Pacificación de México: de la eclosión a la asunción como tarea estratégica

La violencia criminal llegó a niveles históricos en el bienio de 2017 y  2018, los años con más “homicidios dolosos” en el país. Fueron también las elecciones con mayor nivel de asesinatos de candidatos contabilizados. Podría parecer inacabado el tiempo del Presidente de México para lograr la pacificación de nuestro país, como lo anunció o prometió al principio de su Mandato Ejecutivo, puesto que faltan 8 meses para su conclusión  legal-constitucional. Y ciertamente, en sentido estricto, lo es, especialmente  para una tarea tan grande y compleja como la que se planteó, porque en el tiempo restante es extremadamente complejo que tal objetivo pueda concretarse. No obstante podemos ya valorar dicho proceso.

Intentaremos una exploración inicial evaluativa de que fue una de las grandes apuestas del actual gobierno de la 4T-4R (cuarta transformación para la cuarta república) y para la cual se pusieron en juego distintos conceptos, principios (que podemos encontrar en discursos y alocuciones hacia la sociedad) e instrumentos que aterrizaron en programas y políticas públicas que al día de hoy arrojan ciertos resultados que nos proponemos valorar políticamente.

Tenemos al respecto cuatro hipótesis centrales y una valoración conclusiva:

1. La pacificación no es un objetivo estratégico para el desarrollo de México en la clase política nacional, sólo en el Poder Ejecutivo federal y en los Estados, gobernados por el partido en el poder, aunque sus actividades para ello son en general, limitadas, casi formales.
2. La pacificación no es aún un objetivo estratégico en las instituciones armadas del país, aunque sus intervenciones institucionales políticas y sociales se han dilatado exponencialmente pero sin un correlato de compromiso a fondo con dicho objetivo, hablo de cambios avanzados en la institución militar con dicha orientación. Cumplen ejemplarmente el mandato presidencial. Pero en procesos de justicia transicional gravita más en muchos integrantes, su espíritu de cuerpo, su defensa, frente a cualquier revisión o ajuste de los hechos del pasado, sin anteponer que ello es parte de la pacificación. No existe ésta sin ajuste con el pasado.
3. La pacificación es un proceso que obstruye las metas de lucha electoral entre fuerzas políticas, cuya visión e interés predomina sobre cualquier otra consideración. Son rehenes de la visión de corto plazo.
4. La pacificación se ha intentado implementar de manera muy incompleta y heterogénea sin una clara concepción precisa de la misma y de sus procesos ajustados a las condiciones de México. Hay avances, que no por carecer de espectacularidad, debemos dejar de apreciar en su valor. Significa que se puede avanzar mucho más.

Situación del proceso actual: nuestro postulado es que el curso de la pacificación en México se encuentra en una etapa embrionaria con resultados de avance en algunos aspectos, en otros mejores, pero insuficientes en algunos más, y con retrocesos también, que no permiten sostener con datos duros en  mano, que la pacificación avanza con paso firme y que puede entrar a un proceso de consolidación y expansión. No ha superado la etapa embrionaria, de eclosión, pero camina. Cuenta con las determinantes socio-políticas e institucionales para dar un salto positivo en el futuro.

Un señalamiento que nos parece de importancia: las polémicas del presidente AMLO en sus ruedas de prensa sobre estos temas tienen un eje sustantivo: para él la reducción y tendencias de descenso obtenidas (lo ejemplifica con datos duros, reales) durante su gobierno en los indicadores de incidencia delictiva prueban lo acertado de la concepción y la estrategia puesta en marcha. Muchos estudiosos reconocemos lo primero y los avances logrados, pero consideramos que con ajustes en la estrategia (no en la filosofía política general que la misma contiene) es posible acelerar los tiempos de la caída de los indicadores y obtener mayores éxitos, porque la severidad de los eventos (como lo ocurrido a fin de año en 8 estados de la república), y la imperiosa necesidad de intensificar el desarrollo, obligan a buscar dicha aceleración.

Hemos emitido nuestra opinión sobre la dirección y contenido de tales ajustes. Algunos otros analistas critican sin reconocer nada sólo por deslegitimar el enfoque y la estrategia, pero no tienen propuesta. Nuestra valoración es sobre el poder actual de la estrategia vigente. Enero de 2019 no es enero de 2024. Cualquier estrategia puede ser ajustada, no son rígidas e inamovibles en cuanto a las circunstancias y el correr del tiempo; los cambios los dicta la necesidad. Hoy las macro organizaciones transnacionales del crimen se han transformado, no son las mismas que en 2019 y debemos ajustar lo necesario respecto a ello.

1. Estado de Necesidad de un Nuevo Paradigma

En primer lugar debemos considerar que el propósito y objetivo político de la pacificación así enunciado desde la campaña para la elección presidencial de 2018, no es propagandístico y menos demagógico, tampoco utópico (hay muy diferentes experiencias históricas de logros en tal sentido), sino dictado por el estado de necesidad en el país. El crimen transnacional organizado se había empoderado a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y conformaba una multi-amenaza para la seguridad nacional en su vertiente de seguridad interior.

En cuanto a ello, todo mundo lo entendía así, como de urgente necesidad nacional, pero ello pasaba por un combate más eficaz al fenómeno criminal: legalización de las drogas (algunas), regular principalmente producción y distribución de cannabis y amapola dándoles usos médicos legales,  dar mayores facultades a los organismos extranjeros que apoyaban la tarea den México (organismos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos), incluso algún tipo de negociación directa con las organizaciones criminales para bajar los niveles de violencia, con un mandato legal. Se optó por reforzar el paradigma de persecución punitiva reforzando los cuerpos armados y aumentando los recursos tecnológicos. Pero no hubo un cambio perceptible de mejora. La situación empeoraba.

En el tema del blanqueo de capitales, también crecía la circulación de recursos de procedencia ilícita en los bancos las casas de bolsa, empresas de distintos rubros de actividad, se emitió la Ley de Prohibición de Uso de Recursos de Procedencia Ilícita ampliando los criterios de riegos a empresa inmobiliarias transacciones con obras de arte joyerías, etc. La UIF no presentaba un baluarte de contención. Estudios especializados hablaron de un rango de entre 10 mil y 30 mil millones de dólares anuales los que se blanqueaban en México. También aquí el problema era incontenible.

En suma: parecía que nos encontrábamos en un “callejón sin salida” con una estrategia de política criminal punitiva-represiva nacida de un paradigma lanzado desde el gobierno de los Estados Unidos durante el mandato de Richard Nixon, como fue “la guerra contra las drogas”. Su carácter fallido fue también aceptado por el Senado estadunidense en varias ocasiones e internacionalmente en América Latina, pero especialmente en Europa, en donde se adoptó el “paradigma preventivo” haciendo a un lado el modelo represivo-punitivo.

Los planteamientos en campaña de Andrés Manuel López Obrador durante 2017-18 de abordar esta inmensa problemática cambiando los parámetros teórico-conceptuales y los instrumentos legales represivos-punitivos, constituyó una innovación ampliamente polémica, un factor disruptivo, la frase concreta era “vamos a serenar y pacificar a México”, dentro de lo cual, surgió la frase de “abrazos no balazos”, pésimamente entendida y también interpretada de muy mala fe. Se ha hecho escarnio de una de las frases que han pretendido resumir el más caro anhelo de cualquier sociedad nacional: vivir en paz, en armonía social con instituciones sólidas que diriman los conflictos y choques de intereses, aún los más complejos y enconados originados por el crimen transnacional organizado. Más aún, después de todo lo que veníamos viviendo en México desde hacía 35 o 40 años.

En consecuencia, se trató de crear e implantar “una filosofía de la paz que sustituyera la filosofía de la guerra”, no eliminar la lucha desde las instituciones públicas. Luego se “dio por terminada la guerra contra el crimen organizado” y se plantearon los instrumentos de política pública al efecto: la política social, la lucha a fondo contra la corrupción, la creación de la Guardia Nacional (subsumiendo lo que fuera posible en ella de la Policía Federal), cambiar el organismo de inteligencia civil llamado Cisen por el Centro Nacional de Inteligencia pretendiendo centralizar allí la inteligencia civil y policial, crear una Fiscalía General Autónoma etc.

2. La Pacificación, Parte del Nuevo Paradigma. Precondiciones

Abrir “un proceso de pacificación” es parte del nuevo paradigma para enfrentar la violencia criminal, la organización y operación del crimen transnacional, para consumar la derrota socio-política y cultural del mismo, reducir sus fortalezas financieras que son muy poderosas, etc. La pacificación es parte integral de la lucha contra la criminalidad transnacional desde los lineamientos e instrumentos, las políticas inherentes al nuevo paradigma.

Cómo entender “la pacificación”: no es como la reconquista de la paz con la supuesta  estabilidad tenida con autoritarismo presidencialista anterior, sino la instauración de la armonía social democrática bajo el orden constitucional renovado, que se exprese en la caída progresiva de los indicadores de violencia social-criminal y los avances en contra de la criminalidad transnacional, que sean   susceptibles de medición ambos, es decir recuperando la seguridad. Los organismos internacionales de especialistas en el tema, dan seguimiento a tales procesos de pacificación creando indicadores estadísticos diversos que sobre la incidencia delictiva y que resultan muy útiles por ser producto de especialistas.

Por cuanto hace a la la teoría, los procesos de pacificación no son ni pueden ser solamente la “ausencia de violencia criminal desbordada”, tienen que incluirla, pero son antes que nada una expresión del derecho humano a vivir en paz, un derecho inalienable e imprescriptible, el cual están obligados a respetar y a luchar por su vigencia los gobiernos nacionales que se precien de entender y respetar la seguridad humana. Pero mucho menos, es “la paz de los muertos, de los cementerios”, ni tampoco el predominio de las complicidades criminales con y desde el poder público, la simulación socio-política e institucional impuesta por las “mafias de Estado” en la conceptualización de Jürgen Roth. Entendámonos.

La Carta de las Naciones Unidas establece dos preceptos universales fundamentales: en el artículo 1, numeral 1 sustenta que es propósito fundamental de la organización mantener la paz y la seguridad internacional mediante: el arreglo o ajuste de controversias o situaciones susceptibles de llevar a quebrantamientos de la paz, a través de medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Además, dicho cuerpo legal desarrolla el  contenido de este principio en el capítulo VI (artículos 33 a 36). En el artículo 33, párrafo 1, se hace la referencia a que los Estados miembros “tienen la obligación” de resolver sus controversias utilizando medios pacíficos.

Adicionalmente, el mismo documento contempla la solución pacífica jurídicos  controversias o de los conflictos, presentándolo como un derecho y también como un deber, ambos constituyen un principio unitario, indivisible. A la vez, la solución pacífica de conflictos constituye la negación a la posibilidad de tratar los conflictos mediante el uso de la fuerza. La solución pacífica de controversias fue consagrada como un principio de las Naciones Unidas en el artículo 2, numeral 3. Esta dualidad derecho-deber es propia también de los ordenamientos superiores dentro de un país, están en las Constituciones Políticas, en donde se establece la obligación de solucionar pacíficamente los conflictos internos de toda naturaleza, pero también de proporcionar seguridad a la sociedad, a la nación, al Estado. No son solamente asunto de política exterior.

El derecho a la paz es consustancial a la solución pacífica de los conflictos, sin lo segundo no puede haber lo primero, los cuales, en su desbordamiento institucional conducen a la violencia armada cualquiera que sea su naturaleza social, aún la de tipo criminal transnacional, lo que no significa que el Estado no pueda hacer uso jamás del “monopolio de la violencia legítima”, sino que la orientación fundamental de las acciones públicas mediante los instrumentos y medios pacíficos, deben usarse para contener y luego revertir el conflicto y darle una solución pacifica mediante acuerdos y justicia transicional avalados por la sociedad, por las mayorías sociales y por el Estado.

En consecuencia el derecho a la paz significa en su sentido primero y último la potestad social de oponerse a todo tipo de actos de violencia directa e indirecta, desde la propia sociedad o desde el gobierno, o desde ambos. Por lo tanto, la implantación de mecanismos institucionales para la solución pacífica de conflictos, ameritan especial atención, como en el caso de México, las Mesas de Pacificación, las legislaciones de justicia transicional para crear las Comisiones de la Verdad o comisiones especiales sobre hechos concretos como el crimen en Ayotzinapa, pues son los medios que facilitarán que la paz, en sus dimensiones tradicional o negativa, es decir, como ausencia de violencia, o bien como paz positiva, que conlleva la promoción de los derechos humanos y la paz acompañada de la justicia y la equidad, pueda hacerse realidad. Así, las acciones tendientes a dar solución pacífica a los conflictos son expresión del ejercicio de un derecho inalienable: el derecho a la paz.

En la experiencia histórica hay una cuestión fundamental que debe entenderse con todas sus implicaciones y consecuencias: los procesos de pacificación que se conocen, constituyen, un pacto, un arreglo, una reconciliación, un acuerdo, con el o los que consideramos “enemigos”, con quienes siempre hemos visto como tales, a quienes se ha combatido de muy distintas formas, quienes nos han afecto gravemente, no puede haber duda en esto, es lo que se hace dentro de un proceso político-social y cultural e institucional, y se produce en paralelo a la marcha normal de las instituciones públicas, incluyendo las del poder judicial, es decir, hablamos de un proceso de mediano y largo plazo, de negociaciones que en su complejidad no parecen tener fin. No olvidar que se pacta con el enemigo.

Tales procesos de pacificación, son diferentes pero a la vez con parámetros comunes en donde lo fundamental es que todos asuman un principio axial: la búsqueda y logro de consensos, o bien el principio de quid pro quo como en cualquier proceso de negociación, una concesión por otra. Entonces los factores fundamentales a todo proceso pacificador son:

1) Integrar una voluntad política unificada bajo el liderazgo del líder político principal, unidad de mando, convertido en voluntad política mayoritaria

2) El uso de mecanismos de justicia transicional, entendidos como un espacio público legal distinto al ya instituido de revisión de los hechos más violentos y sangrientos del pasado, para conocer la verdad sobre ellos y actuar en consecuencia, con justicia penal, compensación y/o y reparación de daños a las víctimas para lo cual se crean los ordenamientos legales respectivos ad hoc. Las decisiones y acuerdos son obligatorios para las partes negociaidoras.

3) Cuando el conflicto es armado, se busca logar un acuerdo de “reducción de la violencia” letal, un alto al fuego pactado, un alto al fuego unilateral, restricción de las acciones de combate voluntarias, un cambio de las posiciones de los combatientes en el terreno del conflicto, retirada de ciertas zonas geográficas, o establecimiento de un territorio neutral u otros, una legislación especial iniciada por el Poder Ejecutivo o una comisión especial plural del Congreso, u otras variantes, para autorizar e iniciar legalmente las conversaciones sobre la Ley de Paz y Justicia, regularmente acompañada de otra Ley de Reconciliación Nacional; o una sola que incluya ambas.

4) Apertura de una mesa de conversaciones para crear gradualmente un espacio de conocimiento entre los encargados del proceso, confianza mutua y buena voluntad, de expresión política del deseo de pacificación entre contendientes.

5) Aplicación de una legislación judicial especialmente considerada con los responsables de actos criminales, particularmente benévola como reducción de condenas, extinción de expedientes criminales, otorgando la posibilidad de una reinserción social posterior en sus comunidades originarias, opciones de capacitación adiestramiento o trabajo, pero cumpliendo una condena dictada por una Fiscalía Especial que conoce de estos casos y dicta sentencia.

6) La provisión de recursos financieros públicos en partidas especiales, para financiar el conjunto de medidas de reparación a víctimas que van surgiendo.

7) La intervención de organismos internacionales con: los buenos oficios y la mediación; la investigación internacional de hechos de alto impacto; la cooperación judicial internacional o el arreglo judicial internacional, o algunos otros medios e instrumentos de esta naturaleza.

8) La construcción de la paz supone la transformación del sistema jurídico que hasta antes regía la convivencia social al seno del cual se generó y expandió el conflicto que por múltiples razones no fue capaz de contener y solucionar. El sistema jurídico será expresión de los cambios que se acordaron en los procesos de pacificación.

9) Tales procesos no son lineales sino accidentados, plagados de desacuerdos, denuncias, nuevos enfrentamientos armados y luego vuelta al diálogo y a los acuerdos. Pasan por distintos momentos y ciertamente pueden llegar a la victoria o al fracaso. Nada está asegurado de antemano.

10) Finalmente la firma de un acta de paz o de conciliación nacional y reparación de víctimas, que incluyan la restitución de bienes privados perdidos, derechos anulados, reparación por vidas segadas, etc. es decir, todo lo que se denomina genéricamente “restitución a víctimas y familiares y reparación de daños”, acuerdos que son vinculantes para quienes los suscriben.

Existen distintos organismos internacionales que recopilan datos y emiten informes. Los elaboran construyendo indicadores integrados por distintas variables, las más representativas, a las cuales les asignan un valor ponderado conforme a la realidad de la violencia armada, asesinatos atentados, etc. en cada país, pero por amplios que puedan ser  no logran aprehender toda la complejidad de la realidad de extrema violencia de un conflicto interno, o de las guerras entre Estados, por lo cual debemos considerar sus indicadores o índices como “valores representativos y aproximados” que expresan lo que ocurre conforme a la metodología de procesamiento de los datos, en lo cuantitativo y cualitativo. Son muy concretos.

3.Valoración de la Pacificación en México. Sus fallas fundamentales

El  nuevo gobierno 2019-2024, postuló la pacificación como objetivo primordial mediante el funcionamiento de un nuevo paradigma, De ello, ha resultado una concepción de la seguridad (principalmente entendida como seguridad pública) y una estrategia de lucha contra la criminalidad:

Las acciones y operaciones de pacificación son medidas destinadas a poner fin a una crisis o un conflicto armado, instaurando una vía institucional de solución pacífica y definitiva para las causas que lo originaron. La Estrategia Nacional de Seguridad considera como eje de la misma la coordinación del Gabinete de Seguridad con las Mesas de Construcción de Paz estatales y regionales, así como el funcionamiento de la Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En México, la pacificación pretende avanzar a través de las Mesas de Pacificación y Seguridad, las acciones y operativos de la GN apoyada por la Marina y el Ejército, que han integrado los gobiernos de los Estados mediante una composición plural de funcionarios con distintas áreas de responsabilidad, en las cuales se planifican las actividades a desarrollar en los ámbitos de cada Estado. En total hay 32 Mesas Estatales 266 regionales de construcción de paz y seguridad, más el Gabinete de Seguridad.

Hacia finales de 2022, desde dicha instancia de coordinación federal se establecieron los resultados: reducción de los delitos del fuero federal en 27.3 por ciento, de octubre de 2018 a octubre de 2022; caída en 92.2 por ciento del robo de combustible, que representa un ahorro de 236 mil millones de pesos; entre 2020-2022; evitar la toma de casetas en caminos federales, canceló posibles pérdidas por 39 mil 820 millones de pesos; disminución en 18 por ciento del robo en sus distintas modalidades entre diciembre de 2018 y octubre de 2022; caída del 40.1 por ciento del robo de vehículos; descenso del 2.8 por ciento de los feminicidios en el mismo lapso de tiempo; y descenso del secuestro en 68.1 por ciento. (https://seguridad.sspc.gob.mx/contenido/)

Observemos cómo dentro del reporte se ofrecen resultados para distintos tipos de incidencias delictivas: propias del crimen organizado, delitos de género y del fuero ordinario. Todos se engloban en el mismo rubro: “avances de pacificación”. Aquí tenemos un problema conceptual y metodológico. No es el momento.

Y luego en “Tareas de Prevención”, se incluyen cuatro conceptos: “Desarme Voluntario; Programa de Prevención de Adicciones y Violencia; Tianguis de Bienestar; y Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera. (Boletín No. 233). Nuevamente, un concepto y una clasificación conceptual discutible dentro de la problemática que estamos tratando.

Como apuntamos supra, nos parece que hay mucha imprecisión, falta de una correcta conceptualización y un programa claro y puntual del proceso que se ha emprendido. Bajo esas condiciones la evaluación desde el gobierno es muy compleja de procesar porque se incurre en confusiones, y de entender lo que se informa públicamente porque se entremezclan las temáticas y los conceptos. Por ejemplo, sobre lo que sería las tareas habituales en seguridad pública de la autoridad, como es el combate al robo (a transeúntes, a casas habitación, en transporte público, o la introducción ilegal de un automóvil desde el extranjero, etc.), no son equiparables a los delitos cometidos por el crimen transnacional como el robo de combustible, narcotráfico internacionales contrabando de armas, narcomenudeo, etc. Aquí la imprecisa concepción de la seguridad pública complica la comprensión y correcta conceptualización de los indicadores delictivos y su clasificación dentro de un proceso de pacificación.

Consideramos dos factores de origen conforme a nuestro análisis: el estatuto legal (funciones) aprobado por el Senado de la República para la Guardia Nacional en que la responsabilizan de las tareas de combate al crimen transnacional organizado, y del combate al crimen ordinario (como explicamos arriba), apoyada por las fuerzas armadas (validado por la SCJN) cuando la Constitución de la República separa perfectamente bien las tareas de la seguridad interior y la seguridad pública, los marcos jurídicos de cada una y los cuerpos armados usados legalmente para su combate y preservación: la policía preventiva y las fuerzas federales, unas con mando civil y otras con mando militar.

A la Guardia Nacional se le asignó un rol organizativo, funcional y jurídico híbrido: un cuerpo intermedio militarizado, con mando civil y operación militar. Una gravísima contradicción. Por ello a la GN la llevan de una secretaría a otra: la subsumieron en la institución militar y la SCJN la regresó a la SSPC. Pero además, el ejército tiene un mandato finito para continuar coadyuvando en tareas de seguridad pública. ¿Se prorrogará indefinidamente?. Veremos que dice la SCJN. Se debe solucionar la antinomia, no prolongarla indefinidamente.

El segundo factor originario es una clasificación o tipología penal confusa en cuanto a cuáles delitos entender y combatir como propios de la criminalidad transnacional organizada y cuáles  de la delincuencia ordinaria, cuando ambos tipos los ejecuta la misma organización criminal: trasiego de drogas ilícitas y robo de combustible, vs robo simple o extorsión. Hoy no importa quién sea el delincuente, sino cuál es el delito, y entonces el resultado es que más del 90 por ciento de la incidencia delictiva está comprendida dentro de la Seguridad Pública, cuando las estructuras delictivas transnacionales que incurren en delitos del fuero federal, tienen una dimensión internacional pero incurren en delitos del fuero común, también, por tanto se clasifican como temas  de la seguridad pública” (sic). La distorsión es mayúscula.

Nadie ha  vuelto a hablar del gran vacío que significa la ausencia de una Ley de Seguridad Interior, porque después de su derogación, hemos caminado en la confusión completa con la anuencia de todos los responsables, dentro y fuera del gobierno, me refiero a los otros poderes. Saben de este vacío y de que es una muy importante ausencia y nadie plantea nada para subsanarlo. Este galimatías poco tardará en hacer crisis severa. Ese momento puede llegar si la SCJN no aceptara una prórroga en su rol especial del ejército y la marina de México.

¿Con este aparato teórico conceptual, jurídico constitucional y reglamentario es posible evaluar objetiva y adecuadamente el anunciado proceso de pacificación en México?. Consideramos que no con la suficiente precisión, por lo antes argumentado. Debería existir un “Índice compuesto”, un Índice de Paz y quizás también un “índice de Prevención” dentro de México, no sólo las estadísticas con tendencias, que pudieran contrastarse con los de organismos internacionales, con plena claridad en la metodología empleada, encargado a un organismo independiente. Ganaríamos mucho en precisión y objetividad.

Las cifras aisladas sin contextualización no ofrecen una percepción precisa de lo que se muestra. Dice el presidente AMLO que “no hay texto sin contexto” tampoco “datos sin contexto”. Sus indicadores comparan dos o más fechas distintas, entre periodos sexenales, por ejemplo, pero falta la contextualización.

Veamos lo que dicen los organismos internacionales que abordan el tema con base en las variables de alto impacto. Recordemos que los índices que usan son “índices compuestos”. Uno de los más serios es el siguiente:

El Institute for Economics & Peace (IEP) ofrece un estudio muy interesante porque vincula las variables criminológicas con las económicas y de justicia para determinar interrelaciones y resultados. Estableció el “Índice de Paz México”  (IPM) que es parte del “Índice de Paz Global”. El IPM está compuesto por cinco indicadores, digamos, cinco variables que se cuantifican e interrelacionan, a través de los indicadores de cada uno, y determinan el comportamiento general del índice principal, el IPM y estos son: Homicidios Dolosos; Delitos con armas de fuego; Cárcel sin sentencia; Delito con violencia y Crímenes de la delincuencia organizada. Dentro de cada uno hay “sub indicadores” (por eso se le llama “índice compuesto”), por ejemplo, de la última mencionada, narcomenudeo, tráfico de drogas, asesinato con armas de fuego, y otros. De su valoración cruzada surge el indicador dé cada categoría, los cuales integrados resultan en el IPM. No es esta metodología ni las técnicas estadísticas lo que nos ofrece en sus datos el gobierno.

El IEP desde 2019, proporciona informes a través del IPM  con tres ejes sustantivos: i) “una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007”; ii) “también realiza una estimación del impacto económico de la violencia sobre la economía mexicana, y hace hincapié en la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal” y, “aporta evidencia cuantitativa para ayudar al desarrollo de políticas públicas orientadas a crear una sociedad más pacífica”. Su enfoque es muy claro.

Los datos: “en 2018, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9 por ciento; el nivel de paz mejoró en 10 estados, y en 22 se deterioró. La razón principal de ese deterioro fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó 14 por ciento. En 2018, esta tasa alcanzó en México niveles históricamente altos: 27 muertes por cada 100 mil  habitantes, o más de 34 mil víctimas. Este grado de violencia supera el punto álgido que hubo en 2011. El incremento en la tasa de homicidios en 2018 se acompañó de un aumento considerable en la tasa de violencia con armas de fuego, que creció 16 por ciento y provocó que 24 de los 32 estados reportaran crecientes tasas de delitos cometidos con ese tipo de armas”.

La recomendación de invertir más en el sistema judicial es importante porque el informe consigna que “ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere”. Aunque es muy difícil derivar de allí como hace el informe que el resultado es “la impunidad de 97 por ciento”, que hay en la impartición de justicia, sin tomar en cuenta la corrupción estructural. Por ello resulta muy importante este punto. No se trata solo de estigmatizar los sueldos de privilegio del sistema judicial, sino también, hacerse cargo de las necesidades. Una reforma tendrá que contemplar todo. Requiere un acuerdo con alto espíritu republicano no un “juego de vencidas” como quisieran algunos insensatos en la derecha y la izquierda del país.

Los Estados: “Baja California se ubicó como el estado menos pacífico de México por primera vez en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Los cinco estados menos pacíficos. La mayor mejora correspondió a Baja California Sur, que subió siete lugares en la clasificación, de la posición 32 en 2017 a la 25 en 2018. Este estado ha reducido su tasa de homicidios en 76 por ciento, de 105 a 26 por cada 100 mil habitantes. Baja California Sur fue el único estado del país en lograr ser más pacífico en todos los indicadores (…. ) los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019 –Baja California Sur, Sinaloa y Sonora–, los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Todos esos programas incorporaron a organismos intergubernamentales, con la participación de empresas y sociedad civil”. Es decir la seguridad es un problema de todos no del gobierno.

El valor económico de la inseguridad: “el impacto económico de la violencia en México ascendió a 5.16 billones de pesos (268 mil millones de dólares) en 2018. Esta cifra equivale a 24 por ciento del PIB del país y representa un aumento de 10 por ciento en relación con 2017. El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia fue el de homicidio, con 51 por ciento del total o 2.63 billones de pesos en 2018, es decir un aumento de 15 por ciento en comparación con 2017. México gasta 0.81 por ciento de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial”. Cuando nos preguntemos por la necesidad de una tasa mayor de crecimiento del PIB no podemos olvidar estos datos o subestimarlos: es fundamental controlar el fenómeno delictivo para crecer más y distribuir mejor. Sobre todo en los Estados más pobres: Guerrero, Oaxaca, Chiapas. De otra manera no habrá políticas de bienestar cuyos recursos alcancen para compensarlo. Esto debe quedar muy claro para no incurrir en sobre estimaciones.

La impartición de justicia: “México tiene 3.2 jueces por cada 100 mil habitantes, en comparación con la media mundial de 16.2. Este déficit limita la capacidad del sistema judicial. El gasto gubernamental federal en contención de la violencia aumentó 3 por ciento en 2018, un aumento mucho menor que el incremento de 12 por ciento del gasto presupuestario general. El impacto económico de la violencia fue 10 veces mayor que la inversión pública en salud y ocho veces mayor que la inversión en educación en 2018.”. Ratificamos no habrá recursos federales que alcancen, y ello pasa por una juste en la estrategia de seguridad, no en la concepción.

En costo de la criminalidad para el nivel de vida: “un descenso de 1 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale a la inversión total del gobierno federal en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en 2018. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. El costo económico per cápita varía mucho de un estado a otro, de 10 mil 808 pesos en Yucatán a 83 mil 167 pesos en Colima. Si la violencia y su respectivo impacto económico se redujeran al nivel registrado en los cinco estados más pacíficos de México, el dividendo de paz resultante ascendería a 10 billones de pesos durante un periodo de cuatro años”. Impresionantes reflexiones de especialistas.

Ahora bien: así estábamos al inicio del actual gobierno, ¿Cómo estamos hacia el final de 2023 (con los datos de 2022) a reserva de esperar los subsiguientes informes del IEP?. Veamos lo que reporta la misma importante organización.

Informe 2023: el último publicado que recopiló los datos de 2022, tenemos lo siguiente: en sí el enunciado del mismo ya resulta alentador: “México registra una mejora en paz por tercer año consecutivo impulsado por una reducción en homicidios” (IPM). Pero encontramos líneas más bajo una precisión muy sustantiva: “a pesar de las mejoras en los últimos tres años, México fue sustancialmente menos pacífico en 2022 que en 2015. Durante ese periodo, la paz en México se ha deteriorado un 14.8 por ciento, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que ocho años antes. La tasa de homicidios, por ejemplo, fue 62.6 por ciento más alta en 2022 que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego fue 68.3 por ciento más alta.

Desglose del informe: entre 2021-2022 la paz mejoró en 1.1 por ciento para el bienio. Parece muy poco, pero no lo menospreciemos porque económicamente equivale a toda la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) del gobierno nacional, como indican los especialistas de IEP en el informe del año anterior, es decir, 0.22 del PIB (muy bajo), una cifra cercana a 5 mil millones de pesos.

Otros datos son: “La paz en México mejoró un 0.9 por ciento en 2022. Este fue el tercer año consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro. Diecisiete estados mejoraron, mientras que 15 se deterioraron. El año pasado estuvo marcado por cambios continuos en el panorama de la delincuencia organizada en México. El mercado de la marihuana ilícita en los Estados Unidos siguió cayendo, lo que llevó a una dependencia cada vez mayor de otras formas de delincuencia organizada, como la extorsión, el narcomenudeo, y la fabricación y el tráfico del opioide sintético fentanilo. En este contexto, ha habido una mayor competencia en los últimos años entre los grupos de la delincuencia organizada. Este es especialmente el caso de los dos cárteles más poderosos del país”. Tan sólo el conflicto entre “CJNG” y “CDS” provocó en 2021, 4 mil 890 muertes (según, Uppsala Conflict Data Program, citado en este informe). Hubo aproximadamente 35 mil asesinatos en total ese año, según Inegi.

“En 2022, tres de los cinco indicadores del IPM mejoraron. Lo más notable es que los homicidios experimentaron su mayor mejora en los últimos ocho años, con una caída en la tasa del 7.9 por ciento (….) La tasa de homicidios cayó a 24.5 muertes por cada 100 mil habitantes en 2022, su nivel más bajo desde 2017. Esta caída marca el tercer año consecutivo de mejora para los homicidios tras fuertes aumentos entre 2015 y 2019. A pesar de ello, los homicidios siguen estando generalizados en México, con más de 30 mil víctimas cada año desde 2018 (…) Los indicadores de delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia mejoraron. La tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha estado disminuyendo anualmente desde que alcanzó su punto máximo en 2019. En 2022, la tasa disminuyó un 5.5 por ciento (…) la calificación de cárcel sin sentencia mejoró ligeramente, en un 2.8 por ciento. En 2022, hubo alrededor de 78 mil detenidos sin sentencia, en comparación con aproximadamente 79 mil en 2021”.

Otros dos indicadores del IPM: “delitos con violencia” y “delitos del crimen organizado”: “En 2022, la tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado, con 167 delitos por cada 100 mil habitantes. Los deterioros fueron impulsados por aumentos en las tasas de extorsión y delitos de narcomenudeo, que aumentaron 14.9 y 4.1 por ciento, respectivamente. La tasa de secuestro y trata de personas también registró un ligero aumento del 2.2 por ciento en 2022, después de haberse reducido a menos de la mitad entre 2015 y 2021. En contraste, la tasa de delitos mayores de la delincuencia organizada, que incluyen violaciones federales de tráfico de drogas, se redujo en un 15.3 por ciento”. Este último dato es muy significativo porque constituye un avance en la seguridad interior.

“En 2022, los estados con las tasas de homicidios más altas fueron Colima, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Morelos y Sonora. En Colima, el epicentro de la violencia se desplazó de la ciudad portuaria de Manzanillo a la capital, la ciudad de Colima. El recrudecimiento de la violencia en la capital se produjo tras la disolución de una alianza entre dos grupos criminales”. En los índices de criminalidad por Estados hay dos cambios importantes: Sonora deteriora sus indicadores de paz y parece dentro de los cinco Estados peor evaluados en este desempeño, y Baja California y Colima confirman su estatus dentro de los peores Estados en criminalidad y aparece en esta lista Zacatecas y Morelos. Hay cambios geográficos relevantes desplazamientos que tienen que ver con: luchas inter criminales, luchas por rutas de tráfico de drogas y emergencia de nuevos grupos criminales asociados con los más grandes en centros urbanos. Los más pacíficos: Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit. Estamos hablando de 2022. Durante 2023 la situación estatal no cambió: Zacatecas, Colima y Baja California, Morelos y Chihuahua, son los que más violencia criminal acusan respecto de 2022.

Detenidos sin sentencia: en 2022, sumaron 77 mil 500 (números redondos), descendió ligeramente respecto de los 79 mil casos del año 2021. “A pesar de que el número de detenidos disminuyó sólo ligeramente en 2022, la calificación de cárcel sin sentencia, que representa la proporción de detenidos sin condena con relación a los niveles de homicidio y delitos con violencia en el país, mejoró en un 2.8 por ciento. Por lo tanto, el aumento de delitos con violencia en 2022 contribuyó a una mayor mejora general en la calificación de cárcel sin sentencia que la disminución de los detenidos sin sentencia por sí sola.”. En este rubro los avances son muy relativos.

Valor económico más reciente de la criminalidad: “El impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (230 mil millones de dólares) en 2022, lo que equivale al 18.3 por ciento del PIB nacional. Por tercer año consecutivo, el impacto económico de la violencia mejoró, disminuyendo en un 5.5 por ciento o 271 mil millones de pesos respecto al año anterior.” Tenemos aquí ya un hallazgo interesante: el impacto económico disminuyó (en 2018 se situó en 24 por ciento del PIB), lo que es un dato magnífico porque representa -5.2 por ciento pero aún es insuficiente para las necesidades de la sociedad y el gobierno. Además, “en 2022, los homicidios representaron el 44.7 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a dos billones de pesos (103 mil millones de dólares) (…) El gasto en contención de la violencia en México representa aproximadamente el 11 por ciento del gasto total del gobierno, casi tanto como el 13 por ciento gastado en salud o el 14 por ciento gastado en educación”.

Valor económico por habitante: el impacto económico de la violencia fue de 35 mil 705 pesos por persona en 2022, más del doble del salario mensual promedio en México y cinco veces el salario mínimo actual en el centro del país. El impacto económico per cápita varió significativamente entre los Estados, desde 11 mil 377 pesos en Yucatán (el más pacífico) hasta 102 mil 659 pesos en Colima (el más violento). Esperaremos los datos de 2023. Sería importante observar si hubo cambios relevantes respecto de los anteriores en el informe del IEP. Al momento nos quedan claro cinco cuestiones fundamentales;

Conclusiones: existe una relación estructural, orgánica entre el desarrollo del fenómeno criminal y una tendencia de costos sociales y económicos que crecen exponencialmente y reducen los recursos disponibles para el desarrollo nacional. Es un fabuloso gravamen.  La criminalidad exacerbad adicionalmente, deteriora el nivel de vida de la población al imponer costos también excesivamente elevados per cápita que pudieran legar a los individuos y familias de menores recursos como oportunidades de salud, educación y vivienda, o para su canasta básica.

La severa desigualdad entre los indicadores de criminalidad en cada uno de los estados de la República, impactan desfavorablemente para aquellos con menos capacidad de impulsar políticas de paz o de tener éxito cuando se las proponen. Las sociedades estatales acusan también por ello distintos niveles de vida. Colima y Yucatán son los dos grandes extremos pero en medio de ambos polos existe una docena de Estados con menores lánguidos avances en pacificación, aunque mantienen cierta capacidad local para mayores logros con apoyos determinados de la federación.

Es evidente que el tema de la procuración de justicia no puede sólo enfocarse desde la perspectiva de los privilegios y la corrupción de los encargados de impartirla, si bien, existen, son obstáculos formidables al establecimiento y desarrollo de un sistema de justicia moderno y eficiente con una doctrina republicana fortalecida, sino también es necesario hacerse cargo de las importantes necesidades de aumentar la infraestructura de la justicia, los recursos humanos especializados, el aumento de jueces y tribunales por número de habitantes, junto con la práctica de auditorías sobre el uso de recursos. En suma: un ministerio público federal y un poder judicial especialmente funcional a la lucha a fondo contra la corrupción de Estado, contra la criminalidad transnacional ligada al tráfico de drogas ilegales en todo el mundo, pero también, contra las oligarquías corruptas de cuello blanco, las mafias de Estado, que hará una gran contribución a una nueva era de pacificación de México.

La paz es un tema estratégico y de seguridad nacional para nuestro desarrollo. El binomio, seguridad-paz se articula con otro orgánicamente, desarrollo-bienestar social. El eje fundamental de la seguridad nacional hoy ante la ausencia de amenazas externas ligadas a ataques desde el exterior o de un tipo similar, está en la construcción de la paz, consideramos en los términos aproximados en que lo hemos comentado a lo largo de este trabajo.

Jorge Retana Yarto*

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social.