El testigo predilecto de la PGR en el sexenio de Calderón, Jeniffer, no dudó en señalar a Nicolás Hernández como cómplice del narcotráfico cuando éste ya no le era útil a Marisela Morales. Fue “una traición” de la exprocuradora, señala quien fuera delegado de la PGR en Quintana Roo y, por años, hombre cercano a la actual cónsul de México en Milán. Su detención se ejecutó con engaños, relata en entrevista. Durante 814 días fue privado de su libertad en un penal de alta seguridad sin que se le comprobaran los supuestos nexos con Los Zetas y los Beltrán Leyva. No obstante, en las páginas de internet de medios nacionales aún se afirma que fue sentenciado a 25 años de prisión, hecho que jamás ocurrió. La tortura física y sicológica fue constante, denuncia
Calza zapatos negros, lustrados hasta que el brillo refleja el derredor; viste un traje color azul marino, camisa blanca, corbata oscura. Nada desentona en la imagen del abogado Nicolás Hernández Mendoza –maestro en ciencias penales y exdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Yucatán y Quintana Roo–, ni siquiera el tiempo que le lleva escuchar y responder.
Su pausada narración sintetiza los “2 años, 2 meses y 24 días” que duró la privación de su libertad, tras ser acusado de proteger a los cárteles de Los Zetas y los Beltrán Leyva, por dos testigos colaboradores de la Procuraduría.
Las declaraciones de Jeniffer (Roberto López Nájera), uno de los testigos predilectos de la Procuraduría, y del desaparecido Zajed (Bryant Cabrera Castillo) bastaron a sus antiguos colegas para armar el expediente en su contra, que lo llevó a vivir 814 días en una prisión de máxima seguridad, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.
Para Hernández Mendoza, todo acabó el 1 de septiembre de 2009: el sueldo, la reputación, los amigos, la vida medianamente cómoda que llevaba en Quintana Roo. Aquel día, una llamada telefónica de la Coordinación de Delegaciones de la PGR le urgía a acudir –en compañía del subdelegado Jesús Vega Romero– al Distrito Federal, para una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación. Nada de eso fue cierto:
“Cuando llego con el subdelegado a la cita, ya nos estaba esperando la policía y nos notifican la orden de aprehensión. En ese momento vi que era por delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico. Me trasladan a la subdelegación del Distrito Federal que está en [la colonia] Camarones, para que me revisara el médico. Como no había médico me regresan a las instalaciones de la SIEDO [Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ahora SEIDO]. Ahí me suben a una oficina en donde llega una persona y me dice: ‘¿Qué tienes que decir de las imputaciones que hay?’. Le respondo: ‘¿Cuáles? no las conozco’. Me señala: ‘No. Tú sabes que esto es así… Es muy sencillo: el chiste es que firmes tu renuncia y se te va a ayudar, pues hay muchas imputaciones’”.
Después de negarse durante varias horas a aceptar cualquier delito, y ya entrado el 2 de septiembre, Nicolás Hernández Mendoza y su subdelegado fueron trasladados al penal federal de máxima seguridad de Matamoros, bajo la causa penal 301/2009 radicada en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tepic, Nayarit.
“Me entero de los cargos hasta 10 días después”, asegura el abogado. Pasado ese tiempo, “reciben el exhorto en Tamaulipas y me toman mi declaración preparatoria. Es en ese momento cuando me entero que quien me está haciendo una imputación en dos declaraciones es el famoso testigo Jeniffer y el otro testigo de nombre Zajed”.
En los siguientes 804 días tuvo que demostrar que eran falsos los señalamientos de su “probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento”, de cuya única prueba en su contra eran los “testimonios falsos”.
Así, su caso se sumó a los expedientes contra servidores públicos de primera línea que la PGR integró únicamente con los dichos de testigos colaboradores. Mismos que, poco a poco, la SIEDO fue perdiendo en los tribunales, como ocurrió con el llamado Michoacanazo, la Operación Limpieza, y más recientemente el juicio contra los cinco generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De 2007 a 2012, la Procuraduría destinó un total de 101 millones 332 mil 994 pesos al programa de los testigos colaboradores, refiere en su respuesta oficial a la solicitud de información ciudadana 00017000 13613. En el último año del gobierno de Felipe Calderón, a dicho programa se habían acogido 65 personas; la mayoría, criminales confesos; mientras que, para el 7 de mayo de 2013, la cifra se ubicó en 62 (respuesta a la solicitud ciudadana 0001700082913).
A cada testigo colaborador, la Procuraduría le paga con dinero público la alimentación, el vestido, la vivienda, las escoltas y el transporte con chofer (entre otros beneficios). Tan sólo en 2012, por cada uno de los beneficiarios se habrían gastado 341 mil 63 pesos del erario –unos 28 mil 421 pesos mensuales– si el beneficio fuera igual. En ese año, la PGR destinó 22 millones 169 mil pesos a este programa, indica la respuesta 0001700013613.
Para Nicolás Hernández, la figura del testigo colaborador se ha usado en forma corrupta, para inculpar a cualquier persona en hechos delictivos sin pruebas reales. “Al menos por lo que yo viví en el sexenio pasado, así fue”.
El trasfondo
La PGR obtuvo la detención y el encarcelamiento de Hernández Mendoza con dos declaraciones de Jeniffer y de Zajed, “idénticas, incluso con los mismos errores mecanográficos y ortográficos”, refiere el abogado.
En la primera, el testigo colaborador de la PGR asegura que “a mediados del mes de mayo de 2007 yo [
Jeniffer], como pertenezco a la delincuencia organizada, era el encargado de cooptar a las autoridades. [Entonces] me entrevisto en un restaurante con un subdelegado, que es el licenciado Jesús Vega: quedamos [en] que él nos va proteger en las
narcotienditas; le entregué 20 mil dólares y después, cada semana, 700 mil u 800 mil pesos le voy a dar. Una semana después llega el subdelegado, con su jefe el delegado Nicolás Hernández”.
Según la copia del expediente toca penal 392/2011, del recurso de apelación que presentó Hernández Mendoza, la segunda declaración se refiere a una reunión que “se llevó a cabo a finales de mayo de 2007, en un rancho propiedad de Arturo Beltrán, alias Barbas, en Cuernavaca Morelos […]. En esa reunión, Arturo Beltrán Leyva le pagó a Edgar Octavio Ramos Cervantes, alias el Chuta, la cantidad de 50 mil dólares para que se los entregara al licenciado Nicolás Hernández, delegado en Cancún de la Procuraduría General de la República, y al licenciado Vega Romero, subdelegado de Cancún”.
Al recordar este episodio, el rostro de Nicolás Hernández se tensa un poco. “Cuando escuché las imputaciones me dio mucho coraje e impotencia, porque era mentira; sobretodo por la forma en que hicieron mentir a esta persona, que era tan burda y absurda; era fácil desacreditar eso. Inclusive en ese momento rindo mi declaración negando todo”.
Al ser estas declaraciones las únicas pruebas en su contra, de nada le valió al abogado presentar entre sus principales pruebas de descargo la papelería oficial de la PGR que constata que su nombramiento como delegado en Quintana Roo se dio hasta el 3 de agosto de 2007, como incluso consigna el boletín estatal DPE/3059/07, aún disponible en la página electrónica de la Procuraduría General de la República.
“En esa época, lo que más le interesaba al gobierno era hacer alusión a que estaban combatiendo la delincuencia. Acababa de pasar la Operación Limpieza [febrero de 2009], que encabezó Marisela Morales, no nada más para mí, sino para cualquier servidor público, sobre todo de jerarquía, a quien se le imputaba estar relacionado con alguna organización [criminal], aunque no lo estuviera.”
Nada detuvo el proceso judicial, quizá porque detrás del expediente estaba una antigua conocida de Hernández Mendoza, con quien no sólo había coincidido en la Procuraduría sino que incluso cursó con ella la maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales: Marisela Morales, entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Al momento de la detención, el abogado pretendió encarar a la ahora cónsul de México en Milán, Italia. “Yo insistía en que me dejaran hablar con Marisela”. Pero la persona que intentaba arrancarle la declaración le aseguró que de ella venía la orden, así como de Javier Humberto Domínguez, entonces director de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, dependiente de la SIEDO.
A diferencia del caso de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como del teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, recientemente liberados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la excarcelación de Hernández Mendoza ocurrió en el absoluto silencio gubernamental y mediático.
Hasta la fecha, su nombre no ha sido resarcido en los medios informativos que, erróneamente, aún sostienen que fue sentenciado a 25 años de prisión. Esto jamás ocurrió, explica, pues fue absuelto el 24 de noviembre de 2011.
—¿Fue una traición de Marisela Morales?
—Si entendemos a la traición como la persona en la cual confías, en la persona que sabe cómo eres y que después no te da la oportunidad de defenderte, sí es traición. [Es traición] de los que lo hayan hecho y me conocían, y quien me conocía muy bien era Marisela Morales. Yo había sido director general cuando ella era titular de la Coordinación General de Investigaciones; ella me invitó a trabajar a su lado.
Ni cuentas bancarias en México y el extranjero ni patrimonio ostentoso, nada de prestanombres ni empresas fachada. Sólo las mentiras de Jeniffer y Zajed, como Nicolás Hernández califica los testimonios, consiguió la SIEDO en su contra. Él y su familia fueron víctimas de este proceso, señala. Pero hubo más, su reclusión en Tamaulipas “implicó toda una revictimización para su esposa, sus hijos y para la defensa”: mientras las pruebas de descargo se tenían que conseguir en Quintana Roo y el Distrito Federal, el juicio se encaraba en Nayarit y las visitas en Matamoros. La vida familiar, en el Estado de México.
“Yo considero que era una situación muy definida en contra de mi persona, sin pruebas ni nada”. Y es que a diferencia de él, Vega Romero obtuvo su libertad antes, a pesar de que éste sí era subdelegado de la PGR en Quintana Roo cuando supuestamente los narcotraficantes le entregaron (a Vega Romero) miles de dólares por proteger las narcotienditas.
“La juez dice que la imputación que le hace Jeniffer al subdelegado no es suficiente y le otorga su libertad el 5 de junio de 2011; pero al delegado, a mí, no; porque señala que sí es creíble lo que se me imputa. Cuando se me notifica, se viene abajo todo porque mis pruebas eran contundentes. Pero no hicieron absolutamente nada; por eso se interpuso el recurso de apelación que se resolvió en Reynosa”.
Temor a represalias
“Salí el 24 de noviembre de 2011. Siempre estuve consciente de todo: no me preocupé porque estaba seguro de que iba a salir. La mayor seguridad era que mi familia y yo no teníamos de que preocuparnos, porque todo era montado.”
Aunque antes de obtener su libertad, algunos medios de comunicación locales y nacionales aseguraron que lo habían sentenciado a 25 años de prisión, Hernández Mendoza optó por el perfil bajo. “No quise hacer nada público cuando salí, porque ya estaba como procuradora Marisela [Morales]. Era un temor para cualquiera”.
La probabilidad de que la PGR volviera a actuar en su contra fue el motivo principal por el cual Hernández Mendoza no pidió siquiera la disculpa del sistema judicial. Y es que desde que ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noreste, en Matamoros, recibió un trato inhumano, cruel y degradante.
“La bienvenida en los penales de alta seguridad, al menos en Tamaulipas, es una verdadera tortura. Las marcas de las esposas que me pusieron de la entrada del penal a la estancia donde tenía que estar me duraron 3 meses, igual que el adormecimiento de las manos”. Ello, porque los grilletes son de plástico y se aprietan lo más posible, aunque corten la circulación de las manos del reo. “Si te caes, te levantan a patadas.”
—¿Sufriste tortura?
—El día a día [en el penal] es una tortura. Va contra los derechos humanos el hecho de que cada que uno sale de su celda para cualquier cosa se tiene que desnudar delante de ellos y hacer tres sentadillas para que vean que no estás haciendo nada indebido. Cada 15 o 20 días a las 2 de la mañana llegan y hacen un cateo a la celda, tiran todas tus pertenencias, para “prevención”. Cuando llega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no entra a las estancias sino todo lo observa por cámaras, no te permiten desnudarte ni ponerte en la pared, para que las cámaras no vean nada indebido.
El maestro en ciencias penales señala que, aunque la doctrina establece que una persona que está recluida no debe sufrir más que su prisión, “en las cárceles de máxima seguridad uno sufre de todo, empezando por el espacio: vivía en un espacio de 2 por 3 [metros]. Cuando podía salir una vez al mes, hacía una actividad física. Había meses en que daban la orden de que nadie saliera de su estancia; incluso a veces no podías salir a comer, te llevaban la comida”.
Los castigos aplicados a discreción de los custodios también violan las garantías individuales, explica. “Hasta 75 días encerrado en un lugar donde no tienes excusado; no ves a tu familia; te restringen las llamadas una vez cada 10 días, sólo 10 minutos; no te dan oportunidad de leer: un consejo determina si tu lectura pasa, y si tiene contenido político o sexual no pasa. Ahí la ley que prevalece es la del custodio”.
Además de las condiciones que enfrentan todos los reclusos, el abogado fue sometido a otras anomalías: “Se burlaban de mí porque sabían que era el delegado de la PGR. El trato a mi familia también era denigrante: me avisaban de mi visita 10 minutos antes de que se acabara la hora de visita; tenía que pasar varios puntos de revisión, llegaba y ya se había acabado el tiempo. Tuve mi primer visita a los 3 meses de haber ingresado”.
—¿Por qué te vincularon con Los Zetas y los Beltrán Leyva?
—Porque eran las dos organizaciones que tenían presencia en Quintana Roo. Quizás si hubiera existido otra, también me hubieran vinculado. Pero hay evidencias muy palpables tanto en la delegación de Yucatán como la delegación de Quintana Roo, donde yo trabajé, sobre el trabajo que se hizo en contra de estas organizaciones, de estas dos precisamente.
—¿Pensaste en algún momento actuar por los agravios a tu persona?
—En ese momento no. Si me decían cierra la boca y te sacamos, lo hacía; pero analizando las cosas, creo que sí lo voy a hacer, porque ya es otra administración y espero que no siga igual.
Nicolás Hernández Mendoza
Originario del Distrito Federal
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana
Maestro en ciencias penales, con especialización en ciencias jurídico penales, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
Servidor público durante 22 años
Cargos públicos que ocupó hasta antes de su detención:
Oficial mecanógrafo y oficial secretario del Ministerio Público
Investigador y agente del Ministerio Público
Consignador con detenido, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
En el Ejército Mexicano obtuvo el grado de teniente de Justicia Militar y licenciado en la Dirección General de Justicia Militar
Proyectista de sentencias de segunda instancia en la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Agente del Ministerio Público de la Federación
Encargado de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos
Fiscal en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
Director ejecutivo y director general de la Coordinación General de Investigaciones Especiales, de la PGR
Delegado de la PGR en Yucatán
Delegado de la PGR en Quintana Roo
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Fuente: Contralínea 345 / julio 2013
