FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Once días de gobierno han bastado para delinear una nueva relación entre México y Estados Unidos. En este corto periodo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó un límite a la administración de Joe Biden, al restringir la comunicación del embajador Ken Salazar. A partir de ahora, éste sólo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores –Juan Ramón de la Fuente– para tratar toda su agenda, y no como lo hacía en el sexenio pasado, cuando hablaba con todos los secretarios de Estado y funcionarios federales de alto nivel, de acuerdo con las necesidades de su agenda.
Otra señal de esta nueva relación es el hecho de que la primera mandataria no acordara reunirse con su homólogo, el presidente Joe Biden, cuando sostuvieron una llamada telefónica; sino que esperará a conocer los resultados electorales que determinarán al sucesor –entre la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump–, para plantear una reunión bilateral de alto nivel.
A ello se suma que, en este breve periodo, la doctora Sheinbaum Pardo ha insistido al gobierno estadunidense que entregue la información detallada de la detención, ocurrida el pasado 25 de julio en territorio mexicano, del narcotraficante y hasta entonces líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada. En el contexto del reclamo, la jefa del Ejecutivo federal ha reiterado que esa captura –organizada unilateralmente por el vecino país del norte– es la que desató la violencia en la entidad sinaloense.
Pero éste no ha sido el único reclamo de su administración. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, envió un mensaje fuerte sobre el tráfico de armas, al advertir que Estados Unidos debe entender que los flujos armamentistas contribuyen a la violencia que aún enfrenta México, por lo que se le exige compromiso para detener este mercado negro. De hecho, también reveló que una de las instrucciones de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es que se solicite a EU revisar el Entendimiento Bicentenario, que rige la cooperación en materia de seguridad.
Aunado a ello, la presidenta de la República ha aclarado que en su gobierno no habrá marcha atrás en temas como el de Calica, y la prohibición del maíz transgénico y el glifosato, que para el vecino país del norte han sido banderas en defensa de los intereses de las trasnacionales estadunidenses afectadas por estas decisiones.
El 10 de octubre pasado, el secretario Juan Ramón de la Fuente se reunió con el embajador estadunidense Ken Salazar, tal como lo acordaron en una llamada telefónica, el pasado 4 de octubre, la presidenta Sheinbaum y el presidente Biden. En ese encuentro, México fijó nuevas reglas para la relación del diplomático estadunidense con la actual administración.
“Se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales; porque a veces el embajador acostumbra a llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos: ‘bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadunidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la cancillería’. Fueron algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer, y eso ordena de manera muy importante la relación”, indicó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina del pasado 11 de octubre.
Aunque se trata de una medida severa que restringe el actuar del embajador a favor de nuestra soberanía nacional, la primera mandataria suavizó la decisión al indicar: “nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así. Y, además, nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”.
Los lineamientos impuestos a Ken Salazar se dan luego de que éste y el expresidente de México tuvieron varios desencuentros, a grado tal de que Andrés Manuel López Obrador pausó la relación con el diplomático. Ello, luego de que Estados Unidos se negara a proporcionar toda la información relacionada con la captura del Mayo Zambada –pues su gobierno mantuvo la sospecha de que ésta se dio en suelo mexicano por agentes de la DEA, lo que habría violado la soberanía–, y de que Ken Salazar se entrometiera en el tema de la reforma judicial, cuando ese es un asunto que sólo le compete a los mexicanos.
De la reunión entre De la Fuente y Salazar, la única información que se reveló fue la que compartió la presidenta de la República: hasta el cierre de esta edición, ni la SRE ni la Embajada estadunidense emitieron pronunciamientos. Y de lo que indicó la primera mandataria, se desprende que el único canal de comunicación que mantiene abierto el gobierno federal con el embajador es Juan Ramón de la Fuente, por lo que todos los temas estadunidenses pasarán por ese filtro que le rendirá cuentas directamente a la doctora.
El 9 de octubre –un día antes de este encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador Salazar–, la presidenta Sheinbaum expuso en su conferencia matutina que no tiene pensado reunirse pronto con su homólogo Joe Biden, y que en la llamada telefónica que sostuvo con él, esa posibilidad ni siquiera se planteó.
Este detalle no es menor. La administración de Biden está por concluir, y el gobierno de México estaría dando por terminada prácticamente esa relación, en espera de que, en noviembre próximo –cuando ya se sepa quién gobernará la nación vecina–, se establezcan las reglas del juego entre ambos países: “¿qué es lo que pasa? Que hoy está la elección en Estados Unidos; entonces. nosotros somos muy respetuosos de la elección. Por supuesto que la coordinación es con el presidente Biden y va a seguir esta coordinación. [Pero] el 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos y luego se llevan su tiempo para la calificación de esa elección, y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, y se mantiene la coordinación”, declaró Sheinbaum Pardo.
La relación bilateral que se establezca con el próximo gobierno estadunidense pasará por la exigencia del gobierno federal para que Estados Unidos entregue toda la información de la captura del Mayo Zambada. Ello, porque el mismo 9 de octubre, en su conferencia, la titular del Ejecutivo federal reiteró la necesidad de esa cooperación.
Al respecto, la primera mandataria recordó que si bien la relación de México con Estados Unidos no se pausó por esta falta de información: “lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República [López Obrador], por la acción en Sinaloa [del 25 de julio, cuando el líder del Cártel de Sinaloa fue detenido], en donde nunca se consultó al gobierno de México, ni se coordinó, sino que fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención”.
Esa no era la primera vez que la presidenta Sheinbaum reclamaba a Estados Unidos por este tema. Un día después de asumir el mando, el 2 de octubre, declaró en su primera conferencia matutina que su gobierno sí va “a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio”.
Y posteriormente indicó que Estados Unidos no puede presionar a su administración, luego que le consultaron si había tal situación por el tema de la reforma judicial. “México es un país libre, soberano, independiente. Y nos coordinamos, mas no nos subordinamos, como lo dije ayer”. Y es que el 1 de octubre, durante su toma de protesta, envió un claro mensaje de que México defenderá su soberanía e independencia.
Para el 8 de octubre, nuevamente regresó al tema de la captura del Mayo Zambada; esta vez, sin que mediara ninguna pregunta de la prensa. Ese día, declaró: “hay que recordar en el tema de Sinaloa, solamente, cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios: a la fecha –lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de la Seguridad– es que todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención, que se sigue solicitando. Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador, el embajador va a la cancillería, y es uno de los temas, que se dé la información”.
En este breve periodo de 11 días de gobierno, las señales de un ajuste en la relación México-Estados Unidos no sólo han venido de las declaraciones de la presidenta, sino también de algunos integrantes de su gabinete. Ejemplo de ello es el reclamo que hizo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el pasado 8 de octubre, sobre el tráfico de armas.
“En el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos. En ese sentido, se incluyó en el Entendimiento Bicentenario –creemos que, por primera vez– ese tema en donde se les hace ver que es necesario que implementen acciones”.
En la conferencia presidencial de ese día, el general secretario agregó: “hemos recibido instrucciones [de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas], y se está analizando también dentro del Gabinete de Seguridad, que hay que revisar ese instrumento para que se continúe, se actualice y reforzar las acciones”.
De las palabras del general Trevilla Trejo se desprende que México solicitará a Estados Unidos revisar los términos en los que se da la cooperación en materia de seguridad, poniendo por delante los intereses de nuestro país.
“Dentro de todo lo que se hace es que se proporciona información directamente a Estados Unidos por las partes que deban de ser, por las partes correspondientes, respecto al armamento que se asegura, que aseguran las dependencias del Gabinete de Seguridad. Entonces, ese es un tema que no se puede dejar, va a seguir”, indicó el titular de la Sedena.
Además de las declaraciones del general secretario, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha dado muestras de que México no cederá en terrenos en los que avanzó el expresidente López Obrador. Uno de esos asuntos es el de Calica, en el que la secretaria advirtió que no hay expropiación, pero la empresa no podrá, nunca más, explotar los bancos piedra. Además, reveló que la compañía estadunidense ha mentido no sólo a México, sino también a la SEC y al tribunal internacional donde se ventila su caso.
“Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcan Materials, dedicada desde 1986 al aprovechamiento y explotación de roca caliza y sus agregados pétreos; principalmente, piedra triturada, arena y grava. Es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos para construir carreteras, y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático, de una zona que está, tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una cárstica, y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región. Quería darles un poco cuál es la dimensión, son mil 200 hectáreas lo que se ha explotado en este caso”, indicó en la conferencia presidencial del 11 de octubre.
Como en muchos casos que implican a empresas estadunidenses, en el asunto Calica-Vulcan Materials el gobierno de Estados Unidos y legisladores de ese país han buscado influir en México para evitar el cierre de la mina. Hasta ahora no lo han logrado.
La secretaria Alicia Bárcena señaló que “la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas; entre otras, dice que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó sobrexplotar la extracción de piedra caliza. Se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego, se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre de 2020. Explotaron, además, 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático.
“Declararon que había siete cenotes, y cuando se hizo una visita se encontraron sólo cuatro, quiere decir que destrozaron al menos tres. Y afirmaron tener todas las concesiones de agua, y solamente tenían una, que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático. Simularon incluso ante el tribunal internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas. Y yo diría, lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa [SEC] –porque es una empresa que cotiza en bolsa– el doble de reservas de material pétreo que reportan en México, para poder evadir impuestos”.
De acuerdo con la titular de la Semarnat, luego de que el gobierno de López Obrador les prohibió la extracción de piedra caliza del subsuelo de Playa del Carmen y Cozumel, Quintana Roo, Vulcan Materials demandó a México con base en el TLCAN –no en el T-MEC, que es el acuerdo vigente–, por más de 1 mil 500 millones de dólares. Ello, a pesar de que la Semarnat y la Profepa confirmaron los daños ecológicos, el impacto al sistema hidrológico subterráneo 20 veces más del volumen autorizado.
Otra de las mentiras diseminadas por la empresa, dijo Bárcena, es que se le está expropiando el terreno. “No, no estamos expropiando: su terreno sigue siendo de ellos, lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí. Es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque, o a ver qué hacen, pero caliza no”.
Al igual que en este caso de Calica, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado el freno a la industria agroalimentaria que atenta contra la salud de los mexicanos. Tal como avanzó la pasada administración de López Obrador, la presidenta declaró que no hay marcha atrás en la prohibición del maíz transgénico para consumo humano y del herbicida glifosato.
“Avanzaremos en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Como dice el presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Andrés Manuel López Obrador, como dice Andrés Manuel López Obrador, no permitiremos la siembra del maíz transgénico, seremos autosuficientes, no sólo en maíz blanco, sino en frijol y en otros cultivos”, señaló Sheinbaum Pardo en su toma de protesta, el 1 de octubre pasado.
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