Sí hay nepotismo y corrupción en Poder Judicial de Puebla: magistrado Sánchez

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla señala que el nepotismo y la corrupción se “combaten todos los días”. Destaca su relación “excepcional” con el gobernador Barbosa y dice que las acusaciones de presionar a jueces y de litigar a través de terceros provienen de quienes antes tenían parcelas de poder en las instituciones

Sí hay nepotismo y corrupción en el Poder Judicial del Estado de Puebla, reconoce el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Héctor Sánchez Sánchez. Pero, asegura, se combate todos los días. Destaca las certificaciones en mejora regulatoria y administrativa que han obtenido las instancias judiciales del estado y defiende los sueldos y el cargo vitalicio de los magistrados.

En entrevista con Contralínea, sale al paso de los señalamientos sobre sus supuestos negocios con despachos que litigan a su nombre y las supuestas presiones que ejerce contra jueces para que fallen en determinado sentido. Asegura que nada hay firme en esa información que, se le explica, consta en expedientes de inteligencia.

Señala que –“por mi propia responsabilidad”– no puede referirse a nombres de personas o despachos y solicita, previo a la entrevista, que no se mencionen en las preguntas para no incurrir en faltas a la normatividad. Pero acepta hablar de todo.

Abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es también notario y actuario. En 2017 ingresó como magistrado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla y en 2018 se convirtió en presidente del Tribunal Superior de Justicia. Antes había sido síndico municipal en la ciudad capital del estado, cuando el ayuntamiento estaba encabezado por Antonio Gali (2014-2016), el mismo morenovallista que luego sería gobernador de la entidad (2017-2018).

Justifica los altos sueldos que él y los demás magistrados perciben pues, asegura, corresponden con las “altas responsabilidades”. De hecho, argumenta que falta presupuesto para mejorar procesos y cumplir con más estándares de transparencia y rendición de cuentas. Explica que su trayectoria, cercana a personajes del círculo del fallecido panista Rafael Moreno Valle, en nada obstaculizan su relación con el actual Ejecutivo. Por el contrario, dice que la relación con el gobernador Miguel Barbosa Huerta es “extraordinaria”.

Traje y corbata oscuros, peinado meticuloso, Sánchez Sánchez se muestra sobrio y pulcro. Se retira los anteojos para enfatizar algunas respuestas. Los señalamientos directos apenas esbozan un apretón de labios; pero responde sin exaltarse, incluso, de manera apacible.

—Los sueldos en el Poder Judicial siempre son muy cuestionados por ser muy altos. ¿Cómo se justifican actualmente los sueldos del Poder Judicial y, específicamente, los de los magistrados?

—La tarea que llevamos aquí, en particular, mis compañeros magistrados, es de altísima responsabilidad. El enfoque particular de tu pregunta vale la pena resaltarlo: sí tenemos un sueldo digno, tenemos un ingreso que corresponde a esta responsabilidad de la que te hablo. Sin embargo, es necesario precisarte que a pesar de que Puebla es uno de los estados en crecimiento en población, economía, trascendencia, más grandes de la República, los ingresos del Poder Judicial se encuentran por debajo de la media nacional. Es un ingreso adecuado a la responsabilidad, pero también es cierto que es un ingreso que no ha sido modificado de forma trascendente, por lo menos en los últimos 10 años. Hemos hecho ejercicios presupuestales, incluso, para igualar los sueldos de funcionarios que desempeñan tareas similares.

—Los magistrados del estado tienen un sueldo formal inferior al de otros estados; sin embargo, tienen una compensación garantizada importante, la cual sube de manera mensual los sueldos más allá de los 200 mil pesos. Es información pública que está en la Plataforma Nacional de Transparencia.

—Hay que revisarlo con puntualidad porque la compensación con el sueldo es justamente a lo que yo me refiero cuando te digo que estamos por debajo de la media nacional. Está publicado no sólo en Transparencia, sino que es la base de cotización del ISSSTEP [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla] al que nosotros estamos afiliados. Y la compensación, que es este incremento que nos da también el Congreso del Estado, sigue siendo esa cantidad que ni siquiera llega a pasar de esa media nacional. Es un salario digno y vale la pena precisarlo: nuestros sueldos, a diferencia de más de la mitad de los estados y, por supuesto, de la Federación, es mucho muy inferior. Sin embargo, la carga de trabajo que compartimos es similar.

—Tenemos una serie de documentos de agencias de inteligencia sobre el Poder Judicial. En esos análisis se señala que el presidente del Tribunal cuenta con un equipo de abogados que están fuera del Poder Judicial que litigan asuntos que podrían interesarle al presidente del Tribunal. ¿Qué responde al respecto?

—Yo siempre he sido muy cuidadoso de enfocar mi trabajo y mi discurso a la tarea que es garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, lo subrayo, cuando garantizas el acceso a la justicia y, sobre todo, implementas instrumentos de combate a la corrupción; haces cambio de adscripción de jueces que tenían más de 10 años en un mismo juzgado; les pones sistemas de gestión de control digitales, en donde si se llega a modificar algún registro queda huella… Si hablas, no nada más de los jueces, sino también te vas al equipo que está debajo de ellos, que son los secretarios… Si un juez podía tener más de 10 años, los secretarios podían tener más de 20… Si haces todo este tipo de modificaciones para combatir la corrupción, afectas intereses. Y cuando afectas intereses de particulares, de personas que tenían creados en estas instituciones sus negocios particulares, que tenían aquí a su familia trabajando por esquemas de nepotismo heredados, es claro que emiten este tipo de comentarios. Yo sólo diría: ¿existe algún elemento sustantivo, alguna prueba? No la hay por una simple y sencilla razón: yo tuve la oportunidad de ser un abogado litigante y por eso me atrevo a decir lo que estoy mencionando. Conozco muy bien los esquemas de gente vinculada a estructuras que estuvieron trabajando aquí durante muchos años, que cuando se hacen este tipo de movimientos para combatir la corrupción, pues claro que se ven afectados en sus intereses. Y van a decir eso y van a decir más, pero mientras nosotros estemos trabajando para garantizar el acceso a la justicia, creo que ese tipo de comentarios, perdón que lo diga, con plena subjetividad, a mí me viene a reforzar el mensaje de que estamos haciendo las cosas bien. Y señalo: un servidor no tiene un solo familiar directo ni indirecto trabajando en esta institución.

—El expediente que lo señala a usted implica a despachos y abogados litigantes específicos, como parte de su estructura, más allá del combate a la corrupción que usted menciona que lleva al interior del Poder Judicial.

—Conozco a muchos abogados poblanos porque tuve la oportunidad de estudiar en la universidad pública del estado; y porque fui pasante, hice mi servicio social como auxiliar de defensor en estos juzgados, en el área penal y porque litigué más de 15 años en estos tribunales y en varios de la República. Que si conozco personajes de la abogacía, incluso, a nivel internacional, ¡claro que los conozco! Pero una manera de expresarte respeto por parte de las personas que puedan tener intereses, es que ni siquiera se atreven a ofrecérmelos. Saben perfectamente cuál va a ser mi respuesta. Los que me conocen saben que no tendrían la más mínima oportunidad de hacerlo. Hacerle eco a esos señalamientos tan subjetivos es darles un espacio de retroalimentación. Mejor, señores, hay instancias de denuncia.

—Litigó durante 15 años y conoció a muchas personas. Algunas de esas personas que siguen litigando podrían estar usando su nombre y hacer valer la cercanía que tuvieron o tienen con usted para buscar beneficios. ¿Cómo se garantiza que eso no ocurra?

—Finalmente, el combate a la corrupción es una tarea cotidiana. No se habla de un sistema, sino de una cultura que es a lo que tú te refieres. En esta institución nos esforzamos desde el año pasado en certificarnos. Fuimos el primer Tribunal que certificó sus procesos jurisdiccionales en la norma ISO-37001, que es una norma que tiene estándares internacionales en un sistema de gestión antisoborno. ¿Qué hace esa norma? Primero, nos diagnóstica. Me interesa mucho que durante mi gestión se combata la corrupción como nunca se ha hecho. Además del diagnóstico, hay capacitación y auditorías que no son anunciadas para que si se detecta una práctica de corrupción, ésta se denuncie inmediatamente.

—¿Y Antorcha Campesina? ¿Hay acuerdos de protección con esta organización?

—Me estoy enterando de esta acusación. Te puedo decir que, como poblano y por la carrera pública que también tengo, claro que conozco varias de las organizaciones sociales de este estado. No existe antecedente, ni mucho menos forma de que alguna organización social o alguna persona, incluso, pueda tener algún beneficio que esté fuera de los reconocidos por la ley. No puedo, por mi propia responsabilidad, señalar nombres y apellidos, pero personas de distintas organizaciones sociales han sido vinculadas a procesos durante la vigencia de la presidencia de un servidor. Reitero, este tipo de señalamientos obedecen al combate a la corrupción y, bueno, esto lo puedo tomar como una buena noticia.

—En el Poder Judicial de Puebla hay nepotismo y magistrados y jueces que se han eternizado en el cargo. ¿Por el bien del propio Poder Judicial no sería pertinente una renovación de este cuerpo de magistrados?

—Tendría que ser legislador para poder opinar en ese sentido. Recordemos que esto obedece a un diseño constitucional en donde, en este estado, la ley orgánica y la Constitución misma del estado de Puebla prevé que las designaciones de las magistraturas tienen la característica de ser inamovibles. ¿Por qué? Porque así se garantiza que no se den figuras sexenales, que no se den magistraturas o resolutores de judicialización que deban a un régimen temporal su función o su nombramiento. Tiene una razón de ser, que es garantizar la autonomía del Poder Judicial.

—Pero hay quienes tienen más de 20 años en el puesto y eso genera también parcelas de poder que, además, son vitalicias.

—También ha dejado una enorme huella en cuanto a formación jurisdiccional y crecimiento. Yo le he reconocido a cada compañero que tiene carrera judicial, que empezaron, inclusive, desde abajo como oficiales, secretarios, jueces y luego magistrados, que ese aporte de haber sido miembros de la carrera judicial nos da mucha experiencia en el pleno. Creo que hacer la opinión de por qué tanto tiempo corresponde al Poder Legislativo.

—El cuerpo de magistrados actual fue propuesto por gobernadores que hoy ya no están en el poder. Pertenecían a un partido distinto al que ahora gobierna en la entidad e, incluso, al que hoy es mayoría en el Legislativo. ¿No obstaculiza esta situación la relación institucional entre ambos poderes?

—El Ejecutivo, me refiero al gobernador Luis Miguel Barbosa, ha mostrado, verdaderamente, un respeto a la institución que debe reconocerse. El hombre es abogado, fue litigante, también entiende y conoce de procesos jurisdiccionales.

En su ejercicio y en absoluta legitimidad ha señalado casos que son de alta sensibilidad en materia de gobernabilidad, de las tareas que le corresponden a cualquier Ejecutivo. Por lo que hace a la relación con los poderes: extraordinario respeto al Poder Judicial. Nos ha permitido establecer relaciones de coordinación e, incluso, con flexibilidad. Yo no me imagino un estado en el que sus tres poderes no tuvieran coordinación, respetando las autonomías.

—Ha reconocido que hay nepotismo. ¿Cómo lo combate su administración?

—Cada designación de juez o juzgadora ha sido a través de examen. Hemos emitido a través del Consejo de la Judicatura del estado la primera convocatoria con perspectiva de género con una acción afirmativa. Se consiguió presupuesto para concursar 10 plazas de jueces, por ejemplo, en materia penal y se estableció una fórmula advirtiendo que no existe una paridad real. Establecimos una fórmula en donde se designó que los primeros cinco lugares serán para mujeres y los otros cinco serán para las y los mejores evaluados. Me preguntaron: “¿Por qué no cinco y cinco?” Porque eso no es una acción afirmativa, cinco fueron para mujeres sí o sí y los otros cinco fueron de libre competencia, pudiendo haberse dado el caso de que fueran, incluso, 10 mujeres o cinco y cinco. La verdad es que el resultado práctico arrojó casi una paridad, fueron seis mujeres y cuatro hombres; pero hemos tenido esa oportunidad de designar jueces, primero, de carrera judicial y, fíjate, la única designación de jueces en la administración de un servidor que se ha realizado en favor de personas ajenas a la carrera judicial, la hicimos apenas, en este mes de septiembre, dado que implementamos la reforma laboral en el estado de Puebla y publicamos una convocatoria abierta para un curso de oposición, es decir, capacitamos a los interesados en esa evaluación y concurso de plazas para juez. Y se concursó. En esta ocasión se nombraron tres plazas de juez en donde una recayó sobre un funcionario público que se venía desempeñando en la Fiscalía de la Ciudad de México; otra, sobre una servidora pública que se venía desempeñando aquí en las áreas de oralidad penal, y una tercera servidora pública que se venía desempeñando en la Junta de Conciliación. Los procesos llevados a cabo no solamente con transparencia, sino con observadores y sí te puedo decir: creo que esa es la forma en la que deben de crecer los Poderes Judiciales.

—¿Cuáles son los obstáculos para erradicar vicios en este Poder Judicial de Puebla?

—Un obstáculo real es la falta de capacidad presupuestal o de un sistema de jubilaciones dignas para mis compañeros que, efectivamente, llevan 30 años siendo jueces, secretarios o, incluso, escribientes. Tenemos esa problemática porque son compañeros que han dado su vida a una institución, pero que también se enfrentan a problemas reales no sólo de aptitud o actitud para las nuevas tecnologías, sino, incluso, de salud. Hoy somos un tribunal dinámico, que sale al interior del estado a pesar de tener 22 distritos judiciales, que vamos a los municipios, que llevamos servicios de justicia alternativa; que nos movilizamos para garantizar el acceso a la justicia, y cierto es que el cuerpo de nuestro poder judicial es un cuerpo que requiere tener mejores herramientas de jubilación, eso redundaría en un beneficio directo a la ciudadanía para poder tener audiencias más dinámicas, para poder tener, incluso, concurso de plazas entre personas que vienen ya con los nuevos sistemas jurisdiccionales. No así la justicia laboral que acaba de iniciar; no así, la justicia familiar. Uno de los mayores problemas que tenemos en el Poder Judicial es la justicia familia: prácticamente el 70 por ciento de lo que recibimos en la oficialía corresponde a justicia familiar que la encabezan divorcios encausados, alimentos y guardas y custodias de menores. Esto, sumado a la pandemia que trajo otras consecuencias negativas, nos ha generado una especie de cuello de botella en nuestros juzgados tradicionales. A partir del 15 de octubre, estas acciones, divorcio, alimentos y guardias y custodias, tratándose de menores, se llevan a llevar a cabo a través del juicio oral en materia familiar. Juicio oral de una forma dinámica, asequible, para que las audiencias se desahoguen, inmediatamente se señale la hora y en la misma audiencia el juez emita un acuerdo. No podemos hablar de que el juez va a dictar la sentencia cuando necesite desahogar un juicio, pero la diferencia contra todos los sistemas tradicionales, incluyendo el nuestro, pues que hoy se presenta una promoción por escrito y probablemente, un acuerdo en el mejor de los casos, recae en 24 o 48 horas, en otros casos recae en una semana.

—¿Qué legado quiere dejar en su paso como presidente del Tribunal?

—Tengo dos grandes pilares de actuación: el primero es justicia de proximidad. No podemos tener los tribunales alejados de las poblaciones donde no hay recursos económicos o no tienen buenas vías de comunicación y tienen problemáticas enormes. Un conflicto entre partes en la ciudad se dirime en un tribunal; un conflicto de la misma naturaleza en una población alejada de los centros, de las capitales o de las cabeceras municipales, no sólo carece de una instancia, sino que estigmatiza a las personas. Debemos de llevar los juzgados a cada rincón del estado, así sea de forma itinerante, pero es justicia de proximidad. La segunda columna es el combate a la corrupción. No vamos a ceder. Garantizar las vías para que se presenten todas las denuncias y se investiguen y, sobre todo, los integrantes del Poder Judicial tengan claro que aquí no se solapa, y mucho menos se permiten, los esquemas que históricamente se venían dando en materia de corrupción, porque combatiendo la corrupción y acercándonos la gente, la justicia es algo que necesariamente va a equilibrar la vida de muchas personas. Todo lo demás es ya desarrollo de tecnologías y ánimos de ser servidores públicos. Un Poder Judicial transparente, abierto, mas no politizado. Parte del combate a la corrupción en esta institución fuimos el primer tribunal no sólo en certificarnos en los estándares internacionales de combate a la misma, sino que, además, a través de la Secretaría de Economía federal, nos hemos certificado y, perdón que lo reitere, también fuimos el primer Tribunal de Justicia en la República en lograr la certificación de mejores prácticas en juicios orales mercantiles.

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