México tiene en riesgo su gran acuerdo para existir y progresar. Vive una crisis no vista desde los tiempos posrevolucionarios. En 2 décadas, la garantía de la paz pública como uno de los más firmes derechos del hombre, y su expresión operativa, la seguridad, ha evolucionado de ser un problema del gobierno, que en un tiempo fue ordinario, manejable y sin mayor exigencia social, a ser el fenómeno de violencia generalizada que hoy, principios de 2018, es la dificultad más aguda que enfrenta la nación, no sólo el gobierno.
La amenaza de caer en una situación de ingobernabilidad es evidente. Hoy el gobierno ejerce sus funciones desde un rincón y no quiere dar valor público a los tantos datos de turbación política y social que existen. En este sentido, es también una tarea cuya solución no puede ser, una vez más, sólo paliativa y así, con esa actitud propiciar una metástasis. Se demanda algo transformador, determinante y en ello, la sociedad organizada debe asumir una responsabilidad trascendente. Esa es la razón de este ensayo, colaborar al menos con ideas a que la comunidad nacional, pero más aquellos que tienen alguna forma de poder o convocatoria, se decida a expresar su irritación por el medio que le sea propio con vistas a ayudar a salir de este atolladero.
Hasta hace poco, el derecho general a la paz pública se satisfacía con la sola y relativa ausencia de violencia inquietante: existieron guerrillas, grupos sociales exaltados, fenómenos naturales, homicidios, robos y asaltos rutinarios, presentes en toda sociedad, pero nunca generaron el ambiente de miedo que hoy nos embarga. Ahora para garantizar ese derecho a la paz, se necesita que se eviten las tres formas de violencia: La violencia criminal, la violencia oficial que genera el gobierno con sus operaciones y la social, producida por elementos de la sociedad que han aceptado delinquir como una actividad legítima para satisfacer sus necesidades, una especie de sustituto racional del trabajo. Los tres factores son causa y origen de la violencia, manifestación mayúscula de la inseguridad pública, que es cualquier acción que perturbe al estado de comodidad en las formas de vida al que la población tiene pleno derecho.
La situación en México ha evolucionado rápidamente en sólo 20 años. De padecer un estatus de inseguridad sólo desconfortante, habitual, costumbrista, hemos pasado a una agudización de ella y a un estado de creciente violencia que se inició como actos criminales, primordialmente precipitados por el narcotráfico; empeoró con la introducción descontrolada de la violencia oficial en aquella memorable invasión de Michoacán de enero de 2006, la guerra de Calderón, y ha llegado a grado extremo actualmente con las improvisaciones, desaciertos y vaciedad de Peña Nieto. Hoy lamentamos la creciente marea delictiva de la violencia social: su explicación es que la sociedad ha aprendido a delinquir como medio que cree legítimo para satisfacer sus privaciones y reclamos. La situación al finalizar el gobierno de Enrique Peña es peor de como la que recibió y, por inercia, seguirá empeorando si no se busca la solución radical.
En México no se está garantizando, ni en lo poco, el primordial derecho a la tranquilidad que da lugar al esfuerzo generalizado y hacia al progreso. Un altísimo índice de la población no se siente seguro y tampoco mejora su percepción de que pronto tendrá segura la paz como derecho. De ser evidente ese derecho significaría sentir una garantía para su vida, vivir sin tener temor a perderla ni a ella, ni a su integridad personal, ni a su patrimonio. Ese es el sentir social sobre su cotidianeidad y su futuro. Tiene todo el derecho a pensar así.
El Estado está obligado a generar condiciones óptimas para que las personas se sientan seguras, que haya situaciones para que no viva con temor, a que se desarrolle en un ambiente tranquilo, donde se le respete su derecho a transitar libremente y a no ser oprimido, sabiendo que nadie lo debe lastimar, que, de darse un hecho lamentable, un Estado democrático estará presto para su auxilio. Si esto ocurriera, la nación se volcaría en su auxilio. De todo esto trata este planteamiento. Tenemos derecho a vivir en un ambiente confortable, de eso se trata, de disponernos a exigirlo y trabajar por ello.
De cara a los procesos electorales, estamos empezando a oír las más diversas propuestas sobre cómo atender el gravísimo problema de la seguridad pública, las más de ellas honestas, pero de alcances genéricos, reducidos, ante un daño que es mayor. En ese largo plazo, veremos hechos y dichos sorprendentes por parte de reales y supuestos expertos y especialistas. El debate electoral por naturaleza es retórico, grandilocuente y puede ser estéril a menos que exista una enérgica decisión por el cambio.
En un mundo pugnaz, en una campaña acometedora como la presente, son condiciones difíciles para un candidato el ser objetivo y veraz a menos que se declare por anunciar un cambio realista y fundamental. Formular propuestas transformadoras de mil vicios le implicaría asumir costos políticos, sociales y presupuestales y que, en principio, con una salvedad, sólo ofrecerían frutos confiables a plazos medios y largos, aunque como es justo, entendiendo el carácter político del proceso electoral, se ofrezca simultáneamente paliativos transitorios en breve plazo. Ese discurso que llama al esfuerzo compartido, por honesto sería muy bien recibido, más si ofrecen ciertos alivios prontos. La otra gran premisa es que la sociedad que justamente exige un cambio, consecuentemente, debe disponerse a comprometerse en el esfuerzo.
Al mismo tiempo surge otra determinante: El cambio radical es ahora o nunca. El relevo del gobierno federal es propiciatorio. O el próximo gobierno enfrenta decididamente ahora el problema o el futuro nacional se verá muy comprometido. Mucho de la situación actual se deriva de que en 20 años sólo se han aplicado medidas parciales de resultados supuestamente inmediatos. Es la hora de aceptar que a todo le llega la exigencia de remirar y reiniciar tareas, así es el vivir de una sociedad. Es hora de cambiar. Si esta aseveración fuera atendible, habría que buscar caminos para convocar a la nación a encarar lo grave de la situación, sus complejos requerimientos y lo difícil que será alcanzar pronto logros indispensables. Sólo la sociedad organizada y debidamente conducida tiene la libertad de opinión, la sensibilidad sobre el problema y la entereza de plantearlo como justa exigencia a los gobiernos entrantes.
Un factor relevante es que han empezado a darse encuentros de organismos sociales en busca de interlocutores políticos con miras a hacerse oír en las campañas. Ese camino, legítimo y comprensible es posible que no sea el mejor si sus interlocutores políticos no desean escuchar, si, como ha sucedido, ellos creen saberlo todo, pero esa legítima expresión de hartazgo ya está ya en curso, nada la detendrá, salvo cierta certidumbre de que vamos en el camino del cambio. La contaminación electoral es un peligro a evitar. Es apremiante que la sociedad se organizara de múltiples maneras, en un esfuerzo de la dimensión requerida por un problema nunca enfrentado suficientemente por ella al margen de las campañas, y atendiendo a la oportunidad de un gobierno a renovarse.
Un segundo factor que obra sobre esta ardua tarea y es de gran calibre, es la arraigada costumbre del poder político de despreciar las propuestas de la sociedad en términos que fueran reales y comprometidos. En estos mismos tiempos somos testigos como organizaciones sociales de gran solvencia moral, técnica y experiencia y aún voces de organismos internacionales han sido ignorados por el gobierno federal. Hoy como nunca el poder político está obligado a reconocer las grandes fallas y escuchar al pueblo.
Como paso inicial es necesario que una constante en cualquier proposición, sea la oferta del ineludible cambio. El problema que ya no es sólo criminal, ha entrado con gran fuerza a los campos netos de la alta política, de los líderes sociales y económicos y despertado la exigencia desesperada de la comunidad nacional. El enfoque meramente criminal, como el que se ha dado en ya largos años, ha demostrado ya que, si nunca fue correcto, hoy está absolutamente rebasado. La sociedad nacional está justamente alarmada y puede ya dar signos de impaciencia que suelen ser incontrolables.
Un encauce nuevo es indispensable: el sociopolítico, el que debería cumplir tres exigencias:
Esto lo convertiría en un proyecto diferente, de naturaleza interdisciplinaria, de sociología política y no solamente de control político/policial.
Naturalmente, cada rubro mencionado está compuesto por mil partes que habrá que desagregar una vez enriquecido y aprobado este ensayo. Eso equivale en parte a una autopsia que resultará desagradable para la presente administración, muy comprometedora para su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y resulta ser un filón de oro para los partidos de oposición. Ambas características son una base de partida. Habría que partir de la propia Constitución con sus vacíos, indefiniciones y parcelaciones sobre el tema; considerar todo tratado o convenio internacional, dictar leyes secundarias y fijar políticas públicas, todo ello debidamente consolidado en programas de gran participación social. Estas razones abundan en lo necesario que es preservar esas reflexiones nacionales de toda contaminación.
El primer gran reto y el primer gran requisito es aceptar que estamos ante un problema sociopolítico de pronósticos alarmantes. Es importante hacer relevante que una situación como la que actualmente se vive puede evolucionar del tipo de conflicto presente a otro a perfilarse según los hechos que ocurran en un momento dado. Hay datos ya presentes de numerosas señas de descomposición social. Ella se victima a sí misma y crece la expansión criminal. ¿Queremos más? Por la brevedad deseable para un ensayo de este orden no se hace un diagnóstico más. Hay ya numerosos, oficiales y privados muy confiables y existe el más justo, objetivo y delicado: la sensibilidad social que califica con la mayor autoridad la gravedad de la situación.
Las ideas propositivas están muy decantadas por largos años de observación constante y metódica, participativa y responsable, posiblemente son de considerarse. Cada una se abrirá en 1 mil. La situación es sumamente delicada, inédita y demandante de un esfuerzo intenso y continuado por un plazo que seguramente rebasa a las costumbres de hacerlo todo con la perspectiva sexenal. Es un reto mayúsculo y sui géneris, así debe ser la respuesta. La claridad y honestidad serán muy acertadas por novedosas. Siempre nos han engañado.
El presente ensayo es un esfuerzo por trasladar ideas, experiencias, información, resultado de logros y fracasos acumulados, intenta ser un trabajo culminante por la acumulación de vivencias de décadas. Lo sustenta un ánimo de contribución. No tiene pretensiones personalistas, aspiraciones o adhesiones políticas, ni purismos académicos. Es un ensayo libre, honesto, simple, llano sobre la casi inasible materia de seguridad pública. Por los efectos de descomposición de la seguridad como deber constitucional, la paz pública se ha desbordado, devenido en un grave problema político y social que rebasando sus propias fronteras es ya un asunto de violencia generalizada que es una amenaza al futuro del país y una desgracia nacional. Así, el fin de este trabajo es ofrecer la expresión, sólo la expresión de ideas que, de desagregarse, ordenarse y hacerse ejecutivas, posiblemente fueran útiles a un esfuerzo mayúsculo que deben titularizar gobierno y sociedad.
Anteriormente en este mismo prólogo se planteó la necesidad nacional de examinar de manera honesta y profunda ideas sobre el candente asunto de la seguridad pública que cada día se complica más. No es previsible que sin amplísima honestidad y libertad se evite el riesgo que enfrenta el país de perder su gran acuerdo para existir y progresar. Tal como vivimos no nos permite prever un destino como el deseado. Deseamos vivir en paz y dignamente, debemos hacer ruido.
El momento electoral ofrece dos condiciones contrastantes:
Como nunca, hoy la solución está básicamente en manos de la creatividad pública y su capacidad de exigencia que, venturosamente cada día es más vigorosa: La comunidad hoy sometida, está decidida a someter al poder. Está en marcha para proponer y exigir sin necesidad de interlocutores políticos. El severo descrédito de las organizaciones políticas ha abierto un enorme hueco que está siendo llenado por la sociedad.
En pasos subsecuentes, como se dijo, se intenta ofrecer ocho ideas de valor propositivo para iniciar la exploración de soluciones sensatas:
*El texto es el prólogo del libro Prospectiva de la seguridad pública en México. Buscando la aguja en el pajar, de próxima aparición. Con autorización del autor, Contralínea publica un adelanto
Jorge Carrillo Olea**
**Director fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen: febrero de 1989-octubre de 1990); general del Ejército Mexicano en situación de retiro
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]
Contralínea 575 / del 29 de Enero al 03 de Febrero 2018
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