Las ganancias de grupos criminales no contravienen de ninguna manera la lógica empresarial legal. En los casos del Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG son empresas capitalistas pero con la característica de criminalidad: buscan dominar mercados, expandirse, invertir, sin importarles el uso de violencia, la corrupción y las armas”, afirma Josué González Torres, doctorante en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto en el estudio de la criminalidad explica que hay una parte del capitalismo globalizado radicalizado que tiene que ver con la obtención de recursos, crecer, expandirse. “Es la lógica de las empresas en el ámbito legal: la necesidad de generar riqueza excedente y de aplastar al competidor, y lo mismo se inscribe en la lógica de los grupos criminales”.
Como empresas capitalistas, el dinero les sirve para reinvertirlo, seguir creciendo, expandirse y tener mayor capacidad de fuego, invertir en otros mercados, mejorar su equipamiento en armas. Ello, con el objetivo de seguir delinquiendo, extraer hidrocarburos, tener mayor control territorial y corromper autoridades, destaca en entrevista el excomisionado Nacional de Seguridad (CNS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El dinero, dice el catedrático, es básicamente el aceite que lubrica la maquinaria criminal. Ahora se vive un momento boyante para los criminales, difícilmente retrocederán por voluntad. “Tal vez sea una respuesta muy ideológica, pero genuinamente lo veo así. Con esta lógica del capitalismo radicalizado en lo criminal”.
Por ejemplo, cita que Peter Andreas, en su libro Smuggler Nation (Nación de contrabando), expone la forma en que Estados Unidos creció desde su fundación en las 13 colonias, con una lógica de contrabando de diferentes productos, servicios, actividades ilícitas, que fueron un componente fundamental en el surgimiento del país y cómo lo son hasta la actualidad. Incluso, “sin duda hoy, creo que para Estados Unidos, y fundamentalmente para el caso de México, el dinero ilícito debería ser un componente básico; ahora que las remesas están en sus máximos históricos, seguro hay influjo de recursos económicos por el tráfico de drogas, y ello permite un mayor flujo de recursos”.
Aunque las estimaciones de los ingresos relacionados con el tráfico de drogas de cárteles de México son difíciles de determinar, organismos internacionales, la DEA y el Congreso estadounidense calculan cifras estratosféricas en el rango de 6 mil millones a 21 mil millones al año.
El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés), estimó que, sólo en 2008, las organizaciones criminales mexicanas (TCO, en inglés) ganaban 18 mil millones de dólares por la venta de drogas al por mayor.
Una estimación de los ingresos minoristas por la venta de drogas en Estados Unidos llegó a cerca de 150 mil millones por las ventas combinadas de cocaína, cannabis, heroína y metanfetamina en 2016, refiere el informe de 2022 de la Comisión de Lucha contra el Tráfico de Opioides Sintéticos, del Congreso de Estados Unidos.
González Torres considera que las cifras relativas al tema del dinero por tráfico de drogas de la Comisión del Congreso estadunidense indican una idea muy general de los ingresos. Aún así, señala que “son sumamente escandalosas y muy aventuradas, pues no establecen con precisión la proporción que ganan las organizaciones criminales mexicanas”.
Señala que habría que revisar con precisión de cuánto es la derrama económica, como materia ilícita que obtienen grupos criminales, pero algo de lo que se puede inferir de los datos del informe es que es un negocio millonario y recursos derrochados en la industria de las drogas, sobre todo del fentanilo, que está por encima de la cocaína, heroína y el tráfico de armas.
“El informe del Congreso estadounidense establece que las organizaciones mexicanas tienen un sentido sumamente amplio para el tráfico de drogas y en especial del fentanilo, negocio que no creo que acabe pronto, seguirá siendo el más lucrativo del crimen organizado”, apunta el exfuncionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
También considera que, aunque virtualmente es imposible determinar cuál es el porcentaje de ingresos del PIB por tráfico de drogas, conjetura que sí debe ser uno de los tres componentes económicos de ingreso para el gobierno mexicano, incluyendo las remesas, el petróleo y los impuestos.
Asimismo, indica que es un componente político y electoral, donde los medios de comunicación, organismos sociales generan mucha presión, que le cuesta mucho dinero a Estados Unidos en materia de salud, de tratamiento de adictos. Hay una responsabilidad ética, no dejar morir a las personas cuando es algo evitable, refiere González Torres.
Por lo demás, asegura que todo lo relacionado a muertes por sobredosis en Estados Unidos, es algo que se puede objetar como responsabilidad al gobierno de ese país, porque es prevenible, no es como la Covid. En realidad son actividades que institucionalmente se deberían de manejar para reducirlos, plantea el experto.
Afirma que las ganancias del crimen organizado por tráfico de drogas es un tema político, electoral, presupuestal y de presión social, “más allá del derroche económico, que siempre lo ha habido”, asienta,
El blanqueo de capitales, junto con la corrupción, la evasión y el fraude fiscal forman parte de la denominada economía sumergida que resulta muy complicada de cuantificar, ha alcanzado dimensiones globales, señala el informe 2020 sobre lavado de dinero de la DEA. “El lavado de dinero 2012, se situaba entre las 20 primeras economías del mundo con un volumen de 870 mil millones de dólares al año, equivalentes al 1.5 por ciento del PIB mundial”.
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2020 se calculaba que el 10 por ciento del PIB mundial son activos financieros transfronterizos, de ellos el blanqueo de dinero de procedencia ilícita asciende a 1 billón 370 mil millones de euros, equivalente al 2.7 por ciento de la riqueza mundial.
Las organizaciones criminales trasnacionales continúan generando decenas de miles de millones de dólares en ingresos ilícitos a través de la venta de drogas ilegales cada año en Estados Unidos, cuyas ganancias cambian de manos en numerosas ocasiones entre los niveles de contrabando, mayorista o minorista del mercado, indica el informe.
Se requiere fortalecer labores de inteligencia e investigación e identificar movimientos inusuales a través del sistema bancario y empresas, a nivel nacional e internacional, relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los derivados de la corrupción, refiere Manuel Vélez, licenciado en economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey.
“Para eso fue creada la Guardia Financiera, para coadyuvar con la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate del lavado de dinero de manera coordinada, y generar productos de inteligencia e investigación para luchar contra organizaciones delictivas del país y disminuir su capacidad operativa”, subraya en entrevista.
“Los delitos de lavado de dinero continúan mientras el gobierno lucha para procesar los delitos financieros y confiscar bienes y activos ilícitos conocidos. Pero, para aumentar la cantidad de condenas por financiamiento ilícito, el gobierno necesita combatir la corrupción, mejorar su capacidad judicial y reformar las engorrosas leyes de decomiso de activos”, sugiere Manuel Vélez.
Conformada por miembros del Senado, la Cámara de Representantes, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, la Administración de Control de Drogas, y de los departamentos de Estado, de Seguridad Nacional, de Defensa y del Tesoro, la comisión sugiere que la focalización ampliada de las ganancias ilegales, más allá de las que provienen únicamente de las drogas, demanda mayores esfuerzos bilaterales contra el crimen.
El gobierno de México transfirió la autoridad de los puertos marítimos a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en 2016, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa ejerciendo la autoridad de punto de controles terrestres.
Los efectos a largo plazo de traspasar las funciones de inspección portuaria a la Semar se desconocen en este momento. Se le dijo a la Comisión del Congreso estadunidense que este paso podría no ser temporal y que el gobierno mexicano estaba buscando formas de mejorar la capacidad de Semar para continuar cumpliendo con este rol.
Las autoridades de México buscan mejorar los esfuerzos para atacar las redes criminales, aunque es posible que se necesite el apoyo de Estados Unidos, para facilitar una mayor asistencia técnica, plantea el informe del Congreso estadunidense.
“Mejorar los esfuerzos para garantizar una asociación colaborativa entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y drogas mediante el mejoramiento de las capacidades antinarcóticos de México, el fortalecimiento de las instituciones contra la corrupción y la concentración de mayores recursos en el comercio ilegal de armas de fuego”, destaca.
Estados Unidos y México acordaron una asociación de seguridad bajo el Marco del Bicentenario para Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. “Los desafíos persisten, pero Estados Unidos debe trabajar para encontrar áreas de interés común y apoyar a personas e instituciones de confianza en México”, apunta el documento.
Igual, señala que Estados Unidos necesita apoyar los esfuerzos para fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y mejorar los sistemas judiciales para reducir la impunidad. Este sigue siendo un desafío notable, y se podría hacer más, porque las TCO violentas y bien financiadas pueden influir y coaccionar a muchas de las instituciones gubernamentales de México.
Estados Unidos podría ayudar a México con los esfuerzos para reducir la violencia relacionada con las drogas haciendo más para detener el flujo ilegal de armas de fuego hacia ese país. Abordar el tráfico ilegal de armas de fuego debería ayudar a debilitar las TCO violentas.
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