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El Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pudo comprobar la erogación de sólo 8 millones 699 mil 912 pesos de los 14 millones 597 mil 500 que recibió para evaluar los daños del derrame causado por Grupo México en el Río Sonora. La bolsa de recursos que se entregó a la máxima casa de estudios del país, sin embargo, fue mayor: de 50 millones, que ejercieron otras dependencias universitarias. El convenio obligó a la institución a guardar “estricta y absoluta confidencialidad” de los trabajos y sus resultados.
Entre los integrantes del Comité Técnico del Fidecomiso Río Sonora se encontraba el doctor en Ecología César Augusto Domínguez Pérez Tejada, a la sazón director del IE de la UNAM. Bajo sus auspicios se vinculó el Fideicomiso con el Instituto y, particularmente, con el recién inaugurado Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (Lancis). Lo anterior, sin que los investigadores adscritos tuvieran experiencia alguna en contaminación por derrames ni hubieran realizado trabajos en la zona.
El convenio de colaboración entre la UNAM y Nacional Financiera (Nafin), ésta última como fiduciaria del Fidecomiso 80724 (Río Sonora), fue firmado el 20 de febrero de 2015. El documento, del cual Contralínea posee copia, establece en su cláusula segunda un pago a la Universidad como contraprestación por 50 millones de pesos.
Por su parte, la institución académica se comprometió a una serie de productos y trabajos que integrarían un “Diagnóstico Ambiental y Propuesta de Remediación-Reparación-Compensación en la Cuenca del Río Sonora Afectada por el Derrame del Represo ‘Tinajas 1’ de la Mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora”. Para ello, trabajaría el “Sistema ambiental regional, subsistema abiótico, subsistema biótico, subsistema económico e integración”.
Por Nafin firmó Raúl Abraham Gómez Ramírez, en su calidad de delegado fiduciario. Por la UNAM, aparecen las firmas de Carlos Arámburu de la Hoz, quien ostentaba el cargo de coordinador de la Investigación Científica, y Elena Centeno García, entonces directora del Instituto de Geología.
Y es que los recursos se entregaron precisamente a este instituto, por medio de tres pagos a una cuenta de la UNAM abierta en una sucursal del banco BBVA Bancomer.
El convenio aceptado por la UNAM con una cláusula de “estricta confidencialidad”, sin embargo nada dice de la posibilidad de alertar sobre la salud humana en caso de detectarse riesgos, como finalmente ocurrió.
La Universidad sólo entregó como producto un informe final: Evidencias de las afectaciones a la integridad funcional de los ecosistemas del Río Bacanuchi y el Río Sonora por el derrame de la mina Buena Vista del Cobre: avances del diagnóstico ambiental.
El documento, aún con los limitados alcances que le marcó el convenio, sí evidenció un desastre para toda la vida de la región. Finalmente, ni siquiera sería tomado en cuenta para, en 2017, el cierre del Fideicomiso. La UNAM guardó silencio.
De los 50 millones de pesos, que según el convenio se entregaron a la Universidad, 14 millones 597 mil 500 se le destinaron al Lancis del IE. Los otros 35 millones 402 mil 500 quedaron a cargo del Instituto de Geología. De la transferencia de recursos por la cantidad señalada, da cuenta el oficio IECO/SECTEG-ET/012/2022, emitido por la UNAM a una solicitud de información.
En el documento se señala: “El monto asignado al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, del Instituto de Ecología de la UNAM como parte del CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA UNAM Y NACIONAL FINANCIERA, FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 80724 RÍO SONORA fue de $14,597.500.00” (sic).
Y de esa cantidad, más de la mitad fue asignada los rubros “Remuneraciones adicionales” (4 millones 52 mil 200 pesos) y “Otros servicios comerciales” (4 millones 603 mil 380.21 pesos). El desglose está contenido en el oficio IECO/SECTECG-ET/013/2022, del cual Contralínea posee copia.
Muy por debajo se encuentran otras partidas, como “Artículos, materiales y útiles diversos”, con 1 millón 849 mil 455.45 pesos; o “Equipo e instrumental”, con 1 millón 367 mil 850.24 pesos.
El Lancis, en específico, participaría en la delimitación del Sistema Ambiental Regional, en el mapeo e integración de la información y en la determinación del estado base, así como en el establecimiento de indicadores de calidad y toxicidad del agua y el suelo. También colaboraría en la evaluación de afectaciones a la biodiversidad.
Según el oficio IECO/SECTECG-ET/014/2022 fueron cuatro los investigadores del Lancis que participaron en los trabajos e investigaciones desarrollados: los doctores Luis Antonio Bojórquez Tapia, Ana Elena Escalante Hernández, Marisa Mazari Hiriart y Ana Cecilia Espinosa García.
Recibieron en conjunto 8 millones 699 mil 912.79 pesos por conceptos como honorarios, viáticos, pasajes aéreos, gastos de trabajo de campo, servicios de reparación, otros servicios comerciales, primas de seguros y finanzas; artículos, materiales y útiles diversos; mobiliario, equipo e instrumental menores; equipo e instrumental, y equipo de cómputo.
De lo anterior dan cuenta dos tablas tituladas “Gastos ejercidos por investigadores proyecto ECO-IE 456”, incluidas en el oficio IECO/SECTECG-ET/015/2022.
La UNAM no informó del destino del resto de los recursos entregados al Lancis del IE por 5 millones897 mil 588 pesos.
Además, la UNAM no ha informado de otros productos que debió entregar con el cierre del Fideicomiso en 2017. Entre ellos una base cartográfica digital y una delimitación del Sistema Ambiental Regional, para el que se destinaron 2 millones de pesos y que debía entregar en un plazo de 9 meses.
También, una modelación geoespacial dinámica y una plataforma de geovisualización, por las que se le entregaron 3 millones y debía cumplir en una plazo no mayor de 12 meses.
Al momento de la firma del convenio, los investigadores del Lancis del IE no contaban con experiencia en el ramo; tampoco tenían a la región dentro de sus zonas de trabajo de campo. Otras dependencias de la UNAM, con investigadores expertos en jales y derrames mineros fueron ignoradas. Todo se entregó a la dependencia que encabezaba César Augusto Domínguez Pérez Tejada quien, al mismo tiempo, era integrante de Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora.
Aún con las limitaciones de los trabajos que realizó la UNAM, el diagnóstico entregado da cuenta, “de manera clara y manifiesta”, de profundos “daños al estado base de los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las condiciones químicas, físicas y biológicas” en la cuenca de los Ríos Sonora y Bacanuchi.
El documento establece “evidencias concretas de daño al ambiente” en la fase crónica exacerbada del derrame:
“Alteración adversa del estado base de los ecosistemas, que se manifiesta en las concentraciones de metales pesados mayores a los valores de fondo en suelo y sedimento en el Río Bacanuchi a seis meses y un año después del derrame; y el patrón de concentraciones máximas de metales pesados que se trasladan de norte a sur a lo largo del cauce del Río Bacanuchi y del Río Sonora, durante un periodo de 70 días posteriores al derrame. [Sic]
“Afectación adversa al hábitat acuático, que se manifiesta en el cambio de la estructura poblacional de [especies de] peces endémicas y amenazadas; el cambio en la estructura poblacional se observa con la ausencia de estadios juveniles un año después del derrame. [Sic]
“Deterioro de los ecosistemas ribereños, que se manifiesta en la alta mortalidad de árboles ribereños sobre el arroyo Tinaja 1, a 13 km [kilómetros] al sur del represo Tinajas, un año después del derrame.”(Sic)
En el documento se asienta que el derrame de ese 6 de agosto de 2014 se esparció en su fase aguda por 9 días. Constituyó “una fuente de contaminación directa por el transporte de metales pesados en concentraciones letales a lo largo del cauce, e indirecta, por la removilización de metales pesados”.
Por otros 61 días se siguió esparciendo en su fase crónica exacerbada, de acuerdo con el documento. Cubrió así todo el cauce del Río Bacanuchi-Sonora.
Tres especies de peces –una de ellas endémica del desierto sonorense y que está clasificada como amenazada por la NOM-059-SEMARNAT-2010– dejaron de reproducirse. De hecho, el documento asienta: “Se corrobora el cambio adverso y mensurable del hábitat de peces por el paso de la sustancia derramada”.
Al mismo tiempo, “se observa una alta mortalidad del arbolado en el arroyo Tinaja1 a 13 km al sur del represo Tinajas” (sic).
Incluso, 15 meses después de iniciado el desastre, en muestreos en agua superficial se observaron “concentraciones de aluminio, hierro y manganeso que rebasan los límites permisibles”.
Pero el daño no se detuvo ahí, pues el estudio de la UNAM identificó procesos de bioacumulación y biomagnificación dentro del área de influencia del derrame. Lácteos analizados presentaron concentraciones de arsénico y plomo mayores a las permitidas en estándares nacionales e internacionales. En frutas y verduras, cadmio.
Además, “arsénico en hígado y plomo en músculo en individuos de cinco especies de roedores […].
“Cobre en sangre de individuos de cuatro especies de carnívoros […]
“Zinc en hígado de individuos de dos especies de aves […]”
A pesar de los hallazgos documentados por la UNAM, el Fidecomiso Río Sonora se cerró sin tomarlos en cuenta. El Comité Técnico, entre los que se encontraba el director del IE de la Universidad, aceptó el cierre. La casa de estudios tampoco argumentó nada.
Como se recordará, el 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Más de 40 mil metros cúbicos de sustancias se derramaron sobre el arroyo Tinajas; de ahí pasaron al río Bacanuchi y, finalmente, al Río Sonora. Lixiviados de sulfato de cobre acidulado se extendieron por 300 kilómetros de las corrientes de agua.
El líquido dejó de ser apto para la vida. No sólo quedó en riesgo la salud de las personas, sino su sustento económico. La mayoría de las familias de la región son campesinas, con actividades económicas de siembra, pastoreo y pesca.
Los residuos tóxicos penetraron el subsuelo. Y los ejemplares de las especies de la vida vegetal y animal que sobrevivieron terminaron siendo portadores de sustancias tóxicas. La incidencia de cáncer entre las personas se incrementó y varias tuvieron que sufrir amputaciones por falta de medicamentos.
Más de 24 mil personas directamente fueron expuestas al agua contaminada.
El desastre natural produjo un dislocamiento del medio ambiente: cauces y suelos, plantas y animales resultaron afectados.
Entre las leyes que presuntamente se violaron se encuentran: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General de Cambio Climático; la Ley Minera; la Ley Federal de Pesca; la Ley de Aguas Nacionales; la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La aplicación de los ordenamientos es responsabilidad, en primer lugar, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El Fideicomiso Río Sonora se constituyó con recursos aportados por dos subsidiarias de Grupo México, responsables del derrame: Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas, SA de CV. Se le asignó el número 80724. Fue administrado por Nacional Financiera.
Su objetivo explícito fue el de llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños a la salud y a la salud causadas por el derrame. Los fideicomitentes, es decir, las empresas responsables del daño, se comprometieron a aportar 2 mil millones de pesos, con una aportación inicial de 500 millones de pesos.
Se estableció que, en caso de que el monto comprometido resultara insuficiente para la remediación, el Comité Técnico podría determinar la erogación de montos adicionales.
El Comité Técnico se integró con representantes del gobierno federal y de las empresas. En representación de la administración pública federal, la Semarnat designó como presidente del Comité a Rodolfo Lacy Tamayo, entonces subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Como suplente se designó a José Antonio Moreno Mendoza, quien era el director general adjunto de Esquemas de Financiamiento Ambiental.
Mientras, por parte de Grupo México, se designó como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora a Vidal Muhech, director general de Ingeniería y Construcción de las empresas involucradas en la contaminación. El suplente fue Daniel Chávez Carreón, director general de Operaciones de las mimas compañías.
Además, la Semarnat tuvo la facultad de designar a un “miembro externo” como tercer integrante propietario del Comité Técnico. Se trató de César Augusto Domínguez Pérez-Tejada, entonces director del Instituto de Ecología de la UNAM.
De manera conjunta, Grupo México y la Semarnat designaron a otro “miembro externo” en la persona de Francisco Novelo Burbano, socio director de Nova Consultores Ambientales, SA de CV, y académico de la UNAM.
A su vez, los miembros externos designaron a otro miembro independiente. Se trató de Carlos Mena Brito, ingeniero que en ese momento era asesor de Mario Molina-Pasquel Henríquez. Asumió en calidad de representante del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos de Energía y Medio Ambiente, AC.
De acuerdo con los propios reportes ofrecidos por el Comité Técnico del Fideicomiso, se erogaron montos por conceptos de “apoyos” a la población afectada por debajo de lo autorizado.
El Fideicomiso fue extinguido a principios de 2017 y le devolvieron remanentes a Grupo México. Hoy, el consorcio de Germán Larrea Mota Velasco está demandado penalmente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que nuevos estudios revelaran que en la región no se hizo nunca una remediación del desastre ambiental causado por el derrame.
Contralínea solicitó a la UNAM una entrevista sobre el tema. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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