Recuperar la UNAM, posible con amplia movilización: Imanol Ordorika

Impulsar una reforma pedagógica que coloque a los estudiantes en el centro de los quehaceres de la Universidad; reivindicar con claridad a los profesores de asignatura; reducir sueldos y gastos superfluos en la alta burocracia; revisar las concesiones de servicios; combatir la corrupción; profundizar la transparencia en la gestión y ejecución del presupuesto; discutir la democratización de los puestos administrativos; corregir “desequilibrios” entre las esferas académicas, y proteger la materia laboral de los trabajadores, entre las propuestas de Imanol Ordorika. Advierte que una amplia participación de los sectores universitarios podrá llevarlo a la Rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027

Imanol Ordorika Sacristán (31 de octubre de 1958) mantiene una agitada agenda de diálogo con estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se reúne en auditorios y salas de los distintos recintos universitarios; y principalmente, recorre salón tras salón para presentarse y exponer su propuesta de cambio en la máxima casa de estudios del país. Es una de las 17 personas que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno como candidatas a ocupar la Rectoría de la UNAM entre 2023 y 2027.

Salonear no le resulta ajeno. Como alumno de la Facultad de Ciencias, fue activista y uno de los liderazgos más visibles del movimiento estudiantil de 1986, que detuvo el intento de cobro de cuotas en la Universidad. Hoy, a semanas de cumplir 65 años de edad, con posgrados en el extranjero y el reconocimiento de sus pares académicos, luce abultado, frente amplia, pelo blanco: recortados los rizos de la cabeza y barba de candado. Mantiene el vigor del debatiente, no rehúye ningún tema; pero es reflexivo, escoge las palabras y procura ser justo, incluso, con adversarios. Critica, pero no quiere escucharse estridente.

Acepta que no es parte de los grupos que han controlado la UNAM por décadas y que la Junta de Gobierno –las 15 personas “notables” que elegirán a quien encabezará la Rectoría­– es un órgano “muy conservador, muy renuente al cambio”. Aun con las desventajas que estas condiciones suponen, hay una oportunidad: la participación masiva de la comunidad universitaria que, finalmente, no pueda ser ignorada.

Egresado de la Facultad de Ciencias como licenciado en Física, obtuvo dos maestrías en la Stanford University (California, Estados Unidos): Sociología y Desarrollo Internacional, y Educación. Además, se doctoró en la misma institución estadunidense en Educación con especialidad en Ciencias Sociales y Políticas Educativas. Su tesis de grado implicó investigar las entrañas de la UNAM: Higher Education Reform: Hegemony and Bureaucracy. The Case of Mexico’s National Autonomous University (Reforma en la Educación Superior: Hegemonía y Burocracia. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México).

Ordorika resume su propuesta para la UNAM en siete ejes: poner en el centro a los estudiantes; equilibrar las funciones sustantivas, niveles educativos y campus universitarios; trabajar por la igualdad de género y combatir a la violencia contra las mujeres y otras identidades; erradicar las desigualdades internas; trabajar por la autonomía, la presencia nacional y el compromiso social de la Universidad; promover la representación efectiva, participación amplia y transparencia en el gobierno universitario, y garantizar el derecho a la seguridad.

Investigador de tiempo completo, Titular C, en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales, de Estudios Latinoamericanos y de Pedagogía, conoce la UNAM. Señala que hoy las prioridades de la Universidad “no parecen estar bien fijadas en algunos terrenos del gasto universitario”.

Se refiere a uno de los temas que más indignación genera entre estudiantes y profesores: las disparidades en los sueldos. Explica que los funcionarios son 6 mil personas y significan una masa salarial de 2 mil 700 millones de pesos. Mientras, el personal académico de asignatura, que suman 20 mil, representan una masa salarial de 1 mil 660 millones de pesos. Es decir, una diferencia de 1 mil millones de pesos. Como director general de Evaluación Institucional, se cuenta entre los funcionarios de la UNAM con percepciones mensuales que deben reducirse.

Autor de 10 libros y coordinador de otros cinco, sus líneas de investigación están relacionadas invariablemente con la educación superior, la UNAM y los movimientos sociales. Sus estudios sobre la gobernanza de las instituciones educativas le permiten advertir inconsistencias que les lesionan. Observa que además de altos sueldos para una elite administrativa, también “hay gastos que es necesario racionalizar: no se pueden sostener los de teléfonos celulares, automóviles, choferes, gastos de gasolina, comidas y cosas de este tipo”.

Además, considera, el presupuesto universitario debe ser más transparente, tanto en su gestión como en su ejecución. “La comunidad debe estar informada de los procesos de negociación y de gasto”.

Reconoce que en la UNAM “puede haber” casos de corrupción. Sin embargo no lo ve como “un problema súper generalizado”. Explica que la profundización de la transparencia debe incluir la publicación de todas las auditorías que se le realicen a la Universidad, incluyendo las internas y las de entrega-recepción de cada instituto, escuela, facultad o colegio.

Asimismo, se refiere al tema de los “autogenerados”, es decir, aquellos recursos que la UNAM obtiene de maestrías, diplomados, seminarios y cursos que vende a empresas privadas y entes públicos. “Lo que es muy importante es que la Universidad nunca comprometa la calidad y la supervisión académica de este tipo de proyectos. No debe de estar de ninguna manera reduciendo los niveles de exigencia ni facilitando procesos de inscripción”.

Está de acuerdo en que se debe “llevar un recuento riguroso” tanto de la parte financiera de esos convenios como de la académica. “Tiene que cumplirse un control de calidad, tiene que haber número de horas determinadas, se tiene que cumplir con que las personas que impartan los cursos tengan los grados adecuados”

Sobre la forma de gobierno y la manera en que se eligen a las autoridades en la UNAM, Ordorika Sacristán considera no tienen justificación el día de hoy. Propone abrir una amplia discusión sobre cómo trasladar el gobierno universitario a los órganos colegiados.

A pesar de todo, considera que su candidatura tiene viabilidad porque, “incluso en el marco de la Ley Orgánica actual, se pueden proponer procedimientos que involucren a la comunidad con expresiones directas que la Junta de Gobierno tenga que tomar en cuenta. Puede ser a través de votaciones. Todo esto lo podemos discutir. Yo creo que es imprescindible que lo discutamos”.

No hay “piso disparejo”, pues las actuales autoridades presionan a integrantes de la comunidad académica para que se pronuncien por sus candidatos. Incluso les piden firmas de adhesión y para muchos les resulta imposible negarse.

Rechaza que la autonomía universitaria esté en peligro en este momento, bandera de los candidatos de los grupos de poder que controlan la UNAM desde hace décadas y que están aliados a quienes fueron echados del Poder Ejecutivo federal en 2018.

“No hay un peligro para la autonomía en este momento. Se está utilizando este tema de las supuestas injerencias externas y las amenazas a la autonomía como una forma de ocultar la importancia de generar cambios profundos en la institución.”

Sale al paso de quienes le endilgan ser el candidato del actual gobierno federal. “Me señalan por algo que no es real. Yo no soy de la 4T ni pertenezco a Morena [Movimiento Regeneración Nacional]. Si lo fuera, lo diría con toda tranquilidad. He militado en organizaciones antes. En este momento, no. Como buena parte de la ciudadanía, fue importante votar por el cambio en el 2018”.

En ese sentido, señala que quienes deben hacer los cambios en la UNAM son los universitarios. “Sí, muy contundente: no puede adoptarse una posición de subordinación al gobierno; no puede aceptarse una injerencia del Legislativo, cambiando la normatividad universitaria al gusto de un grupo de diputados. No. Los cambios tienen que venir desde adentro. Y entonces tenemos que mostrar la capacidad y la vocación de cambiar a la Universidad”.

Sobre los profesores de asignatura, reconoce la injusticia en que trabajan: bajos salarios, precariedad laboral, inseguridad. Propone un aumento general al salario de entre el 15 y el 20 por ciento. Y, luego, por características específicas, un sistema compensaciones. Además, transparentar los procesos en que se les adjudican materias.

“El problema del personal académico de asignatura es uno de los temas centrales que la Universidad tiene que analizar a fondo, tener muy bien los datos, muy claros. E incluso plantearse la necesaria negociación de los recursos financieros con el gobierno federal para poder hacer un una mejoría de las condiciones de vida del personal de asignatura.”

—¿Considera necesario un cambio en los planes de estudio de la Universidad para devolver un estudio crítico de la realidad, sobre todo, desde las ciencias sociales y las humanidades? –se le pregunta.

—No hay una una situación homogénea en esa dirección. Tiene que haber actualizaciones periódicas [pero] tenemos que superar una idea de que se tienen que cambiar todos los planes de estudio completos con una relativa periodicidad. Me parece que es importante flexibilizar más, hacer cambios, ajustes, a los planes de estudio que no necesariamente tengan que llegar hasta el Consejo Universitario. Más importante que el cambio de los planes de estudio, la Universidad requiere de una reforma pedagógica a fondo. Tenemos hoy una juventud distinta, que tiene formas de aproximarse a la realidad a través de redes sociales, del uso de tecnologías, que no encuentran en las aulas un estímulo muy fuerte en las formas tradicionales de la docencia. El personal académico hace esfuerzos importantes para tratar de estimular, incentivar el interés y cautivar estudiantes en las distintas disciplinas que enseñamos. Pero hay algo que está erosionado. No hemos logrado identificar la profundidad en la que han afectado las relaciones de enseñanza-aprendizaje y que tenemos que rediscutir para diferentes niveles: bachillerato, licenciatura, posgrado y distintos campos del conocimiento. ¿Cuáles son las formas de reanimar, reactivar, la docencia? Es un proyecto muy importante, entendiendo que la docencia es un trabajo intelectual. No es una maquila de algo que se puede hacer con facilidad. No es una actividad secundaria en la Universidad. Es una función fundamental de la vida universitaria y se requiere hacer cambios didácticos, pedagógicos. Es muy importante capacitar mejor a todo el sector de profesores tanto de carrera y el sector de investigación como a profesores y profesoras de asignatura, para tener un mucho mejor desempeño. Y también en esta lógica, mejorar muchísimo las condiciones del personal académico de asignatura, que tienen condiciones de trabajo precario, con malas remuneraciones, con incertidumbre en la contratación, con muchas horas frente a grupo, en algunos casos muy desgastante y que no es lo mejor para una buena práctica docente y para un proceso de aprendizaje. Hay mucho trabajo que hacer en esas direcciones.

­—La mayor parte del trabajo docente descansa en profesores de asignatura a quienes  no solamente les pagan mal, sino que padecen incertidumbre, inseguridad, en su propio trabajo. Qué les puede decir usted, desde su proyecto, a estos a estos profesores.

—Primero, que hemos trabajado en un diagnóstico de los diferentes componentes del profesorado de asignatura. No todo mundo está en la misma condición. Hay un segmento de profesores de asignatura bastante amplio. Estamos hablando de un universo de profesores de asignatura como de 20 mil personas en bachillerato y licenciatura. Un buen número de esas personas, alrededor de 13 mil de ellas, son profesionistas que ejercen su trabajo profesional fuera de la universidad y que vienen a impartir cátedra en las áreas de ingeniería, arquitectura, medicina, odontología derecho, contaduría. Son áreas de desarrollo profesional. No viven de su trabajo universitario y vienen por tres razones, muchas veces combinadas: por resarcir a la Universidad algo que la Universidad les ha dado; porque es prestigioso dar clases en la Universidad, y tercero, porque la Universidad es un espacio adecuado para el reclutamiento al mundo laboral –despachos, oficinas o consultorios– de jóvenes estudiantes, mujeres y hombres, que pueden irse incorporando a distintas actividades laborales. Ese es un segmento del profesorado de asignatura que hay que tener muy bien identificado; hacer estudios más a profundidad que los que hoy hemos tenido la posibilidad de hacer, porque las soluciones que requiere ese profesorado son distintas a las que tiene, por ejemplo, otro grupo de profesores de asignatura que dan habitualmente más de 8 horas, de 10, quizás, a 40 horas. Y que se pueden separar casi en dos bloques de edad: un bloque de personas jóvenes con posgrados, doctorados y hasta posdoctorados, que tienen publicaciones, que a lo mejor tienen nombramientos en el SNI (Sistema Nacional de Investigadores), que realizan trabajo de investigación a pesar de sólo tener contratadas horas de asignatura, y que tienen una expectativa de una plaza de tiempo completo en la Universidad. Es gente que dedica mucho tiempo a la Universidad y que trata de vivir, de mantenerse, a partir de su relación laboral con la UNAM. Hay otro segmento en condiciones similares, pero que es de mayor edad, que tiene más antigüedad; una parte de las cuales, por las cargas laborales o por las razones que sea, no tiene posgrados, lo cual hace mucho más difícil su incorporación en calidad de profesores o profesoras de tiempo completo. Para cada uno de estos sectores hay que tener propuestas. Hay algunas propuestas que son generales; por ejemplo la idea necesaria de subir el pago de la hora-semana-mes. Yo creo que podría hacerse entre un 15 y un 20 por ciento. Para los grupos que imparten más horas de asignatura en la UNAM y que efectivamente sostienen su vida, aunque sea de una manera parcial con su relación laboral con la Universidad Nacional, quizás trabajan en otras universidades también, hacer una compensación de horas por el número de horas-clase directamente. O sea, para personal académico que tiene más de 8 horas de asignatura frente a grupo, que se pueda dar por cada 4 horas una hora liberada para preparación de cursos, para evaluación de estudiantes, para otro tipo de actividades que se requieren alrededor de la docencia de manera directa. No estoy dando esas cifras como algo ya totalmente establecido, sino como un ejemplo de un mecanismo compensatorio que favorecerá la calidad de la docencia, además de las condiciones de vida del personal de asignatura. Y, en tercer lugar, para atacar los temas de incertidumbre laboral, hay que eliminar la discrecionalidad y la opacidad en la asignación de cursos a través de mecanismos completamente transparentes, con criterios perfectamente establecidos, que se diga qué es lo que se va a tomar en cuenta: grado académico, antigüedad en la institución, otras horas contratadas, en fin, que se establezcan estos criterios y mecanismos públicos en donde cada persona sepa cuáles son las probabilidades de que vaya a tener grupos asignados. Y que esto no dependa de una decisión del director de la entidad correspondiente, que pueda tener una intención de castigar o de premiar a alguna persona por su afinidad política o por ser parte del mismo grupo, en fin, por cualquier causa. La otra necesidad que existe es la de hacer mucho más ejecutivos y funcionales los procesos de recontratación para evitar esta condición, en la que a veces se pone al personal de asignatura, que no recibe sus pagos a lo largo del semestre, sino que recibe un solo pago al final. Es una condición que vulnera la situación de vida cotidiana de las personas, que genera efectos fiscales y una serie de problemas que tienen que ser atacados. En fin, el problema del personal académico de asignatura es uno de los temas centrales que la Universidad tiene que analizar a fondo, tener muy bien los datos, muy claros. E incluso plantearse la necesaria negociación de los recursos financieros con el gobierno federal para poder hacer un una mejoría de las condiciones de vida del personal de asignatura. Las prioridades de la UNAM no parecen estar bien fijadas en algunos terrenos del gasto universitario. Los funcionarios son 6 mil personas y significan una masa salarial de 2 mil 700 millones de pesos. Y el personal académico de asignatura, que son 20 mil, una masa salarial de 1 mil 660 millones de pesos. Una diferencia de 1 mil millones de pesos más de gasto para la administración solamente en salarios y compensaciones salariales. Entonces, es necesario una revisión, un ajuste de los salarios de funcionarios, sobre todo de alto nivel, que son los que tenemos salarios altos. En ese esos 6 mil funcionarios hay personas que ganan desde 11 mil pesos hasta el salario del rector que, según la hoja de transparencia, es de alrededor de 180 mil pesos mensuales. Sí es comprensible que una persona que tiene más responsabilidades adicionales a su tiempo completo de profesor, que tiene que destinar una carga muy fuerte de trabajo administrativo y de gobierno pueda tener una compensación; pero lo que hay que hacer es un ajuste a esas compensaciones para hacer un equilibrio del gasto y que esté mayoritariamente orientado a la función de docencia. Y en particular, al personal administrativo. Estos ajustes podrían liberar recursos, pero no son suficientes para dar un un salario digno al personal académico de asignatura. Y por eso es importante que una vez que la Universidad entre en un proceso de cambio plantee ante el gobierno federal la necesidad de obtener los recursos económicos fundamentales y necesarios para poder llevar adelante esos cambios.

—¿Pero no sería muestra de una reorientación del presupuesto universitario? Reducir los sueldos de los altos funcionarios no resuelve por sí solo el problema, ¿pero no significaría un asunto de justicia?

—Es significativo en términos económicos, porque son recursos que se pueden destinar, por ejemplo, al mejoramiento de la infraestructura en los Colegios de Ciencias y Humanidades, en otras entidades académicas que están en condiciones bastante maltrechas. Y muestra una actitud de la Universidad, una idea de poner los recursos en las áreas que le son fundamentales y restablecer esos equilibrios. Y es una postura ética en el sentido de eliminar desigualdades existentes dentro de la institución.

—Este sueldo de entre 110 mil y 180 mil pesos mensuales no es todo lo que ganan las altas autoridades, porque esas cantidades corresponden solamente a sus actividades como funcionarios. Uno de los candidatos a la Rectoría, declaró recientemente a un medio de comunicación que recibe una cantidad similar a la de funcionario por compensaciones que derivan de sus actividades académicas. Es decir, percepciones mensuales que rebasarían los 300 mil pesos…

—No me queda del todo claro que pueda haber alguna diferencia muy significativa. No sé a qué se refería la persona. Sí vi la entrevista. Me parece una respuesta de muy poca sensibilidad a un conjunto de problemas universitarios muy graves. Yo lo que sí diría es que los funcionarios universitarios de alto nivel, que somos cerca de 250 con salarios superiores a los 100 mil pesos, sí tenemos nuestro salario académico incorporado. No es que además tengamos un salario académico, no. Hay otras personas que son funcionarios y no tienen plaza académica y su salario de funcionario es por ende mucho más alto. Pero sí hay gastos que también es necesario racionalizar: no se pueden sostener los de teléfonos celulares, de automóviles, choferes, gastos de gasolina, comidas y cosas de este tipo. Si entendemos que hay reuniones de rectores de distintos países que vengan a la Universidad y se hace una comida, no se puede pretender que la gente lo tenga que pagar de su propia bolsa. Pero de ahí, a una dinámica en la que funcionarios de muy distintos niveles tienen asignados gastos para comidas y para todas estas otras actividades, como conexiones digitales y todo eso, es un gasto innecesario que se puede reducir y racionalizar; y dedicar esos dineros a otras actividades.

—Hemos documentado varios casos de corrupción en la propia Universidad. La más reciente, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Tuvimos acceso a una auditoría interna que la UNAM no hizo pública. ¿Cómo combatir la corrupción al interior de la institución?

—Es muy importante dar mucha más transparencia al presupuesto universitario desde la construcción del presupuesto que se va a negociar con las autoridades, a la negociación misma con el gobierno federal. La comunidad debe estar informada de los procesos de negociación y los de gasto. No dudo que en la UNAM pueda haber instancias y situaciones de corrupción. No me parece que sea un problema súper generalizado. En efecto, hay las auditorías internas. Hay otra hay una auditoría externa que contrata la Universidad, una vez al año, con un despacho externo. Esta auditoría es pública. Y luego está la Auditoría Superior de la Federación, que audita la universidad no sólo sobre el gasto universitario, y que todos esos resultados son públicos. Generalmente hay observaciones, como las hay en casi en cualquier auditoría. La mayoría de ellas que logramos ver no son significativas. Por eso me atrevo a decir que la UNAM tiene problemas de gastos que no son ilegales pero que son inadecuados, que me parece que no deben de ocurrir. Puede tener problemas en algunas áreas de corrupción y hay que atacarlos con mucha fuerza. Y hay que hacer más evidente el ejercicio del gasto para que sea más fácil controlar y para que haya más supervisión de parte de la comunidad entera sobre el tema de gastos. Y sí reivindicar que se hace un trabajo fuerte para la Auditoría Superior, porque revisan qué tanto se cumplen los planes; auditan no sólo a la UNAM en general, sino a entidades que se seleccionan cada año en particular. Y ese es un proceso sano y muy importante. Entonces hay que hacerlo todavía más fuerte y dar mucha más transparencia, sobre todo hacia el interior de la comunidad universitaria porque no sabemos cómo se elabora el presupuesto y no tenemos acceso a la información sobre cómo se gasta. Y sería muy importante poderlo conocer.

—¿Debería la UNAM publicar todas las auditorías internas que realiza?

—Sí, no sé cuál es la política. Ese es un tema que tengo que ver más a profundidad. Se supone que cada vez que termina la administración de una escuela se hace auditoría antes de que entre la nueva administración. Me parece que no son públicas porque nunca las he visto. La auditoría externa del despacho contable que aprueba el Consejo Universitario se publica una vez al año sus resultados. Pero sobre todo, más que la publicación de las auditorías, es la transparencia del gasto. Y hay que utilizar las herramientas que hoy se han puesto en práctica ya desde hace tiempo en el gobierno federal para revisar compras, en fin, el gasto universitario que va más allá de los salarios. Hay que decir que la mayor parte de los recursos de la UNAM van a salarios. Son gasto fijo en salarios, en el pago de ciertos servicios y cosas. Entonces tampoco hay un margen. Estamos hablando de un presupuesto anual este año de 52 mil millones. Es una cantidad muy grande para una universidad de 450 mil personas: es una universidad también muy grande. Y arriba del 85 por ciento está amarrado a gastos fijos: salarios y servicios.

—La UNAM también recibe recursos llamados “autogenerados”: aquellos espacios que concesiona a privados para que presten un servicio dentro de la Universidad y aquellos que la institución obtiene de la prestación de servicios, entre ellos, maestrías y otros posgrados ad hoc para determinadas empresas. Se ha derivado en que se utilicen de manera discrecional recursos con fines privados. ¿Usted mantendría estos esquemas?

—Tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte de la Universidad que se llama Educación Continua. Es una tarea fundamental de la institución. Se abre una especialización para gente de la Suprema Corte de Justicia o sectores del Poder Judicial en la Facultad de Derecho, esto que menciona usted en la Facultad de Contaduría [y Administración: una maestría en alta dirección exclusiva para empresas y el uso del “aula Harvard”]. Pienso que si se van a hacer tareas de capacitación a instituciones gubernamentales o privadas que tienen recursos, yo creo que es correcto que la Universidad cobre. Lo que es muy importante es que la Universidad nunca comprometa la calidad académica y la supervisión académica de este tipo de proyectos. No debe de estar de ninguna manera reduciendo los niveles de exigencia ni facilitando procesos de inscripción a gente que no podría entrar a otro tipo de programas, que al ser maestría es considerada de posgrado pero está ubicada en este terreno de proyectos que se diseñan de manera especial para atender algunas solicitudes de servicio a la a la UNAM. Sí hay que llevar un recuento riguroso tanto de la parte financiera de esos de esos convenios que se hacen, como de la parte académica tiene que haber una supervisión, tiene que cumplirse un control de calidad, tiene que haber número de horas determinadas, se tiene que cumplir con que las personas que impartan los cursos tengan los grados adecuados, con que los programas de cada uno de los cursos sean programas verdaderamente académicos, en fin, tener la reglamentación necesaria para que esto no se salga de las manos y no se convierta en un tema de acuerdos ahí que están por encima de lo académico y de la naturaleza misma de la Universidad Nacional.

—¿Y se mantendrían las concesiones que hay?

—Las concesiones que hay son revisables. Las principales son de alimentos: barras y cafeterías que obtienen permisos ante el Patronato Universitario. Hay que hacer una revisión. Me parece que no es posible que la UNAM no sea capaz de dar a sus estudiantes comida a precios accesibles, una comida sana, higiénica a un precio mucho más bajo. Hay que tener la posibilidad de controlar eso, de controlar la higiene, de toda una serie de puestos de venta que hay en distintos puntos de la Universidad. En esto también hay que hacer acuerdos con el sindicato, que hay personal del Sindicato asociado, en muchos casos, a estas barras de alimentación. Sí, progresivamente, porque tampoco se puede llegar y cerramos todas y se queda la gente sin comer. Hay que hacer progresivamente un fortalecimiento de la normatividad para el manejo de estas concesiones y de los requerimientos. Sí tenemos un objetivo muy concreto en el área de la alimentación. ¿Por qué es posible que otras instituciones, por ejemplo la UAM [Universidad Autónoma Metropolitana], tengan servicios de comida corrida de 15 o 20 pesos. Eso está muy lejos de aparecer en Ciudad Universitaria. Es una comida que seguramente no es la gran maravilla, pero es una comida sana, una buena alimentación higiénica y está supervisada por la Universidad. Sí que hay que atender ese tema con fuerza.

—También hay ahora concesiones para servicios deportivos y culturales, incluso los gimnasios que están alrededor del Estadio Olímpico…

—En eso hay que ser extremadamente cuidadosos porque toda esa infraestructura universitaria deportiva y cultural tiene que estar, en primer lugar, el servicio de los universitarios. No se puede subordinar ninguna actividad universitaria, el cierre de algún gimnasio, de algún espacio deportivo o de alguna instalación cultural, para favorecer una contratación externa o lo que sea. Yo no he sido nunca partidario de que las instalaciones universitarias se puedan prestar a otro tipo de actividades en donde la Universidad recibe recursos económicos a cambio de la utilización de los espacios, pero estoy abierto a discutirlo. Y analizar el proceso siempre y cuando las actividades universitarias tengan absoluta prioridad: las de difusión cultural, las de acondicionamiento físico general; porque no es solamente la actividad del deporte de competencia y de los equipos competitivos de la UNAM, sino la posibilidad del uso recreativo de las zonas deportivas y de las zonas culturales, y también del uso para el mejoramiento de la condición física de la comunidad universitaria.

—Qué relación propone con los trabajadores del Sindicato. Ha ido creciendo el personal de confianza en la propia contratación de la Universidad, no obstante que hay trabajadores que están preparados para ocupar esos puestos. Trabajadores señalan que se le está invadiendo su materia de trabajo, cuando hay identificados 1 mil 304 trabajadores titulados en labores de peones o choferes.

—Este es un problema de mucho tiempo atrás. Estoy hablando casi del surgimiento de los sindicatos, que ha subsistido, y que habría que intentar reducir al máximo siempre que se logre establecer con los sindicatos sobre todo con el STUNAM [Sindicato de Trabajadores de la UNAM], al que pertenezco, por cierto, los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las tareas que se requieren en la Universidad. Por ejemplo, de repente hay una facultad, como Ciencias Políticas, que necesita alrededor de 250 trabajadoras y trabajadores por la tarde y 250 por la mañana; pero se ha permitido que se realicen una serie de cambios. Y de repente la gran masa de trabajadores está en la mañana y hay una falta de personal para cubrir las tareas en la tarde. Y hacer que personas de la mañana que se cambiaron originalmente fueron contratados o contratadas para estar en la tarde pasen a las tareas de la tarde implica horas extras y sobresueldos. Y yo creo que se puede, en una lógica de buena disposición, mantener una serie de espacios de diálogo con el sindicato para garantizar el cumplimiento de los requerimientos administrativos y de mantenimiento de la universidad. Y que entonces no haya ninguna justificación o ningún argumento para sostener una planta de personal de confianza que invada la materia laboral que está dentro del contrato colectivo con el STUNAM. Mi idea es que habría que ir más allá del contrato colectivo, siempre respetando sus términos, pero ir más allá para asumir lo que es el proyecto común que se tiene con las trabajadoras y los trabajadores de la universidad: verdaderamente atender la materia de trabajo y de mejorar las condiciones. Y, al mismo tiempo, mejorar la atención y el trabajo que se desarrolla. Me parece que eso es posible, si se supera una situación histórica de contraposición entre la administración universitaria y y el sindicato, sobre todo una que existe mucho a nivel local. Y entonces tratar de encontrar esos espacios que no son la negociación del contrato, sino que tienen que ver con la racionalización de los recursos, los recursos humanos para poder cumplir con las necesidades y el trabajo universitario de la mejor manera posible.

—La forma de gobierno de la Universidad no corresponde con el siglo XXI y, además, es profundamente antidemocrática: 15 personas, la Junta de Gobierno, designan a las autoridades de una comunidad de más de 450 mil integrantes. En décadas pasadas movimientos estudiantiles demandaron la celebración de un Congreso Universitario para corregir esta situación. A pesar del compromiso adquirido por las autoridades, nunca se llevaron a cabo. Cómo transformar la manera en que la propia Universidad se gobierna.

—Se puede hacer a través de un Congreso Universitario o de otra manera. Lo que es necesario es abrir un proceso de discusión para, haciéndonos cargo de que no es un problema de antigüedad, no es porque la Ley Orgánica vaya a cumplir casi 80 años es que hubiera que cambiarla o cambiar las estructuras de gobierno que establece, sino porque estas formas de gobierno no corresponden con la Universidad que existe hoy en día. Se diseñaron para una universidad de 40 mil personas, cuyas escuelas estaban básicamente en el barrio universitario, en el centro de la Ciudad de México. Vino luego el cambio a Ciudad Universitaria, la expansión notable, el crecimiento en los planteles: nueve de la Preparatoria y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades, las Facultades de Estudios Superiores… Ahora hay entidades de investigación y de docencia en distintos estados de la República. La Universidad ha crecido en tamaño y las formas de gobierno siguen siendo iguales. El problema es que, al seguir siendo iguales, son inoperantes. Los órganos colegiados no son suficientemente representativos, no tienen las atribuciones necesarias para verdaderamente ser organismos de gobierno transparentes, en donde la comunidad se sienta representada, en donde se pueden discutir y resolver los problemas de comunidades. Lo que ocurre es que en cuanto hay algún problema, no hay el espacio para discutirlo, para canalizar el malestar, para entender la problemática y resolverla. Y acaba siempre en conflictos, estallidos, tomas, paros, justificados porque no se atienden las demandas, sobre todo, de estudiantes. Eso muestra la necesidad de cambiar. No sólo como un problema de principio. Muchas veces lo hemos argumentado como que tiene que ser democrático. Y ahora contestan que este mecanismo de la Junta de Gobierno es democrático. Dicen que la Junta de Gobierno es electa por el Consejo Universitario, que es a su vez electo por las comunidades universitarias. El Consejo Universitario está subordinado al rector. Siempre se elige a la Junta de Gobierno a las personas que promueve cada uno de los rectores en turno. La comunidad participa muy poco en quién se va a nombrar a la Junta de Gobierno. Y no se justifica la existencia de un procedimiento como el que subsiste hoy en día. Para este cambio estas son las reglas del juego. No hubo oportunidad de cambiarlo con antelación, con tiempo suficiente. Pero quien venga, en el gobierno de la Universidad, en particular si nos toca esa responsabilidad, ciertamente abriremos una discusión profunda, con propuestas concretas para trasladar el gobierno universitario a los órganos colegiados, darle a éstos plena representatividad, ampliar sus atribuciones. Y en lugar de que los directores y las directoras estén por encima de los mismos, que sean los órganos colegiados las máximas instancias de decisión y que estos espacios sirvan y se construyan, estos y todos los necesarios, para poder procesar las diferencias al interior de la universidad. En términos de la designación de Rector, yo creo que incluso en el marco de la Ley Orgánica actual, se pueden proponer procedimientos que involucren a la comunidad con expresiones directas que la Junta de Gobierno tenga que tomar en cuenta. Puede ser a través de votaciones. Todo esto lo podemos discutir. Yo creo que es imprescindible que lo discutamos. No podemos esperar a que dentro de 4 años estemos otra vez en la misma situación.

—Esto ha propiciado que haya corrientes al interior de la propia Universidad que son las que tienen el control de los órganos de gobierno. Qué posibilidades considera que tiene usted para acceder a la rectoría cuando en la Junta de Gobierno quienes tienen representatividad son los candidatos de estas corrientes.

—Ciertamente no son las mejores condiciones para hacer una propuesta de cambio profundo para la Universidad. Además, una persona con mi trayectoria, desde el movimiento estudiantil hasta acá, en donde he pertenecido a los movimientos y a las organizaciones que permanentemente, a lo largo de muchos años, han propuesto la necesidad de que se modifiquen estas formas. La Universidad ha estado gobernada por personajes conservadores, sobre todo en lo que toca al tema universitario. Ha habido la excepción de Barros Sierra, que en un momento dado asumió su papel como un rector de los universitarios frente al gobierno. Hay sectores de derecha. No es nuevo. No es que se haya derechizado. La Universidad siempre ha estado gobernada por este estamento político, que tiene sus heterogeneidades y grupos diferentes que se disputan los espacios en las alturas. Y, bueno, la posibilidad de que una propuesta como la que yo estoy encabezando en este momento pudiera llegar a la Rectoría depende de nuestra capacidad de generar una movilización amplia, en la capacidad de hacer que los estudiantes y las estudiantes participen en el proceso, que se expresen, que se manifiesten. Y también de poder hacer una argumentación convincente en favor del cambio; de que es necesario tener sensibilidad a que un sector muy amplio de la Universidad, mayoritario, está en la lógica de que tiene que transformarse la institución desde abajo, con participación. Y no transformarse desde cero. No se trata de destruir, de echar abajo, sino hacer con base en todas las capacidades desarrolladas de la potencia que tiene la Universidad en sus comunidades, en sus instalaciones, construir a partir de ahí de manera colectiva una redirección de la Universidad, un rumbo diferente y formas diferentes de actuación hacia su interior.

—Los grupos que controlan la UNAM iniciaron una campaña de comunicación cuyo mensaje central es que la autonomía de la Universidad está en riesgo. Y que lo principal en este proceso es mantener al gobierno federal fuera. Y le señalan a usted como un candidato de la 4T. ¿Qué les responde?

—La autonomía no está en peligro en este momento. La autonomía es una forma de relación entre la universidad y otras instituciones del Estado, en particular el gobierno federal y los de las entidades. Es una correlación de fuerzas que se construye todos los días y que depende, por un lado, del apoyo social que tenga la Universidad desde afuera, en donde la Universidad cuenta con un enorme consenso con confianza de sectores muy amplios de la ciudadanía. Y también depende de la capacidad de la Universidad de generar acuerdos y consensos a su interior. Por eso el tema de la democracia interna y de la participación es tan importante para mantener una relación de autonomía fuerte de cara no sólo a los gobiernos, sino a otros actores económicos poderosos en la sociedad mexicana. No hay un peligro para la autonomía en este momento. Se está utilizando este tema de las supuestas injerencias externas y las amenazas a la autonomía como una forma de ocultar la importancia de generar cambios profundos en la institución. A mí me señalan por algo que no es real. Yo no soy de la 4T ni pertenezco a Morena. Si lo fuera, lo diría con toda tranquilidad. He militado en organizaciones antes. En este momento, no. Como buena parte de la ciudadanía, fue importante votar por el cambio en el 2018. Y nos toca a nosotros generar los cambios de la Universidad desde la Universidad misma. En ese sentido, sí, muy contundente: no puede adoptarse una posición de subordinación al gobierno; no puede aceptarse una injerencia del Legislativo, cambiando la normatividad universitaria al gusto de un grupo de diputados. No. Los cambios tienen que venir desde adentro. Y entonces tenemos que mostrar la capacidad y la vocación de cambiar a la Universidad en lo que se requiera para adecuarla al momento que vive el país, al momento que vive la propia Universidad, no sólo en términos de los cambios sociales y políticos de México sino a la dinámica de cambio del conocimiento en el mundo: los procesos de deterioro ambiental, los fenómenos sociales que se viven de violencia e impunidad. En fin, una cantidad de referentes que obligan a que la Universidad esté al día y en la mejor condición para desarrollar su trabajo en en sintonía con la sociedad mexicana que tenemos hoy en día.

—¿Qué tipo de Universidad plantea su proyecto: formadora de elites científicas o popular?

—La universidad ha dejado de formar élites desde hace muchos años. Ésta es una universidad de masas, que todavía puede crecer, pero no puede crecer indefinidamente. Es necesario que la propia UNAM apoye iniciativas gubernamentales en la dirección de crear más universidades de investigación, docencia, extensión universitaria en distintos lugares del país para atender una demanda que ninguna institución por sí sola puede atender. Sí debemos tener un proyecto, un plan de crecimiento de mediano y largo plazo, estableciendo a qué límite queremos llegar y en qué condiciones. Y en dónde se puede seguir desarrollando. La Universidad tiene que proponerse formar a la mayor cantidad de jóvenes posible en las mejores condiciones posibles. Esa debe ser la idea que dirija el comportamiento de la Universidad. Vivimos en un país en donde desafortunadamente la escolaridad en Educación Superior es baja. Ese no es un problema de la UNAM nada más. Es un problema de la educación superior pública de México. Se atiende a un porcentaje de alrededor del 40 por ciento del grupo de edad que puede entrar a la educación superior, incluso esta cifra puede estar sobreestimada. Y no ha habido los esfuerzos necesarios para expandir seriamente las opciones educativas superiores en el país y no hay los presupuestos necesarios.

—¿Hay posibilidades de que esta elección de rector sea distinta a las anteriores?

—Lo que está en juego en este cambio de Rectoría es la posibilidad de cambiar a la UNAM. No es una sucesión de Rectoría que tenga en el centro el tema de defender a la institución. Eso lo podemos hacer todo el tiempo, lo tenemos que hacer todo el tiempo. La mejor defensa de la institución en este momento es asumir una posición crítica hacia afuera, de lo que ocurre fuera en el país, y hacia adentro también: ver cuáles son nuestros problemas, atenderlos y tratar de resolverlos para poder seguir desarrollando las tareas universitarias en las mejores condiciones y tener la mayor la mejor capacidad para atender los requerimientos de la sociedad mexicana en la actualidad. Es un proceso que requiere un cambio profundo construido desde abajo con acuerdos, consensos, discusiones informadas de la comunidad universitaria. En esa medida estaremos haciendo la mejor defensa de la Universidad y de su autonomía que se puede hacer en cualquier momento.

—Usted está recorriendo CCH, facultades, institutos, está dialogando con la comunidad universitaria, a diferencia de las gestiones que entre los grupos de poder hacen otros aspirantes. ¿Qué ánimo ha encontrado? ¿Hay posibilidades que la comunidad empuje un cambio?

—Nos hemos encontrado de manera sorprendente es un ambiente de temor, de pasividad impuesta, una condición de amedrentamiento de comunidades estudiantiles y del personal académico que poco a poco empieza a atreverse a dar a conocer sus puntos de vista. Hay actitudes muy autoritarias y muy impositivas en distintas entidades académicas. Y, bueno, hay que aprovechar este proceso para combatir eso y hacer que la comunidad esté dispuesta a recuperar la universidad, que es suya. No es de las autoridades. Y ponerse a participar y a exigir, pues la universidad que quiere.

—¿Con estas reglas puede acceder a la Rectoría una persona que no es parte de los grupos de la Junta de Gobierno?

—Hay juego… llamémosle disparejo, por lo menos. Las autoridades hacen uso de su poder para apoyar una candidatura o la otra desde las direcciones de escuelas, facultades o institutos, o desde cargos de funcionarios que realmente tienen incidencia en distintas facultades. Es muy difícil para distintas personas decir que no se firma [el apoyo a una candidatura] cuando es el director o un alto funcionario de tu entidad académica quien está pidiéndoles las firmas. Esto no es equitativo. El reto está en poder generar en la comunidad un nivel de participación grande. En eso estamos. El otro tema es tener claro que la Junta de Gobierno es un cuerpo, más allá de cada persona que la integre, muy conservador, muy renuente al cambio. Tenemos que ser capaces de mostrar la voluntad de cambio de la comunidad y proponer un proyecto de modificaciones y de Reforma Universitaria profunda, viable, posible, bien fundamentado, que parte de un diagnóstico serio y que se puede llevar adelante sin partir desde cero, sino arrancando de todos los logros que tiene la Universidad Nacional.

Proyecto para la UNAM, en siete ejes 1. Centralidad estudiantil a. Desarrollar procesos colectivos de discusión con el fin de impulsar reformas pedagógicas y la revitalización de la enseñanza-aprendizaje. b. Ampliar los servicios y apoyos estudiantiles (becas, transporte, comedores, vivienda y bolsa de trabajo); crear una secretaría de atención a estudiantes. c. Incrementar el egreso de bachillerato y licenciatura y agilizar el tránsito de estudiantes de licenciatura al ejercicio profesional y al posgrado. d. Aumentar la cobertura y revisar los procedimientos de ingreso de estudiantes a la UNAM. e. Implementar la gratuidad de la educación en bachillerato, licenciatura y posgrado. f. Desarrollar acciones afirmativas que favorezcan el acceso de grupos en desventaja socioeconómica a los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. 2. Equilibrio entre funciones sustantivas, niveles educativos y campus universitarios a. Reconocer y revalorar la docencia universitaria. b. Recuperar a la extensión universitaria como función sustantiva. c. Mantener el apoyo y la promoción de la investigación; impulsar a la investigación en ciencias sociales y humanidades; impulso a la publicación y divulgación. d. Discutir y revisar criterios y procesos de evaluación del personal académico reconociendo particularidades de subsistemas, entidades y disciplinas. e. Descentralizar la toma de decisiones, de recursos y apoyos a entidades foráneas. 3. Igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres y otras identidades a. Realizar cambios normativos para prevenir y sancionar la violencia de género. b. Crear y modificar estructuras institucionales para garantizar la igualdad y la erradicación de la violencia. c. Crear una instancia especializada para la atención de la violencia de género, autónoma de la administración central, con instancias locales en las entidades con alumnado. d. Ampliar y garantizar la implementación de políticas para la participación real de las mujeres en todos los espacios universitarios. e. Desarrollar las acciones anteriores con decisión y voluntad política desde todos los niveles de gobierno y gestión universitaria. f. Establecer criterios para la incorporación de la perspectiva de género en las funciones sustantivas y en el ámbito de la administración y el gobierno universitario. 4. Erradicación de desigualdades internas a. Reparar las condiciones laborales del personal académico de asignatura; mejorar su remuneración y establecer mecanismos transparentes de contratación. b. Racionalizar las actividades y los gastos en las estructuras y actividades administrativas. c. Reducir los complementos salariales y prebendas a funcionarios; eliminar gastos excesivos en remuneraciones y beneficios del cuerpo directivo. d. Distribuir equitativamente los recursos entre niveles educativos, campus, funciones y actores universitarios. e. Respetar los derechos de los y las trabajadores; abrir espacios de diálogo para acordar la mejora y optimización las condiciones de trabajo y el desempeño laboral, así como del cumplimiento de las tareas y necesidades de las dependencias. f. Atención, apoyo, desarrollo de infraestructura y materiales didácticos para las personas con capacidades diferentes. 5. Autonomía, presencia nacional y compromiso social de la universidad. a. Ampliar la participación de la UNAM en la vida nacional y sus debates. b. Hacer de la Universidad un espacio libre y plural para la discusión de los grandes temas nacionales, a partir del conocimiento y la reflexión académica. c. Recuperar la presencia de la UNAM en América Latina; contribuir a la recuperación de una tradición universitaria comprometida con la soberanía, la democracia, la justicia social y el desarrollo equitativo. d. Construir proyectos amplios de extensión universitaria para atender problemas, regiones y poblaciones específicas en nuestro país. 6. Representación efectiva, participación amplia y transparencia en el gobierno universitario a. Convocar a la discusión amplia sobre el gobierno y las formas de designación de autoridades; organizar un proceso informado y representativo de intercambio de ideas, elaboración de propuestas y construcción de acuerdos. b. Reformular la composición y atribuciones de los espacios colegiados de toma de decisiones, ampliando la participación de estudiantes. c. Promover los espacios de discusión, toma de decisiones y construcción de consensos. d. Modernizar los procesos de nombramiento de autoridades ampliando la participación democrática y la transparencia. e. Atender al principio de paridad de género en la composición de los cuerpos colegiados y en las comisiones que atiendan los asuntos académicos, administrativos y del gobierno universitario. 7. Derecho a la seguridad a. Asumir una concepción incluyente de seguridad que atienda temas de protección frente al crimen y la violencia, de la salud, del ambiente y frente a accidentes. b. Desarrollar cambios normativos, políticas y acciones que garanticen el derecho a la seguridad de todas y todos los universitarios en las instalaciones universitarias y fuera de ellas. c. Implementar esas políticas y acciones de manera conjunta entre todos los actores universitarios, y con los gobiernos en sus diferentes niveles. d. Prevenir, sancionar y reparar todo tipo de violencia ejercida sobre una o un miembro de la comunidad universitaria. e. Fortalecer el sentido de comunidad e identidad universitaria; promover iniciativas de reconstrucción del tejido social y el repoblamiento de los espacios universitarios.

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