FOTO: JAVIER ALVARADO
Al menos 20 de los más altos cargos en el Poder Judicial del Estado de Puebla están ocupados por magistrados propuestos por los exgobernadores panistas acusados de corrupción Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) y Antonio Gali Fayad (2017-2018). Otros, con más años, les deben el cargo a gobernadores priístas como Mario Marín (2005-2011) también señalado de cometer diversos delitos. La mayoría tiene más de 30 años en el Poder Judicial y, algunos, más de 2 lustros como magistrados.
De acuerdo con un expediente elaborado por organismos de inteligencia, del que Contralínea posee copia, amplios sectores del Poder Judicial de Puebla se han convertido en cotos de poder y negocios de personajes que pertenecen al mismo grupo panista cuya cabeza era Moreno Valle.
Como se recordará, el exgobernador y su esposa Martha Érika Alonso, entonces gobernadora en funciones, murieron en un accidente aeronáutico en diciembre de 2018. Aunque las elecciones celebradas en 2019 abrieron la oportunidad de renovar la administración pública estatal, en el Poder Judicial de la entidad panistas y priístas han cerrado filas para mantener intacta la estructura que el morenovallismo dejó en el sistema judicial poblano.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla es el magistrado Héctor Sánchez Sánchez. No es parte de las viejas estructuras del sistema judicial, pues fue designado magistrado en 2017 y elegido titular en 2018. Pero sí es considerado parte del grupo político y del proyecto que Moreno Valle tenía para ese Poder.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, percibe 133 mil 700 pesos más una compensación de 127 mil 300 pesos. Es decir, al mes cobra 261 mil pesos, monto que supera el sueldo del presidente de la República. Además, obtiene una gratificación anual de 206 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y primas semestrales de 3 mil 100 pesos. Así, en 1 año recibe 3 millones 345 mil 700 pesos.
El expediente señala que el presidente del Tribunal cuenta con un despacho propio –ubicado en la Torre Omega– con su operador principal: el abogado Alfredo Espinosa Alcázar o Alfredo Balcázar. Ahí laboran cuatro abogados más y siete pasantes.
Además, supuestamente litiga asuntos civiles y mercantiles a través del abogado José Fernando Guzmán Zárate; asuntos familiares, Julio César Ramírez y Villafaña; y asuntos penales, Tirso Sánchez de la Calleja y Pedro López Palacios. También lleva asuntos penales con Antorcha Campesina a través de Sergio Reyes Ramírez, Mauricio Campos Ortiz y Natalia Lucero Méndez Pérez, señala.
Según el documento, las actividades que se derivan de mantener el litigio mientras se ocupan cargos en Poder Judicial lindan entre el tráfico de influencias y las violaciones a la ley.
Entre 2014 y 2016, Sánchez Sánchez fue síndico municipal del ayuntamiento de Puebla, cuando Antonio Gali era el presidente del municipio. Ahí forjó su alianza con Antorcha Campesina, organización tradicionalmente priísta que en los últimos años se alió con el Partido Acción Nacional (PAN).
En entrevista con Contralínea, el magistrado presidente del TSJEP, Héctor Sánchez Sánchez, rechaza los señalamientos y desestima las “acusaciones sin pruebas”. Reconoce que los magistrados “sí tenemos un sueldo digno”: un ingreso que corresponde, asegura, con la “altísima responsabilidad” que desempeñan. Y expone que el sueldo de los magistrados poblanos es inferior al de la media nacional y que no ha sido modificado al alza “de manera trascendente” en los últimos 10 años.
Sobre las acusaciones de contar con abogados que litigan para él, ataja que son infundadas y se deben a que está combatiendo la corrupción al interior del Poder Judicial. Asegura, esas versiones provienen de jueces a los que ha afectado en sus intereses al impulsar políticas de transparencia y limitar el nepotismo.
“Yo sólo diría, ¿existe algún elemento sustantivo, alguna prueba? No la hay. Conozco muy bien los sistemas de gente vinculada a estructuras que estuvieron trabajando aquí durante muchos años. Y van a decir eso y van a decir más, porque se les está afectando en sus intereses creados.”
De su supuesta relación con Antorcha Campesina, el magistrado asegura: “Apenas me estoy enterando de esa acusación”. En Puebla, dicha organización ha sido acusada de despojar impunemente diversos predios, como por ejemplo el de Villas del Periférico, que involucró hasta el uso de armas de fuego. En ese caso, de los 35 antorchistas detenidos en el lugar de los hechos, ninguno permanece encarcelado.
El expediente también apunta algunas irregularidades en materia administrativa. Por ejemplo, da cuenta de que en 2019 –un año después de que el magistrado Sánchez Sánchez asumiera la presidencia– el Poder Judicial obtuvo 30 millones de pesos, mediante ampliación presupuestal, que gastó en dos días al adjudicar contratos de publicidad sin licitación de por medio. Por este caso hay una queja ante la Auditoría Superior de Puebla que aún no se resuelve.
Otras denuncias tienen que ver con jueces, a quienes supuestamente se les intentaría obligar –desde la presidencia del Tribunal– a girar órdenes de aprehensión e imponer medidas cautelares de prisión preventiva en casos que no lo ameritan, y a liberar a otros que sí deberían ser privados de su libertad. Aquí se apunta que el supuesto nexo con el Ministerio Público, para que no haya apelaciones en los procesos, sería el exfiscal Gustavo Huerta. Además se advierte que los jueces que no aceptan estas indicaciones son cambiados de adscripción como supuesto castigo. No obstante, estas denuncias tampoco han sido resueltas.
También se ha señalado que desde la Administración General de Casas de Justicia se presiona a familiares de presos para que contraten abogados afines al Tribunal. Sobre todo en aquellos casos de “cuantía considerable”.
Entre los magistrados con mayor antigüedad en el Poder Judicial se encuentra José Miguel Sánchez Zavaleta, con 12 años como magistrado y 39 años en el Poder Judicial del Estado. Otro es Joel Sánchez Roldán, quien acumula 11 años como magistrado y 35 en el sistema judicial.
También se encuentran Arturo Madrid Fernández con 15 años como magistrado y 33 años en el Poder Judicial de Puebla; Margarita Gayosso Ponce con 11 años como magistrada y 32 años de haber ingresado al sistema judicial. Elier Martínez Ayuso suma 1 año apenas como magistrado pero 31 años en el Poder Judicial.
Otro caso fue el de Enrique Flores Ramos, quien murió el pasado 1 de febrero a causa de la enfermedad Covid-19. Al momento de su muerte sumaba 27 años como magistrado y 34 en el Poder Judicial del Estado.
A pesar de contar con los años previstos para la jubilación, ninguno de los magistrados desea dejar su lugar si no es mediante un proceso controlado de designación del sucesor.
La Primera Sala en Materia Civil está encabezada por el magistrado Ignacio Galván Zenteno. Fue nombrado en el cargo el 24 de julio de 2018, a propuesta entonces actual gobernador de origen panista José Antonio Gali Fayad. Antes del nombramiento, Galván Zenteno se desempeñaba como secretario de un juzgado de distrito. Es esposo de Arely Sánchez Negrete, quien fuera secretaria de salud en el gobierno del propio Gali.
Percibe mensualmente un sueldo bruto de 84 mil pesos más 77 mil en compensaciones, es decir 161 mil pesos. Asimismo, una gratificación anual de 129 mil pesos, un bono anual por 1 mil pesos y una prima semestral de 3 mil pesos. En suma, al año cobra 2 millones 65 mil pesos. El documento señala que se vio involucrado en el caso de un robo de una menor que estaba bajo custodia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.
Otra integrante de la Primera Sala es María de los Ángeles Camacho Machorro. Su nombramiento data del 29 de noviembre de 2012, en tiempos en que el gobernador era Rafael Moreno Valle. Tiene un sueldo mensual de 84 mil 500 pesos más una compensación de 76 mil 900, lo que suman 161 mil 400 pesos mensuales. A lo anterior se agrega una gratificación anual por 129 mil pesos, un bono anual por 1 mil pesos y una prima semestral por 3 mil 50 pesos. Así, al año percibe 2 millones 73 mil pesos.
La Primera Sala termina de integrarse con María Belinda Aguilar Díaz. Su nombramiento como magistrada data del 24 de noviembre de 2011, a propuesta del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas. Es esposa de Jorge Francisco Díaz Gil, quien se desempeñara como subsecretario de Asuntos Políticos en la Secretaría de Gobernación estatal.
De acuerdo con el documento, Díaz Gil “está relacionado en una averiguación previa por el delito de evasión de presos, por autorizar –como subsecretario de Gobierno– preliberaciones de manera irregular”. Actualmente es el Notario 1 de Tlatlauquitepec, Puebla.
María Belinda percibe como magistrada un sueldo de 84 mil pesos más una compensación de 76 mil 800. Además, recibe una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 900 pesos. En suma, al año gana 2 millones 63 mil 900 pesos.
Los magistrados José Roberto Grajales Espina y José B Armando Mendiolea Vega integran la Segunda Sala en Materia Civil. Aún no se ha designado a quien ocupará el tercer asiento, vacante por la muerte del citado Flores Ramos. Los jaloneos continúan en el Poder Legislativo que, aunque tiene mayoría el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el gobernador Miguel Barbosa ha acusado al PAN de bloquear el análisis y la discusión de las ternas.
El expediente señala que Grajales Espina tiene, en realidad, como principal actividad su carrera política a través del PAN. Señala que, incluso, destina a ese empeño los horarios laborales. Fue nombrado el 29 de noviembre de 2012 durante el gobierno de su entonces correligionario Moreno Valle. Apenas 2 días antes había tomado posesión su compañero de sala Mendiolea Vega. Ambos tienen un sueldo de 84 mil pesos más una compensación garantizada de 76 mil 900 pesos. Y gozan de una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 900 pesos, Es decir, al año ganan 2 millones 66 mil 100 pesos.
Como se señaló, Flores Ramos era el magistrado más antiguo de todo el Poder Judicial de Puebla hasta el pasado 1 de febrero, cuando falleció a causa de complicaciones por la infección del virus SARS-Cov-2. Sumaba más de 27 años en el cargo, pues fue nombrado el 10 de diciembre de 1992, cuando el gobernador era el priísta Mariano Piña Olaya.
La Tercera Sala en Materia Civil está encabezada por el magistrado José Miguel Ángel Sánchez Zavaleta. Su nombramiento data del sexenio de Mario Marín Torres, en específico del 3 marzo de 2008. Otro integrante es Jorge Ramón Morales Díaz, nombrado el 15 de julio de 2011 en tiempos de Rafael Moreno Valle. Finalmente, María Emma Peralta Juárez tomó posesión el 22 de agosto de 2019, ya durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Sánchez Zavaleta tiene un sueldo bruto de 84 mil 500 pesos más una compensación mensual de 76 mil 900 pesos. Además, una gratificación anual de 129 mil 100 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 3 mil 50 pesos. En total, recibe 2 millones 73 mil pesos al año.
Por su parte, Morales Díaz cuenta con un sueldo de 84 mil 400 pesos más una compensación de 76 mil 900 pesos. Asimismo, una gratificación anual, o aguinaldo, por 129 mil pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral del 3 mil pesos. Es decir, al año obtiene 2 millones 71 mil 600 pesos. Las mismas percepciones presenta Peralta Juárez.
Finalmente, en la Cuarta Sala en Materia Civil el más antiguo de los magistrados es Elier Martínez Ayuso, con más de 11 años luego de que fuera nombrado el 28 de octubre de 2008, en tiempos de Mario Marín Torres. Tiene un sueldo de 84 mil 500 pesos más una compensación garantizada de 76 mil 900. Asimismo, una gratificación anual de 129 mil 100 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 3 mil 100 pesos. En total, recibe al año 2 millones 73 mil 100 pesos.
Otro integrante de esta Sala es Jared Albino Soriano Hernández, cuya toma de posesión data del 27 de noviembre de 2012. El documento señala que este magistrado es “el abogado de la familia Posada” (de historial de corrupción en el sector de la construcción) y que su esposa, Evelyn Pérez Orozco, fue la jueza municipal en San Pedro Cholula cuando el presidente municipal era José Juan Espinosa. Añade el documento que “ahora ella litiga los asuntos que él le encomienda”. Percibe 84 mil 400 pesos de sueldo más una compensación mensual de 76 mil 900 pesos. Además, una gratificación anual de 129 mil pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima de 3 mil pesos cada semestre. Es decir, 2 millones 71 mil 100 pesos al año.
El otro magistrado es José Montiel Rodríguez, nombrado el 24 de julio de 2018 bajo el gobierno de Antonio Gali Fayad. Era el subsecretario Jurídico de Rafael Moreno Valle. Tiene las mismas percepciones que Soriano Hernández y que suman más de 2 millones 71 mil pesos al año.
Los magistrados Joel Daniel Baltazar Cruz, Amador Coutiño Chavarría y Arturo Madrid Fernández integran la Primera Sala en Materia Penal. El nombramiento de los dos primeros data del periodo de Rafael Moreno Valle. Tomaron posesión el mismo día: 24 de noviembre de 2011. Más antigüedad tiene el tercero, nombrado el 2 de junio de 2005, bajo el gobierno de Mario Marín Torres.
El documento señala que Coutiño Chavarría alcanzó el cargo “por injerencia de Víctor Carrancá” (exfiscal), viejo amigo desde su época de estudiante. Antes de asumir como magistrado, Coutiño se desempañaba en un Tribunal Colegiado en Cuernavaca.
Tiene un sueldo de 84 mil pesos más una compensación garantizada de 76 mil 900 pesos. También, una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 900 pesos. Al año, alcanza a percibir 2 millones 66 mil pesos.
Mientras, Baltazar Cruz tiene un sueldo de 84 mil 200 pesos mensuales más una compensación de 76 mil 900 pesos. Y recibe una gratificación anual de 128 mil 700 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 900 pesos. En total, suma 2 millones 68 mil 700 al año.
Además, Joel Baltazar Cruz metió al Poder Judicial a su hijo Joel Baltazar Ávalos, quien hoy se desempeña como juez de oralidad de la región judicial suboriente con sede en la ciudad de Tehuacán. Percibe 45 mil pesos mensuales más una compensación de 39 mil pesos. Al sumar las prestaciones, recibe 1 millón 83 mil pesos anualmente.
Por su parte, Madrid Fernández, el magistrado presidente de la sala, tiene percepciones idénticas a las de Baltazar Cruz. Es decir, por más de 2 millones 68 mil pesos al año.
Con respecto de la Segunda Sala en Materia de lo Penal, los magistrados Marcela Martínez Morales y Alberto Miranda Guerra fueron nombrados con 2 días de diferencia, en el periodo de Rafael Moreno Valle. Martínez el 27 de noviembre y Miranda el 29 de noviembre de 2012. Ambos perciben 84 mil pesos mensuales más una compensación de 76 mil 900 pesos. Además, una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 800 pesos. Suman al año 2 millones 63 mil 900 pesos.
El otro magistrado, que integraba la Segunda Sala en Materia Penal era Jorge Benito Cruz Bermúdez. Fue nombrado el 31 de agosto de 2018, bajo el gobierno de José Antonio Gali Fayad. De acuerdo con el documento, Cruz Bermúdez había llegado al Poder Judicial de Puebla con la intención de ser el presidente del Tribunal. Pero quedó a la espera de una “oportunidad mejor” y le apostaba a su amistad con el exsecretario de Educación Pública federal y ahora embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.
Sin embargo, como se sabe, renunció a principios de año al verse investigado por peculado. Las investigaciones avanzan y el exmagistrado podría terminar en la cárcel. En la página de las salas de lo penal del TSJ aún aparece como magistrado, si bien ya no se encuentra en el directorio de la página de obligaciones de transparencia del Poder Judicial de Puebla.
Finalmente, los tres magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal fueron nombrados en el sexenio de Rafael Moreno Valle: José Octavio Pérez Nava, el 27 de noviembre de 2012, y Gabriel Marcos Moreno Gavaldón y Raymundo Israel Mancilla Amaro, ambos, el 31 de enero de 2017.
De Moreno Gavaldón, el documento señala que era primo del entonces gobernador y que “evita meterse en cualquier conflicto o discusión”. Por su parte, Mancilla Amaro fue nombrado sin que tuviera antes algún cargo jurídico. Su desempeño había sido totalmente al interior del PAN, donde sigue participando activamente.
Moreno Gavaldón y Mancilla Amaro perciben 83 mil 900 pesos mensuales más una compensación de 76 mil 900. También, una gratificación anual de 128 mil 300, un bono de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 800 pesos. Al año, suman cada uno 2 millones 64 mil 700 pesos.
Por su parte, Pérez Nava, magistrado presidente de la Sala tiene asignado un sueldo de 84 mil pesos más una compensación de 76 mil 900. Y una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 800 pesos. En total, 2 millones 65 mil 900 pesos anualmente.
El magistrado Roberto Flores Toledano, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (2013-2018), fue nombrado el 25 de noviembre de 2011, bajo el gobierno de su amigo desde la infancia Rafael Moreno Valle. Hoy es presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Percibe 84 mil pesos mensuales más una compensación garantizada de 76 mil 900 pesos. Al sumar las prestaciones, al año reúne 2 millones 66 mil 100 pesos
Joel Sánchez Roldán es magistrado consejero de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura. Percibe 84 mil 500 pesos al mes más la compensación de 76 mil 900 pesos. Con la gratificación y bono anuales y las primas semestrales suma en 12 meses 2 millones 73 mil pesos.
En la Sala Unitaria en Materia de Justicia Especializada para Adolescentes se encuentra la citada magistrada Margarita Gayosso Ponce. Fue nombrada el 28 de octubre de 2008, bajo el gobierno de Mario Marín Torres. Tiene percepciones idénticas a Sánchez Roldán.
Gayosso Ponce colocó a su hermana, Beatriz, como subdirectora de Control y Evaluación de Proyectos, con un sueldo bruto de 27 mil pesos más una compensación de 18 mil 200. Junto con las prestaciones. Al año recibe 591 mil 400.
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