Por Río Sonora, remoción de funcionarios en Semarnat: Iván Rico

La remediación de la cuenca del Río Sonora es el “punto cero” para una nueva relación con Grupo México, advierte Iván Rico, subsecretario de la Semarnat. Una eventual concertación no debe ser a cambio de impunidad, considera. Revela que el emporio de Germán Larrea nunca transfirió al Fideicomiso siquiera los 2 mil millones que pregonó. Apenas fueron dos ministraciones por 500 millones cada una, de las que le regresaron 77 millones. Informa que se tuvo que remover a funcionarios que seguían demorando procesos en favor del consorcio; además, confirma el saqueo de archivos

El heredado desastre ambiental del Río Sonora, causado por Grupo México en 2016, es uno de los temas más complicados que ha enfrentado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la presente administración. El subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Iván Rico López, reconoce que se tuvieron que remover funcionarios que siguen demorando procesos en favor del emporio de Germán Larrea Mota Velasco.

La Semarnat no sólo ha tenido que enfrentar la cerrazón de Grupo México, que se niega a reabrir el Fideicomiso Río Sonora y acatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de una auditoría de la Secretaría de la Función Pública, sino también ha conjurado trabas al interior de la dependencia.

Cauto, prefiere no hablar de “resistencias” al interior de la Semarnat. Se refiere a “dilaciones” que impedían avanzar con los esfuerzos de remediación del ecosistema en la cuenca del Río Sonora. Por ello, fueron removidos funcionarios al interior de la dependencia.

En entrevista con Contralínea, confirma que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha emitido una nueva opinión técnica sobre la calidad del agua en la región. El documento es imprescindible para las exigencias que, desde el gobierno federal, se realizan a Grupo México para que se haga cargo del desastre ambiental que causó.

Con todo, Iván Rico López dice que la coordinación de las dependencias federales es exitosa y se cuida de no criticar el trabajo de los funcionarios. Además de la Semarnat y la Conagua, en la coordinación para una remediación integral de la cuenca del Río Sonora, se encuentran la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); las tres, en el sector de Medio Ambiente. Mientras, desde el Sector Salud se ubican la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Camisa clara, anteojos negros, peinado clásico, Iván Rico López advierte que la remediación ambiental, sanitaria y social debe realizarse. Cuando ocurra, se estará en un “punto cero”, del cual partir en la relación con Grupo México. “Hoy se está a menos de cero”, señala. La concertación que se negocia para esta remediación no debe ser a cambio de impunidad

En ese sentido, advierte que la denuncia penal que interpuso la Semarnat contra tres empresas de Grupo México y exfuncionarios de la administración pública federal debe seguir adelante.

Prefiere no referirse directamente  a exsevidores públicos que beneficiaron a Grupo México desde instituciones gubernamentales, entre ellas, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la propia Semarnat. Como lo ha publicado Contralínea, desde esta instancia, así como de la Conagua, la Profepa y la Cofepris en el sexenio anterior emitieron documentos para aceptar la “remediación” de Grupo México y justificar el cierre del Fideicomiso.

Sin embargo, reconoce que los funcionarios anteriores dejaron un archivo incompleto y desorganizado. Confirma lo publicado por este semanario, sobre un saqueo del expediente que se integró luego del derrame en el Río Sonora.

Advierte que no hubo remediación real, pues desde un inicio el programa no contempló más que al suelo. Dejó fuera el agua, el aire y la biota. Además, todo se hizo de espaldas a las comunidades, sin siquiera tomarlas en cuenta, como si no contaran.

Señala que la Semarnat no tiene interés más allá que el de la remediación del medio ambiente y la reparación del daño a las comunidades. Advierte que la dependencia no es la única instancia que reclama a Grupo México su responsabilidad. Cita a la SFP, que mediante auditoría, determinó que no se habían cumplico los fines del Fideicomiso, y la SCJN, que resolvió que el consorcio de Larrea debe resarcir a las comunidades.

Por ello, la Semarnat propone un nuevo programa de remediación de carácter integral que se centra en el medio ambiente y en las comunidades. No sabe cuánto costará, pero –advierte– no se pueden estar deteniendo en montos cuando está de por medio el ecosistema y la salud de las personas.

Confirma que a Grupo México se le regresaron 77 millones de pesos. Ni siquiera había entregado los 2 mil millones que se dijo. Sólo efectuó dos ministraciones por 500 millones cada uno.

—La Semarnat del actual sexenio ha demandado penalmente a Grupo México, porque no hubo remediación alguna en el derrame del Río Sonora. Pero fue precisamente la misma Secretaría la que, junto con otras tres dependencias, en el sexenio pasado, había emitido documentos que avalaron una supuesta reparación de daños. ¿Cómo fue este proceso de revisión al interior de la Semarnat para revertir lo que ya se había determinado en la administración federal anterior?

—Hubo un proceso de cierre administrativo, en el cual se estableció que había una remediación. Pero no fue una remediación real. Nosotros revisamos que, de origen, el planteamiento de la remediación estuvo mal. Incluso el Plan de Remediación, el primer programa que se acordó y por el cual se instala el Fideicomiso, contempla nada más suelos. No contempla agua. No contempla biota. No contempla aire. No habla de una remediación integral que atienda lo que en realidad se contaminó: todo el ecosistema.

Se cerraron muy rápidamente los programas de remediación, cuando con un evento de esa magnitud toma mucho más tiempo resolver los desastres ambientales, las afectaciones; y después, el monitoreo. Tiene que ser un período relevante. No es que hayamos determinado inmediatamente que había un mal cierre del asunto, ¿eh?

Primero, hubo una demanda de un grupo de quejosos de la comunidad, de allá del Río Sonora, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2020 a favor de ellos. Y la Suprema Corte instruyó dejar sin efectos todos los actos de autoridad, a todas las autoridades, que dieron como fin el cierre del Fideicomiso por un elemento: porque no se considera a la población a la hora de establecer las acciones de remediación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no fue una remediación amplia, integral.

En segundo lugar, cuando llegamos en este gobierno, en 2019, la Semarnat solicitó una auditoría a la Secretaría de la Función Pública, la cual se practicó ese mismo año. Y en la cual, se determinó que no se habían cumplido los fines del Fideicomiso y que en el cierre del asunto técnicamente, en el cual la DGGIMAR de aquel entonces y la Profepa-delegación Sonora habían determinado que se había cumplido con el programa remediación, no se consideró un estudio de la UNAM, el cual había sido contratado por el mismo Fideicomiso.

Se entregó formalmente a la Subsecretaría que actualmente me toca coordinar. En él, se establecía que aún no había remediación: encontraron rastros todavía importantes de arsénico y de otras sustancias peligrosas en la biota, en animales, en el hígado de animales, de aves, en suelos. Y todavía, en cuanto a la calidad del agua, el líquido tenía sustancias que eran riesgosas para la salud humana. Ese fue un estudio que la UNAM entregó el 8 de diciembre de 2016, dos meses antes de que administrativamente cerraran el Fideicomiso. No se consideró para nada ese estudio que, por supuesto, implicaba no cerrar el Fideicomiso.

—Con qué fines la Semarnat generó su propio dictamen-diagnóstico del Río Sonora.

—Son tres elementos: la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que reabre el asunto y que nos obliga a las instituciones responsables a resarcir el daño a las comunidades. En segundo lugar, la auditoría que practicó la Función Pública. Y en tercero, el dictamen-diagnóstico que ya nosotros elaboramos a partir de 2021, y que la secretaria [Maria Luisa Albores] presentó en la conferencia del presidente el año pasado. Pero ese dictamen diagnóstico lo iniciamos desde 2021, con el monitoreo de las mismas comunidades, los organismos de cuenca.

Nos dijeron: ‘Aquí es donde está contaminado, porque aquí es donde nos enfermamos’. Tienen problemas de salud sus animales también; están contaminados sus pastos y sus cultivos. Siguen viéndose afectados, a pesar de todos los años que han pasado. Ahí es donde fuimos a monitorear entonces. Esos elementos nos dieron a nosotros la noción de que esto no está resuelto y que todavía hay pasivos ambientales que hay que atender. En ese sentido, la actual administración generó nuevos documentos precisamente enfocados a evaluar, y con la idea de remediar finalmente, el daño. La interpretación de nosotros es que, derivado de la sentencia de la Suprema Corte, se abre el Fideicomiso.

Me parece bastante lógico que se reabra el Fideicomiso y no se dé por finiquitado. Lo primero, Nafin, que era la depositaria de los recursos, le solicita a Grupo México que le regrese el monto que había en el momento antes del cierre del Fideicomiso. Y nosotros solicitamos convocar a las autoridades que ellos nombran para que el Comité comience sesiones y se reactive. Ambas respuestas han sido negativas por parte de Grupo México. Es lo que ha imposibilitado que podamos avanzar.

Sin embargo, toda la parte de remediación la hemos trabajado en la DGGIMAR. Esta administración publicó un programa de remediación distinto, en el cual ratifica que no fue suficiente la remediación que se hizo previamente. Incluso la remediación que estamos proponiendo ya incluye también el agua, la biota y el aire. En el dictamen diagnóstico, identificamos que todavía en los sedimentos y en el agua de los ríos Sonora y Bacanuchi se han encontrado metales pesados y algunas sustancias que están relacionadas con el accidente de 2014.

—Si ya hubo un plan de remediación, ¿qué es lo que propone ahora la Semarnat?

—El programa de remediación que nosotros proponemos es más amplio, directamente vinculado con la salud humana de las comunidades y no el monto que se le regresó a Grupo México. Como lo explicó la secretaria, el Fideicomiso, que se firmó, establecía un monto inicial, no total, de 2 mil millones de pesos con administración de 500 millones, conforme se fuera utilizando el recurso.

Todo esto lo administraba el Comité que dependía de esta Subsecretaría. Únicamente se otorgaron dos administraciones; es decir, mil millones de pesos, porque así se fue requiriendo el dinero. Cuando se cierra el Fideicomiso, se regresaron 77 millones de pesos; es decir, se van ejercitando 923 millones de pesos y se regresaron 77 millones de pesos. Pero esa no era la cantidad total que debía tener este Fideicomiso.

Era ilimitado hasta que se cumpliera con los fines por los cuales se creó. Hubo incoherencias en el proceso, porque los objetivos del fideicomiso eran más amplios, incluso para cubrir afectaciones económicas de las personas que perdieron animales, unidades económicas, todo el tema de la contaminación y la afectación en la economía local, los cultivos, para el tema del agua.

Sin embargo, el programa de remediación que la Profeta, en ese entonces firmó con las empresas responsables, únicamente se basó en el suelo. Después ese fue un argumento, por el cual no se podían utilizar recursos del Fideicomiso para atender los demás asuntos.

Incluso hay un oficio, en el cual el subsecretario de aquel entonces le pregunta a la Profepa si pueden atender algunas solicitudes de plantas potabilización mediante el Fideicomiso. Y la respuesta del procurador es que no, únicamente el tema de suelos. Desde mi punto de vista, no se coordinó el Fideicomiso, que era el mecanismo y el vehículo para resarcir económicamente todas las afectaciones, con el programa de remediación, que es el instrumento principal de la remediación ambiental. Desde ahí, fue la inconsistencia. Se permitió que no se atendiera integralmente todo el asunto.”

—No ha quedado claro el monto del Fideicomiso. Comenta que no había un monto límite. Sin embargo, siempre se estuvo hablando de 2 mil millones. ¿Y por qué al momento en el que se le regresó a Grupo México el remanente se observa que solamente contó con menos de mil millones?

—Sí. Cuando se da el derrame, en agosto de 2014, un mes después se firma el convenio. Lo firman las empresas responsables de Grupo México y la Profepa. En ese convenio de remediación ambiental establecen que el vehículo va a ser el Fideicomiso, como un mecanismo alternativo de solución.

Ese es el argumento actual del Grupo México: ‘No estamos obligados a reactivar el Fideicomiso, porque si hubiera alguna obligación ambiental, un pendiente, la podemos resarcir por otros medios distintos’. Pero, bueno, acuerdan que sea el Fideicomiso un mecanismo alternativo.

Ellos tienen la libertad conjuntamente de establecer el monto inicial. Lo establecieron de manera aleatoria, no hay algún criterio, que nosotros hayamos encontrado en la documentación disponible, que nos permita entender por qué definieron 2 mil millones, y por qué definiría ministraciones de 500 millones. No, no lo encontramos en ningún criterio.

—Se trataba de remediar supuestamente lo que se consideró, desde entonces, un grave daño ambiental. Y vimos una respuesta de las autoridades de distintas dependencias a todas luces insuficiente. Pareciera que trataron de generar las menores molestias a Grupo México. ¿Qué evaluación tiene de lo que hicieron los funcionarios anteriores? ¿Defendieron el interés público, el medio ambiente del país?

—Dentro de la auditoría que solicitamos, y que practicó en 2019 la Secretaría de la Función Pública, al final, cuando establece las conclusiones, también determina que esa auditoría se presentará ante las autoridades, para determinar las acciones conducentes; es decir, deslindar cualquier responsabilidad administrativa, o hasta penal, que pudiera tener cualquier servidor público que actuó en conexión u omisión irregular. Lo que puedo decir es que no hubo una atención adecuada por parte de las autoridades de la remediación ambiental.

Y no nada más lo que decimos nosotros con nuestro dictamen-diagnóstico. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tampoco se consideran a las comunidades. Ya lo dijo la auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Y también lo dijo el estudio que presentó la UNAM en 2016, en el cual todavía identificaban riesgos a la salud en el medio ambiente.

A todas luces, por todos esos elementos, estamos seguros de que no hubo una atención adecuada. No se trabajó para hacer una remediación completa y asegurarse que esa obedeciera a la normatividad vigente. Y que tuviera también un vínculo con la salud humana, que era lo más importante, que no fuera a generar un problema de salud posterior para las comunidades de todo el Río Sonora.

Eso fue lo que a nosotros también nos preocupó. Tengo que decirlo: nos involucramos de lleno en este tema en el marco del Plan de Justicia de Cananea, presentado por el presidente [Andrés Manuel López Obrador] y que coordinaba la Secretaría del Trabajo [y Previsión Social].

Nosotros fuimos a participar también. Las comunidades y los organismos de cuenca manifestaron todos los problemas de salud: problemas en la piel, de cáncer, respiratorios, en los riñones. Eso se relaciona directamente con el ecosistema, en el que viven. Por supuesto que había que cuidar la remediación ambiental, pero con la perspectiva también social, de la salud de las comunidades, la cual no se cuidó: los resultados están a la vista.

—¿Cuáles serían las razones de que no se haya incorporado esta visión integral del fenómeno?

—Veo que fue una actuación que se limitó mucho a lo administrativo. Nuestro presidente [en contraste] nos impulsa a nosotros a no ver únicamente la perspectiva burocrática, sino estar en el territorio. Poner primero a las comunidades, el aspecto social. En este caso, era un conflicto social-ambiental.

No era nada más pegarle un indicador para que tal elemento químico estuviera dentro de la norma. Y con eso ya le pones palomitas. No era cuidar efectivamente que el medio ambiente estuviera regenerado y que las comunidades no estuvieran en peligro de ser contaminadas y dañar su salud. Yo creo que [en el sexenio pasado] se abordó desde un enfoque exclusivamente administrativo-burocrático.

Se basaron en lo que les permitió la norma para poder cerrar el asunto. Incluso así fue insuficiente, pues desde el punto administrativo no lo cerraron adecuadamente. Eso, insisto, está determinado por la Secretaría de la Función Pública y por el Poder Judicial. Entonces, ni social ni administrativamente fue suficiente.

Fue un enfoque totalmente administrativo, de ver cómo, con la normatividad aplicable, sin considerar en territorio, hacer que se cumpla. Y eso lo podemos ver si se revisan los dos oficios, por los cuales se cierra el Fideicomiso. El primero es de la Profepa, delegación Sonora; y el segundo, es el de la DGGIMAR de la Semarnat. En ambos, con un lenguaje muy administrativo, aseguran que se cumplió estrictamente con lo establecido en el programa de remediación. En ningún momento se hace alusión a las condiciones físicas del entorno y del ecosistema.

—¿Han encontrado resistencias internas de la Semanat o presiones externas al aplicar este nuevo enfoque y buscar que, en efecto, haya un proceso real de remediación? Grupo México es un conglomerado internacional con mucho poder económico. Y hemos visto que exfuncionarios terminan como sus empleados.

—Las instrucciones, en mi caso de la secretaria María Luisa Álbores, y en el caso de la secretaria, del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido claras: siempre velar por el medio ambiente y, al mismo tiempo, por el bienestar de las comunidades y sus hábitat, su ecosistema.

Haya o no haya presiones, nuestra instrucción es clara y así hemos caminado. No pudiera yo afirmar que ha habido presiones al interior de la Semarnat. Sin embargo, una vez que llegamos, sí tuvimos qué hacer modificaciones en las posiciones.

No nada más para este tema, sino para muchos otros que atendemos a lo largo y ancho del país. Encontramos que los asuntos se retrasaban. Era el caso de la DGGIMAR. La resolución de la Suprema Corte fue en enero de 2020. Lo primero que ordena es un programa de remediación nuevo. Y, desde nuestro punto de vista, se tardó bastante en empezar el trabajo, a pesar de que ya había una instrucción.

Sí, se tiene que trabajar con las comunidades y eso puede puede tomar tiempo; pero en realidad no se había iniciado. Hasta que se empieza a hacer el tema visible, con el plan de Justicia de Cananea, y empezamos a trabajar con la instrucción del presidente y la secretaria es que se le da velocidad al asunto.

Sabemos que los asuntos judiciales pueden tomar mucho tiempo. Y es el caso de la sentencia de la Suprema Corte, que una vez notificada, se radica en un juzgado. El juzgado es el encargado de llevar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, y eso puede tomar mucho tiempo. Hay estrategias de dilación de quienes no quieren cumplir. Eso pudiera ser algo que identificamos. No podría decir que hay presiones internas; a lo mejor, la actuación no es tan rápida y tan urgente como lo amerita el caso. Y lo hemos corregido en su momento.

—¿Y las presiones externas?

—No podría decir que tenemos presiones externas, porque en realidad nosotros no respondemos, ni estamos abiertos a recibir presiones. Trabajamos conforme a nuestro mandato: velar por el medio ambiente de las y los mexicanos.

Si hay presiones o no, a nosotros nos da lo mismo. Entonces, por eso publicamos el dictamen diagnóstico que, en su momento, fue criticado severamente por Grupo México, pero lo hicimos nosotros porque atendimos una necesidad manifestada en diversas ocasiones, y constantemente por las las comunidades del Río Sonora, que era: ‘Necesitamos que vengan a muestrear y a, técnicamente, determinar cómo está el lugar en donde vivimos ’.

Y, por eso, fuimos, muestreamos y sacamos el dictamen diagnóstico. Cabe mencionar, es un documento que no nada más nos ha servido a nosotros para técnica y actualmente saber cómo está la remediación ambiental, sino a las mismas comunidades les ha servido para los procesos judiciales que ellos por su parte llevan; para obtener la justicia que ellos buscan. Entonces, si [presiones] las ha habido, o no las ha habido, la verdad es que para nosotros no ha generado una diferencia.

—¿Cómo ha sido la coordinación con otras instancias del propio gobierno? En este proceso de remediación, muchas otras instancias están involucradas.

—Al interior del sector ambiental está la Profepa, la Conagua. Se ha prestado [colaborado]. Incluso los institutos del sector ambiental encargados de realizar investigación son los que participaron en el dictamen-diagnóstico de la mano de las comunidades. Fuera del sector ambiental, efectivamente hemos estado en coordinación principalmente con el sector salud, con Cofepris y el Cenaprece.

Cuando fuimos a muestrear, lo que nos dijeron las comunidades con toda razón fue: ‘Está bien que tomen muestras de agua, de suelo, pero también queremos que vayan a nuestros domicilios, porque el agua que consumimos es la que nos está contaminando’.

Por eso, nos coordinamos con el Sector Salud. Hicimos muestreos de los pozos, de los afluentes de agua, los mismos que llegaban hasta la toma domiciliaria. Así trabajamos. Los organismos de salud emitieron su dictamen de esos muestreos que practicaron. Incluso también muestras de orina y sangre para determinar la salud de las personas. Así es como estamos coordinando la atención integral del asunto. El fideicomiso en su inicio era muy amplio; pero, al final, se acotó al programa de remediación que nada más tenía los suelos.

Lo que estamos haciendo ya no es pensar en la parte agrícola y ganadera, porque pues ya es muy difícil tomar una determinación respecto a las afectaciones. Lo que estamos haciendo es resguardar lo más vital, que es el medio ambiente y la salud de las personas. En ese sentido, ha sido la coordinación que hemos tenido.

—¿Conagua ya emitió una nueva opinión técnica que hacía falta para seguir avanzado en la remediación?

—Hasta donde tengo conocimiento, no lo ha hecho.

—También la Semarnat le había solicitado a la Conagua copia del expediente precisamente para apoyar la propia denuncia penal. ¿Ya entregó ese documento?

—Yo no sabría contestar, porque no tengo la información del tema de la denuncia penal. Se lleva directamente a la unidad de Asuntos Jurídicos. Si bien con la información de las áreas sustantivas, en este caso la DGGIMAR, pero yo ahí no sabría, no tendría la información actualizada.

—¿Qué expectativa tiene sobre esta denuncia de carácter penal? Más allá de que Grupo México haya criticado la denuncia y el contenido de la misma, finalmente sirvió para que abrieran de nueva cuenta negociaciones con el propio gobierno mexicano.

—Vimos la denuncia como una vía más para lograr que hubiera remediación por parte del responsable o la responsable de la contaminación que se generó en el medio ambiente del Río Sonora. ¿Por qué? Porque administrativamente nosotros solicitamos al Grupo México y a las empresas responsables tanto el depósito al Fideicomiso como la reactivación para trabajar en el seno del mismo.

Al haber una respuesta negativa, nos quedamos sin opciones. La única vía que encontramos fue la penal, para poder garantizar que la remediación la hagan los responsables como lo establece la Ley de Responsabilidad Ambiental. La vimos como un último recurso, que ha servido para llamar la atención de la empresa, que se siente a negociar.

Yo lo dividiría en dos partes distintas: una, la negociación por un conducto de buena fe de ambas partes que se pudiera llevar a cabo; y dos, el proceso jurisdiccional tendrá que seguir su curso. Si hay un arreglo en el ámbito de la concertación, qué bueno: se facilita y se agiliza la atención y la remediación, que es lo que buscamos nosotros, lo que nos han pedido el presidente y la secretaria.

Y si no, pues el proceso jurisdiccional tendrá que seguir su curso para que, en determinado momento, logremos tener, y sobre todo las comunidades, la remediación ambiental todavía necesaria a nueve años, ya casi 10.

—Pero hasta dónde podrían llegar estas negociaciones. Está bien la remediación, pero ¿se podría con ello dejar de fincar responsabilidades para quienes cometieron ilícitos?

—La denuncia es conducida, coordinada y atendida por la unidad jurídica. Me estaría extralimitando en hablar al respecto. Lo que sí puedo comentar es que la denuncia efectivamente contempla mayores elementos de lo que se pudiera estar trabajando en una mesa de negociación. Lo que se busca con la mesa de negociación es agilizar la remediación.

Para nosotros, lo principal no es ganar una demanda, no es tener la razón; es atender a las comunidades, remediar el medio ambiente, impedir que siga estando contaminado, y que ellos sigan viviendo en un ambiente que es dañino para su salud. Eso es lo principal. La gente de esas comunidades nos dicen: ‘Ustedes vienen y lo agradecemos, pero se van y nosotros nos quedamos aquí. Y el tiempo sigue transcurriendo’.

Y ellos se siguen quedando ahí respirando el mismo aire, bebiendo la misma agua, cultivando en los mismos suelos… Para nosotros es imperativo ya avanzar. Si lo logramos por medio de la vía de la concertación, excelente. Sin embargo, la denuncia es más amplia. Tiene elementos que también nosotros consideramos que deben atenderse. No debe haber impunidad. Y por eso es que la denuncia se presentó con mayores elementos, más allá de la remediación.

—¿Qué expectativas tenemos de una recuperación del medio ambiente, luego de un derrame de esa magnitud?

—La nueva propuesta de remediación que nosotros hemos presentado tiene elementos que de manera muy rápida mejorarían el medio ambiente, como la sustitución de suelos, que es un proceso caro, pero necesario. Hay una propuesta de sustituir el suelo.

En algunos no tan contaminados, poner pasto vetiver, que ayuda a absorber todos los contaminantes y las sustancias que son dañinas para la salud y para el ecosistema. En el tema del agua, se propone un sistema de plantas potabilizadoras que garanticen la seguridad del agua que consume la población. Y también se propone un programa de monitorear el aire con niveles y criterios que informen cuándo es seguro y cuando no es seguro realizar actividades al aire libre.

El programa de remediación pudiera tener resultados muy rápidamente para mejorar las condiciones del ecosistema; sería el punto cero. Hoy no estamos siquiera en el punto cero. Estamos peor, porque no hubo una remediación. Llegando a la remediación, estaríamos en un punto cero. De ahí, comunidad, gobierno y obligados ambientales, que en este caso es la empresa, trabajaremos para garantizar que la actividad productiva no genere los mismos daños y contaminantes a la población.

—Se ha hablado de 20 mil millones de pesos para una remediación real. ¿Por qué, considera, Grupo México se resiste a aportar esta cantidad si para los recursos que posee no significa mucho dinero?

—Sería muy arriesgado que yo diga… si hablara por ellos. No están accediendo a transitar al tema de la remediación, sobre todo cuando hay pronunciamientos de diversas autoridades, no nada más de nosotros: también de la Función Pública y de la autoridad judicial. No sé si sea esa cantidad el dinero que se requiera.

Nosotros queremos que, sea cual sea el monto, es necesario. Es una responsabilidad establecida en la Ley de Responsabilidad Ambiental. Es una responsabilidad de la empresa y de nosotros, como gobierno, garantizar que haya remediación.

—¿El Fideicomiso se manejó de manera transparente?

—Como responsable directo de recibir la información y presidente de la Comisión del Comité del Fideicomiso, debo decir que sí encontramos muchas irregularidades. En su momento, tanto la auditoría como las actas que hemos levantado ante el Órgano Interno de Control han dado fe.

—Hemos publicado que el archivo fue saqueado, pues sólo se encontraron muy pocos archivos del Fideicomiso.

—Sí tengo que decir que encontramos un archivo muy endeble. De más de 70 y tantas cajas que constituían el archivo del Fideicomiso, únicamente encontramos 10 con información revuelta, minutas a las que les faltaban hojas.

Eso ha dificultado mucho lo que podemos también armar desde el punto de vista de contar qué pasó; si se hizo bien, o no. Y lo digo para que también se sepa, que la autoridad, el gobierno de ahora, no ha tenido todos los elementos documentales para poder determinar qué pasó.

Por eso, también la denuncia que se presenta es para deslindar responsabilidades. La auditoría también va en ese sentido. Por eso no fui más preciso en la pregunta sobre los servidores públicos anteriores. No podemos determinar si hubo actos irregulares u omisiones, porque simplemente en muchos casos no tenemos ni la documentación.

—Pero en sí mismo la falta de archivos ya es una irregularidad, que no esté se persigue como, al menos, falta administrativa.

—Tenemos nosotros un oficio que firma el área administrativa de esta subsecretaría en 2017. Se le dice a Grupo México que le está entregando 72 casas cajas, en las que contienen todo lo que tiene; pero lo que se me hace increíble es que no hayan guardado copia. La autoridad tendría que tener copia de esa documentación. Nada más consta ese oficio. Aquí lo único que encontramos fueron 10 cajas que nos tomó meses poder ordenar. Estaba todo revuelto.

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