Nueva Ley Minera y derechos constitucionales

Antes de abordar el tema de la nueva Ley Minera, aprobada por el Senado el 2 de mayo, debemos hacer algunas consideraciones. Las riquezas del subsuelo, según el artículo 27 de la Constitución, pertenecen a la nación; este es un principio inamovible: el pueblo de México es el dueño a través del Estado.

Además, marca que, en todo tiempo, la nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales, susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

Remarca: corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales, minerales, depósitos minerales de los que se extraigan metales y metaloides. Todo corresponde a la nación.

Además, el Artículo 28 dice que el Estado, sujetándose a las Leyes podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación; salvo las excepciones que las mismas prevengan.

Las Leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes. Evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público. Hay que dejar en claro que las concesiones, ojo, son por “interés general” para asegurar la “utilización social de los bienes” y el “interés público”. Las concesiones mineras de las últimas décadas son anticonstitucionales; por lo tanto, ilegales.

México es uno de los 10 principales países mineros del mundo. Esta es una actividad estratégica que puede ayudar mucho al desarrollo del país; si se transforma a fondo, cuidando la dignidad del trabajo, el beneficio a las comunidades y el cuidado al medio ambiente. Pero, es una actividad criminal cuando se ataca a las comunidades, se explota y se destruye a los trabajadores, a la naturaleza y se saquea a México. Los cinco gobiernos neoliberales –Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña– causaron daño a la nación, a los obreros y a los pueblos con su política minera.

Durante 30 años, las corporaciones se han apoderado de más de la mitad del territorio nacional: 117 millones 600 mil hectáreas. Actualmente, las mineras están explorando y explotando 21 millones 300 mil hectáreas; equivalente a 10.6 por ciento del territorio nacional.

El gobierno actual no ha otorgado más concesiones. Aunque, de hecho, a la fecha, lo más substancial de nuestra riqueza minera ya está entregada a las corporaciones mineras que operan como si fuese de su propiedad.

Tenemos grandes riquezas. México ocupa los primeros 10 lugares en la producción mundial: primer lugar en plata, segundo en fluorita, quinto en plomo, sexto en zinc, octavo en oro y décimo en cobre; por mencionar algunos. Se explotan 30 minerales. Pero, atención, hoy, en la Tierra, hay un mineral que adquiere la mayor importancia: el litio. Esas riquezas deben servir para el desarrollo nacional, regional y local; para la creación de empleos, lograr la soberanía industrial y hacer justicia a los pueblos originarios.

Sin embargo, en nuestro país, se beneficia a las grandes multinacionales. Según datos de 2018: el 77 por ciento de los proyectos mineros eran de corporaciones canadienses; el 10 por ciento, estadounidenses; 8 por ciento, corporaciones mexicanas, y 5 por ciento, otros.

De 1 mil 113 proyectos, 68 por ciento estaban destinados a buscar minerales preciosos; principalmente oro. En la actualidad, esto supone un problema ambiental; pues el 68 por ciento del mismo se explota bajo la modalidad a cielo abierto (Pérez-Jiménez 2018).

Esta situación debe corregirse a fondo. La minería se debe nacionalizar y prohibir la propiedad de facto que ejercen las grandes corporaciones extranjeras de lo que es un bien público.

Estudiemos ahora el tema de las concesiones que la Ley califica como “el conjunto de Derechos y Obligaciones que otorga el Estado –materializado en un título– y que confiere a una persona natural, jurídica, o al propio Estado, la facultad para desarrollar las actividades de exploración y explotación del área o terreno solicitado”.

La nación tiene el derecho de dar concesiones para que el particular realice actividades en áreas, en las cuales no tiene elementos o no le interesa. Aun cuando una empresa privada ayude a explotar algún mineral, la propiedad es de la nación; no se puede ceder ni dejar los elementos sujetos de la concesión como propiedad. Debido a leyes opacas, se apoderan de forma “legal” de nuestras riquezas. Pero, atención, la Constitución está por encima de cualquier Ley reglamentaria. La propiedad originaria prevalece por encima de la propiedad precaria de las concesiones.

Las concesiones pudiesen darse a empresas cuando el Estado no está en capacidad para pagar los gastos de operación de la exploración, operar la explotación, tener un margen de utilidades. Pero no para adueñarse de la riqueza del pueblo.

Los recursos deben ser administrados con moderación. Se debe eliminar, por ejemplo, la obsolescencia programada de las mercancías que provoca extractivismo. Además de limitada, la actividad minera, debe integrarse, debidamente, al desarrollo local, regional y nacional en el marco de un plan económico municipal integral en torno de cada explotación y lograr que las utilidades se reinviertan en la economía local, regional y nacional. Hoy, lo que tenemos es un verdadero saqueo.

Las corporaciones ni siquiera pagan impuestos. En diciembre de 2022, la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro, dijo que el sector de la minería en México prácticamente no paga al fisco. Sólo otorga 0.002 por ciento de sus ingresos como impuestos al gobierno federal, criticó al preguntarle por qué se tiene la política de no otorgar más concesiones para la exploración de tierras.

En conferencia de prensa, explicó que la cantidad que pagan las compañías mineras es insignificante, si se toma en cuenta que los grandes contribuyentes aportan 2.4 por ciento de sus ingresos. Mientras las personas físicas, por medio del impuesto sobre la renta, desembolsan hasta 35 por ciento.

Así, la minería toxica y rapaz se desbocó. En tan sólo ocho años, se duplicó la cantidad total de proyectos en México, los cuales de 667 en 2010 pasaron a 1 mil 531 en 2018. Estos mismos se quintuplicaron, pues de 54 en 2010 llegaron a 274 en 2018. La minería en México, desde Salinas de Gortari hasta Peña, ha sido avariciosa.

Y las más favorecidas son las corporaciones extranjeras. Anualmente, las mineras mexicanas extraen 17 mil 300 kilogramos (km), es decir 30 por ciento; las estadunidenses, 6 mil 800 km, 10 por ciento, y las canadienses, 35 mil km, 60 por ciento.

La iniciativa presidencial que pretendía disminuir las concesiones de minería de 100 a 30 años y del agua de 50 a 5 años fueron modificadas por la Cámara de Diputados para dejar la primera en 80 años y la segunda en 30 con la posibilidad de prorrogar de 25 años. Vemos cómo, en el actual, los congresistas sujetos a presiones de las corporaciones actúan en interés de éstas y no por el bien público.

Aun así, hay algunos avances importantes en la nueva Ley Minera: elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante; elimina el carácter preferente de la actividad minera; elimina el derecho de las personas titulares de concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación.

Establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera. Se establece la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se firmarán convenios con las comunidades; comprometiendo una mínima compensación por la destrucción de sus tierras.

Las mineras tendrán que contar con un Programa de Restauración, Cierre y Post-Cierre, aprobado por la Semarnat, para guiar sus operaciones desde su inicio. Y tendrán que contar con vehículos financieros para cubrir posibles daños a comunidades o al medio ambiente.

Pero quedaron mutilados los elementos claves de la iniciativa presidencial para regular su acceso al agua; además de que, como dije, las concesiones pasaron de cinco años a 30 años.

Y de obligarlas a tener concesiones para el uso de las “aguas de laboreo”, las cuales brotan por la actividad que atraviesa mantos acuíferos subterráneos o de las paredes de las minas, los diputados mantuvieron el actual régimen de privilegio, en el cual estas aguas son aprovechadas sin freno por las corporaciones. Hay que tener en cuenta que representan el 300 por ciento, o más, del volumen concesionado. Además, cambiaron la obligación de respetar la disponibilidad de agua, a no tener límite alguno para explotarlo.

También se eliminó el transitorio que hubiera obligado a iniciar el desmonte de las presas de jales dentro de 365 días de su promulgación. Sólo es necesario, si “representa un riesgo”, pero es sabida la nula capacidad de inspección.

De modo que fueron retiradas las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, las cuales posibilitaban frenar el acaparamiento del agua, la sobreexplotación y su contaminación de los mantos que tan gravemente impacta en las comunidades y pueblos aledaños a una mina.

La nueva Ley Minera, si bien contiene algún pequeño avance, no satisface para nada las exigencias populares y nacionales. Para que los derechos colectivos sean plenamente resarcidos por quienes han convertido a México en un botín, la lucha sigue hasta lograr el fin de este tipo de concesiones tramposas de minas y agua.

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