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Como nunca antes, el Poder Judicial de la Federación se opuso de forma sistemática a las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluso hasta el punto de invadir sus facultades y convertirse en un supra poder.
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido el menor número de iniciativas aprobadas en los últimos 100 años de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez. El primer mandatario presentó una tasa de aprobación del 63.36 por ciento, considerada la más baja desde 1917.
Las iniciativas del presidente encaminadas a favorecer a la sociedad mexicana, enfrentaron las resistencias no sólo del Poder Legislativo, sino también las invalidaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al respecto el estudio lo señala como el “gran dique” que contuvo muchas de las iniciativas ya que entre 2019 y 2023, la Corte invalidó 74 leyes “por vicios en el proceso legislativo”.
El Plan A de Andrés Manuel López Obrador se refiere a su propuesta de reforma electoral, una de las principales iniciativas de su administración. Ésta pretendía transformar varias estructuras y procesos del sistema electoral en México. Los puntos principales de la propuesta incluían:
-Reducción significativa del financiamiento público a partidos políticos, para que los recursos se utilicen de manera más eficiente y con menos gastos superfluos.
-Reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluía la eliminación de ciertos organismos y la reducción del número de consejeros.
-Eliminación de los diputados y senadores plurinominales, para que todos los representantes fueran electos por mayoría relativa, lo cual fortalecería la representación directa de los ciudadanos.
-Elecciones electrónicas: la reforma proponía modernizar el sistema de votación mediante la introducción de elecciones electrónicas, con el objetivo de hacer el proceso más eficiente y seguro.
Sin embargo, la Suprema Corte rechazó varias partes clave del llamado Plan A de AMLO, aprobadas por mayoría en el Congreso de la Unión, y las declaró inconstitucionales.
El Plan B fue una serie de reformas electorales que el presidente López Obrador impulsó ante el Congreso, después de que el Plan A fue descarrilado por el Poder Judicial. Este paquete de cambios legislativos consistió en modificaciones a leyes secundarias que no requerían una mayoría calificada en el Congreso. Y buscaba impedir que instituciones como el INE fueran tomadas por personajes como Lorenzo Córdova Vianello, quien demostró su apoyo abiertamente a la derecha e incluso participó como único orador en la manifestación conocida como la “marea rosa”.
El Plan B fue echado abajo por la mayoría de ministros y ministras de la Corte –que encabeza Norma Piña– el 8 de mayo de 2023. Un día después, el primer mandatario llamó al pueblo de México al Plan C: obtener la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones pasadas –como ocurrió el 2 de junio– para reformar al “podrido” Poder Judicial.
El Plan B planteaba:
-Reducción significativa del presupuesto del INE por la necesidad de austeridad y eficiencia.
-Cambio en la estructura del INE: modificaciones en la organización interna y las funciones de algunos departamentos dentro del INE.
-Simplificación de procesos electorales para la organización y ejecución de las elecciones, con el objetivo de hacerlos más ágiles y menos costosos.
-Modificación de la propaganda electoral, con restricciones y regulaciones adicionales para asegurar un juego limpio.
El 8 de mayo de 2023, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó partes significativas del Plan B, al considerar que algunas de sus disposiciones eran inconstitucionales.
En octubre de 2021, el presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. El objetivo era mitigar los efectos causados por la reforma energética de Enrique Peña Nieto, misma que manejó un falso discurso de fortalecimiento para Pemex y la CFE.
El 20 de diciembre de 2013, cuando se firmó el decreto para la promulgación de la reforma, el entonces presidente de México afirmó: “comienza así una nueva historia para nuestro país. Hemos abierto las puertas de un mejor futuro para todos”, pero en realidad abría la puerta a la privatización de la industria energética, en beneficio de transnacionales.
El Congreso de la Unión aprobó la reforma de López Obrador, pero nuevamente la mayoría en la Suprema Corte echó abajo esta iniciativa.
Con ello, el Poder Judicial daba la razón a las trasnacionales. Seis empresas extranjeras se ampararon y el bloque conservador en la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma eléctrica.
Uno de los puntos esenciales era que un 54 por ciento de participación en el sector de la generación eléctrica a la CFE y un 46 por ciento para la iniciativa privada. La votación se desarrolló de la siguiente manera: las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres votaron en contra de declarar inconstitucional la reforma, mientras que los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron a favor. El resultado fue un empate que se definió con el voto de calidad del ministro Pérez Dayan, este último votó por declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.
Aunque se buscaba impedir los delitos de cuello blanco, que las factureras dejaran de lavar dinero para el crimen organizado e impedir la evasión de impuestos, situaciones que afectan al erario nacional –que es utilizado para obras públicas y programas sociales–, la Corte echó abajo los cambios.
Tras esta resolución se dejó sin validez las reformas aprobadas en 2019 por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, los cuales establecían como amenazas a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las siguientes actividades: la defraudación fiscal, contrabando y su equiparable, así como la expedición, venta y uso de facturas falsas.
La reforma para pasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en México fue una iniciativa para fortalecer la seguridad pública, de acuerdo con López Obrador. La institución de reciente creación, quedaría bajo el mando directo de la Sedena, con la intención de aprovechar la experiencia y recursos de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y la violencia.
La Guardia Nacional fue establecida como una fuerza de seguridad pública de carácter civil con la misión de combatir el crimen y restaurar la paz. Ante los retos en seguridad, el presidente López Obrador propuso la reforma para que la Guardia Nacional pasara bajo el control operativo de la Sedena, porque las Fuerzas Armadas tienen la experiencia y capacidad necesarias para liderar esta institución de manera más efectiva.
No obstante, la Suprema Corte revisó la reforma y en 2023 resolvió que era inconstitucional.
El juez Francisco Javier Rebolledo Mendoza, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, suspendió el decreto del primer mandatario que prohibía el uso de glifosato en la industria agrícola. Esta decisión judicial es relevante dentro del contexto de las políticas de AMLO para regular el uso de agroquímicos en México.
El decreto presidencial fue emitido el 31 de diciembre de 2020 y establecía la eliminación gradual del uso de glifosato en la agricultura mexicana para 2024 por preocupaciones al impacto en la salud, esto por los posibles efectos adversos del glifosato en la salud humana, que incluyen riesgos de cáncer. Pero también por los impactos negativos en la biodiversidad y ecosistemas, así como la búsqueda de nuevas prácticas agrícolas más sostenibles y menos dependientes de agroquímicos.
El juez Rebolledo suspendió el decreto bajo varios argumentos:
La administración del presidente López Obrador defendió el decreto como una medida necesaria para proteger la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, organizaciones ambientales y de salud apoyaron el decreto, al indicar que los beneficios en salud y protección ambiental superaban los costos económicos, cosa que el Poder Judicial no tomó en cuenta. Cabe mencionar que algunas naciones, como Vietnam y Sri Lanka, han prohibido el uso de glifosato debido a preocupaciones de salud y medioambientales.
La suspensión del decreto presidencial por parte del juez Francisco Javier Rebolledo Mendoza refleja que la industria agrícola y algunos actores judiciales buscan favorecer los factores económicos y no los sociales.
En el actual sexenio de López Obrador, uno de los temas más discutidos fue la revisión y los cambios en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos libros forman parte de un esfuerzo para actualizar y reformar el contenido educativo del país, con énfasis en una visión más inclusiva y crítica de la historia y la cultura mexicana.
Por ello, la administración federal impulsó modificaciones significativas, que incluyeron la incorporación de temas sobre derechos humanos, género, y la historia desde una perspectiva más diversa. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó dos suspensiones en la distribución de los materiales educativos. Una en el estado de Coahuila, que se sumó a la que el ministro Luis María Aguilar concedió a Chihuahua por posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos. Con el paso del tiempo, ambas resultaron improcedentes.
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