Al menos 9 mil 700 personas en México fueron desplazadas de sus hogares por conflictos y violencia en 2020, estima el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IMDC). En su informe anual 2021, la organización no gubernamental de Noruega apunta que son 2 mil 600 personas más que en 2019.
También señala que el número total de desplazados en México desde 2009 asciende a 357 mil personas; y, por su impacto, destaca 25 casos de desplazamiento forzado en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa.
Desplazados internos son quienes se han visto forzados a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, indica la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Y eso es lo que les sucedió a cientos de personas que huyeron de sus casas en Tierra Caliente, una región azotada por la violencia y que se ubica en la colindancia de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
Al respecto, Insigne Crime, organización no lucrativa con sede en Sidney, Australia, refiere que tan sólo en el municipio guerrerense de Zirándaro –con una población de 20 mil habitantes–, el enfrentamiento entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana obligó a cerca de 700 personas a salir de sus viviendas a finales de enero pasado, y dos semanas después, 1 mil 200 más fueron desplazadas del municipio. Y en Michoacán, cerca de 500 personas fueron desplazadas en diciembre, después de confrontaciones entre el CJNG y su rival Cárteles Unidos.
Los grupos criminales también forzaron a los residentes a irse después de poner barricadas que limitaron el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a las ciudades. Por ejemplo en Aguililla, Michoacán, que ha sido escenario de intensos combates en 2021 y durante los cuales el CJNG y otros grupos han recurrido al uso de trincheras y bloqueos de vías. Con la escasez de suministros y la incesante violencia, representantes de las iglesias han aconsejado a los residentes que huyan y busquen asilo.
Según InSight Crime, los desplazamientos forzados internos en México habían tenido una tendencia a la baja hasta 2019, pero en 2020 repuntaron: desde 2016, los desplazamientos internos causados por crímenes o violencia habían mostrado un descenso sostenido, de 23 mil 200 en 2016 a 7 mil 70 en 2019.
Para el International Crisis Group, este aumento en 2020 pudo deberse a que los grupos criminales se aprovecharon del caos generado por la Covid-19. “Mientras los recursos y las autoridades se centraron en contener los efectos de la pandemia, el CJNG y sus rivales aprovecharon el vacío de seguridad para redoblar sus actividades y reclamar nuevos territorios”.
Los grupos pequeños también contribuyeron a los desplazamientos. Al comienzo de la pandemia, Los Tlacos y el Cártel del Sur se enfrentaron por los cultivos de amapola y los campos de marihuana en Guerrero, y en el proceso desplazaron a 300 personas, de acuerdo con las organizaciones internacionales.
Éstas agregan que gran parte de la violencia en Guerrero y Michoacán tuvo que ver con disputas territoriales que se iniciaron antes de la pandemia, y que se mantuvieron de manera ininterrumpida en 2020.
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno de Noruega apunta que las cifras de desplazamiento por desastres naturales en México se quintuplicaron en 2020, principalmente como resultado de inundaciones y tormentas.
Las fuertes lluvias en Tabasco provocadas por los restos del huracán Eta –en noviembre– obligaron a las autoridades a descargar agua de algunas presas y cerrar las puertas de otras para evitar que el río Carrizal se desbordara e inundara Villahermosa, hogar de casi 700 mil personas. “Allí se evitó el desplazamiento, pero las comunidades rurales e indígenas de partes de los municipios de Jalpa, Nacajuca y Centla se vieron gravemente afectadas”, anotó la organización.
Las lluvias también aumentaron los niveles de agua en algunos de los ríos más voluminosos del país, incluidos el Usumacinta, Puxcatán y Grijalva. Las inundaciones provocaron la evacuación de más de 3 mil 600 personas en Tabasco y 740 en Chiapas. Las inundaciones no son nuevas en estos estados. Las mismas áreas se inundan con frecuencia y las autoridades han tomado medidas para fortalecer las medidas de reducción del riesgo de desastres, aseguró.
Las amenazas naturales y las variaciones climáticas que las hacen más frecuentes e intensas no son los únicos factores que explican el elevado número de desplazamientos por desastres registrados en la región el año pasado, indicó el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno.
Añadió que las prácticas humanas, incluida la deforestación, la urbanización insostenible y tanto la construcción como la falta de mantenimiento de la infraestructura gris aumentan el riesgo de desplazamiento.
Los incendios forestales también provocaron más de 2 mil desplazamientos en México, la mayoría de ellos evacuaciones preventivas en el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, en abril de 2020.
Destacó que aún es demasiado pronto para medir hasta qué punto la pandemia de Covid-19 ha jugado un papel en los desplazamientos forzados, pero se sabe que las restricciones de encierro han limitado las operaciones de las bandas criminales y otros grupos armados, incluido su uso de la violencia.
No obstante, reiteró que previo a la llegada de la Covid-19 al país, en enero y febrero de 2020, los enfrentamientos entre el CJNG y la Familia Michoacana en Guerrero desencadenaron 2 mil 300 desplazamientos dejando despoblados pueblos enteros. “Ése fue el evento de desplazamiento más grande del año”.
El CJNG y otros grupos criminales también intensificaron su violencia durante marzo del año pasado, mientras buscaban capitalizar la situación para expandir sus actividades y control territorial. Guerrero y Chiapas fueron los estados más afectados, seguidos de Oaxaca y Michoacán.
Todos los eventos de desplazamiento forzado tuvieron lugar en zonas rurales, ya que gran parte del desplazamiento urbano pasa desapercibido, pero los resultados del Censo 2020 del Inegi, sugieren que es frecuente, particularmente en el Estado de México y la Ciudad de México, que albergan una gran cantidad de desplazados internos.
En 2019 se registraron 28 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en ocho estados, 27 municipios y 61 localidades. Las entidades federativas en donde se registraron más episodios fueron Chiapas, con nueve; y Guerrero, con ocho, de acuerdo con la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Con relación al número de personas desplazadas, se estima que se desplazaron de su lugar de residencia habitual al menos 8 mil 664 personas. Por segundo año consecutivo la entidad federativa que registró la cifra más alta fue Guerrero, con 5 mil 128 personas desplazadas, lo que corresponde al 59.19 por ciento del total”, refirió la organización humanitaria.
En segundo lugar se encuentra Oaxaca, con 1 mil 71 personas desplazadas, lo que a su vez representa el 12.36 por ciento del total. “Juntos, estos dos estados concentran más del 70 por ciento de las personas desplazadas en los episodios de desplazamiento masivo registrados en el periodo”.
Durante 2019 se registraron tres episodios que desplazaron a 1 mil personas en Guerrero, mientras que el episodio con el mayor número de víctimas ocurrió en el municipio de Zirándaro, donde incursiones y enfrentamientos armados entre grupos delictivos causaron el desplazamiento de alrededor de 1 mil 500 personas de diversas comunidades.
De acuerdo con el registro histórico de la CMDPDH, el total de personas desplazadas internamente por la violencia en México hasta diciembre de 2019 ascendió a 346 mil 945.
Desde 2016, la información registrada por la CMDPDH sobre los episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México es sistematizada de forma desagregada para cada año. De esta manera, comparó los datos de 2019 con los de los tres años anteriores y observa algunas tendencias.
Con base en ello, estimó que el número estimado de personas desplazadas anualmente en México ha disminuido constantemente desde 2016 –cuando se había estimado un total de 23 mil 169 personas desplazadas–, llegando a 8 mil 664 en 2019.
“Sin embargo, esto no representa necesariamente una mejora de la situación de violencia en el país, ya que no se observa una tendencia semejante con relación al número de episodios de desplazamiento masivo”, apuntó la organización.
En este aspecto, debido a que en 2019 se amplió el alcance del estudio, aclaró que cuatro de los episodios registrados en ese año no serían considerados de acuerdo con la metodología aplicada para los informes anteriores. No obstante, los 24 episodios restantes no representan una disminución significativa con relación a los últimos años, ya que tanto en 2017 como en 2018 se habían registrado 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo. Por lo tanto, aunque se estén desplazando masivamente menos personas cada año, no ha disminuido la ocurrencia de eventos violentos que obligan a personas a abandonar sus hogares.
Al cotejar la información registrada anualmente para cada estado, es posible comparar la distribución geográfica de los desplazamientos masivos generados por violencia que ocurrieron en México entre 2016 y 2019. Al respecto la CMDPDH observó que Guerrero se destaca tanto con relación al número de episodios como al de personas desplazadas: de 2016 a 2018 fue el estado con mayor número de episodios de desplazamiento masivo y, aunque en 2019 la entidad federativa con más episodios fue Chiapas, Guerrero quedó en el segundo lugar, con sólo un episodio menos, y presentó la mayor cantidad de personas desplazadas por segundo año consecutivo.
Sinaloa, a su vez, ha registrado disminuciones importantes tanto del número de episodios como de personas desplazadas. Finalmente, destaca el caso de Chiapas, donde, a pesar de un aumento significativo del número de episodios registrados en el último año, hubo una disminución considerable del número de personas desplazadas.
En los últimos 3 años, la violencia generada por grupos armados organizados y la violencia política, la conflictividad social y los conflictos territoriales han sido las principales causas de episodios de desplazamiento masivo relacionado con violencia en México. Las únicas excepciones han sido el desplazamiento generado por violaciones de derechos humanos en 2019 y el desplazamiento violento originado por un proyecto extractivo minero registrado en 2017, indicó la CMDPDH.
Al analizar el número de personas desplazadas en los últimos 3 años, destacó que la violencia generada por grupos armados organizados ha generado un total de 24 mil 313 nuevos desplazamientos entre 2017 y 2019, mientras que la violencia política, la conflictividad social y los conflictos territoriales han generado 15 mil 921 nuevos desplazamientos en el mismo periodo.
Las causas de los episodios registrados en 2019 representan el contexto de violencia que obligó a las personas a desplazarse: violencia generada por grupos armados organizados, violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales y violaciones a los derechos humanos. De los 28 episodios causados por violencia generada por grupos armados organizados (57.14 por ciento del total) ocurrieron en Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Del total de 8 mil 664 personas desplazadas internamente en 2019, 6 mil 925 (alrededor de 80 por ciento) tuvieron que desplazarse debido a la violencia generada por grupos armados organizados.
De los 28 episodios causados por violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales (39.29 por ciento del total), se llevaron a cabo en Chiapas y Oaxaca, y al menos 9 de ellos afectaron a población indígena. De las 8 mil 664 personas desplazadas internamente en 2019, 1 mil 658 (19.14 por ciento del total) se desplazaron a causa de violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales.
De los 28 episodios registrados en 2019 causados por violaciones de derechos humanos, el 3.57 por ciento ocurrió en Chiapas y desplazó a 81 personas, lo que representa alrededor de 0.9 por ciento de las 8 mil 664 personas desplazadas internamente durante ese año.
Siguiendo el patrón de los años anteriores, en 2019 la violencia de los grupos armados organizados se destaca como la principal causa de los desplazamientos masivos que se llevaron a cabo en México, causando más de la mitad de los episodios y siendo responsable por el desplazamiento de alrededor de 80 por ciento del total de personas desplazadas en ese año.
Pese al creciente fenómeno del desplazamiento forzado interno, hasta el momento el Congreso no ha aprobado ninguna legislación para tratar de resolver el problema. “Hasta ahora, la negación del problema por parte del Estado tiene al país sin un marco legal para diseñar una estrategia para contrarrestar el fenómeno. Ahora, sin embargo, la legislación planea reformar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que se ocupa únicamente de los extranjeros, para que tenga las herramientas para tratar casos de desplazamiento forzado interno”, señaló la CMDPDH.
Destacó que el plan de ampliar el mandato de la Comar podría desbordar una organización que ya se ocupa de cifras inmensas de desplazados de otros países, además de que no hay información clara sobre qué elementos de la crisis tratará la nueva legislación.
De tal manera que el desarrollo de una ley federal sobre desplazamiento forzado interno representa un paso importante hacia un mayor reconocimiento del fenómeno y acciones para prevenirlo y reducir sus impactos.
Si bien el gobierno ha hecho algunos intentos para remediar la falta de datos sobre desplazamientos, en septiembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó una ley que disponía la creación de un registro nacional para rastrear los desplazados internos, una idea que lleva años en discusión. Sin embargo, la legislación se encuentra actualmente a la espera de su aprobación del Senado.
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