Puertas del Poder Judicial, abiertas al tráfico de influencias: ministra Batres

FOTO: CUARTOSCURO

“Hoy, las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias, y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, señaló la ministra Lenia Batres Guadarrama al participar en el primer foro del parlamento abierto sobre la reforma judicial, en la Cámara de Diputados.

De frente ante sus pares –incluida la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, la juzgadora afirmó que ésa no es una apreciación subjetiva, sino sustentada en datos duros. Al respecto, citó: “de cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud; 70, al derecho a la educación; 30, al derecho a la vivienda; y apenas 13, al derecho al agua. En contraste, se han emitido: 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria; 1 mil 387, sobre el derecho de propiedad privada; y 891, sobre libre mercado, al que incluso llegan a considerar ‘derecho humano’”.

Por ello, Batres Guadarrama advirtió que ése no es el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano. “Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor”.

En su “Yo acuso”, la ministra hizo suya la crítica al Poder Judicial de la Federación de una buena parte de las y los mexicanos, por la que se explica el éxito en las urnas del llamado Plan C: “para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial… En una palabra, es injusta”.

Ante legisladores e integrantes del PJF, indicó: “la sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales; sean confiables; rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo, como parte de su forma de gobierno”.

Quien se reivindica y actúa como ministra del pueblo, destacó tres planteamientos de la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó como histórica: elección de personas juzgadoras; sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración; y el acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 de la Constitución.

Ante esto, consideró que “la reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general; crea el mecanismo de control que le ha faltado, para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla el límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo”.

La candidata a doctora en derecho aprovechó el parlamento abierto para entregar su propuesta complementaria a dicha reforma, en la que propuso: limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte; limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado, y de emitir estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios; suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministros y ministras en la Suprema Corte”.

Acerca de estas limitaciones, expuso que en la Constitución no existe la supremacía judicial sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Y tras reconocer que el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, señaló que es razonable que expanda sus propias facultades a favor de la justicia y el pueblo.

“Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales, para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto”.

Batres Guadarrama, quien en varias ocasiones fue ovacionada por los legisladores, consideró importante generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. “Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción. Es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta”.

Además, acusó que “permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia, y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las o los abogados y jueces mexicanos”.