Pagos “en exceso”, “injustificados” o “improcedentes” son algunos de los señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a contrataciones en el sexenio pasado relacionadas con la portuguesa Mota Engil. Ahora, el consorcio que ésta lidera –también integrado por China Communications Construction Company, Eyasa, Grupo Cosh y Gavil Ingeniería– construirá el primer tramo del Tren Maya, Palenque-Escárcega.
La adjudicación –anunciada el 23 de abril por el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons– es por un monto de 15 mil 538 millones de pesos.
El historial de contratos de este conglomerado portugués con el gobierno mexicano no ha estado a salvo de observaciones. La ASF revisó contratos realizados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y documentó presuntas irregularidades en, por lo menos, cuatro proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Se trata de los pagos “en exceso”, “injustificados” o “improcedentes” que se pudieron evitar mediante una adecuada vigilancia durante el desarrollo de los trabajos. En algunos casos, la ASF llegó a ordenar acciones para recuperar pagos millonarios.
También observó como una constante que tanto los plazos como los montos acordados en los contratos entre la SCT y Mota Engil se modificaron drásticamente mediante convenios. De tal forma que el costo de las obras se incrementó hasta en 30 por ciento, y el término de las obras en, incluso, más de un año.
En su página web, Mota Engil se refiere a su presencia en México: “en el sector de la producción de energía a través de Generadora Fénix, el primer operador privado en este mercado”. Al respecto, la ASF cuestionó la legitimidad del proceso mediante el cual la Secretaría de Energía (Sener) ordenó la entrega de 16 plantas de generación eléctrica que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro. Ello, porque encontró que el gobierno federal no recibió ninguna retribución y cuatro inmuebles no contaban siquiera con título de propiedad.
El 18 de mayo, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que ganaron el contrato para construir el Tren Maya son “las mejores propuestas”. Cuestionado sobre Mota Engil y su relación con el gobierno de Peña Nieto, comentó: “Se cuidó que las empresas no tuviesen denuncias, juicios por obras realizadas en el gobierno; se llevó a cabo una revisión en todos los casos y si estas empresas estuvieron trabajando en el sexenio pasado, si no tienen cuentas pendientes con nosotros, es decir, si no dejaron pendientes obras inconclusas o no terminadas, no [se] les puede impedir que participen”.
Para conocer la situación actual de los señalamientos hechos por la ASF, Contralínea solicitó entrevista con la SCT, pero Gerardo Campos –del equipo de la Dirección General de Comunicación Social– aseguró simplemente que no contaban con la información. También se buscó a la empresa, a través de Isabel García y Héctor Fonseca, sin que al cierre de edición dieran respuesta.
Al revisar las cuentas públicas de 2014 a 2017, la Auditoría Superior observó lo siguiente:
Cambio millonario de vías, caso Celaya
En 2014, Mota Engil México, SA de CV, y Nexumrail, SA de CV, participaron en la construcción de un subtramo del libramiento ferroviario que se construyó en Celaya, Guanajuato. En el contrato 2014-11-DE-A027-W-00-2014, la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la entidad (el Centro SCT Guanajuato) estableció un monto de 445 millones 820 mil 400 pesos y un plazo de 400 días naturales, del 17 de marzo de 2014 al 20 de abril de 2015.
La ASF documentó que la fecha de término no se cumplió debido a “sugerencias del contratista” finalmente autorizadas por el Comité de Estudios y Proyectos del Centro SCT Guanajuato. Se trató de varias modificaciones en la obra que, a su vez, derivaron en la ejecución de 112 conceptos no previstos por 211 millones 28 mil 800 pesos.
El problema, de acuerdo con el informe de auditoría número 14-0-09100-04-0404, fue que en aquella ocasión la SCT no revisó de forma adecuada el proyecto original. Esta autoridad también incurrió en una irregularidad al adjudicarle a la misma constructora la realización de un nuevo “Proyecto Ejecutivo”, por el que autorizó un presunto “pago en exceso” de 15 millones 623 mil 100 pesos. “La SCT cuenta con su área de proyectos con la cual debió evitar el sobrecosto de los trabajos”, detalla el informe.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014 también dejó constancia de que se autorizaron otros seis supuestos “pagos en exceso”, por un monto total de 122 millones 704 mil 200 pesos. La ASF solicitó a la SCT que aclarara esta situación y procediera a la recuperación del dinero en caso de no presentar “respaldo documental”.
A manera de conclusión, la Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control en la SCT que investigara y sancionara a los servidores públicos que autorizaron un cambio de base de trabes metálicas de acero A-50 por estructuras de concreto pretensado, lo que originó un sobrecosto de 120 millones 304 mil 300 pesos.
Costo de carretera aumentó en cuatro ocasiones
El 14 de marzo de 2014, la SCT contrató a Mota-Engil México para la “modernización” de un subtramo de la carretera Manzanillo-Minatitlán, en Colima. Los términos acordados terminaron modificándose en, al menos, cuatro veces.
Durante su inspección, la ASF documentó que, aunque el contrato 2014-06-CE-A-025-W-00-2014 estableció el costo de la obra en 357 millones 795 mil 500 pesos y 288 días naturales como plazo, cuatro convenios modificatorios ampliaron el monto en 41 millones 345 mil 600 pesos, sumando un total de 399 millones 141 mil 100 pesos. Además, el plazo se alargó a 441 días.
Sobre este contrato, la auditoría 15-0-09100-04-0364 detalló dos observaciones en las que se presumió un probable daño a la Hacienda Pública federal por montos de 2 millones 285 mil 303 pesos y de 1 millón 755 mil 549 pesos.
El perjuicio se debió a que el Centro SCT Colima “omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos” y terminó autorizando de forma injustificada ambos pagos por los conceptos extraordinarios EXT-001 y EXT002.
Inicio de obras sin derecho de vía
Para la ampliación de un tramo de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en 2014 se adjudicó mediante licitación pública nacional a Mota-Engil México y a Viga Suministros y Obras el contrato 2014-27-CE-A041-W-00-2014. Se pactó un monto de 495 millones 443 mil 500 pesos y un plazo de 295 días naturales que concluía el 29 de diciembre de 2014.
Mediante tres convenios de modificación, el término de la obra terminó ajustándose para el 30 de noviembre de 2015. Pero cuando la ASF revisó el avance del proyecto, en septiembre de 2016, encontró que seguía en proceso “con un avance financiero de 82 por ciento, no obstante que ya estaba concluido el periodo de ejecución modificado”.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015 también dejó constancia de que la SCT pagó 52 millones 182 mil 500 pesos en indemnizaciones a 39 propietarios que acreditaron la posesión de inmuebles dentro de la ampliación del derecho de vía. Sin embargo, la auditoría 15-0-09100-04-0366 evidenció que, antes de la ejecución de la obra, la SCT no era propietaria del terreno que ocupó para la construcción, “por lo que no existía derecho de vía acreditado en favor del gobierno federal”.
La ASF exhortó a que la SCT “exija a las contratistas, en tiempo y forma, tramitar los permisos, licencias, derechos de bancos de materiales de desperdicio; y en lo correspondiente a la responsabilidad de la propia entidad, se cerciore de contar con la propiedad o los derechos de propiedad […] sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas”.
Sobre este mismo contrato, durante la auditoría citada se constató un pago de 14 millones 840 mil 400 pesos por el suministro y colocación de 22 transformadores, aún “cuando sólo se debió pagar 674 mil 600 pesos”. Ante la observación, la Dirección General del Centro SCT Tabasco intentó justificar la diferencia. La ASF calificó la documentación como “inconsistente” e “incongruente”.
A pesar de que, tras un ajuste del precio por maquinaria y equipo, se obtuvo una diferencia de 30 mil 200 pesos, la SCT “no acreditó la recuperación de dicho monto, más sus rendimientos financieros”, señaló la auditoría.
Aunque en un inicio se determinaron pagos improcedentes por un importe total de 5 millones 640 mil 400 pesos “debido a inconsistencias en los rendimientos de mano de obra, materiales y equipos”, la SCT logró justificar algunas diferencias argumentando “condiciones inusuales de trabajo ocasionadas por el tránsito vehicular en la zona, las afectaciones por lluvia, la disponibilidad de espacio para las maniobras la maquinaria y las interferencias por la ejecución de otras actividades en la misma área”.
Sin embargo, la auditoría 15-0-09100-04-0366 mencionó que subsistía la observación por montos de 609 mil 400, 282 mil 200, 16 mil 700, 500 y 2 mil pesos, respectivamente, “debido a que en los dos primeros un relleno está duplicado, no se justifica el uso del rodillo mecánico y la motoconformadora, y no se respetó un precio de concurso en un básico de losas de concreto armada; en el tercero se duplica el volumen de excavación y relleno; en el cuarto el abundamiento del material está duplicado; y en el quinto está duplicado el abundamiento y la excavación”.
La ASF concluyó en aquel informe que “el importe pendiente por resarcir es por un total de 910 mil 800 pesos, más sus rendimientos financieros”.
También en Tabasco, pero para la modernización de un tramo de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, se adjudicó el contrato 3-1-CE-A-505-W-0-3, mediante licitación pública nacional, a Mota-Engil México y Mota-Engil Perú. Se pactó un monto de 259 millones 515 mil 600 pesos miles de pesos y un plazo de 420 días naturales, comprendido del 9 de septiembre de 2013 al 2 de noviembre de 2014.
La ASF determinó dos pagos no justificados. El primero, por 3 millones 325 mil 800 pesos, se refiere al concepto extraordinario EXT 027, que “presentó fallas y no funcionó conforme a las especificaciones técnicas requeridas”. El segundo, por 349 mil 800 pesos, se refiere al pago del concepto de obra número 97, para rayas en el pavimento de 15 centímetros de espesor con pintura termoplástica, “sin que cumpliera la calidad establecida en las especificaciones correspondientes”.
La auditoría 15-0-09100-04-0395, cuyo dictamen se emitió el 15 de diciembre de 2016, señaló que se habían recuperado 192 mil 800 pesos pero que aún faltaban 3 millones 675 mil 600 pesos correspondientes a “recuperaciones probables” por “pagos improcedentes”.
Para la construcción de un libramiento en Acapulco, Guerrero, el 29 de agosto de 2014, la SCT contrató de manera conjunta a Mota-Engil México y Mota-Engil Engenharia e Construcao. El monto pactado originalmente en el contrato 2014-12-CE-O-175-W-00-2014 fue de 1 mil 183 millones 853 mil 900 pesos y el plazo de 723 días naturales, es decir hasta el 28 de agosto de 2016.
Tras seis convenios modificatorios, el importe total contratado resultó 1 mil 544 millones 693 mil 400 pesos, un total de 360 millones 839 mil 500 pesos más (30 por ciento). La fecha de culminación fue ampliándose hasta acordarse el 14 de septiembre de 2017, más de un año respecto al acuerdo original, detalló el Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.
Mediante un proceso de verificación física de los trabajos, efectuada del 20 al 23 de marzo de 2018, la ASF encontró diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados respecto a los “realmente ejecutados”. Al término de la auditoría 2017-0-09100-04-0340-2018, seguía pendiente que la SCT “proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 284 mil 736 pesos”.
En 2009, el expresidente Felipe Calderón decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro y, por seis años, fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien usó sus instalaciones para continuar con la prestación del servicio público de energía eléctrica.
En 2015 se dio por terminado el convenio de comodato y la CFE devolvió 503 inmuebles al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). De estos, 436 se volvieron a entregar de forma física y jurídica a la CFE, otros 40 inmuebles denominados “Fábricas y Talleres” fueron para el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y 16 centrales de generación para que la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., las explotara.
Esta sociedad privada fue constituida en septiembre de 2015 por Mota Engil (con el 51 por ciento de las acciones), el SME (con el 40 por ciento) y la sociedad cooperativa denominada “LF del Centro” (con el 9 por ciento restante). Entre otros objetivos, este grupo manifestó al Gobierno Federal su intención de estructurar un proyecto de inversión en infraestructura de largo plazo en el sector energético y un esquema de reinserción laboral para los agremiados del SME.
Mediante el oficio 300.382/15 del 7 de octubre de 2015, la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener) instruyó al Indaabin para realizar la transmisión de las plantas de generación, así como del mobiliario que quedó incorporado de manera fija.
Ese mismo día se otorgó de forma “irrevocable” el derecho de explotación de los bienes durante 30 años sin ningún beneficio económico para el Gobierno Federal. Además, la Sociedad Generadora Fénix tuvo permiso de realizar todo tipo de mejoras que incrementen el valor de los bienes, mismas que podrá retirar al término de las tres décadas.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, la ASF advierte que el oficio 300.382/15 “no contó con fundamento que facultara de manera expresa a la Subsecretaría de Electricidad de la Sener para instruir la transmisión de las plantas de generación eléctrica”, sin recibir retribución alguna para el Gobierno Federal.
La ASF también revisó la situación de los 16 inmuebles entregados a la Sociedad Generadora Fénix y documentó, en la auditoría 15-1-06HKA-02-0097, que cuatro de estos fueron entregados aún sin contar con el título de propiedad. Lo que significó un claro “incumplimiento” del Reglamento del Indaabin y de la Ley General de Bienes Nacionales.
Finalmente, el informe de auditoría instruyó al Indaabin para que “realice las gestiones necesarias para regularizar cuatro inmuebles denominados Central Hidroeléctrica Villada, Central Hidroeléctrica Temascaltepec, Central Hidroeléctrica San Simón y Central Hidroeléctrica Zepayautla, que a la fecha de la revisión (diciembre 2016) se encontraban sin título de propiedad”.
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