Migrar es un derecho

¿Quién provoca la crisis fronteriza en Estados Unidos? Washington y muchos gobernadores culpan a los migrantes y toman medidas extremas de control policial. Para el miércoles 31 de mayo, ocho gobernadores republicanos se sumaron a la solicitud de ayuda que el gobernador de Texas, Gregory Wayne Abbott, lanzó. Bajo el nombre de Lone Star –Estrella solitaria–, la operación moviliza tropas de la Guardia Nacional a la frontera.

A principios de mayo, el presidente Joe Biden anunció el envío de 1 mil 500 soldados en activo a la frontera, adicionales a los 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en la zona. Durante el miércoles 31, los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron a los despliegues anunciados por Ron DeSantis en Florida. Los gobiernos de Misisipi, Iowa, Tenesí y Nebraska pronto siguieron sus ejemplos.

El drama de los migrantes en México se acentúa. Cientos de miles de personas transitan hacia Estados Unidos. La situación se agravó las semanas anteriores, ya que el 11 de mayo expiró el Título 42. Esta norma de la época de la pandemia –vigente desde el 20 de marzo de 2020– permitía a las autoridades estadunidenses expulsar inmediatamente a los migrantes con el pretexto de evitar su confinamiento y contagios. Sin embargo, lo que hizo fue negarles su derecho de asilo y expulsarlos a la frontera más próxima con rapidez. Así Estados Unidos violó derechos humanos fundamentales y leyes internacionales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza –US Customs and Border Protection. CBP por sus siglas en inglés– informó que, del total de mexicanos detenidos, 59.6 por ciento fueron expulsados de regreso a su país bajo dicha normativa en el año fiscal 2020.

En 2021 y 2022, se incrementó a 92.3 y 90.5 por ciento, respectivamente. Añadió que la cifra ascendió a 2 millones 291 mil 347. Ésto representa 96 por ciento. Del total, 60.3 por ciento –1 millón 381 mil– fueron mexicanos, y 34.3 por ciento, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; el resto de otras nacionalidades.

La detención de migrantes extranjeros en situación irregular en el territorio nacional se quintuplicó en la última década. Pasó de 88 mil en 2012 a 450 mil en 2022, debido a la política de persecución comenzada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Misma que se vio acentuada tras las amenazas y presiones de Donald Trump en 2019.

En los primeros dos meses de 2023, la Secretaría de Gobernación (SG) registró 70 mil 526 detenciones. La cifra representa un incremento de 22 mil 840, 48 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2022. Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración (INM) atendieron a 70 mil 19 menores ese mismo año. Casi 13 mil se trasladaban completamente solos.

Esta política criminal ha creado situaciones extremas. Los migrantes sin documentos ven negados sus derechos, incluso su vida. En 2022, al menos 950 murieron en su intento de cruzar la frontera de México con Texas. Ésto sin incluir a los fallecidos en territorio mexicano ni en el recorrido previo de aquellos que provienen de América del Sur y Centroamérica.

Hace dos meses, el incendio del 27 de marzo de un “albergue” en Ciudad Juárez fue un escándalo mundial. En realidad, es un campo de detención del Instituto Nacional de Migración, donde trágicamente murieron 40 migrantes a causa del siniestro. Los medios locales habían reportado que las personas estaban vendiendo artesanías, durmiendo bajo los túneles o pidiendo dinero en las calles. Por lo tanto, las autoridades –criminalizándolos– hicieron redadas para retirarlos y detenidos.

Antes, el 12 de marzo, unos 600 migrantes desesperados bloquearon el puente principal que une Ciudad Juárez y El Paso para pedir que se agilizaran los trámites. El episodio fue muy criticado por el morenista Cruz Pérez –alcalde de la localidad–, quien llegó a decir: “Se nos está acabando la paciencia”. Exigió redadas en contra de familias enteras. Pidió que fueran encerrados en esos centros de concentración como los existentes en Estados Unidos.

Según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, México tiene 1 millón 197 mil 624 inmigrantes. Ésto supone un 0.94 por ciento de la población. El 2022 fue el año con mayor número de detenciones: 444 mil 439 –44 por ciento más que el año anterior–.

Sin embargo, el perfil migratorio está cambiando: los países del triángulo norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala– ya no son los únicos en expulsar a su población.

Ahora, se suman “niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México, cruzando a través de Centroamérica desde la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso, desde países de África, Asia y Europa”. A partir de junio de 2019, México aceptó la exigencia de Trump de ser el muro de contención en su frontera sur. De este modo, se impone la política de Washington, la cual data ya de muchos años.

En abril de 2002, recordemos que el presidente Bush creó –tras el autoatentado de las torres gemelas– el Comando Norte. Así obtendría el control militar en la región desde el norte de Alaska hasta el sur de Estados Unidos. En esa lógica, no sólo construyeron el muro en su frontera sur, sino también, amenazaron con aplicar el 5 por ciento de aranceles a los productos mexicanos. De esta manera, lograron la implementación de una verdadera muralla en la frontera sur de México.

Ésto como parte de la integración en curso. Recordemos que el imperio yanki está en decadencia y enfrenta la competencia económica-militar de China y Rusia. Su aliada Europa se debilita. Entonces, Estados Unidos busca apoyarse en “su región” para encontrar adeptos en la lucha contra las otras potencias por la hegemonía. Quiere fortalecer la fusión de lo que entienden como Norteamérica: Canadá-Estados Unidos-México y busca el dominio completo de los tres países.

A su plan, cooperaron Fox con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN); Calderón, con la Iniciativa Mérida, la integración militar del ejército y la armada a las órdenes del Comando Norte, liderado por el Pentágono, y Peña, con las reformas modernizadoras –en particular, la energética– para contribuir a la creación de las corporaciones estadunidenses.

Estados Unidos pretende crear una región norteamericana cerrada que enfrente a China y Rusia en todos los terrenos. Asimismo, quiere usar al territorio mexicano para su logística militar.

Y así como en el ascenso de su poderío se apoyaron en los esclavos del sur –los afroamericanos–, ahora quieren –dentro de su región– a los esclavos mexicanos. En tiempos modernos, la esclavitud está en que a los indocumentados se les nieguen sus derechos y se les criminalice para permitir su cruel explotación. El sistema necesita a estos trabajadores sin derechos para abatir el salario y las condiciones de vida, pues son un factor clave en la acumulación de riquezas por parte de las grandes corporaciones.

La migración es natural en las sociedades humanas. Se ha dado a lo largo de los siglos, pero la actual oleada se ha desbocado. Está ocasionada por las políticas de saqueo de las riquezas por parte de las grandes potencias a los países sometidos, la violencia y el crimen organizado que arman y los negocios de su complejo industrial militar, el cual provoca constantes guerras y conflictos en el mundo.

Es hora. Se deben generar empleos y condiciones de vida que arraiguen a las personas en sus comunidades, sus regiones, su país. Este reto está al orden del día. En el primer trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) de México fue de 60 millones de personas, 2 millones más que en el primer trimestre del año previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, en edad de trabajar, son 90 millones y sólo están ocupadas 58.5 millones. Se habla de 2 millones 400 mil desempleados, pero, de hecho, sólo 22 millones tienen un empleo formal.

Es necesario que la lucha de las personas trabajadoras obligue a las corporaciones a aumentos sustanciales para cerrar la brecha entre Estados Unidos y México. El actual gobierno ha incrementado los salarios mínimos, dado que el alza nominal sería ya de 134 por ciento en lo que va del sexenio. Pasó de 88.3 a 207.44 pesos diarios entre el 2018 y el 2023. Aunque los sueldos contractuales se mantienen estancados. Aun así, la distancia con Estados Unidos sigue siendo muy notoria. Allá el ingreso mínimo es 16 dólares la hora. Dado que en 45 años la paga en México cayó un 70 por ciento, la pobreza salarial es enorme.

Particularmente, nuestra economía fue destruida a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, el cual ha causado la partida de más de 10 millones. Las políticas neoliberales provocaron la migración masiva. A partir de 1994, 400 a 500 mil personas comenzaron a irse a Estados Unidos al año. El 60 por ciento de los indocumentados son mexicanos.

Es necesaria la inversión en proyectos productivos. El Estado debe tener los recursos necesarios para emprender el desarrollo que logre la soberanía alimentaria y dé empleo a millones de ciudadanos. Estamos comercializando más del 40 por ciento de los alimentos. Somos el primer importador de maíz amarillo del mundo, al mismo tiempo que tenemos decenas de millones de hectáreas ociosas.

Hay que invertir en una industria nacional, la cual permita que, al contar con litio, también se levante una vigorosa producción en torno a este mineral.

México producía sus vacunas en el siglo XIX y XX. Recuperemos esta capacidad. Recordemos que Cuba ha sido capaz –en medio del más cruel bloqueo– de producir 5 vacunas.

El Estado puede tener fondos si suspende y audita el pago de la deuda pública, a la cual se le dedica 1 billón 200 mil millones de pesos este año. Necesitamos una reforma fiscal progresiva. Mientras nosotros pagamos el 35 por ciento de nuestros ingresos al fisco, las corporaciones abonan el 2.4 por ciento y las mineras sólo el 0.002 por ciento, a decir de la secretaria de economía, Raquel Buenrrostro.

Es necesario imponer un impuesto a las grandes fortunas. En un lustro, la riqueza de Carlos Slim pasó de menos de 60 mil millones a 81 mil millones de dólares. Y en lo que va del sexenio, Grupo México ha aumentado su valor de mercado en 326 mil millones de pesos; creciendo 104 por ciento. Ésto significa que incrementó su riqueza de 314 mil 825 millones a 641 mil 406 millones.

Entre deuda e impuestos podríamos alzar nuestro presupuesto de 8 billones en un 50 por ciento para el desarrollo de cada comunidad, la cual debe buscar la sustentabilidad, el apego y arraigo de su población.

Los migrantes no son quiénes provocan la crisis fronteriza en Estados Unidos. Las políticas antinmigrantes, xenófobas y racistas de las autoridades del país vecino, sí. Además del modelo neocolonial y neoliberal que impulsan, la violencia que generan para debilitar a las regiones –a las cuales pretenden controlar– y las sanciones contra países que defienden su soberanía como Venezuela y Cuba.

Con el afán insaciable de saquear las riquezas y explotar al máximo a los pueblos, el Imperialismo y sus corporaciones son los responsables.

Una política de sostenibilidad colocaría a la migración a un nivel aceptable. La lucha de los pueblos en nuestro continente será la que cambie las condiciones y permita que esté equilibrada. En América –norte y sur–, los pueblos empujan un proceso de cambio, el cual los conducirá a tomar control de su destino.

Migrar es un derecho. Es necesario que los pueblos tengan la opción de un trabajo y una vida digna, pacífica y con bienestar en sus territorios. Que migrar sea sólo una opción, no la única y desesperada salida.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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