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La piratería implica cadenas internacionales de criminalidad –en las que se incluyen los bajos costos de manufactura de bienes en economías asiáticas y la interconexión de mercados y organizaciones criminales–; por ello, se trata de un fenómeno delictivo complejo que dificulta su erradicación.
Los grupos del crimen organizado no son los únicos que participan en este mercado. La variedad de prácticas comerciales se relacionan con la explotación de una idea, producto o servicio sin permiso del tenedor de derechos de propiedad intelectual, industrial o comercial; por tanto, la piratería también involucra a los titulares de los derechos, que pueden ser empresas, artistas, inventores, creadores, pero también a las autoridades, los consumidores y los criminales. (Esquema 2.6)
En el caso mexicano se han identificado tres categorías que distinguen la comercialización de productos piratas: el mercado informal (comercios, tianguis, ambulantes, sin regulación legal y evasión fiscal); los mercados formales regulados por autoridades (centros comerciales, comercios independientes, plataformas electrónicas) y el mercado digital.
Manuel Vélez Salas, licenciado en economía por el Tec de Monterrey y experto en tema, explica a Contralínea que este país es mayormente importador de mercancía, pero también tiene una pujante demanda de estos productos piratas.
“La piratería es el primer contacto que tienen los mexicanos con la propiedad intelectual, tiene que ver con marcas, patentes, derechos de autor; es una manifestación negativa de toda la propiedad intelectual, se traduce en una erosión hacia el aspecto de los derechos de propiedad”, subraya.
Señala que la cadena comercial de productos piratas involucra gran cantidad de actores sociales, desde gremios u organizaciones de comerciantes, autoridades municipales, hasta células delictivas a nivel local e incluso grupos de macrocriminalidad.
La piratería se asocia con infinidad de actos delictivos, como narcomenudeo, trata de personas, extorsión, fraude, tráfico de armas, falsificación, pornografía infantil, lavado de dinero y streaming como medio de transmisión de contenido ilegal y mecanismo de robo de información. (Esquema 1.6)
Además de la industria farmacéutica o de equipo médico en auge durante la pandemia, la piratería está presente en industrias de agroquímicos, tabaco, alcohol, alimentos, bebidas no alcohólicas, suplementos alimenticios, productos de perfumería, belleza y aseo, entre otras.
Si bien hay centros comerciales que suelen vender mercancía pirata, se han identificado organizaciones delictivas con gran influencia económica y social involucradas en la venta de productos piratas y otros delitos como La Unión Tepito, Zetas, Sinaloa y Familia Michoacana, advierte el investigador.
También se han detectado empresas constituidas legalmente y empresas fantasmas utilizadas para la venta de todo tipo de productos piratas, indica.
En la cadena de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de piratería participan fábricas, maquilas, bodegas, empresas importadoras, tiendas de autoservicio, grupos políticos, gremios de comerciantes, hackers, streamers.
En México, se han identificado más de 19 mercados de productos piratas y en algunos casos es posible definir su función e importancia; el tipo de unidades económicas que participan en ellos, productos, ubicación; su persistencia y resiliencia a operativos oficiales, señala Vélez Salas, coautor del estudio Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y acciones institucionales del Observatorio Nacional Ciudadano y la American Chamber.
Mientras que en Plaza de la Tecnología en la Ciudad de México se comercializa software, hardware, celulares, carcasas y accesorios, en el Santuario en Guadalajara se encuentran medicamentos caducos, muestras médicas, medicamentos piratas o material médico robado.
Durante las últimas dos décadas, los mercados piratas están presentes en Ciudad de México, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Sinaloa. (Mapa 1)
La Ciudad de México es donde la mayor cantidad de mercados piratas hay en el país, seguida por Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Puebla, donde se comercializan productos sin permiso, o que no cuentan con derechos de autor para uso de marca.
La pandemia fue un auge de productos médicos pirateados, salieron las primeras vacunas en el norte del país vendían la Pfizer pirata, también en redes sociales y venta de medicamentos anticovid.
Otros productos que se han visto beneficiados en la pandemia, por la piratería, son el contenido digital. Todo lo que tiene que ver con plataformas de streaming. Cuando inició el 2020 el confinamiento, el sector audiovisual de cine, múscia, vieron cómo la cantidad de streaming ilegal aumentó drásticamente, apunta Vélez Salas.
Servidores públicos, tenedores de derechos, despachos aduaneros y de propiedad intelectual, develan la participación directa e indirecta de organizaciones delincuenciales en la piratería en México, así como grupos del crimen organizado de manera directa en indirecta a través de un complejo entramado de motivaciones y actividades lícitas e ilícitas. (Esquema 1.5)
Considera que una de las tareas más complejas para determinar quiénes participan en la piratería, reside en la porosidad de las fronteras de la informalidad, la ilegalidad y el crimen organizado, fenómenos que se entrecruzan mediante la corrupción.
Caso paradigmático que muestra la porosidad entre la informalidad, la ilegalidad y el crimen organizado se presenta en Tepito, reconocido como centro donde la piratería se vincula con prácticas clientelares para mantener la economía informal y desarrollo de organizaciones corporativas, indica Manuel Vélez Salas.
En el marco de clientelismo cobra especial relevancia el comercio en la vía pública, conjuga intereses político – económicos de líderes y corrupción de autoridades-, ha permitido la apropiación de espacios para venta de mercancías que violan marcas registradas y derechos de propiedad.
En este contexto se ubica el origen de La Unión Tepito entre, surge para proteger a comerciantes de robos y extorsiones acorde con la narrativa del grupo delictivo. Sin embargo, se ha dedicado al control y venta de drogas y bienes ilícitos.
La Unión Tepito es uno de los grandes controladores de piratería en México, en la venta de productos originales, robados y falsificados como pilas, rastrillos, champús, ropa, calzado, discos compactos, relojes, bolsas, lentes, juguetes, alimentos, medicamentos, vitaminas, entre otros.
La lógica de la macrocriminalidad implica procesos, estructuras, vínculos y organizaciones para cometer ilícitos que no necesariamente son violentos, pues incluye delitos de cuello blanco.
Destaca que en México no participan todas las organizaciones delincuenciales en la piratería y, cuando lo hacen, no ocurre de modo homogéneo ni en cada periodo con la misma intensidad.
Por ejemplo, dice, no hay evidencia suficiente para confirmar que la piratería sea uno de los giros delictivos estratégicos de la organización criminal del Pacífico, sin embargo, sí la hay para Los Zetas o la Familia Michoacana.
En la falsificación y comercialización de fonogramas y videogramas con el etiquetado de organizaciones delincuenciales, se ha detectado a Los Zetas y La Familia Michoacana, establecen zonas de influencia en puntos de venta y de control de instalaciones estratégicas de frontera para facilitar la entrada de insumos.
Otro ejemplo es la Unión Tepito cuya participación directa remite a fines de consolidación y control del mercado de productos falsificados –videogramas, fonogramas, videojuegos, calzado, textiles, relojes– así como control de comerciantes que se dedican a la importación legítima de bienes.
La expansión vertical a través de la incorporación de importadoras dentro de la estructura de la organización criminal, y la participación indirecta a partir del cobro de piso, doble giro de locales y establecimientos, y soborno de actores estratégicos, conforman una zona de influencia tolerada por las autoridades.
Llama la atención el involucramiento de grupos delincuenciales en Jalisco y Sinaloa en la fabricación, distribución y comercialización de máquinas y hojas de afeitar falsificadas.
En Puebla, puntos de venta de piratería tienen un uso alternativo por las noches, en particular, venta de armas de fuego y drogas al menudeo. Reducción de costos de la mano de obra involucrada en la producción, almacenamiento y distribución de los productos falsificados.
En cateos y decomisos de productos se identificó a menores de edad e indígenas mazahuas explotados en la manufactura de productos piratas sin que tengan conocimiento de que están participando en un delito.
El problema [de la piratería], “no solo es el señor que falsifica música en su casa, sino de delincuencia organizada. Se trata de temas delicados; no solo es piratería tradicional doméstica, sino que tiene muchas ramas, y no son de un país, sino internacionales. Podemos estar ante temas de crimen organizado”.
Para el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Alfredo Rendón Algara, si bien se observa menos piratería en las calles, no quiere decir que esté disminuyendo, sino que los canales de comercio van evolucionando.
Durante su participación en el foro virtual sobre piratería organizado por el instituto Wilson Center, el funcionario consideró que “es mejor hacer un operativo antes de que entren al país, a tratar de perseguirlos en múltiples mercados, a través de la Agencia Nacional de Aduanas, autoridad administrativa a cargo del IMPI, en coordinación con la FGR”.
Dijo que hay consciencia de cómo ha ido evolucionando la piratería o falsificación de productos. “Antes, se podían encontrar muchos productos falsos en las calles -no digo que no exista ahora, existe, pero ya el canal de comercio es diferente”, destacó.
En los 70, la mentalidad era “si falsifican un pantalón de mezclilla, no le pasará nada a la marca, ganará menos, pero hoy sí hay consciencia de lo que implica comprar medicamentos piratas, refacciones para coche, llegamos a encontrar hasta refacciones para avión falsas, señaló Rendón Algara.
Al respecto, Vélez Salas considera que el IMPI históricamente ha sido una autoridad con un desempeño favorable en diversos temas de regulación de patentes, propiedad intelectual, “es la vanguardia en América Latina”, aduce.
Además de llevar a cabo todos los procesos legales y administrativos, también realiza encuestas de hábitos de consumo de piratería, con datos como “9 de cada 10 mexicanos consumen piratería”.
También está a la vanguardia por su contacto con otras autoridades, por ejemplo, además de hacer operativos en mercados relevantes en el país, hizo un programa de observadores en aduanas, para detectar el ingreso de productos falsificados y notificar al titular de derechos de productos, para saber si quería proceder legalmente.
Sin embargo, la piratería en México prolifera a través de una red de corrupción, en la que participan actores estratégicos como organizaciones de comerciantes, autoridades municipales, policías, con una relación transaccional en la que obtienen beneficios de índole político y económico, indica Vélez Salas.
Los costos asociados a la piratería impactan la reducción de ventas de mercancía original, pérdida de prestigio en las marcas, incremento en gastos destinados a prevenir y combatirla, y por parte del consumidor, exposición de su información o robo de datos personales, y riesgo de su vida al adquirir autopartes o medicamentos falsificados.
Explica que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la FGR, tuvo conocimiento de 2 mil 734 delitos en materia de propiedad industrial entre 2014 y 2016, representaron el 37 por ciento de todos los delitos conocidos por la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR).
También, esta unidad tuvo conocimiento de 430 delitos en materia de derechos de autor, representan el 12 por ciento de todos los delitos conocidos por la FGR, en este rubro.
Entre 2017 y 2019, esta unidad llevó a cabo 189 órdenes de cateo autorizado, cateó 1 mil 351 inmuebles, realizó 33 operativos en vía pública, 71 inspecciones en aduana, aseguró 4.5 millones de objetos, desmanteló 11 laboratorios y 3 fábricas, detuvo a 115 personas en flagrancia, aseguró 6 vehículos, 760 locales, 66 inmuebles y 52 millones 854 mil pesos en dinero y valores.
De acuerdo con operativos de la FGR, todas las acciones referidas en 2019 muestran una disminución considerable respecto a los niveles observados en 2018. En 2019 solo se realizó un operativo en vía pública sin personas detenidas en flagrancia y ni una inspección en aduanas en los dos años previos.
Para el ejercicio de 2020, la UEIDDAPI recibió 14 por ciento más recursos presupuestales en términos reales que en 2019, pero 8 por ciento menos que en 2018. “Por ende, resulta natural que al revisar las estadísticas de operativos realizados y de productos incautados, está en niveles por debajo de lo observado en otras administraciones”, refiere Vélez Salas.
Señala que, de acuerdo con titulares de derechos, el cambio de estrategia de la unidad ha generado que el combate a la piratería se enfoque en perseguir a grandes productores, fabricantes, importadores o distribuidores de productos falsificados, en vez de pequeños vendedores.
“Es decir, ahora no se busca evitar que la mercancía salga al mercado mexicano, asumiendo que si se sanciona al que comete la conducta o conductas previas, en consecuencia, disminuirá el producto apócrifo en el mercado, con lo cual la autoridad pasa la carga completa de la prueba a los titulares de derechos afectados”.
Si bien la Cofepris no es una autoridad competente en materia de propiedad intelectual, conoce de probables productos pirata o apócrifos de conformidad con la Ley General de Salud. En particular, productos adulterados, materia prima contaminada, alterada, o falsificada.
El espectro de productos al que se circunscribe es limitado: insumos para la salud, plaguicidas y nutrientes vegetales, tabaco y alcohol, alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, productos de perfumería, belleza y aseo.
La desaparición de la Comisión de Operación Sanitaria de Cofepris, significó un signo de alarma para los titulares de derechos de la industria farmacéutica y de agroquímicos, ya que a pesar de no tener suficiente personal para el tamaño de la economía, mostraba la presencia gubernamental en el ámbito regulatorio.
De 41 alertas sanitarias registradas en la página electrónica de Cofepris entre 2013-2019, al menos 18 de ellas advierten casos de medicamentos falsificados, la mayoría denunciados por la empresa afectada (16), uno más por denuncia anónima, y otro por información de autoridad sanitaria estatal.
Los medicamentos van desde pastillas para la tos (Agin) o jarabes para el resfriado (Antiflu Des Jr.) hasta hormonas del crecimiento (Norditropin, Protophin) o Inmunoglobulina Humana (Octaglob D).
En 10 alertas sanitarias más, Cofepris advierte de comercialización de medicamentos sin registro sanitario, o que ostentan uno falso. En estos casos no se afecta a un dueño de derechos de propiedad, pero sí el mercado con competencia desleal, así como al consumidor que adquiere productos de calidad dudosa.
Hay casos de falsificación en las alertas sanitarias referentes a alcohol (3), tabaco (9), alimentos (4), servicios de salud (35), suplementos alimenticios (38), publicidad engañosa (5), u otros (18). Además, se han realizado aseguramientos de productos milagro, bebidas alcohólicas, productos del tabaco así como dispositivos médicos.
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