La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –encabezada por la ministra Norma Piña– “donó” 10 millones 221 mil 105.42 pesos al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, entre 2021 y lo que va en 2024.
De acuerdo con la información oficial, el dinero público le fue entregado bajo el concepto de “apoyos económicos destinados para la realización de eventos sindicales, en beneficio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”.
La entrega de recursos extraídos del erario nacional se realizó de la siguiente manera:
-En el primer trimestre de 2024, entregó 2 millones de pesos a la dirigencia encabezada por Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato.
-En 2023, la Corte le donó 2 millones 909 mil 854 pesos, a los que se sumó la entrega de materiales y útiles de oficina por 1 mil 860 pesos.
-Para 2022, la cantidad entregada ascendió a 2 millones 816 mil 896 pesos, pero el Sindicato devolvió 240 mil 494.58 pesos –por lo que la donación se fijó en 2 millones 576 mil 401.42 pesos–; a ese monto se le sumaron 34 mil 975.90 pesos en materiales y útiles de oficina.
-Y en 2021, 2 millones 734 mil 850 pesos.
Los “apoyos económicos” para eventos sindicales que le da la Corte con dinero del pueblo, contrastan con los montos que entregó al Sindicato por cuotas sindicales descontadas a los trabajadores del PJF: de enero a junio de 2024, estas ascendieron a 832 mil 769.8 pesos; en 2023, sumaron 1 millón 603 mil 646.81; en 2022, 1 millón 506 mil 281.35; y en 2021, 1 millón 442 mil 302.42 pesos.
Por si esos beneficios que otorga a su Sindicato no fueran demasiados, en el marco de la inminente reforma al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal –que también encabeza la ministra Norma Piña– lanzó una campaña el pasado 11 de julio, acordada con la dirigencia sindical, para proteger privilegios a costa del erario.
Se trata de un Programa Extraordinario de Retiros al Fondo de Reserva Individualizado 2024 –para personal sindicalizado–, que equivale al seguro de separación individualizado. Es decir, quienes se encuentran en esa modalidad podrán solicitar hasta el 31 de octubre que les sea entregado dinero de ese fideicomiso.
Programas similares se lanzaron supuestamente en apoyo de la economía de los trabajadores sindicalizados en dos periodos de crisis: la pandemia de Covid-19 y el paso del huracán Otis.
De acuerdo con la circular DGSP 02/2024, del Consejo de la Judicatura, “las personas servidoras públicas podrán retirar, según sea su elección, el veinticinco (25) o el cincuenta (50) por ciento del saldo acumulado individualizado reflejado en su Reporte Informativo FORI.
“El pago de las solicitudes con estatus de ‘Rescate Autorizado’ en el SIFORI, comenzará a partir del 2 de septiembre, y en lo subsecuente en intervalos semanales conforme al orden de prelación del folio asignado.
“El plazo para presentar la solicitud y documentación correspondiente al programa extraordinario será a partir del 11 de julio y hasta el 31 de octubre de 2024.”
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