Nuevo modelo laboral operará en 21 estados antes de 2022

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El nuevo modelo de justicia laboral, producto de la instrumentación de la reforma laboral, operará en 21 estados del país antes de que finalice el año, afirmó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Acompañada por el secretario de Trabajo de Puebla, Abelardo Cuéllar Delgado, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Héctor Sánchez Sánchez, Alcalde Luján conoció en Puebla los avances de las nuevas instituciones laborales que iniciarán operaciones a partir del 3 de noviembre.

Puebla es uno de los 14 estados que integran la Segunda Etapa de Implementación de la reforma. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Centro de Conciliación local y los tribunales laborales federales y locales comenzarán actividades en noviembre, distribuidos en la capital poblana y el municipio de Tehuacán.

Luisa Alcalde señaló que el nuevo modelo de justicia laboral apuesta por resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores mediante la conciliación. Afirmó que el esquema ha dado buenos resultados ya que se ha resuelto el 70 por ciento de los asuntos recibidos, en menos de 45 días, vía conciliación. El 30 por ciento restante es tramitado ante los tribunales laborales en un promedio de 4 meses.

La secretaria consideró que el cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje permitirá erradicar los vicios procesales y detectar y eliminar “nudos de corrupción” para avanzar hacia un sistema oral con “juicios ágiles y modernos”.

Invitó a los sindicatos de la entidad a adecuar sus estatutos y a realizar la legitimación de los contratos colectivos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a partir del 3 de noviembre próximo, ya que las juntas de conciliación locales dejarán de ser competentes.

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