Piden a SCJN mantener medida precautoria contra maíz transgénico

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a mantener la medida precautoria contra la siembra de maíz transgénico, a fin de proteger la biodiversidad y la salud de las comunidades campesinas. Ello, en el contexto de el día nacional e internacional del maíz y de la discusión de la Corte para determinar si la medida precautoria es constitucional o no.

La agroindustria fomenta la producción de alimentos dañinos para el ser humano y la devastación ambiental por lo que se debe fomentar la protección de las semillas nativas y la producción de alimentos nutritivos y sustentables en México, puntualizó la Red.

Por ello es necesaria una decisión favorable que beneficie los maíces nativos, la milpa, la salubridad y la reconstrucción del valor cultural, histórico, alimenticio y comunitario de una de las semillas representativas de la cultura mexicana,  aseguró.

Gracias a la demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíces transgénicos, se ha frenado por ocho años los permisos de cultivo de semillas genéticamente modificadas para la producción maicera, por lo que se ha reducido el riesgo de extinción de diversas especies de maíces nativos en distintas regiones del país; así como los daños irreversibles al medio ambiente y a las y los agricultores por el uso de agroquímicos tóxicos, como el glifosato.

Por otro lado, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas a la alimentación, a la salud, al acceso a la información, y a un medio ambiente sano, han disminuido considerablemente desde la implementación de la medida.

En un comunicado, la Red TDT solicitó a la SCJN acciones que reparen los daños al medio ambiente y la biodiversidad mediante los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de México que reconocen el principio precautorio como herramienta de protección.

Agregó que es necesaria la aplicación de estándares de derechos humanos que beneficien y amparen la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas y campesinas.

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