Los servicios de salud pública de Nuevo León habrían incurrido en presuntas anomalías por más de 460 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación. De este total, 303 millones se destinaron a objetivos distintos a los etiquetados y a pagos irregulares al personal médico; los otros 157 millones de pesos, provenientes del Seguro Popular, se subejercieron, indica el máximo órgano fiscalizador de México. Con ello, la entidad que gobierna Rodrigo Medina incumplió el 38.8 por ciento de las metas previstas por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud federal. De éste, en 2010 el estado recibió casi 1 mil 500 millones de pesos para la atención de personas desprovistas de seguridad social
El gobierno de Rodrigo Medina, en Nuevo León, incumplió las metas y los objetivos trazados para el ejercicio de casi 1 mil 500 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el
Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010.
El máximo órgano de fiscalización detectó anomalías como un subejercicio por 157 millones de pesos y el manejo irregular de otros 213 millones, que se destinaron a fines distintos, por lo que exige que se finquen responsabilidades contra los servidores públicos causantes de los presumibles daños al erario.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como objetivo principal brindar servicios a la población que carece de seguridad social.
De los recursos etiquetados en 2010 a Nuevo León para ese fin, al 31 de diciembre de ese año se habían utilizado 1 mil 495 millones 717 mil 500 pesos, el 98.9 por ciento. Sin embargo, sólo se cumplió el 61.2 por ciento de las metas pronosticadas.
Para la Auditoría Superior, esto significa que la atención médica a los beneficiarios fue limitada de manera sustancial. Además, el servicio de salud y el abasto de medicamentos carecieron de oportunidad, cobertura y calidad, toda vez que en la muestra revisada de recetas médicas sólo el 48 por ciento fueron surtidas completamente; por ello, los pacientes gastaron adicionalmente un promedio de 27.30 pesos por receta.
En Nuevo León existen 396 unidades públicas para la atención de la salud, pero sólo el 66.7 por ciento –dos de cada tres– cuenta con la acreditación que garantiza la calidad en los servicios de salud.
Otro problema detectado por el máximo órgano de fiscalización del país es la falta de médicos en la entidad: 0.7 por cada 1 mil habitantes. Asimismo, la atención de éstos no es exclusiva para la población objetivo del fondo, sino para aquella afiliada al Seguro Popular.
La Auditoría Superior emitió ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS). La primera fue debido a una diferencia de 123 millones 975 mil 900 pesos entre las cifras de los ingresos presentados entre los Servicios de Salud de Nuevo León, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General del estado.
Otra fue por un pago de 13 millones 233 mil 200 pesos a 49 funcionarios con cargos de mando medio y superior por concepto de “compensaciones funcionales”, sin que a la fecha del mismo el tabulador oficial los ubicara en esos mandos.
Además, se destinaron 6 millones 896 mil 600 pesos para 1 mil 109 pagos a personal eventual sin que existiera un contrato que los ampare, por lo cual se generó otra promoción de responsabilidad.
Otra anomalía fue la emisión de pagos por 1 millón 235 mil 300 pesos a 87 personas [personal eventual] superiores a lo establecido en el catalogo de honorarios.
Igualmente, se pagó 1 millón 619 mil pesos a médicos que no presentaron sus documentos que los avalen como tales.
La Auditoría Superior presume un probable daño a la hacienda pública federal por un pago sin autorización a personal precario por 41 millones 628 mil 700 pesos, y otro por un pago de terceros institucionales de personal precario equivalente a 26 millones 491 mil 700 pesos.
Al realizar la auditoría, la ASF también constató que en los Servicios de Salud del estado no existen mecanismos de control que permitan la identificación de medicamentos próximos a caducar o ya caducados: los registros se realizan de forma manual o con tarjetas kárdex, “lo cual dificulta la práctica de inventarios rotativos y su actualización”.
El informe revela otra irregularidad:?la compra de vales por un monto de 13 millones 233 mil 200 pesos para personal que no corresponde al Fondo.
Aunado a ello, y a pesar de que se reportaron los indicadores de desempeño y la información relativa a servicios personales del ejercicio fiscal 2010 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, éstos no fueron de manera detallada ni pormenorizada.
Por estas anomalías, el gobierno de Nuevo León incumplió los lineamientos del Presupuesto de Egresos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, el Reglamento Interior de los Servicios de Salud.
ASF detecta subejercicio
En otra auditoría, esta vez sobre recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno estatal, la ASF determinó que la administración de Rodrigo Medina no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política en materia de salud, la cual se coordina entre los gobiernos federal y los estatales.
Al 31 de diciembre de 2010, la administración de Nuevo León no había ejercido 157 millones 453 mil 400 pesos, lo que representa el 22.9 por ciento del total de los recursos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, que reciben los estados del programa Seguro Popular. Por lo cual, “se limitó de manera sustancial la atención de la población que no tiene acceso a la seguridad social en salud, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran de mayor calidad”.
La Auditoría emitió 33 observaciones: 13 recomendaciones, 14 pliegos de observaciones y siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La primera de las promociones se debió a que, hasta el 31 de diciembre de 2010, el gobierno del estado había subejercido 157 millones 453 mil 400 pesos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, por lo que los servicios otorgados a los beneficiarios del seguro popular fueron limitados.
Otras dos fueron por el desabasto de medicamentos en las recetas médicas y porque los funcionarios responsables no destinaron en acciones de promoción y prevención de la salud al menos 20 por ciento de la Cuota Social y la Aportación Social Federal.
Además de dichas aportaciones, se compró equipo sin tramitar a tiempo la autorización ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y se otorgaron 2 mil 83 atenciones directas a beneficiarios del Seguro Popular sin contar con el documento prescrito por el médico.
Conjuntamente, se presume un probable daño a la hacienda pública federal por 40 millones 550 mil 700 pesos en cuentas del Seguro Popular para ejercicios fiscales que no correspondían; 21 millones 779 mil 600 por el pago sin documentación justificativa de los montos por servicios médicos y medicamentos al prestador de servicio.
También, por 12 millones 148 mil 700 pesos transferidos para el pago de nóminas por un monto superior al remunerado; 11 millones 435 mil 900 por aportaciones de seguridad social no pactadas para su pago con recursos del Seguro Popular; y 4 millones 951 mil 200 pesos por pagos a personal que no cuenta con contrato que establezca una relación laboral.
Para la ASF, el gobierno estatal incumplió con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Salud, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Financiera local.
Optimismo gubernamental
En su tercer informe de actividades, Rodrigo Medina señaló que, desde que se puso en marcha el Seguro Popular, se han invertido 97 millones de pesos en el proceso de afiliación, y su cobertura representa 1 millón 151 mil personas. “Ahora nadie en Nuevo León está fuera de la cobertura de salud”, comentó el gobernador.
Además, mencionó que para 2013 se iniciará la construcción de un hospital de 60 camas en el municipio de Sabinas Hidalgo, y uno de 90 camas en Montemorelos, por lo cual se destinará una inversión estimada de 550 millones y 230 millones de pesos, respectivamente.
“Pero el proyecto más ambicioso es la construcción de un hospital de alta especialidad y medicina avanzada para la población abierta que tanta falta nos hace, éste se ubicará detrás del Hospital Universitario y se realizará con una inversión de 1 mil 200 millones de pesos, la de mayor envergadura desde la inauguración del Hospital en 1943.”
Finalmente, comentó que el recurso global para los primeros tres años de su administración creció un 30 por ciento respecto a la de su antecesor.
Falta de voluntad, la realidad
Víctor Fuentes Solís, diputado del Partido Acción Nacional por el distrito 4 de San Nicolás de los Garza, explica que las áreas de salud del estado están completamente en quiebra.
Observa falta de voluntad por parte del gobierno estatal para atender los temas prioritarios, como es la salud. “No se invierte lo suficiente en ese rubro y el dinero se utiliza para otras cosas, como gastos de representación, por lo cual se deja de atender a la población más vulnerable”.
Menciona que hay una válvula de escape de los recursos públicos, la cual, debe de cerrarse e invertir el dinero en obras benéficas para la sociedad que realmente garanticen una buena atención médica a las personas que están afiliadas a alguna institución de salud pública y a las que no.
“Hemos sido testigos que, por ejemplo, en el Hospital Mater Infantil y en el Hospital Metropolitano, debido a la falta de atención a los pacientes y la carencia de materiales, se han perdido vidas de la gente buena y humilde del estado.”
No obstante, señala, a pesar de esta “terrible situación”, no se ve por dónde puede llegar un cambio si no se hace una revisión integral de la política estatal en materia de salud; se tiene que hacer un diagnóstico para luego emprender acciones que puedan vislumbrar un cambio.“Pero para que esto se dé, falta voluntad del Ejecutivo estatal y de sus secretarios”, concluye el legislador.
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Fuente: Contralínea 310 / Noviembre de 2012
