El tema de la reforma judicial fue debatido antes y durante la campaña electoral de este año. Asimismo, se mostró la gravedad del problema debido a la corrupción rampante en el Poder Judicial.

Su complicidad con corporaciones extranjeras se ha exhibido como nunca en los últimos años. Durante mucho tiempo, amparó los intereses de las empresas extranjeras frente a decisiones del Congreso. Un ejemplo es el caso de la Ley Eléctrica.

De igual manera, el Poder Judicial ha solapado a narcotraficantes. Son muchos los casos de criminales puestos en libertad, pese a ser procesados por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Recordemos a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna. En febrero de 2023, un Tribunal ordenó desbloquear sus cuentas; a ella, que administra los recursos del marido.

El proceder a la reforma judicial fue una decisión democrática. Es un tema reiterado en la campaña de la coalición “Sigamos haciendo Historia”. Al proponer el “Plan C”, la candidata ganadora la presentó como una de sus principales propuestas.

Y resulta que la doctora Claudia Sheinbaum ganó con un 59.75 por ciento; obtuvo 35 millones 900 mil votos. Y la coalición consiguió el 56 por ciento. El mandato popular es claro; da luz verde a la Reforma al Poder Judicial.

Muy diferente actuó el presidente priista Ernesto Zedillo. A partir del primero de enero de 1995 y de manera repentina, cerró la Suprema Corte de Justicia. Cesó de sus funciones a los 26 ministros.

En pocos días, firmó la iniciativa para reformar 20 artículos constitucionales aprobada por el legislativo. Nunca habló de su intención de sustituir a los ministros en su campaña electoral. Y, aunque fuese un movimiento sorpresivo, no hubo ninguna reacción ni de los medios, cámaras empresariales o gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Entonces ya estaba firmado el Tratado de Libre Comercio y los embajadores no amenazaron con que tal medida dañaría las relaciones comerciales o la inversión.

Zedillo argumentó que no deseaba una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Eso valió como una explicación que nadie rebatió.

Hoy en día, la mayoría de los ministros colocados por Peña, Calderón y alguno por el propio López Obrador se rebelan contra la reforma al Poder Judicial. Además, descalifican la medida, a pesar de que expresa la voluntad popular.

Los medios dominantes de desinformación y los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han desatado una campaña tendenciosa y falsa, con un grosero injerencismo.

La derrotada oposición, misma que impidió un cambio constitucional en el tema de la llamada “sobrerrepresentación”, realizan marchas, con el objetivo de condenar la repartición de curules plurinominales. En el pasado, ellos mismos aplicaron esta medida cuando el PRI y el PAN estuvieron en el poder. También, hay que recordar que impidieron toda iniciativa del presidente López Obrador.

El viernes 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la legislatura que inicia en septiembre. Mientras que en el Senado sólo faltaban tres fotos –por cierto, dos senadores del PRD se pasaron a la bancada del partido guinda–.

Entonces, la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en boca de Norma Piña– aseguró que esa jornada fue “un viernes negro, en el que se puso en entredicho la democracia, mientras se sigue atentando contra el Poder Judicial”.

El pasado domingo 25 de agosto, varias personas marcharon en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Entre ellas, estaba José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

Llamaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo de impedir la “sobrerrepresentación” de Morena y aliados en el Congreso; así, frenar la enmienda constitucional. Incluso, la oposición cuenta con apoyo del extranjero, de nuestros “socios metiches”.

De manera injerencista, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado “su preocupación” sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se mete en un tema exclusivo de nuestro país y a su problemática interna.

Salazar indicó que la reforma –en particular, la elección de jueces por voto popular– podría debilitar la democracia mexicana y facilitar la injerencia del crimen organizado en el sistema judicial.

Además, subrayó que podría poner en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos. Y, finalmente, llamó a un diálogo abierto entre ambos gobiernos para abordar estos temas de manera conjunta.

Sintonizados en el plan intervencionista estadunidense, Canadá también expresó sus “preocupaciones”. Su embajador en México, Graeme Clark, ha señalado que podría generar inestabilidad y afectar la confianza de los inversores en el sistema judicial mexicano.

Según dijo, los inversores buscan estabilidad y un sistema judicial eficaz. Por lo tanto, cualquier cambio es motivo de preocupación. Estas posturas se alinean con las expresadas por Estados Unidos, que también ha advertido sobre posibles impactos negativos en las relaciones comerciales.

Ambos países dicen temer que la elección popular de jueces pueda introducir riesgos de corrupción y afectar la independencia judicial, lo cual podría tener repercusiones en la estabilidad económica de la región.

En respuesta, el presidente López Obrador anunció que las relaciones con ambas embajadas están “en pausa” hasta que haya un pronunciamiento que ratifique el respeto a la soberanía de México. Aunque aclaró que no se trata de un conflicto personal, enfatizó la importancia de que los gobiernos extranjeros respeten la independencia de nuestro país.

¡¿Cómo se atreve mister Ken a meterse en la política interna de México?! Y a hablar del “peligro” de que se vote por los jueces, cuando en su país es práctica común y corriente. Es más, en 29 estados, los votantes tienen la oportunidad de seleccionar a los jueces en elecciones generales o en elecciones especiales.

Mientras que, en otros estados, los jueces pueden ser designados por el gobernador o la legislatura. Sin embargo, están sujetos a una “retención” en las urnas, donde los estadunidenses deciden si deben permanecer en los cargos.

De esta manera, en 43 estados los votantes tienen la palabra, como expresó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Así que le recomendamos a Ken que se vaya a su país; promueva que allá no se voten los jueces, y que no se meta en asuntos internos de México.

En Canadá, a nivel federal, los jueces de los tribunales superiores son nombrados por el primer ministro, con el consejo de su gabinete. Esto incluye a los ministros de la Corte Suprema.

A nivel provincial, también son nombrados, generalmente por el gobernador en consejo de la provincia. Y dicen que este “dedazo” lo aplican para que “mantengan su independencia”.

Canadá ni siquiera respeta su propia soberanía; incluso tienen como “rey” al inglés Carlos, hijo de la “reyna” Isabel, quien fuera jefa de Estado durante más de 70 años hasta el día de su muerte. Por esto, no les gusta que haya votaciones.

Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del primer mandatario de pausar el diálogo con las embajadas. “Es una decisión del presidente de la República, él es hoy el presidente constitucional, frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá”.

Durante estas semanas, los trabajadores han realizado paros y manifestaciones en contra de las propuestas de reformas o recortes presupuestales, en diferentes ciudades del país. También, temen que se socave la independencia del Poder Judicial al reducir su autonomía, su presupuesto y autonomía financiera.

Este martes 27 de agosto, durante la sesión del Pleno de la Corte, la mayoría de los magistrados votó a favor de declarar una “no sesión”. Ante estas posturas, la presidenta electa Sheinbaum indicó que “no es una crisis laboral, es una decisión que hacen los trabajadores del Poder Judicial, y los jueces, de irse a paro por un asunto que consideran político, no se están afectando sus derechos laborales”.

¿Qué defienden los ministros de la Suprema Corte? En primer lugar, sus privilegios, ya que un ministro percibe ingresos mensuales totales de 792 mil 258 pesos. Además, quieren que prevalezcan las redes familiares que tienen copado al Poder Judicial.

Por años, han contratado a familiares directos. De igual manera, han promovido y ascendido al personal influenciados por prácticas nepotistas y lazos de amistad. Esto impacta la independencia judicial y su imparcialidad; además, dificulta la fiscalización.

El injerencismo abierto de los embajadores de Estados Unidos y de Canadá se debe a que el Poder Judicial actual mantiene férreas complicidades. Resuelve las disputas comerciales, contractuales y litigios a favor de las empresas extranjeras. Asimismo, blinda a los inversionistas extranjeros frente a medidas de control del Estado y la sociedad mexicana.

México no admite injerencia extranjera y menos de Estados Unidos. Ya en 1846-1848, nos invadieron militarmente; nos robaron más de la mitad del territorio; ocuparon nuestro país en 1914, y mantuvieron sus tropas en Veracruz durante un año. Más tarde, en 1916, volvieron a intervenir para perseguir a Pancho Villa.

Estas nuevas acciones injerencistas nos tienen que poner en alerta. En 2023, senadores estadunidenses, como Lindsey Graham, Tom Cotton; entre otros, propusieron el uso de la fuerza militar en México.

Además, con su poder económico, intervienen para sacudir nuestra economía con ataques financieros contra el peso. Mueven a los mercados, con el objetivo de crear inestabilidad económica.

Pueden presionar y hacer mucho ruido, pero es claro que la voluntad popular se definió por una reforma judicial. Es una decisión democrática que debe salir adelante.

Los opositores están desnudándose ante los ojos de un pueblo entero. Exhiben sus intereses mezquinos y eso los debilita cada vez más. Los mexicanos, unidos y organizados, sabrán impulsar los cambios que necesita un país que aspira a lograr la plena garantía de sus derechos, la justicia y la soberanía popular.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

 

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