Restaurantes de la Cámara de Diputados, concesionados gratuitamente

Fueron famosos allende los muros del Palacio Legislativo de San Lázaro. Los Cristales, La Terraza y La Cafetería –los desayunadores y comederos para los diputados federales y visitantes– se destacaron durante la pasada Legislatura por caros, de tipo gourmet el primero de ellos, a la altura de las dietas de la elite parlamentaria del país.

Resulta que los privados beneficiarios de estas concesiones no pagaron un solo peso por operar estos espacios. Por el contrario, esta Cámara del Poder Legislativo les pagó mobiliario y servicios de teléfono, agua, gas y, entre otros, energía eléctrica. El hallazgo de esta “irregularidad” fue de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo auditor de los tres poderes federales pero dependiente administrativamente de la Cámara de Diputados.

En el Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF detalla que el Comité de Administración de la Cámara adjudicó, de manera directa y a título gratuito, los restaurantes Los Cristales, La Terraza y La Cafetería. La razón de entregar de manera gratuita a privados estos establecimientos fue que los concesionarios adecuarían los espacios, es decir, harían una remodelación que quedaría como beneficio para la Cámara. Se estableció también que los privados podrían retirar el mobiliario que introdujeran en cuanto terminara el periodo de contratación.

Pues bien, tal “remodelación” se hizo pero no existe una evaluación del “beneficio” para el recinto legislativo. Y la ASF encontró que la Cámara de Diputados fue la que también les proporcionó a estos restaurantes privados “mobiliario y equipo de cocina, servicios de energía eléctrica, agua, servicios de seguridad, sanitarios, teléfono y estacionamiento, siendo el pago por consumo de gas LP y el retiro de los desechos los únicos servicios por pagar de parte de los proveedores” (sic).

Los privados que usufructuaron los espacios de la Cámara ni siquiera entregaron garantías para desocupar y entregar las instalaciones ni contrataron los recursos de responsabilidad civil correspondientes.

Por estos hechos, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Las irregularidades no terminan ahí. También quedó al descubierto que el contrato para operar el restaurante Los Cristales se celebró con la empresa Desarrollo de Franquicias Industriales, SA de CV; “sin embargo, se identificó que la que realmente ocupa el espacio asignado y presta los servicios es otra empresa denominada Restaurante 1857, SA de CV, la cual tiene una personalidad jurídica diferente a la de la empresa contratada”. Y la Cámara siempre lo supo porque las facturas están a nombre de la segunda empresa…

Claro, por estos hechos la ASF también indicó a la Contraloría Interna de la Cámara que inicie el procedimiento administrativo para sancionar a los funcionarios responsables.

En Los Cristales se fraguaron iniciativas de ley, negociaciones políticas entre partidos y era el lugar preferido de los cabilderos para reunirse con los legisladores para promover los intereses de sus patrones.

Además, se descubrió que dos de las personas físicas proveedoras de alimentos a estos restaurantes son cónyuges. Y esta pareja estuvo haciendo depósitos a servidores públicos de la Cámara por un monto de 1 millón 569 mil pesos, sin motivo aparente. La ASF demanda investigar.

Más irregularidades con los proveedores de alimentos quedaron al descubierto. Incluso la ASF emitió una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal “para que el Servicio de Administración Tributaria [SAT] instruya a quien corresponda para que se audite a dos personas físicas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Sucedió que uno de los proveedores no se localiza en el domicilio fiscal que declaró y el otro no declaró los ingresos obtenidos por los servicios prestados a la propia Cámara.

Vaya que la ASF tiene trabajo en su propia casa. Lo de los restaurantes es apenas uno de los temas señalados por la auditoría de gestión financiera aplicada a la Cámara de Diputados en 2017, incluida en la tercera entrega del Informe. Prácticamente doquiera que los auditores se asomen, encuentran irregularidades. Otro caso es el de algunos servicios relacionados con medios de comunicación.

Con respecto de la partida 3610 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades legislativas”, la ASF encontró que la Cámara de Diputados erogó 3 millones 566 mil 400 pesos para publicar en periódicos “felicitaciones y esquelas”. Gastó otro millón 74 mil 800 pesos en los mismos periódicos para citar a sesiones de trabajos legislativos.

Para la ASF, “las publicaciones señaladas pudieron haberse omitido”, pues tales mensajes podrían haber sido publicados “en la página electrónica de la Cámara de Diputados, al considerar que las primeras no se relacionan con actividades legislativas, y las segundas son de manera recurrente y, regularmente, el citatorio de la sesión se realiza en dicha página electrónica”.

Además, la Cámara de Diputados contrató “servicios de monitoreo de medios” por 8 millones 781 mil 400 pesos en ese año. Se firmaron para ello dos contratos y un convenio modificatorio con la misma empresa después de haber sido declaradas “desiertas” las licitaciones públicas. La Cámara no presentó evidencia alguna de que en verdad haya licitado. Además, los trabajos contratados mediante el convenio modificatorio (por 1 millón 33 mil 600 pesos) no se realizaron.

Por estos hechos, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos responsables.

El espacio se termina y las irregularidades siguen. Una anomalía más, antes de cerrar. En 2017 la Cámara de Diputados recibió recursos adicionales para atender “las necesidades generadas por el sismo” del 19 de septiembre de ese año. Recibió 105 millones 515 mil 400 pesos más de los que estaban programados inicialmente. Pero la Cámara gastó el 87.12 por ciento [91 millones 824 mil 480 pesos] para cubrir los gastos programables y “sólo el 12.8 por ciento de los recursos [13 millones 491 mil 200 pesos] se destinó a cubrir aspectos relacionados con dicho acontecimiento”.

Será necesario ocuparnos de las demás irregularidades en la próxima entrega. Hoy el control de la administración recae en el Movimiento Regeneración Nacional. Veremos hasta dónde avanzan las investigaciones internas y si en verdad se tomarán medidas para prevenir estos actos de corrupción en el Poder Legislativo.

Zósimo Camacho

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