La defensa del país no sólo debe circunscribirse a los espacios terrestre, marítimo y aéreo. En el Libro Blanco de Defensa Nacional del Estado Mexicano, las Fuerzas Armadas de México plantean al flamante presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dos nuevos “ámbitos”: el espacial y el del ciberespacio.
Y es que si las capacidades militares de México para enfrentar una guerra tradicional son limitadas, las que posee para una guerra espacial o una ciberguerra son prácticamente nulas.
En el documento de carácter confidencial, los militares mexicanos solicitan al gobierno federal que entró en funciones el pasado 1 de diciembre nuevas esferas de acción, “como consecuencia del avance tecnológico y científico” de la actualidad.
Argumentan que tanto para el ámbito espacial como para el del ciberespacio es necesaria la “creación de infraestructuras críticas y definición de áreas estratégicas” que hagan posible el desarrollo y funcionamiento del Poder Nacional.
El maestro en sociología y doctor en estudios políticos y sociales Valeriano Ramírez Medina señala que México debe contar con instancias militares, además de las civiles, para cada uno de esos ámbitos. “Sí es necesario que se constituyan instancias propiamente militares para atenderlos. Debería estar en la prioridad del Estado construir esas instituciones y formar a los recursos humanos que se encargarían de ellos”.
El Libro Blanco de Defensa Nacional del Estado Mexicano es un documento preparado por integrantes de las tres Fuerzas Armadas Mexicanas (el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) bajo la supervisión de los anteriores titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sáenz. Y contó con el acuerdo de los actuales titulares de las mismas dependencias, el general de división Luis Cresencio Sandoval González y el almirante Rafael Ojeda Durán, respectivamente.
En el escrito se señala que actualmente México no percibe una inminente agresión de algún otro Estado con lo que daría inicio un conflicto bélico. Pero, señala enseguida, “nuestra posición geoestratégica y geopolítica nos compromete a estar preparados para la defensa legítima de nuestros intereses”.
Y ya en consonancia con el discurso del nuevo gobierno, señala que en los ámbitos fundamentales de operación de las Fuerzas Armadas (terrestre, marítimo, aéreo, espacial y del ciberespacio) “se conforman los recursos estratégicos esenciales que definen el poder y potencial de Estado para lograr: la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética, el fortalecimiento de su sistema económico, el uso adecuado y sustentable de los recursos naturales, el desarrollo científico y tecnológico, así como la seguridad y estabilidad social”.
Para el sociólogo y politólogo Ramírez Medina, la Fuerza Aérea Mexicana debería contar con mayor autonomía de la que tiene en la Sedena, pues hoy parece un apéndice del Ejército Mexicano. Y precisamente, en principio, la Fuerza Aérea podría generar toda una división encargada específicamente de atender el espacio exterior.
En cuanto al ciberespacio, el catedrático e investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, considera que “ahí sí sería necesaria una nueva Fuerza militar altamente capacitada con elementos que provinieran de los sistemas de inteligencia tanto de la Sedena como de la Semar”.
Con respecto del ámbito espacial, las Fuerzas Armadas Mexicanas señalan que el país hoy sólo cuenta con la civil Agencia Espacial Mexicana (AEM), fundada en 2010. Señalan que, aunque modesto, se trata de todo un esfuerzo que pocas naciones en desarrollo han hecho.
Así, considera que, por el momento, la AEM es la materialización de diferentes empeños: científicos, universitarios, de seguridad y empresariales. Todo, señala, para intentar “posicionar a México entre los países que han sido capaces de aprovechar la exploración y uso del espacio ultraterrestre, desarrollándose científica y tecnológicamente para beneficio y transformación de la sociedad”.
El documento señala que la actividad humana en el espacio exterior es reciente. Y sólo le ha sido posible a las naciones con tecnología, organización y recursos económicos. Se trata de un puñado de países que han podido “explotar esta nueva frontera en que la humanidad ha encontrado nuevas oportunidades de desarrollo”.
Agrega que, como en todo ámbito de la actividad humana, el espacio exterior está siendo objeto de un análisis jurídico para determinar bajo qué régimen legal será circunscrito. Lo anterior, sobre todo, para determinar si proceden los reclamos de apropiación y soberanía del mismo.
Hasta el momento, el derecho internacional sostiene que el espacio exterior es “patrimonio común de la humanidad”.
Las facultades y los alcances que tiene la AEM, citadas en el documento, son: “formular y proponer las líneas generales de la política espacial de México, así como el Programa Nacional de Actividades Espaciales; servir como instrumento de la rectoría del Estado en este sector a fin de fortalecer la soberanía; velar por el interés y seguridad nacionales; y garantizar y preservar el interés público y la protección de la población”.
El doctor Valeriano Ramírez dice al respecto que se trata de intentos de caminar “apenas en pañales” en un ámbito que hoy está muy avanzado en otras naciones. Pero explica que resulta lógico que en México no se haya desarrollado porque se trata de “procesos muy caros” y la economía del país no ha alcanzado ni para resolver los problemas básicos de la población.
Pero al menos, a decir del investigador, se debieron de desarrollar y colocar satélites con funciones más allá de las que permiten el funcionamiento de las telecomunicaciones. Explica que México no cuenta con satélites para conocer los puntos neurálgicos del territorio nacional.
“Las autoridades no saben dónde están los grupos de la delincuencia organizada como tampoco los grupos de tensión. No tenemos satélites para la revisión territorial. Estados Unidos sí tienen toda la información de México. En eso sí estamos perdidos.”
El investigador Humberto González Arroyo, especialista en seguridad nacional por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), coincide. Muchos de los riesgos podrían tratarse mejor si se contara con tecnología espacial. Ejemplifica con el caso de los huachicoleo o robo de combustible. Las autoridades han detectado casi 12 mil tomas clandestinas en los alrededor de 20 mil kilómetros de ductos de petróleo y gas.
Con respecto del ámbito del ciberespacio, el documento señala que las Fuerzas Armadas Mexicanas se esfuerzan por desarrollar y adquirir tecnologías, equipos y sistemas de inteligencia “para incrementar las capacidades para proveer seguridad” en ese ámbito.
Reconoce que desde el ciberespacio hoy se puede atentar contra los objetivos e intereses nacionales. Por ello, también en este aspecto debe aplicar la política de seguridad nacional para identificar, prevenir y contrarrestar las amenazas y riesgos a la nación.
La Sedena y la Semar señalan en el documento elaborado de manera conjunta que la tecnología de la información avanzó de tal forma que de ser “una herramienta administrativa para optimizar procesos de oficina” se ha convertido en “un instrumento estratégico para la economía, la industria, la administración y la seguridad nacional”.
Señala que con la aparición del sistema de interconexión conocido como internet “los roles fácticos sobre la autoridad política, el dominio económico, la estructura social, el desarrollo científico y tecnológico y la seguridad militar se ven disgregados”.
Explica que, con ello, se ha modificado el “balance” entre Estados, organizaciones nacionales, organizaciones internacionales e individuos. A su vez, esto ha implicado la generación de nuevas reglas y la adaptación de las ya existentes.
Y también ha traído nuevos riesgos a los Estados, verdaderos retos a la seguridad. Los malware y virus informáticos pueden propiciar delitos como la suplantación de identidad, los fraudes financieros y el espionaje digital. Se trata de conductas ilícitas que ponen en peligro a la sociedad, las instituciones, la infraestructura crítica de un Estado y constituyen un “nuevo escenario estratégico”.
Señala que se debe combatir “enérgicamente” el crimen en el ciberespacio. Y aunque se trata de un ámbito mundial, se deben considerar aspectos como “la territorialidad, la privacidad de los ciudadanos, la seguridad nacional, el derecho a la información, la libertad de expresión, el desarrollo de nuevos mecanismos de seguridad, el adiestramiento constante de los órganos vigilantes, la legislación vigente, la colaboración de la iniciativa privada y la sociedad”.
De acuerdo con un estudio publicado por la consultora LexisNexis Risk Solutions a finales de noviembre pasado, en materia de ciberataques México es el segundo país más vulnerable en toda América Latina sólo por detrás de Brasil. Los delitos que con mayor frecuencia se padecen son la piratería informática, el robo de identidad y el fraude en tarjetas de crédito.
Sobre lo que el Estado mexicano ya está haciendo, el Libro Blanco de Defensa Nacional del Estado Mexicano destaca los “avances” en la legislación para la protección de datos personales y también la generación de una estrategia de seguridad de la información. Ésta con el objetivo de “asegurar y resguardar la integridad, confidencialidad y privacidad de las personas e instituciones públicas y privadas, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales en el ciberespacio y la ciberseguridad”.
Resalta que en el combate a la ciberdelincuencia ya se trabaja con un enfoque de cooperación internacional, en especial con Estados Unidos y Canadá.
En específico las Fuerzas Armadas llevan actualmente un “proceso de fortalecimiento de los protocolos de operación para la prevención de delitos cibernéticos en instancias que administran información considerada como reservada o confidencial”.
Además, se comprometen “en el desarrollo de investigación científica para la prevención e investigación de los delitos cibernéticos; así como con el desarrollo, gestión y supervisión de todos los proyectos de investigación, desarrollo y producción en el ámbito de la defensa”.
Por su parte el politólogo Valeriano Ramírez Medina señala que el crimen organizado hoy está hackeando los sistemas de seguridad tanto de empresas privadas como de ciudadanos e instituciones gubernamentales. Recuerda que gran parte del lavado de dinero se efectúa en el ciberespacio.
“Y no hay ni filtros que permitan hacer un seguimiento de las transacciones bancarias y los bienes que se adquieren. Hay muchos vacíos. Y al mismo tiempo, hay toda una industria del espionaje ejecutada ilegalmente por actores públicos y privados que vulnera redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos y prácticamente cualquier información que circule por el internet.”
Y finalmente lo que también está vulnerable –dice Ramírez Medina– es la información que tiene el carácter de seguridad nacional y de defensa del Estado mexicano. Actores antagónicos a los intereses y objetivos nacionales pueden hackear los sistemas informáticos de hospitales, aeropuertos, instituciones educativos, oficinas de gobierno, seguridad pública o, incluso, los de las propias Fuerzas Armadas.
“Además, los cibedelincuentes han rebasado a los propios equipos y tecnología militares”, dice por su parte el especialista en seguridad nacional por el Inacipe Humberto González Arroyo.
El problema mayor en el ámbito del ciberespacio, sin embargo, parecería no ser el de los delincuentes. El general José Francisco Gallardo Rodríguez apunta al Estado más poderoso del planeta.
“Estados Unidos cuenta con el comando cibernético que manipula y vigila todas las transmisiones por internet, radio, televisión, a nivel global; tiene incluso el control sideral.”
Preso político en cárceles miliares entre 1993 y 2002, el general Gallardo Rodríguez asegura que México carece de planeación estratégica nacional en esta materia. Tampoco tiene, hasta el momento, un sistema de inteligencia profesional.
Con respecto del ámbito terrestre (a cargo militar y principalmente del Ejército Mexicano), el documento señala como necesidad “crear teatros de operaciones con miras a la defensa nacional [exterior]”. Es decir, prever una intervención militar extranjera.
Sobre la seguridad interior del ámbito terrestre, propone incrementar el número de tropas desplegadas en el territorio nacional ante “la problemática actual del país”, y toda vez que los militares se han convertido “en la primera barrera de contención”.
Y también en consonancia con el discurso del nuevo gobierno, señala que “las Fuerzas Armadas permanecen atentas y en constante evolución para incentivar y generar los cambios necesarios que hagan más efectivas sus funciones y atribuciones conferidas por nuestra Carta Magna y las disposiciones que dicte el comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.
Del ámbito marino, el documento dice que se trata del espacio físico donde se encuentra distribuida una gran cantidad de recursos naturales y el principal medio de traslado de mercancías. Por ello también es un escenario preponderante en caso de un conflicto bélico.
“Estos aspectos hacen más compleja la implementación de las operaciones de protección y seguridad que garanticen la prevalencia funcional de estos activos ante las diferentes amenazas y riesgos.”
Resalta como una necesidad que se establezcan sistemas de alerta, seguimiento, mando y control que permitan integrar toda la información disponible en el ámbito marino. “Esta información proviene de tres fuentes generales: la institucional, la nacional y la internacional”. Del ámbito marino se encarga principalmente la Armada de México.
Con respecto del ámbito aéreo, señala que la protección y vigilancia, tanto en el macizo continental como en la zona marítima, implica cobertura del espacio aéreo. Señala que la Fuerza Aérea cuenta para ello de un Sistema Integral de Vigilancia Aérea.
Destaca el documento que no siempre se consideró la soberanía de los Estados sobre su espacio aéreo. Se consideraba propiedad de la humanidad. “Con la evolución vertiginosa de los medios aéreos y la aplicación militar de éstos, se hizo necesario reenfocar el concepto […] reconociéndose la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo contenido en sus límites territoriales”.
Jesús de Miguel Sebastián, investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México y catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales (adscrito a la Semar) y del Colegio de Defensa Nacional (adscrito a la Sedena), explica que hoy la seguridad nacional desborda el ámbito ofensivo-defensivo y va más allá de su dimensión militar.
“El Estado ha dejado de ser el único objeto a preservar, mientras que la persona ha ido adquiriendo un valor central, por cuanto muchos de los fenómenos que afectan a la seguridad, como la nuevas guerras, tienen a las personas como sus víctimas principales.”
Zósimo Camacho
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