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La pesca ilegal es un riesgo importante para la seguridad marítima de México, advierten Katherine Ananía, analista de la Corporación Research and Development (RAND, por su sigla en inglés), y Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana. Ambas organizaciones estadunidenses, sin fines de lucro interesadas en la protección de los océanos.
La pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR) es un delito marítimo recurrente, a la par del contrabando de drogas, pero necesita sus propias soluciones. Ambos problemas incluyen rastrear e interceptar a los “malos actores”, dependen de la inteligencia y el intercambio de datos, y requieren coordinación y cooperación con los países socios para tener éxito, refiere RAND en su más reciente informe de RAND.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pesca ilegal afecta la economía de los pescadores que sí cumplen con la reglamentación. Ha asegurado que su gobierno está tomando acciones para atender esta problemática. De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el 40 por ciento de la pesca en México es ilegal.
Al respecto, Renata Terrazas reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la pesca ilegal. Sin embargo, considera que se necesita de una Norma de Trazabilidad de Pescados y Mariscos que fortalezca al sector pesquero mexicano y erradique la pesca ilegal que pone en riesgo a más de 300 mil pescadores ribereños, así como la abundancia de peces en los mares mexicanos.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha declarado que la pesca INDNR es una de las mayores amenazas a la salud de los océanos.
La lucha contra la pesca INDNR no debe basarse en un enfoque uniforme, destaca el documento. El pescado y las drogas ilegales son productos muy diferentes, y sus respectivos modelos de negocio son bastante distintos, lo que significa que la pesca INDNR puede frustrarse de maneras que no funcionarían con las drogas. Se necesita mucha menos presión para que una empresa de pesca ilegal deje de generar dinero que para un contrabandista de cocaína.
Un desafío importante al enfrentar ambos crímenes es determinar qué constituye el éxito. La mayoría de la gente considera que las actividades antidrogas son exitosas si la actividad ilegal se detiene y los malos actores enfrentan consecuencias. No poder construir un caso judicial y, por lo tanto, no llevar a los malos actores ante la justicia generalmente se considera un resultado subóptimo para las actividades antidrogas.
Renata Terrazas, en entrevista con Contralínea, se refiere a la información de la autoridad pesquera de México sobre que el 40 por ciento del total de la pesca en el país es ilegal. “Es un porcentaje altísimo, pero muy similar a lo que sucede en todo el mundo. Es una estimación, no hay mediciones claras, no se genera información para entender cuáles son las actividades de pesca ilegal más graves para los pescadores y para el equilibrio ecológico marino”.
Indica que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observa una falta de coordinación de esfuerzos entre las dependencias para combatir la pesca ilegal.
“Lo que tenemos actualmente en México es un cálculo de 40 por ciento de pesca legal y acciones descoordinadas del Estado mexicano para atenderla, y esto ha dado resultado en un declive de pesquería. Realmente no sabemos cuál es el porcentaje de pesquería que va en declive por pesca ilegal y cuál por otras causas, como sobrepesca o crisis climáticas”, destaca Terrazas.
Explica que la pesca ilegal afecta más cuando se produce en veda: productos de alto valor que están en riesgo, requieren de un acuerdo de política pesquera en una temporada al año, que va desde unos días hasta meses en que diferentes pesquerías no pueden ser explotadas porque son especies que necesitan reproducirse.
Construir casos judiciales de pesca INDNR es notoriamente complicado debido a las restricciones jurisdiccionales, las autoridades limitadas y la complejidad de separar el pescado legal del ilegal. Incluso cuando un caso judicial se elabora y se lleva ante el sistema judicial, las penas suelen ser bajas. Presentar estos casos puede resultar frustrante, ya que la mayoría de las veces terminan sin una condena, apunta RAND.
Sin embargo, considera que, en cierto modo, tratar con pescado (y no con drogas) facilita esta lucha. Una de las herramientas más poderosas para las actividades de pesca contra la pesca INDNR implica aprovechar las debilidades específicas de su modelo de negocio único.
Todo el pescado, fresco o congelado, capturado legal o ilegalmente, pierde valor a medida que envejece. El pescado fresco es lo ideal, el pescado viejo es mucho menos atractivo para el consumidor, una verdad que no se aplica a la cocaína rancia.
Existen muchos mecanismos legales que permiten a las autoridades retrasar la descarga de pescado capturado ilegalmente, incluso si una condena no es factible. El Acuerdo sobre medidas de Estado rector del puerto es una excelente herramienta que permite al puerto revisar documentos y seguimientos de buques (los macrodatos han permitido la proliferación de herramientas contra la pesca INDNR increíbles, accesibles y gratuitas), y procesar el papeleo lleva tiempo.
En última instancia, el puerto puede negarse a permitir la entrada del pescado al país. Luego, el barco debe tomar más tiempo, combustible y costos adicionales para intentar vender su pescado en otro puerto, y ese puerto puede agradecer una llamada de la nación socia para alertarlo sobre sus hallazgos sobre la legalidad del pescado.
Durante este tiempo, el valor del pescado se deprecia. La tripulación todavía recibe alimentación (y se les paga si son trabajadores legales, lo cual no siempre es el caso ), se gasta combustible y las ganancias de esta empresa ilegal están disminuyendo a medida que los peces envejecen y son menos comercializables. Si el barco es un barco pesquero y no un barco de transbordo, todo este retraso también significa menos tiempo de pesca.
El pescado no es droga: los márgenes de beneficio del pescado no son ni siquiera cercanos a los de las drogas. A los narcotraficantes les resulta rentable correr grandes riesgos y aceptar retrasos, ya que sus productos no se deprecian y sus márgenes son enormes. La pesca ilegal tiene márgenes mucho más pequeños y, por lo tanto, se necesita mucha menos presión para que los riesgos de la pesca ilegal superen las ganancias.
Los consumidores no quieren alimentar a sus familias con pescado viejo capturado por personas objeto de trata de personas o pescado robado de países con inseguridad alimentaria.
El pescado se deprecia, tiene márgenes de ganancia más ajustados y una base de consumidores que puede afectar la demanda. El enfoque de utilizar los puntos débiles de los modelos de negocio de la pesca INDNR para disminuir la rentabilidad no resolverá este tipo de pesca pero puede disminuirla.
Aprovechar los estrechos márgenes de la industria puede ayudar a disminuir la práctica de la pesca INDNR sin invertir en barcos o helicópteros ni siquiera llevar a los infractores ante los tribunales. Se trata de una victoria y una oportunidad que no se debe ignorar, considera RAND.
Mariana Aziz, directora de Transparencia en Oceana, destaca que: “Un Grupo Multisectorial de Trabajo Técnico, donde participaron diversos representantes del sector pesquero, autoridades y de la sociedad, desarrolló un Proyecto de Norma de Trazabilidad de Pescados y Mariscos (NOM-038-SAG/PESC-2021). Desde marzo de 2021 está listo y a la espera de la aprobación de Conapesca.”
“La Norma de Trazabilidad es indispensable para conocer el recorrido del producto pesquero desde que se captura hasta que llega a nuestra mesa. Con esta información cerraríamos la puerta a la pesca ilegal y favoreceríamos a los pescadores que cumplen con las reglas. Además, evitaríamos la sobreexplotación de especies pesqueras o en peligro de extinción”, apunta.
En una de las conferencias que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebra diariamente con la prensa señaló que se están dando apoyos directos a 100 mil pescadores ribereños. Frente a esto, Oceana enfatiza que sin una Norma de Trazabilidad que dé a los pescadores mejores oportunidades en el mercado no habrá apoyos gubernamentales que alcancen para atender a los más de 2 millones de personas que dependen de la pesca, directa e indirectamente.
Un grupo de senadores, junto con Oceana, presentaron una iniciativa para asegurar que todas las embarcaciones pesqueras que entren a Áreas Naturales Protegidas (ANP) cuenten con un sistema de monitoreo satelital y prohibir que se otorguen o renueven permisos para la pesca en el corazón de las ANP. Así, se busca combatir la pesca ilegal y garantizar que las especies que viven en estas zonas sean protegidas dentro de estos santuarios.
Esta medida permitirá que las 37 Áreas Naturales Protegidas marinas sean más eficientes en su tarea de proteger la riqueza marina de México. Al facilitar que las especies que habitan en estas zonas cuenten con la protección requerida para prosperar, se asegura que las comunidades pesqueras sigan aprovechando los recursos en marinos alrededor de estas áreas.
El monitoreo de embarcaciones restringe actividades ilegales, permite un mejor seguimiento por parte de la autoridad para la inspección y vigilancia y ayuda a garantizar la abundancia de los océanos que posibilita que las comunidades pesqueras mantengan sus fuentes de trabajo y que los mexicanos tengan acceso a una fuente de proteína animal alta en nutrientes.
En abril, miembros de Oceana entregaron en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en Mazatlán, cientos de firmas que ha recabado en línea para exigir la aprobación de la Norma de Trazabilidad de Pescados y Mariscos, indispensable para evitar la pesca ilegal, detenida desde hace más de 2 años por lo que consideran una “inacción” del comisionado, Octavio Almada.
La Norma de Trazabilidad es necesaria para conocer el recorrido del producto pesquero desde que se captura hasta que llega a la mesa. Con esta información se cerraría la puerta a la pesca ilegal y se favorecería a los pescadores que cumplen con las reglas. Además, se evitaría la sobreexplotación de especies pesqueras o en peligro de extinción, asegura Oceana.
La Norma de Trazabilidad es una acción prioritaria dentro de la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible 2021-2024, documento suscrito por 18 dependencias de gobierno y que el presidente López Obrador ha reconocido en sus conferencias de prensa que hay sustitución de especies, principalmente por aquellas de importación como tilapia y basa.
En septiembre, 2023, por quinta vez, México fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como un país que no combate eficientemente la pesca ilegal. Por ello ese anunció que mantendrá cerrados sus puertos a las embarcaciones mexicanas que pescan en el Golfo de México y continúa la amenaza de sanciones comerciales a pescados y mariscos mexicanos.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) en su más reciente informe consideró que desde 2015 México no ha demostrado un efectivo combate a la pesca ilegal, pese a los numerosos compromisos que ha hecho el gobierno mexicano para atender este problema.
La pesca ilegal afecta la posibilidad de que pescadores que cumplen con las reglas puedan vender sus productos hacia Estados Unidos, país que representa el 50 por ciento del mercado de exportación de pescados y mariscos mexicanos y que en 2022 tuvo valor de 800 millones de dólares, lo que equivale a más de diez veces el presupuesto público destinado al programa de transferencias directas a pescadores conocido como Bienpesca.
Renata Terrazas dice que “es urgente e impostergable que nuestro país cuente con una política que detenga las capturas ilegales de pescados y mariscos y refuerce la inspección y vigilancia en los mares; pues de no hacerlo se pone en riesgo al sector pesquero y el sustento de las familias de pescadores ya que Estados Unidos podría imponer embargos comerciales”.
Estados Unidos dio un respiro a la pesca mexicana, luego de que el gobierno de Joe Biden rechazó temporalmente imponer sanciones comerciales a México y propuso una vía de colaboración para encontrar soluciones a la problemática que se vive en el Alto Golfo de California, señala Oceana.
Precisa que México tendrá un año para demostrar que está tomando las acciones necesarias para detener la pesca ilegal de totoaba y proteger a la vaquita marina. De lo contrario, Estados Unidos podría imponer sanciones que perjudicarían especialmente a los pescadores legales.
“Estados Unidos tomó la decisión correcta al no imponer sanciones comerciales. Esta es una buena noticia para el sector pesquero y para los mares mexicanos”, señala Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana en México.
Hace unas semanas, integrantes de Oceana se reunieron con autoridades estadunidenses a quienes expresaron que los embargos no son medidas óptimas para combatir la pesca ilegal. En cambio, presentaron propuestas que contribuyen a reducirla y evitar el impacto social negativo de las sanciones comerciales que solo perjudican a quienes sí cumplen con las reglas.
“Atender la problemática de pesca ilegal en México es un reto colectivo y requiere de un compromiso firme por parte de la autoridad mexicana, así como la apertura y disposición de trabajar de la mano con la sociedad civil y con el sector pesquero legal, muchos de quienes ya están desarrollando alternativas para seguir pescando”, señala Renata Terrazas.
Agrega que el tema de seguridad es vital para la vida de los pescadores. Insiste en que Oceana ve la pesca ilegal en tres categorías, según el tipo de política pública que se puede echar a andar para atenderlo, “y uno de los que a nosotras más nos importa es la pesca ilegal que se puede atender con políticas pesqueras, como la del crimen organizado”.
Agrega: “Cuando digo crimen organizado no necesariamente es el vinculado a drogas, sino son actividades criminales que operan de manera internacional. En el caso de México, lo tenemos con el buche de totoaba, un producto de altísimo valor que se extrae de manera ilegal en México, entra por el mercado negro y se vende en otros países, mayoritariamente en China”.
Además, “una de las cosas que sucede es que el producto capturado de manera ilegal hoy en día en México ingresa a la cadena de valor como si fuera producto legal, eso es algo que denominamos ‘lavado de pescado’, lo cual genera una competencia desleal a los pescadores que hacen bien las cosas”, aduce Terrazas.
Advierte que si esto sigue y si el Estado mexicano no interviene y no genera políticas públicas adecuadas para combatir la pesca ilegal, “nos espera un mar desierto donde la gente no se podrá dedicar a la pesca y la desaparición de especies”.
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