Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, además de evitar el uso de la fuerza contra civiles, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa para establecer evaluaciones de control de confianza, médicas, toxicológicas y psicológicas como requisitos de ingreso y permanencia en instituciones policiales.
La propuesta reformaría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fijar evaluaciones psicológicas periódicas y obligatorias en cuerpos policiales para detectar afectaciones emocionales o conductuales que representen riesgo para el desempeño profesional y la población.
De igual manera, expone que el desgaste psicológico en cuerpos policiales puede derivar en decisiones impulsivas en operativos, uso excesivo de la fuerza, desmotivación y afectaciones en su entorno familiar. El planteamiento prevé estas evaluaciones como requisito inicial o reactivo.
El documento afirma que la reforma fortalecería la profesionalización institucional, dignificaría la labor policial, protegería la salud mental y consolidaría la seguridad pública como tarea integral y sostenible.
También señala la existencia de datos sobre uso excesivo de la fuerza por policías, militares y marinos en operativos con población civil. Estas prácticas vulneran derechos y muestran ausencia de controles institucionales y formación para personal de seguridad. El planteamiento establece que la salud mental policial debe constituir prioridad nacional porque un cuerpo evaluado de forma continua fortalece el Estado de Derecho, reduce la corrupción y mejora la percepción ciudadana.
El texto cita la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que registró 75.3 por ciento de uso de la fuerza en policías operativos. Igualmente, refiere información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos estatales, que recibieron 54 mil 248 quejas en 2022 contra instituciones de seguridad pública, Ejército y Marina por presuntos actos de brutalidad contra civiles.
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