Al menos 436 grupos importantes de delincuencia organizada fueron identificados en siete países de América Latina, incluido México, involucrados en más de una actividad criminal. Se trata, principalmente, de cárteles que se dedican al narcotráfico.
“La mayoría de 436 grupos delictivos organizados en Latinoamérica –cárteles, pandillas, bandas y clanes familiares– se dedica, como actividad principal, al tráfico de drogas, responsable de los altos índices de violencia en la región”, indica la Evaluación de la amenaza del crimen transnacional organizado en Latinoamérica 2021.
Con el apoyo del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (PACCTO) –entre Europa y Latinoamérica–, México, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá realizaron la primera evaluación de la amenaza del crimen trasnacional organizado en la región. Ésta detectó 147 grupos vinculados con el narcotráfico. De éstos, 142 se dedican al tráfico de cocaína, drogas sintéticas, NSP y precursores, y cinco al tráfico de cannabis.
Adicionalmente, algunos combinan esas actividades con otros ilícitos: 102 están relacionados con delitos contra la propiedad, robo de vehículos; 108, en robos y hurtos organizados; 98 se dedican a asesinatos, extorsión y trata de personas; cinco a la ciberdelincuencia, y tres a delitos ambientales.
Mediante el método de la experiencia probada de SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment) en la evaluación de amenazas de delitos graves y organizados, de la Unión Europea, constataron que existen siete áreas criminales de mayor impacto en la región, más una octava transversal, consideradas prioritarias para los países miembros.
Se trata de: narcotráfico; trata de personas, para explotación sexual, laboral o migratoria; ciberdelincuencia, phishing, ransomware, estafa/engaño; delitos contra la propiedad encabezados por el robo de vehículos; contrabando de alcohol, alimentario y electrónica; delitos ambientales, como tráfico de vida silvestre y minería ilegal. Así como tráfico ilícito de armas de fuego; lavado de activos, como delito transversal y como un servicio especializado que determinados grupos criminales ofrecen a otros.
La evaluación considera de suma relevancia la identificación de varias áreas criminales que hasta ahora no se habían identificado con tanto peso e importancia como el lavado de activos como servicio, los delitos ambientales y la trata de personas.
Una radiografía estática de la criminalidad transnacional organizada en América Latina se puede representar con distintos aspectos importantes como: rápida adaptación de los grupos de la delincuencia organizada (GDO) al mercado criminal en una lógica de lucro entre la oferta/demanda, apunta el informe.
Destaca que las principales áreas criminales identificadas tienen conexiones a nivel internacional: 212 con América del Sur; 104, América del Norte; 32, con Centroamérica; 60, con Europa; 50, con Asia, y cuatro, con Oceanía.
“El alcance de las áreas de criminalidad organizada en América Latina, impacta y afecta el ámbito local, nacional, continental y global, ya que el 75 por ciento de los grupos de la delincuencia organizada tienen como principal actividad delictiva el tráfico de estupefacientes, el 71.4 por ciento de los países señala la trata de personas como área criminal prioritaria”.
En este contexto, remarca que el 12 por ciento de las áreas delictivas analizadas y consideradas prioritarias por los países, tienen relación con delitos de trata de personas, tanto laboral y sexual, como al tráfico ilícito de migrantes, así como incremento de la modalidad de delitos cibernéticos.
Federico Varese –profesor de criminología e investigador senior en Nuffield College, Oxford, y experto en el estudio del crimen organizado– distingue tres tipos de organizaciones criminales en América Latina y otras partes del mundo, entre los que destaca al tipo de hombres de negocios. Un primer tipo –dice– debe su distinción al tipo de actividad, en este caso, la producción, individuos y grupos especializados sólo en esta actividad, es el caso de Colombia que produce la cocaína en las montañas.
“Es un tipo de organización que realiza un cierto tipo de producción, hay individuos y grupos y se especializan en producir bienes y servicios ilegales en América Latina, el caso de los campesinos que trabajan en las montañas, diferente a los que producen otro tipo de servicios legales”, indica.
Otro tipo criminal es el de traficantes de personas y de drogas, con conocimiento especializado y habilidades específicas de muy diverso tipo: son hombres de negocios, muy diferentes a las capacidades de un granjero o agricultor. “Los traficantes llegan a ser hombres de negocios”.
“Y el gobierno es un tercer tipo de crimen organizado, ya que no hay organizaciones criminales que gobiernen, simplemente se asocian con el gobierno y se enfocan nada más en producir o comerciar. No lo hacen en absoluto por aspirar al poder sino para influir en las decisiones gubernamentales para beneficiarse a sí mismos”, subraya.
Entonces, para entender estos fenómenos en un sentido analítico, se puede hablar de conceptos utilizados por el mercado, y el enfoque de que el gobierno gobierna al mercado: las organizaciones criminales de este tipo no son específicas de un lugar típico del oeste de Sicilia o Calabria; son organizaciones que se encuentran en muchas partes del mundo, con estructuras similares.
Hay un orden criminal que apoya a un ejército que gobierna el territorio donde se necesita a los campesinos que producen y roban heroína de Hong Kong. En México y América Latina se han topado con cárteles de Europa y Asia; sin embargo, muchas veces son organizaciones muy parecidas, refiere el experto.
El análisis de grupos del crimen organizado a nivel macro en la región se realizó mediante el cruce de información policial, de inteligencia, de fuentes abiertas e investigaciones de ministerios del interior y de justicia de los países participantes. En el caso de México, la información provino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
El primer paso de la evaluación de la amenaza fue la creación del Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL), actividad que se vio impactada por la Covid-19.
El informe apunta que la gran mayoría de los grupos de la delincuencia organizada identificados por las autoridades están integrados por ciudadanos nacionales, con la excepción de Chile que reporta que, en el caso del narcotráfico, se detectan grupos delictivos organizados por ciudadanos chinos y colombianos.
El 61 por ciento de dichas organizaciones identificadas son cárteles y pandillas, que se caracterizan por tener estructuras altamente jerarquizadas y compartimentadas. La alta movilidad geográfica de éstos representa una amenaza prioritaria para la región.
En la mayoría de los casos, las organizaciones criminales que operan de manera transversal, contratan servicios de grupos delictivos locales, para facilitar control de sus operaciones, ya sea utilizando empresas de transportes, acopio de mercancías, apoyo logístico, legal, tecnológico y financiero, entre otros proveedores de servicios.
En materia de lavado de dinero, subraya que las organizaciones criminales se han especializado en todo aquello que engloba esta actividad criminal. En ese sentido, constata la aparición de nuevos modus operandi como dinero físico que termina convertido en criptodivisas, llevando a que un delito que ya es de difícil investigación –y que en la gran mayoría de los sistemas judiciales se debe comprobar un delito precedente– se transforme en un ilícito con una complejidad de investigación aún mayor.
En México y Panamá hay grupos de la delincuencia organizada que se dedican exclusivamente a servicios como el lavado de activos, en una simetría con el modus operandi identificado en Europa como Crimeas-a-Service (CaaS).
En el 71 por ciento de las prioridades señaladas por los países se utiliza empresas de fachada o testaferros para sus operaciones. Además, el 47 por ciento de las organizaciones delictivas utilizan el blanqueo de activos, pudiendo este valor estar infravalorado.
Las redes de lavado de dinero de los grupos de la delincuencia organizada usan el sector inmobiliario, la adquisición de obras de arte, las empresas de servicios, la creación de empresas fachada y testaferros.
En cuanto al asesinato y el lavado de activos se les ha dado una visión específica propia, puesto que más que áreas criminales éstos pueden ser considerados como delitos transversales a todas las áreas criminales y, además, delitos instrumentales por parte de los cárteles.
Si bien para unos países como Bolivia, Colombia y Perú, la amenaza del narcotráfico puede ser directa debido a su rol como productores, para otros representa una amenaza transversal.
Respecto a los países de estudio como Bolivia, Costa Rica y Ecuador, el tráfico de cocaína es el área más representada, prioritaria e importante. Sin embargo, aunque no sea la principal amenaza para Chile, El Salvador, México y Panamá, estos países incorporan el tráfico de cocaína como prioridad.
El análisis de los indicadores y del contexto general realizado por cada país indica que la mayor amenaza para la región corresponde al narcotráfico, el cual es responsable de la mayor violencia existente en Latinoamérica, articulando otras tipologías delictuales subyacentes, conexas y transversales que nutren doblemente los grupos criminales organizados.
Los delitos contra las personas, la trata de personas ya sea por finalidades de explotación sexual o laboral, y el tráfico ilícito de migrantes es la segunda prioridad global identificada como prioritaria por Bolivia, Chile, México y Panamá. Se constata que las mujeres son el grupo poblacional más vulnerable y afectado por estas tipologías delictuales.
Las modalidades de transporte de drogas comparables en los países analizados revelan que la utilización de vías marítimas es muy superior a la de vías terrestres y aéreas. Es el medio de transporte que traslada más cantidad de cocaína en América Latina.
En consecuencia, se nota una importancia mayor del tráfico marítimo en contenedores de carga lícita y transbordo de cargas en alta mar, utilizando naves de apoyo logístico, especialmente en los traslados de droga hacia México y Centroamérica, tanto en el Océano Pacífico, como en el mar Caribe.
La vía marítima es la principal modalidad para introducir cocaína al territorio mexicano y se realiza en contenedores de carga de buques mercantes, cargas sumergidas, transbordo de droga en altamar, empleando embarcaciones exclusivas para el apoyo logístico (abastecimiento de combustible) y otras embarcaciones menores para el transporte de la droga como lanchas rápidas, veleros y embarcaciones de pesca.
El segundo medio de transporte más usado por el narcotráfico es el aéreo, principalmente utilizando avionetas privadas (ultraligeros). Informes de inteligencia policial también señalan la utilización de aeronaves que lanzan sus cargas de drogas a barcos y lanchas rápidas en el Pacífico.
Existe también el transporte terrestre, especialmente mediante el uso de camiones de alto tonelaje para el traslado de sustancias ilegales (generalmente ocultas o disimuladas en cargas lícitas doble fondo). Estas embarcaciones las recogen y transportan, por un lado, a Centroamérica y México y, por otro, al sur del continente, en particular a Chile.
El tráfico de cocaína procede principalmente de Sudamérica. La droga que es transportada por vía marítima llega a los estados que se encuentran en la costa del Océano Pacífico y posteriormente se traslada por vía terrestre hacia los estados del norte de México y Estados Unidos de América.
Se ha evidenciado además que los cárteles combinan cargamentos de cocaína con otras drogas, como el cannabis o el tráfico de armas, cuya proliferación es un problema crítico pese a que la mayoría de los países analizados no tienen esta problemática identificada entre sus prioridades.
La trata de personas fue descrita en las áreas criminales como una amenaza prioritaria por cuatro –Bolivia, Chile, México y Panamá– de los siete países participantes en el análisis de la amenaza IDEAL.
La trata de personas con fines de explotación sexual se señala como una prioridad importante para México, afecta particularmente a niños y niñas. Además, se identifica que el propio país es “productor”, “distribuidor”, “consumidor” y destino de turismo con fines de explotación sexual y comercial infantil, en el que se ha detectado que predominan las víctimas del sexo masculino.
Existe un aumento significativo de la utilización de armas de fuego y violencia en la región latinoamericana, especialmente ligada a la comisión de delitos de tráfico de drogas, ajustes de cuentas, territorialidad y delitos contra la propiedad, las cuales generan una amenaza permanente, señala el informe.
El tráfico de armas constituye el “motor” violento y de coerción de las organizaciones criminales, para el desarrollo de sus actividades ilegales, en particular el narcotráfico, cuando se trata de mantener la territorialidad del negocio.
Esa es la preocupación fehaciente para países como Chile, El Salvador y México, ya que los tres países lo señalan como su sexta mayor prioridad de trabajo y amenaza. Sin embargo, la mayoría de los países analizados, no ubican la problemática de la lucha contra el tráfico de armas entre sus prioridades.
En el caso de México, las armas ingresan al país por vía terrestre, marítima y aérea (de manera clandestina). Estas provienen principalmente de Estados Unidos de América y Europa, y en menor medida de Sudamérica y Asia. El modi operandi abarca la paquetería para el tráfico de armas. Sin embargo, también se han detectado tráficos de armas a través de vehículos y camionetas.
No se ha identificado una organización dedicada exclusivamente a la adquisición, venta y trasiego de armas, ya que se camuflan en diferentes compartimentos (terrestre). No se descarta el uso de trasporte marítimo proveniente de Asia y Europa del Este a puertos del Pacífico mexicano. Tampoco el uso empresas pantalla y/o testaferros.
La expansión de las organizaciones criminales también se da con la extorsión, con la protección de funcionarios públicos a estas organizaciones o simplemente, con las redes comerciales nacionales e internacionales, redes y relaciones que mantienen con la iglesia y sus lugares como haciendas lujosas y mansiones, explica Federico Varese.
Agrega que las organizaciones criminales pueden tener ciertas similitudes a pesar de estar tan distantes una de la otra, el objetivo es identificar las similitudes que indican un mismo tipo de expansión territorial de acuerdo a patrones de comportamiento colectivo e individual.
Para entender este fenómeno, expone que son muy diferentes los cárteles mexicanos de la mafia siciliana, o los cárteles colombianos, muy ligados estos últimos a los partidos políticos que quieren gobernar en Colombia.
“Se trata de entender que el gobierno dirigía los mercados, pero ahora se ha retirado y las organizaciones criminales se han dedicado a ocupar su lugar, por ejemplo, desempeñando la función del cobro de cuotas por la realización de ciertas transacciones y relaciones comerciales y financieras”, apunta.
“Dado que el tráfico de drogas de un lugar a otro o en el blanqueo de capitales ¿habrá que combatir de manera muy diferente a como se lucha contra una organización gubernamental? No, porque claramente las reglas de transferencia de dinero sobre el ascenso al efectivo son por tanto importantes para evitar un tipo de comercio”, refiere el catedrático.
“Pero si queremos luchar contra organizaciones que están presentes en el territorio y que hacen gobierno necesitamos herramientas en el estado de derecho para ser superiores al crimen organizado”.
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