, con la promesa de que desaparezca gradualmente; esta vez se fijó el plazo límite al 31 de marzo de 2024. No cumplieron con las fechas establecidas.
A nivel nacional ocasionó una serie de amparos. “Buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos”. Uno fue por parte de Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial, filiales de la transnacional Bayer, explica Conahcyt en su comunicado 544, de junio pasado.
El instituto aportó evidencia científica en favor de la postura del gobierno mexicano. Luego de disputas legales, Monsanto Company desistió de la demanda, lo que significó un triunfo “a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria”, celebró Conahcyt.
A nivel internacional, el decreto llevó Estados Unidos a comenzar una controversia en un panel del T-MEC, principalmente por el tema de la prohibición de maíz transgénico en tortillas y masa, bajo el argumento de que las acciones de México “carecen de evidencia científica” y no están acorde los lineamientos del Tratado, así como afectan a los agricultores estadounidenses. Tal controversia comenzó otra etapa a finales de junio pasado.
“Para nosotras, esta controversia es una expresión más de que las grandes corporaciones van por todo. No van a dar ni un paso atrás en su afán imperialista de controlar por completo el mercado de maíz en nuestro país a través de los genéticamente modificados”, exhibe Montserrat Téllez.
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