México se ha posicionado como “un importante país de origen y tránsito para la heroína, mariguana y drogas sintéticas destinadas al mercado interno de Estados Unidos; como país de tránsito para la cocaína de América del Sur; como fuente de adormidera ilícita, y la ruta principal para el fentanilo, originario de China”, al tiempo que “actores ilícitos lavan anualmente miles de millones de dólares de ganancias del narcotráfico a través del sistema financiero mexicano”, advierten informes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y violencia relacionada siguen siendo desafíos importantes para la seguridad en México, país con el que Estados Unidos busca mejorar la cooperación bilateral para lograr objetivos a través de la focalización de redes criminales trasnacionales, erradicación de la adormidera, la mejora de la prohibición de drogas ilícitas y combate al lavado de activos en ambos países, señalan los informes International narcotics control strategy report y Drug and chemical control y money laundering, fechados en marzo de 2019.
“El narcotráfico, la corrupción, el contrabando de efectivo a granel, el secuestro, la extorsión, el robo de combustible, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual, el fraude, el tráfico de personas y armas de fuego sirven como fuentes de fondos adicionales para el lavado de dinero”, señala el organismo estadunidense.
Los informes concluyen que si bien como política gubernamental México no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni está involucrado en el lavado de ganancias por la venta de drogas ilícitas, es la corrupción la que “sigue impidiendo los esfuerzos de control de drogas”.
El tráfico de drogas, violencia y corrupción relacionadas en México plantean problemas considerables para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del país, por lo que el reto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de reducir el crimen y la violencia mediante programas sociales, el aumento de la investigación, el procesamiento de delitos financieros, la regulación del cannabis, la Guardia Nacional, están latentes, mientras aumentan los homicidios, sostienen los documentos.
El informe Narcotics control strategy report drug del Departamento de Estado de Estados Unidos estima que el cultivo de adormidera en México alcanzó las 44 mil hectáreas en 2017, un aumento de 32 mil hectáreas respecto a 2016. La mayor parte del cultivo de adormidera se produjo en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero.
Señala que un equipo de la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Armada, Relaciones Exteriores y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito trabaja este año (2019) en un nuevo estudio de rendimiento de opio con apoyo del gobierno de Estados Unidos para estimar la producción de heroína en México.
De acuerdo con el Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para Combatir la Delincuencia Organizada, en 2017 México erradicó 4 mil 231 hectáreas de mariguana y 29 mil 207 de adormidera. Durante el primer semestre de 2018, erradicó 1 mil 162 hectáreas de cannabis y 17 mil 288 de adormidera.
El gobierno de Estados Unidos, indica el reporte, apoyó las incautaciones mediante el intercambio de información y asistencia, incluidas cuatro aeronaves Caza 235 con actualizaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), generan imágenes aéreas inalterables que los convierte en una posible fuente de evidencia para su uso en procedimientos judiciales, actualización de cuatro aeronaves de patrulla marítima y apoyo en recopilación de información e interdicción de Semar.
Carlos Victoria Marín, doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que la estrategia de México ha sido el fomento de la cooperación con el extranjero, específicamente en el terreno de la inteligencia operativa y táctica para el combate a las drogas y lavado de dinero, pero las acciones que ha emprendido el Estado mexicano para enfrentar el crimen organizado no han surtido los efectos esperados.
“México ha dejado de ser un país de tránsito de droga para convertirse en un consumidor de drogas duras o sintéticas, lo cual ha generado problemas de salud pública que aún no han sido plenamente reconocidos por el conjunto del Estado mexicano”, subraya el académico.
En el marco de la cooperación internacional contra el narcotráfico, Victoria Marín sostiene que el gobierno de Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón respecto a militarizar la frontera Sur con México, con el propósito de evitar que las bandas criminales crucen la frontera, ya que, bajo la óptica de ese país, se tienen que emplear las mismas tácticas y estrategias con las que se persigue al terrorismo internacional.
Señala que es probable que el monitoreo y seguimiento que han hecho autoridades estadunidenses sobre la penetración de las bandas de traficantes de estupefacientes y de personas en Estados Unidos, les ha llevado a presionar al gobierno de México para que acepte ayuda y cooperación, lo cual va en contra de la soberanía de México.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, investigador de la UDLA, advierte que si bien la cooperación entre las instituciones de seguridad y justicia México-Estados Unidos ha sido una de las mejores en los últimos 40 años, la discusión ahora se centra y pone en duda cómo va a continuar la Iniciativa Mérida, luego de que el canciller Marcelo Ebrard plantea posible resolver las razones estructurales de la migración centroamericana.
Sin embargo, considera que el Plan de Desarrollo para Centroamérica del secretario de Relaciones Exteriores no es nuevo, ya que su momento se planteó el Plan Mesoamérica y el Plan Puebla Panamá, “pero si no hay recursos para el desarrollo de los países de la región, son buenas intenciones, discursos que entusiasman a los países centroamericanos y la toma de foto de sus presidentes, saben que estos mecanismos no han funcionado”.
Señala que es preocupante que Iniciativa Mérida no cambie su adscripción, al contar con 300 millones de dólares anuales para este ejercicio fiscal aprobados por el Congreso estadunidense, disponibles para apoyo al sistema de justicia penal, para la cooperación contra el lavado de dinero nacional y de gobiernos estatales.
Sánchez de Lara, experto en seguridad nacional, indica que ya no hay transferencia de recursos para tecnología a través de ese mecanismo, sino para entrenamiento, aunque considera que la Iniciativa Mérida pudiera apoyar la Guardia Nacional en combate antinarcóticos, pero estima que si los recursos se destinan para Centroamérica va a saltar en algunas instituciones de México y Estados Unidos que se benefician de sueldos y salarios con esos fondos.
“Vivimos de la cooperación en inteligencia y seguridad heredado, canales que abrió Calderón y fortaleció Peña, aunque la ventanilla única lastimó la cooperación, y después del terrible escándalo de la fuga del Chapo Guzmán del penal del Antiplano, la cooperación entre agencias se normalizó y los americanos dejaron de tener restricciones y regresó la fluidez intergubernamental en inteligencia, seguridad y defensa”, subraya el catedrático.
Sánchez de Lara recordó que programas como el Wola, de la oficina de Washington para Latinoamérica, lograron redefinir rubros de Iniciativa Mérida como el nuevo sistema de justicia penal, la policía obtuvo equipo y capacitación, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtuvo el software para análisis de redes. Sin embargo, considera que el gobierno de Enrique Peña Nieto “no quiso trabajar en combate a corrupción ni lavado de dinero de manera real, aunque ahora que se tiene la posibilidad de que la Corte permite a la UIF congelar activos, es un gran paso.
El académico destaca que las agencias de cooperación no quisieran que los recursos se fueran para el desarrollo: “creo que los fondos de la Iniciativa Mérida continuarán en lo que está funcionando, son 300 millones de dólares; tratarán de salvar los fondos en Washington para cooperación con el gobierno de México, mientras que las Fuerzas Armadas continuarán cooperando con el Pentágono en entrenamiento y combate al terrorismo”.
Sánchez de Lara desestimó la posibilidad de que parte de los 300 millones de dólares se vayan para el desarrollo de Centroamérica. “En México, con la austeridad del presidente López Obrador, no veo una partida para ello: todo se está yendo para el Tren Maya, al menos que éste se extienda hasta el Peten, como lo se pretendió con el Plan Puebla Panamá con la extensión de carreteras y comunicación en la región, que provocaría una mayor migración en la zona”.
Refiere que la cooperación civil y en inteligencia continuará, pero aclara que el tema es que se pueda aceitar la relación a más alto nivel entre el canciller Marcelo Ebrard y Jared Kruscher. No hay embajador de Estados Unidos en México, y vamos a ver si las agendas de las agencias de inteligencia política seguirán teniendo vía libre para operar o vendrá una instrucción política más fuerte del nuevo embajador”.
De acuerdo con el informe International narcotics control strategy report drug, durante los primeros 9 meses de 2018, las Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautaron 151 kilogramos de fentanilo en los puertos de entrada de la frontera Suroeste del país. En abril de ese año, en Tijuana se incautaron 361 pequeños paquetes de esa misma droga que se habían preparado para la distribución a nivel de la calle.
En agosto de 2018, un equipo canino donado por la Iniciativa Mérida descubrió 2.6 kilos de pastillas de fentanilo y 1.1 kilos de metanfetamina cristalina durante una inspección en una oficina de envíos comerciales en Jalisco. En septiembre, la Policía Estatal de Baja California descubrió una fábrica de producción de pastillas de carfentanil (un análogo de fentanilo y hasta 100 veces más potente).
Los caninos donados a través de la Iniciativa Mérida a México incautaron drogas ilícitas en 2018, incluido el fentanilo. En mayo, descubrieron 25 litros de precursor químico y 450 litros de ácido clorhídrico en compañías de paquetería en Durango y Guadalajara. En julio, un equipo canino localizó 1 mil 280 litros de ácido sulfúrico en una empresa de paquetería en Guadalajara y 4.9 kilogramos de metanfetamina durante una inspección en Michoacán.
A pesar de los controles, el informe Narcotics control strategy report drug apunta que las pequeñas cantidades necesarias para la producción de fentanilo “representan un desafío para la aplicación de la ley en la detección de estos productos químicos cuando ingresan a México”.
El gobierno de Estados Unidos colabora con varias agencias del gobierno mexicano para detección y decomiso del fentanilo, a través de la Iniciativa Mérida apoya la capacitación para los equipos de respuesta caninos y manipuladores sobre detección de fentanilo; máquinas de cromatografía de gases para el laboratorio forense de la PGR [ahora Fiscalía] para analizar muestras de fármacos desconocidos; y equipo de inspección no intrusivo para ayudar a interceptar el transporte de fentanilo y otros artículos ilícitos.
Hasta agosto de 2018, el gobierno de México había desplegado un programa de intercambio de datos biométricos financiado por Estados Unidos en 52 estaciones de migración, para detectar amenazas y mejorar la capacidad de asociación entre las fuerzas de seguridad de ambos países y así desmantelar organizaciones criminales trasnacionales y promover el control de las fronteras.
“El gobierno mexicano controla dos precursores de fentanilo químicos NPP y ANPP. Si bien estos controles no han disuadido completamente a las organizaciones criminales de obtener estos químicos, ha obligado a los criminales a buscar alternativas químicas, al tiempo que brinda a las agencias mexicanas de regulación y cumplimiento de la ley una base legal para incautar estas sustancias y presentar cargos penales o civiles contra quienes los importan ilegalmente.”
El reporte Chemical control y money laundering afirma que autoridades mexicanas han demostrado un “progreso extremadamente limitado en el procesamiento exitoso del lavado de dinero y otros delitos financieros”, por lo que plantea que el gobierno de López Obrador “necesita combatir la corrupción, mejorar su capacidad judicial y reformar las engorrosas leyes de decomiso de activos”.
El informe señala que los ingresos por drogas ilícitas que salen de Estados Unidos son las principales fuentes de fondos para lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano, por las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas utilizando una variedad de métodos.
“Implica el uso de ingresos ilícitos en dólares para comprar artículos al por menor para su exportación y reventa en México o Estados Unidos, y luego enrutar los ingresos de la venta de dichos productos a las organizaciones criminales trasnacionales. Incluye la exportación de mercancías que nunca existieron ni se exportaron, para justificar la transferencia de grandes sumas de fondos al sistema financiero de México”, subraya el texto.
Señala que los actores ilícitos invierten en activos financieros y reales, como propiedades, negocios y artículos de lujo. “El lavado de dinero a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo una preocupación, especialmente como un vehículo para el lavado de los beneficios de la corrupción pública”.
“Dos métodos populares de lavado incluyen la estructuración de depósitos, mediante el cual los delincuentes contrabandean grandes cantidades de dólares estadunidenses en México para depositar en cuentas bancarias en pequeños montos estructurados y cuentas de embudo, por lo que los depósitos en efectivo en varias cuentas en Estados Unidos se canalizan en una sola cuenta y se conectan a México, donde luego se retiran rápidamente”.
Lavadores de dinero asiáticos continúan compitiendo con lavadores mexicanos tradicionales que realizan “transacciones espejo” de manera más eficiente y a un costo más bajo que los lavadores mexicanos. Los ingresos relacionados con narcóticos también se lavan a través de casas de cambio sin licencia, pese a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite regulaciones y tiene una unidad especial para reducir el número de casas de cambio sin licencia en funcionamiento.
Y es que la incapacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado lugar a que los delincuentes sigan operando con grandes cantidades de recursos, sin que pueda cortárseles sus fuentes de financiamiento, apunta Carlos Victoria Marín, doctor en ciencias políticas por la UNAM.
Sin embargo, destaca que las autoridades estadunidenses poco hacen para detener estos flujos de dinero que transitan por sus circuitos financieros, lo cual indica que hay una laxitud y poca regulación para detectar fondos ilícitos generados por el lavado de dinero en Estados Unidos.
El diagnóstico sobre la inseguridad en el país y el papel de las fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico y lavado de dinero refleja que las instituciones del país están rebasadas y que tomará su tiempo revertir este mal, ya que el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, a lo largo de décadas.
En este sentido, plantea las estrategias y las políticas alternativas para enfrentar el narcotráfico y lavado de dinero requieren una reformulación del enfoque, diagnóstico y tratamiento. “Es indispensable la combinación de la inteligencia y del trabajo de campo, de lo civil y de lo militar, de las perspectivas de lo coyuntural y de lo estructural, de la prevención y rehabilitación, de la oferta y la demanda, de lo nacional y lo internacional”.
La ley mexicana penaliza el lavado de dinero con un enfoque de “delitos graves” y cubre a las personas jurídicas de manera criminal y civil, así como a la mayoría de las entidades del sector financiero. A partir de abril de 2018, las normas también cubren a las instituciones de tecnología financiera, a las que la CNBV regulará en pagos electrónicos, intercambios de activos virtuales y monedas virtuales.
En octubre de 2017, la Suprema Corte dictaminó que la congelación de cuentas de la UIF viola las protecciones constitucionales en virtud del derecho al debido proceso. Una decisión posterior en noviembre de 2017 restringió aún más la capacidad de la UIF de presentar registros financieros durante los procedimientos judiciales, y solo se admitirían los registros obtenidos por orden judicial. En respuesta a los fallos, varias entidades afectadas de alto perfil han presentado casos ante tribunales federales mexicanos para descongelar sus cuentas.
Si bien las autoridades reconocen el abuso de ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas de las autoridades policiales están limitadas por la corrupción, la falta de capacidad judicial y las engorrosas leyes de decomiso de activos. La UIF aún no ha publicado el número de condenas para 2017, pero de acuerdo con su titular, Santiago Nieto, sólo hubo 22.
La relativa falta de condenas por lavado de dinero en México –sólo cuatro casos de éxito en el periodo de Enrique Peña Nieto–, es representativa de las altas tasas de impunidad en el país, sostiene el informe del Departamento de Estado. Actualmente, dice, el país sólo tiene un juez federal y dos fiscales asignados para procesar los delitos de lavado de dinero. Se espera que la transición al sistema judicial acusatorio mejore las tasas de procesamiento en el mediano a largo plazo.
Igualmente, señala que el proyecto de ley de decomiso civil de activos sigue bajo consideración en el Congreso de la Unión y permitiría a las agencias de aplicación de la ley incautar más fácilmente los ingresos ilícitos, lo que dificultaría que los actores financieros ilícitos depositen e inviertan estos fondos en el sistema financiero de México. Sin embargo, acota que la corrupción en el sistema judicial impide la capacidad del gobierno para condenar a organizaciones e individuos involucrados en el lavado de dinero.
El informe Chemical control y money laundering advierte que es demasiado pronto para decir cómo la administración de López Obrador manejará las operaciones de la UIF, pero los funcionarios han indicado planes para trabajar con el poder judicial y la legislatura para resolver estos obstáculos.
José Réyez
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