Las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos para contener la pandemia de Covid-19 han impactado en el tráfico de drogas, los mercados negros y la economía ilícita, advierten organismos internacionales
La pandemia de Covid-19 afecta la forma en que funcionan la delincuencia organizada trasnacional y los mercados ilícitos de drogas, su disponibilidad y aumento de precios, destaca el informe 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, por su sigla en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Es probable que los efectos de la pandemia se hagan sentir durante años, pues ésta ha afectado la cadena mundial de suministro de medicamentos, aumentado la demanda de aquellos sujetos a fiscalización necesarios para el tratamiento de pacientes con Covid-19, e interrumpido la prestación de tratamiento y servicios sanitarios”, advierte.
Señala que en México hay indicios de una creciente epidemia de metanfetamina, cuya prevalencia del consumo había aumentado del 0.1 por ciento al 0.9 por ciento de la población general entre 2002 y 2016.
En relación con los consumidores de heroína y de metanfetamina cristalina en ciudades de la frontera septentrional del país, indica que pruebas realizadas en accesorios para consumir drogas mostraron que había fentanilo en el 93 por ciento de la heroína en forma de polvo blanco; el 40 por ciento de la heroína de alquitrán negro, y el ciento por ciento del speedball (una combinación de heroína y metanfetamina cristalina), apunta el informe de la JIFE.
Explica que los consumidores de drogas que proporcionaron los accesorios no sabían que sus drogas estaban combinadas con fentanilo. Por lo tanto, si bien el uso de heroína en México no es frecuente, salvo en comunidades marginadas de la frontera septentrional, los consumidores han estado expuestos al fentanilo sin saberlo.
Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), los cárteles mexicanos de drogas envían a granel a Estados Unidos pastillas adulteradas mezcladas con fentanilo que se hacían pasar por productos farmacéuticos.
Los traficantes de drogas siguen siendo resilientes y están adaptando sus modus operandi a la situación actual de muchas maneras, haciendo uso aún más de los canales de comunicación seguros y en línea y adaptando los medios de transporte y las rutas de tráfico, señala el informe de la JIFE.
Una de las formas en que los traficantes de drogas hacen frente a las dificultades es cambiar las rutas de tráfico existentes, los modus operandi y, en algunos casos, incluso las sustancias, buscando formas de minimizar el costo y el riesgo, y maximizar las ganancias.
Han utilizado certificados falsificados, vehículos comerciales y uniformes corporativos para hacerse pasar por repartidores de comida y otros trabajadores de actividades esenciales a fin de entregar drogas, utilizan servicios de reparto de comida para transportar drogas, como cocaína, cannabis, ketamina y éxtasis.
Además, los mercados de la web abierta y de la internet oscura, los medios sociales, las aplicaciones de comunicaciones cifradas seguras y los foros en línea están desempeñando un papel más destacado entre los consumidores para abastecerse de drogas.
Las entregas a domicilio, el menor trato cara a cara y la menor dependencia del dinero en efectivo como forma de pago parecen ser tendencias en las transacciones individuales y es posible que estos cambios de comportamiento, persistan a largo plazo.
El documento Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas, de la DEA, establece que el mayor impacto en el narcotráfico en Estados Unidos recae en los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Organización Beltrán Leyva, Cártel del Noreste, los Zetas, Guerreros Unidos, del Golfo, de Juárez y La Línea, la Familia Michoacana y los Rojos.
Precisa que el de Sinaloa y el CJNG se han expandido en México, demostrando su continua influencia incluso en comparación con otras organizaciones criminales trasnacionales (TCO, en inglés).
“La rápida expansión del CJNG con presencia en 26 estados del país se caracteriza por la voluntad del grupo a participar en actos violentos, enfrentamientos con el gobierno mexicano, fuerzas de seguridad y cárteles rivales. Distribuye grandes cantidades de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína”, subraya el documento.
Destaca que el Cártel de Sinaloa tiene presencia importante en 15 de los 32 estados del país, controla la actividad del narcotráfico en varias regiones, principalmente en la costa del Pacífico, en el noreste del país y las fronteras norte y sur del país.
Apunta que también exporta y distribuye la mayor cantidad de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en varias ciudades de Estados Unidos, que introduce por medio del contrabando.
“Las TCO mexicanas exportan cantidades significativas al por mayor de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en Estados Unidos anualmente. Los medicamentos se entregan a los mercados de usuarios en Estados Unidos a través de rutas de transporte y celdas de distribución que son administradas o influenciadas por las TCO mexicanas y con la cooperación y participación de las pandillas callejeras locales.”
Sin embargo, para la experta en narcotráfico Guadalupe Correa-Cabrera, “realmente nadie conoce bien el mapa de las organizaciones criminales en México, aunque más o menos hay un conocimiento de dónde están operando algunas, ahora es más difícil por la fragmentación de las mismas”.
Señala que aún no está clara la relación entre Estados Unidos y México en el tema de las operaciones antinarcóticos: “pareciera ser que estamos en una situación muy parecida a los años 2006-2012, pero no sabemos realmente cuál va a ser el papel de Estados Unidos directamente, más injerencia con equipo, armamento y estrategia en las operaciones”.
La doctora en ciencias políticas por la New School for Social Research de Nueva York considera que “no se sabe cómo va a funcionar la cooperación en materia de narcotráfico, si se va a extender, pero obviamente la cuestión económica también la tenemos que considerar ya que hay menos recursos en Estados Unidos y se han cerrado los mercados”.
El accionar de la delincuencia organizada en el tráfico ilícito de cocaína y sus derivados es uno de los pilares más importantes del crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental refiere el informe 2020 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dado que la producción mundial de hojas de coca se encuentra en América del Sur –especialmente en la región andina– y los mayores mercados de drogas ilícitas se encuentran en América del Norte y Europa, se dan fuertes incentivos económicos para el accionar de múltiples grupos criminales en América, señala Gastón H Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA.
Advierte que, independientemente del tamaño de los grupos criminales, cuando entran en conflicto entre ellos, o con las fuerzas de cumplimiento de la ley, dejan la sociedad expuesta a todos los problemas de violencia e inseguridad implicados, haciendo que la paz se diluya.
Al construir sus empresas criminales transnacionales, estos grupos han capitalizado la infraestructura establecida para apoyar el comercio globalizado, como el sistema financiero internacional, que facilita flujos de capital; mejores instalaciones portuarias y marítimas; y avances en computación y telecomunicaciones, destaca.
También han podido aprovechar los impactos negativos de la globalización, como el aumento de la desigualdad económica y la precariedad laboral –ambos factores de vulnerabilidad social–. El comercio mundial ilícito de cocaína constituye así un aspecto central del crimen organizado en el hemisferio, aunque existen muchas otras manifestaciones de este fenómeno que también desafían a las fuerzas del orden.
Los esfuerzos para obtener una mejor comprensión de estos grupos y su operatoria han puesto de relieve ciertas características y tendencias claves que describen un “ecosistema de criminalidad” enormemente complejo: oportunismo, diversificación y adaptabilidad; resiliencia para su organización y funcionamiento; y desafío al estado de derecho.
Actualmente, los grupos delictivos organizados son empresas fluidas y diversificadas capaces de aprovechar espacios donde la presencia estatal es débil o ausente. Una vez establecidos, son capaces de expandir, penetrar y corromper a los actores estatales para proteger y perpetuar su actividad criminal.
Las mismas rutas, medios y redes clandestinas que utilizan para el tráfico de drogas ilícitas también son la cadena de suministro que se utilizan para comercializar otras mercancías ilícitas y personas.
Su capacidad y disposición para utilizar la violencia armada les permite participar en actos de protección, robo a mano armada, secuestro, extorsión, homicidios a sueldo (sicariato) y otros delitos violentos.
Los grupos criminales a menudo crecen, se expanden, diversifican o especializan según su capacidad y ubicación. Un ejemplo de esto es la evolución de Los Zetas en México, quienes se diversificaron desde sus orígenes como el brazo ejecutor del Cártel del Golfo, hacia otras actividades delictivas.
Estos grupos delincuenciales han desarrollado múltiples rutas de tráfico de drogas a través del Caribe, América Central y África, y pueden desviar los flujos ilícitos en respuesta al aumento de los esfuerzos policiales a lo largo de cualquier ruta determinada. Las fuerzas del orden suelen denominar a este fenómeno como un “efecto globo”.
Los productos que trafican incluyen drogas ilícitas –como cocaína, marihuana, heroína, opioides sintéticos y metanfetaminas–; productos básicos como oro, petróleo y madera; hasta bienes culturales, productos falsificados y armas de fuego ilícitas.
Algunas de estas formas de crimen organizado pueden ser muy difíciles de combatir, ya que los productos traficados no son ilegales en sí mismos. Además, se vuelven difíciles de identificar para las fuerzas de seguridad, especialmente en el caso del contrabando de bienes culturales y el tráfico ilegal de flora y fauna.
Así, los grupos criminales aprovechan las oportunidades que ofrecen la inestabilidad política, el deterioro de las condiciones de seguridad –que en ocasiones ellos mismos provocan– la pobreza, o incluso la sequía, para brindar servicios de tráfico de personas. Aprovechan la vulnerabilidad de migrantes para el reclutamiento, la explotación sexual, el trabajo forzoso o de explotación y criminalidad forzada.
Estos grupos han demostrado ser muy innovadores para levantar complejos sistemas de túneles para el contrabando de drogas bajo tierra a través de las fronteras; construir y usar “narco-submarinos”; y establecer sus propios sistemas de telecomunicaciones encriptados que se acoplan a “narco-antenas” en torres comerciales de telefonía celular.
El uso de la dark web, criptomonedas y drones de vigilancia –e incluso como arma ofensiva– también está bien documentado y es una prueba más de la capacidad y alcance de estos grupos para adaptarse.
Otra área importante de diversificación e innovación para el crimen organizado ha sido el crimen cibernético, que ha abierto un universo completamente nuevo de posibilidades para la actividad ilícita en el ciberespacio, incluyendo fraude, chantaje, piratería, phishing, creación y distribución de malware y ataques de denegación de servicio, entre otros.
Los ciberdelincuentes especializados operan de forma independiente para su propio beneficio, o algunas veces prestan servicios como lavado de dinero o documentos de identidad falsos, a otros grupos del crimen organizado.
Carlos Barrachina Lisón, catedrático de la Universidad Anáhuac, señala que la pandemia de Covid-19 planteó una oportunidad de negocio para el crimen organizado de satisfacer la demanda de estructuras de apoyo, a través de México, para que los migrantes centroamericanos continúen cruzando la frontera hacia los Estados Unidos.
“Estados Unidos reconoce que el crimen organizado aprovecha esta crisis de la pandemia para seguir con el tráfico de migrantes, y para responder a esta amenaza México ha desplegado un importante número de fuerzas militares, mientras que el mercado estadounidense de drogas y el tráfico ilícito de armas continúa alimentando a los grupos delictivos”.
Señala que el crimen organizado ha seguido operando durante la contingencia e impulsando sus actividades delictivas, no sólo narcotráfico, sino trata de personas y el movimiento de migrantes hacia los Estados Unidos, mientras que el gobierno de México sigue manteniendo una política de neutralización ante los grupos delincuenciales.
Los grupos criminales están organizados de diversas formas, incluyen desde grandes organizaciones con estructuras jerárquicas, hasta grupos regionales más pequeños; contratistas independientes que brindan servicios especializados como servicios de piratería y cifrado; y grandes bandas callejeras/carcelarias, apuna el informe de la OEA.
Explica que a los cárteles se los considera generalmente los grupos más grandes y jerárquicos en términos de estructuras delictivas, sea históricamente en Colombia o más recientemente en México, y en membresía algunas tienen más de diez mil miembros y pueden ejercer control operativo sobre vastas áreas de territorio.
En cualquier caso, más allá de su nombre, se trata de organizaciones que tienen capacidades operativas importantes y, aunque están principalmente dedicadas al tráfico de drogas, también participan en muchas actividades ilícitas diferentes, anota.
Así mismo, estos grupos operan en un complejo ecosistema criminal donde existen rivalidades –por ejemplo, entre el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, alianzas (temporales) con grupos delictivos extrarregionales –como la Ndrangheta en Italia y las Tríadas chinas–, y relaciones simbióticas con actores regionales más pequeños.
Hay actores criminales que operan como contratistas independientes, colaborando en células interdependientes, cada uno brindando servicios especializados, a veces altamente técnicos como lavado de dinero; producción de herramientas para el ciberdelito; seguridad personal; obtención de precursores químicos; tráfico de armas; transporte de drogas; secuestro, e incluso relaciones públicas y de propaganda, entre muchos otros.
Estas células solo se dedican a sus funciones específicas y, por lo general, no tienen conocimiento de otros aspectos de la empresa criminal, lo que limita el riesgo en caso de que sean descubiertas y/o arrestadas.
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