Sinaloa y CJNG controlan pesca furtiva en México

La toma sistemática de la pesca legal e ilegal por parte de grupos del crimen organizado en México se extiende por todos los litorales del país, señalan expertos. Y aunque intensamente se centra en el Golfo de California y los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, la pesca ilegal se da desde Yucatán hasta Tamaulipas en el Golfo de México hasta el Pacífico

El Cártel de Sinaloa y, en menor medida, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que a veces trabajan a través de grupos delictivos locales, asumen el control de las pesquerías en México, advierte Vanda Felbab-Brown investigadora del Centro de Seguridad, Estrategia y Tecnología en el programa de Política Exterior de Brookings Institution.

Para el capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de la Marina Mercante de México, la participación del crimen organizado en la pesca ilegal “puede existir. Hay productos pesqueros que, de alguna manera por las vedas, el crimen organizado puede intervenir”.

Varias causas favorecen la pesca ilegal en México: falta de inspección y vigilancia; corrupción, impunidad y crimen organizado; y precariedad de comunidades pesqueras y falta de alternativas para este sector, refiere el Diagnóstico sobre la pesca ilegal en México (marzo de 2022), del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Reconoce mayor presencia del crimen organizado que utiliza como pantalla la pesca (camarón en Sinaloa y pepino de mar en Yucatán) para el trasiego de drogas, rebasa totalmente la capacidad y facultades de instituciones civiles del gobierno en el sector pesquero.

En su análisis El crimen organizado se está apoderando de las pesquerías mexicanas, Vanda Felbab-Brown señala que la pesca furtiva afecta no sólo al sector, sino a toda la cadena vertical de productos del mar a través del comercio minorista.

Indica que en Baja California Sur, el Cártel de Sinaloa ganó principalmente contra un grupo disidente y su aliado CJNG, para convertirse en el principal actor criminal de la pesca en la península.

“En las grandes pesquerías de Ensenada-Rosarito de Baja California, los dos cárteles y sus aliados locales y grupos vasallos compiten entre sí por la extorsión de la industria de la pesca deportiva y las ventas de pescado a restaurantes y hoteles”, destaca Vanda Felbab-Brown, doctora en ciencias políticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La monopolización pesquera se está dando en especies de alto valor como abulón, almejas geoduck, langosta, vieiras y totoaba, que luego los cárteles venden a China, así como a mercados estadounidenses y restaurantes mexicanos que atienden a turistas extranjeros, y especies de bajo valor vendidas para consumo en México, como la corvina.

La toma de control comenzó con grupos criminales que tenían como objetivo a los pescadores que cazaban furtivamente especies protegidas, como totoaba. En segundo lugar, comenzaron a extorsionar e imponer reglas a pescadores que recolectaban productos del mar de bajo valor, obligándolos a vender sólo a los cárteles.

Las grandes empresas que pescan especies de alto valor, particularmente para la exportación, fueron las últimas en ser atacadas, pero también están cada vez más bajo presión.

Luego, grupos del crimen organizado se mueven para extorsionar a pescadores legales e ilegales, cooperativas de pescadores y  plantas procesadoras, transportistas y exportadores de productos del mar.

Después, establecen presencia de halcones  (espías) en comunidades y plantas procesadoras y exigen que procesen mariscos traídos por los cárteles y documentos falsos para ello, refiere Vanda Felbab-Brown licenciada en gobierno por la Universidad de Harvard.

Afirma que cárteles instruyen a las comunidades a vender las cosechas de pescado al grupo criminal o corren el riesgo de ser asesinados. Ellos dictan a las comunidades locales la cantidad de una especie en particular para ser cosechada y entregada al cártel y sancionan violentamente el incumplimiento de esas exigencias.

Al cortejar a una comunidad, los narcos pueden fijar el precio de compra o las tarifas de procesamiento por encima o por debajo de los precios de mercado, refiere la especialista.

Cuando el grupo del crimen organizado tiene un fuerte control sobre la cooperativa pesquera, el precio que pagan puede caer a solo el 60-75 por ciento del valor de mercado.

En Baja California, Sonora y Sinaloa, los grupos criminales pagan a pescadores artesanales con drogas, como metanfetamina, en lugar de efectivo,  práctica crea efectos desastrosos para la salud pública, convierte a  pescadores en usuarios de drogas, y los enreda aún más en la delincuencia, ya que ellos mismos tienen que venderlas en mercados locales para generar dinero para sus familias.

El Cártel de Sinaloa también ha orquestado la caza furtiva de camarones durante el período en que la pesca legal está prohibida para permitir que la especie se recupere.

En Sinaloa y Sonora, el cártel organizó a pescadores legales e ilegales con unas 200 a 300 pangas (embarcaciones pequeñas) para la captura ilegal de camarón en el Golfo de California.

El cártel luego vendería camarones de menor calidad en México y traería camarones de alta calidad para el mercado estadounidense a plantas procesadoras certificadas por el gobierno de Estados Unidos.

Luego, obliga a las plantas procesadoras a emitir documentos falsos para justificar que los camarones fueron capturados legalmente durante la temporada de pesca permitida.

Para la venta minorista dentro de México, que no requiere documentos de certificación, a diferencia de las exportaciones a Estados Unidos o China, como langosta o camarones de tamaño inferior al normal, los grupos criminales también pueden organizar congelamientos primitivos.

Para carne de pescado, vieiras u ostras de alto valor que requieren congelación, procesamiento complejo y documentos sanitarios y de procedencia, los cárteles llevan los productos del mar a plantas de procesamiento certificadas por el gobierno mexicano (y estadunidense).

Si una planta procesadora se niega a aceptar mariscos traídos por grupos del crimen organizado mexicano, sería incendiada o sus empleados o propietarios serían asesinados.

Al igual que en las comunidades pesqueras locales, en las plantas de procesamiento, grupos criminales colocan monitores para llevar una contabilidad detallada y calcular las tarifas para los cárteles. En algunos casos, el Cártel de Sinaloa supuestamente está alquilando y adquiriendo plantas de procesamiento completas para sí mismo.

Más allá de cobrar tarifas de extorsión, los grupos criminales también obligan a los restaurantes a obtener pescado de ellos, prohibiéndoles comprar pescado de sus rivales criminales o vendedores de mariscos independientes.

Los grupos criminales venden el combustible robado de oleoductos a grandes barcos pesqueros industriales y pangas de pescadores artesanales. En Sinaloa, el Cártel de Sinaloa domina estas ventas ilegales de combustible; en Tamaulipas, es el Cártel del Golfo.

El Cártel de Sinaloa frecuentemente presenta su toma de control de las pesquerías como “poner orden” en comunidades locales. En algunas especies, el cártel busca hacer cumplir la sostenibilidad: ha establecido cuotas de captura y las hace cumplir, castigando a los que pescan en exceso. En otras especies, como la totoaba, o abulón, promueve la extracción ilegal extensiva.

Representantes de federaciones pesqueras mexicanas y ONG ambientalistas que trabajan en comunidades pesqueras, indican que el Cártel de Sinaloa supuestamente también se ha acercado a funcionarios estatales y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para hacer cumplir las licencias y cuotas de pesca.

“Algo que Conapesca frecuentemente no hace debido a la insuficiencia de recursos o a la corrupción — con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en México desde hace una década, antes de que los grupos criminales mexicanos entraran a lo grande, quizás el doble de la extracción de pescado declarada oficialmente”, destaca la investigadora del MIT.

En otros casos, los pescadores sugirieron que grupos criminales establecieron acuerdos corruptos con autoridades locales para mantener alejados a  inspectores de Conapesca o unidades de la Armada de México para que pudan llevar a cabo la pesca no regulada.

No sólo los pescadores ilegales, sino también los legales, las cooperativas y federaciones pesqueras y grandes empresas pesqueras en México se sienten impotentes frente a la presión del crimen organizado y viven con miedo, refiere la catedrática.

Y sus denuncias a las autoridades del gobierno mexicano sobre la extorsión y los esfuerzos de toma de control por parte del crimen organizado a menudo no han recibido ningún apoyo sólido o acción policial.

China y Japón, al abordaje

Para el capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de la Marina Mercante de México, la participación del crimen organizado en la pesca ilegal “puede existir; hay productos pesqueros que, de alguna manera por el tema de las vedas, el crimen organizado puede intervenir”, subraya en entrevista.

Sin embargo, asegura que países asiáticos sí participan de esta actividad ilegal, mediante el uso de barcos nodrizas, se acercan a las costas, ancladas donde no afecta el decomiso más allá de las 200 millas náuticas; para desplegar barcos pequeños como rémoras de barcos nodrizas y pescan en las costas del país.

“Como en México no hay vigilancia, autoridades ni cuenta se dan, retornan a la embarcación nodriza, reciben el producto y ahí mismo lo procesan. Puede durar mucho tiempo esta explotación, y cuando tienen mercancía suficiente, regresan a sus países, como China y Japón”, destaca.

Y es que en el Golfo de México existen 5 inspectores de Conapesca, para todos los puertos, y gran cantidad de embarcaciones pesqueras menores, algunas de regular tamaño, por lo cual Conapesca no tiene capacidad de supervisión de lo que sucede, no tiene suficientes recursos para hacer su trabajo.

Y para colmo, la pesca en embarcaciones pequeñas en altamar o embarcaciones camaroneras en el Golfo de México ya no existe porque son áreas restringidas para pescadores locales.

Considera que a los pescadores reciben alicientes económicos, cantidades irrisorias de 7 mil pesos por determinado tiempo para que en tiempos de veda  se puedan sostener. Pero florece la corrupción, por duplicación del número de pescadores y suplantación de beneficiarios, mientras que auténticos pescadores son los que menos reciben los apoyos.

“De ahí es cuando la pesca ilegal entra en escena, porque mucha gente por  necesidad económica, participa de esta actividad durante años, sobre todo en el Golfo de México”, enfatiza.

En el Pacífico es diferente, porque ahí existe la pesca de altura, la pesca rivereña, o la pesca en embarcaciones menores, que es de altamar, a cierta distancia de la costa, con permisos legales.

Para  el ingeniero geógrafo, piloto naval y capitán de marina, los productos más comercializados en la pesca ilegal en México son el atún, el camarón, el robalo, incluso en temporada de veda son comercializados, y muchos también ya son producidos en tanque.

Causas y consecuencias de la pesca ilegal

El Diagnóstico sobre la pesca ilegal en México del Instituto Belisario Domínguez en el que participaron 30 expertos en el sector pesquero (panel de especialistas), establece cuatro causas principales que favorecen la pesca furtiva en México.

La primera causa que favorece la pesca ilegal en México está relacionada con la falta de inspección y vigilancia (según el 18.94 por ciento de 30 expertos consultados), seguido de la corrupción, la impunidad y una mayor presencia del crimen organizado (15.91 por ciento).

En tercer lugar, la situación precaria de comunidades pesqueras y la falta de alternativas económicas para este sector (10.61 por ciento), mientras que en cuarto lugar la prevalencia de un marco jurídico inadecuado, poco conocido y con débil implementación (9.85por ciento).

Se trata de resultados de una encuesta realizada por Itzkuauhtli Benedicto Zamora Saenz, a partir del Método Delphi a 30 especialistas en pesca, para realizar un diagnóstico e identificar causas, consecuencias, propuestas de solución y prospectiva, caso de no modificar la extracción de recursos pesqueros de manera ilegal.

Dentro de las consecuencias ecológicas expertos destacaron sobre explotación de recursos pesqueros (42.5 por ciento de las menciones), deterioro de ecosistemas acuáticos (37.5 por ciento) y ruptura de cadenas tróficas (20 por ciento).

En las consecuencias económicas predominó la competencia desleal que afecta ingresos de comunidades pesqueras legales, las cuales tienden a sumirse en una situación de mayor pobreza por esta situación (53.13 por ciento).

Otra consecuencia importante fue el cierre del mercado internacional por embargos y otras sanciones comerciales a productos pesqueros de México (18.75 por ciento); incidencia en la caída de precios de productos pesqueros (18.75 por ciento), y un impacto negativo en la calidad del producto que llega a la mesa del consumidor (9.38 por ciento).

Finalmente, en la dimensión político-institucional mencionaron que la principal consecuencia es la ausencia de gobernabilidad en el sector pesquero (72.73 por ciento de los participantes en la encuesta), seguido de una mayor dificultad para tener información confiable para la toma de decisiones (27.27 por ciento).

Entre los expertos hay consenso sobre lo difícil que resulta obtener un dato exacto sobre la magnitud e impacto de la pesca ilegal, ya que, por definición, se realiza al margen de todos los mecanismos legales que permiten ponderar la cantidad de recursos marinos que son capturados y comercializados bajo este esquema.

Entre las propuestas del panel de especialistas para disminuir la pesca ilegal, destacan la importancia de crear y fortalecer capacidades de inspección y vigilancia en toda la cadena de valor (33.72 por ciento).

Aumentar el número de personal y recursos relacionados con estas actividades; innovar la vigilancia de zonas costeras mediante tecnología (drones y monitoreo satelital); así como el fortalecer a personal de Conapesca, Profepa e Inapesca.

También, actualizar e implementar el marco legal (22.09 por ciento), y la establecer sanciones más rigurosas para la pesca ilegal, así como regular y mejorar el control de la cadena de valor (19.77 por ciento). Un número importante de especialistas coincidió en que en este punto es fundamental implementar una norma de trazabilidad para la actividad pesquera.

Otros aspectos relacionados con esa acción se refieren a la mejora en  procesos de certificación y control de calidad y, en menor medida, la intervención estatal en el comportamiento del mercado (v.gr. control de precios, buscar incidir en la demanda, aumentar productos pesqueros en la canasta básica, etc.).

Los especialistas consideraron que se debe aumentar la participación de la Secretaría de Marina en el sector, al considera que Conapesca y Profepa no tienen las capacidades para llevarlas a cabo (recursos humanos, tecnología, presupuesto, etc.).

El caso es que pescadores ilegales no respetan y de hecho agreden físicamente a los inspectores de Profepa y a oficiales de Conapesca, quienes no tienen capacidad de respuesta para este tipo de eventos.

El panel planteó como el escenario tendencial para el sistema socio-ecológico pesquero, en caso de que la actividad ilegal continúe como hasta ahora,  habría una mayor pérdida de biodiversidad marina y de varias especies de importancia comercial (36 por ciento), relacionado con el incremento de la sobreexplotación de recursos pesqueros (32 por ciento) y mayor afectación en la distribución y abundancia de especies marinas (32 por ciento).

Sobre el impacto que tendría la disminución de la biodiversidad si la pesca ilegal continuara como hasta ahora, el 37.10 por ciento de especialistas señaló que habría una disminución en 10 años entre 31 y 50 por ciento de especies y volúmenes actuales.

En segundo lugar, se señaló desconocer qué impacto tendría (25.90 por ciento) porque no hay información estadística confiable para revelar una tendencia concreta. En tercer lugar, dos de cada 10 especialistas señalaron que el impacto sería de más del 50 por ciento de las especies y volúmenes actuales.

Y en cuanto la dimensión social, la principal tendencia que identificó el panel fue el incremento de la conflictividad social en comunidades pesqueras por competencia de recursos cada vez más escasos por sobreexplotación (37.5 por ciento).

Seguida de un incremento de la población joven que se involucraría en actividades ilícitas del crimen organizado por la falta de otras opciones económicas (25 por ciento), lo cual redundará en un contexto de mayor inseguridad y violencia no solamente para las zonas costeras, sino para el país en su conjunto.

En cuanto a la dimensión económica, resalto la tendencia asociada con el mayor desempleo que habría en el sector pesquero, con el consecuente incremento de pobreza y menor bienestar social (63.88 por ciento), seguida del incremento de precios por menor captura (16.67 por ciento) y mayores sanciones y conflictos en el comercio internacional.

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