La tragedia de Tlahuelilpan del pasado 18 de enero ha enlutado al estado de Hidalgo. Por sus dimensiones, es una de las mayores de las que se tenga registro en dicha entidad. Esta ocurre en el marco de estrategia de lucha contra el robo de combustible que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El horror de las cifras habla por sí mismo: 117 muertos hasta el momento, más de 70 personas heridas debatiéndose entre la vida y la muerte y alrededor de 50 desaparecidos. La secuencia de los hechos es relativamente simple: alrededor de las 14 horas se reportó una fuga de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Primitivo, en la vía a Teltipán, cercana a la carretera Tlahuelilpan-Tlaxcoapan. La ruptura del ducto fue obra de un reducido grupo delincuencial, el cual también incitó a la población a acudir al lugar del siniestro. Se presume que los autores del atentado contra el ducto forman parte de las bandas de huachicoleo (robo de combustible) que operan en la región. Entre 600 y 800 personas que acudieron con cubetas y bidones a tratar de recoger la gasolina que se estaba derramando de la fuga.
Casi de inmediato personal militar y policías federales se apersonaron. Advirtieron a la población del peligro, pero se retiraron a distancia pertinente ante el gran número de personas. Las autoridades estatales y municipales brillaron por su ausencia a pesar de su responsabilidad en materia de protección civil y orden público que tenían en dicho evento.
La composición que se observa de la gente que participaba en la recolección del combustible era de transportistas, jornaleros, jóvenes, campesinos, mujeres y niños que, durante horas, iban y venían acarreando gasolina. A las 19:00 horas ocurrió la tragedia con la explosión e incendio del ducto.
En los últimos días, a través de redes sociales y de páginas que se caracterizan por difundir noticias falsas (fake news) y hacer guerra sucia, se ha emprendido una campaña para criminalizar a las víctimas y hacer escarnio de la tragedia de forma ruin y cobarde.
La puesta en marcha de la estrategia de combate al robo de combustible desarrollada por el gobierno de López Obrador, desde finales de diciembre, se basó en un diagnóstico con cuatro elementos principales: 1) Las pérdidas por robo de combustible en Pemex tuvieron un valor superior a los 66 mil 300 millones de pesos sólo en 2018; 2) el 80 por ciento del robo de combustible se producía dentro de las instalaciones de Pemex, refinerías y centros de distribución: esto se hacia abajo la dirección de altos funcionarios de la empresa productiva del Estado; 3) existía una red de gasolineras y empresas del sector privado que comercializaban y/o utilizaban dicho producto a nivel nacional, incurriendo, además, en lavado de dinero, producto de esta actividad; 4) la ordeña de ductos mediante tomas clandestinas sólo representa alrededor del 20 por ciento del total del robo y, entre otras cosas, ayudaba a ocultar la sustracción mayor desde dentro del sector público.
Habría que agregar que esta situación es efecto de la reforma energética realizada durante el sexenio pasado y diseñada para desmantelar Pemex y entregar la riqueza petrolera al sector privado, esencialmente a las empresas trasnacionales. Y también, de la reforma fiscal, diseñada para llenar el agujero que dejó en las finanzas publicas la reforma energética a partir de la creación y aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, y que generó un alza constante a partir de 2017 luego de la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel.
La estrategia del nuevo gobierno ha logrado frenar el robo de combustible de manera importante, combatiendo centralmente la red de corrupción al interior de Pemex; pero en el caso de la ordeña de ductos la situación se ha tornado más compleja.
La ordeña de ductos no es nueva; sin embargo, desde 2017 pasó de ser una actividad relativamente marginal en la región a expandirse de forma importante, impulsada por el gasolinazo que, entre otras cosas, implicó la liberalización del precio y la venta de los combustibles. De entonces a la fecha los precios aumentaron en 70 por ciento. Lo anterior propició el establecimiento de un mercado negro que abastecía no sólo pequeños expendios clandestinos, sino principalmente gasolineras y empresas medianas y grandes.
Las bandas dedicadas al robo de combustible requieren de capacidad técnica y logística sólo posibles con la colaboración de personal de Pemex. No es para nada sencillo perforar ductos, establecer tomas y conocer la programación del flujo de diferentes productos energéticos. Además, en esta actividad no sólo estarían implicados trabajadores petroleros. Parecería imprescindible la complicidad abierta o encubierta, a cambio de pago de cuotas y financiamiento de campañas políticas, de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de fuerzas policiacas y militares que permitieran el desarrollo de dichas actividades de manera masiva.
Las bandas, por su parte, han reclutado personas de la región como “empleados” o “comisionistas” de los llamados “dueños de tomas”. Estos “dueños” instalaron las tomas al apropiarse de las tierras por las que pasan los ductos. Ante la expansión de la actividad que hizo necesaria la instalación de infraestructura, comenzaron a requerir mano de obra. Estos “dueños de tomas” con sus empleados fueron integrados a las estructuras del crimen organizado que opera en connivencia con la red de corrupción en el sector público, las empresas y grupos políticos.
El contexto que propició este reclutamiento, esencialmente laboral, fue el estancamiento económico, las pérdida de empleos productos, la pauperización de los empleos subsistentes, la descapitalización del campo y un regreso importante de migrantes de Estados Unidos (desplazados hacia México por la política xenófoba del gobierno de Donald Trump). Todo lo anterior generó un grave aumento de la pobreza y dejo sin alternativas de subsistencia a una parte importante de las comunidades, particularmente a los jóvenes.
Es de señalarse que la alta volatilidad del combustible y las condiciones inseguras propias de esta actividad ilegal ocasiona constantes accidentes en su manejo, lo que ha dejado una cifra negra (no contabilizada) de personas muertas o quemadas de gravedad en estos años, que se suman a las victimas producto de las pugnas y ajustes de cuentas entre facciones de estas bandas, que tan sólo en 2018 dejo más de 100 muertos.
El combate al robo de combustible ha dejado saldos positivos para las finanzas públicas y para Pemex: se recuperaron alrededor de 5 mil millones de pesos sólo durante enero de 2019, al evitar la sustracción de hidrocarburo que se hacía desde dentro de la paraestatal, donde se realiza el mayor quebranto. En el caso de Tula, el personal militar tomó control de la refinería los últimos días de diciembre de 2018, casi a la par de la de Salamanca Guanajuato.
Sin embargo en lo que respecta al combate a la ordeña en los ductos, la estrategia de parar el flujo en la red de distribución al detectarse baja de presión ha ocasionado escasez de combustible en el bajío (Guanajuato y Querétaro), el occidente (Jalisco y Michoacán) y el centro del país (Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo), regiones donde se han detectado la mayor cantidad de tomas clandestinas.
En el caso de Hidalgo, particular incidencia de ordeña de ductos ocurre en los municipios de Tula, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Mixquiahuala, entre otros, por su cercanía con la Refinería Miguel Hidalgo, pero que se extiende a otras regiones como Ixmiquilpan o Tulancingo por el paso de la red de ductos como el Tuxpan-Azcapozalco.
La escasez es principalmente de gasolina, y en menor medida de diésel. Este último por lo general lo ocupa la maquinaria industrial y agrícola y el transporte pesado de carga y pasajeros. Es de señalarse que la escasez también se debió en cierta media a causa de la falta de combustible robado que se vendía a través de gasolineras, o que ocupaban empresas y expendios clandestinos.
El abasto mediante tanques-cisterna (pipas) ha ayudado a mitigar y a restablecer el abasto, como en el caso de la Ciudad de México y algunos otros estados. Pero en el caso del estado de Hidalgo y la región de Tula, la escasez era grave en la semana del 14 al 20 de enero. En promedio, en la ciudad de Tula había combustible sólo en tres o cuatro gasolinerías de las 14 con las que cuenta el municipio. Y en los municipios más pequeños, como Tlahuelilpan, la escasez era más severa aún.
La actuación de las fuerzas federales no ha estado exenta de conflictos. El más grave, antes de la explosión en Tlahuelilpan, había ocurrido el pasado 13 de enero: al perseguir camionetas con contenedores utilizados para transporte de huachicol sobre la carretera Tula-Tepetitlán, éstas ingresaron a la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan y detrás de ellos, los militares. La población civil salió a la calle por el rumor esparcido de que los militares habían atropellado a una persona. Y al reunirse un gran número de vecinos en torno a una patrulla militar, algunos elementos dispararon al piso para intentar alejarlos. Por el rebote de una bala mataron a una persona delante de su familia, lo que ocasionó la retención de tres soldados, entre ellos el responsable de la muerte del joven dedicado a la venta de comida.
La crisis se resolvió mediante el diálogo, con mediación del Movimiento Social por la Tierra (MST), entre las autoridades del pueblo y el coordinador de programas de desarrollo federal. Se atendió la demanda de la comunidad y los deudos de la víctima, que demandaban la puesta a disposición del elemento responsable de los disparos ante el ministerio público. Cabe señalar que las autoridades estatales y municipales de concertación política y de seguridad pública brillaron por su ausencia y omisión, y no sólo en este incidente sino desde el inicio del operativo contra el robo de combustible.
Después de este incidente, los militares salieron de los poblados donde se habían instalado, pero reforzaron su presencia sobre el ducto y en las vías de comunicación. El incidente mostró las limitaciones y los riesgos de la inclusión de los militares en tareas policiacas, sobre todo en las que implican contacto e interacción con la población civil, dado que la formación militar por naturaleza es para la utilización de la fuerza letal y no para la contención, conminación o detención de personas. Lo anterior también muestra los riesgos de la Guardia Nacional que está en proceso de conformación legal y operacional bajo mando militar.
La tragedia de Tlahuelilpan ha suscitado muchas reacciones, desde la solidaridad humana ante el horror y el dolor, hasta la criminalización, la burla y el odio contra las víctimas (esto último sobre todo en redes sociales y páginas que en buena medida difunden y articulan noticias falsas con intensiones aún no claras). ¿Pero qué fue lo que pasó?
Quien conoce la actividad de la ordeña de ductos y su logística sabe que su modus operandi es más o menos el siguiente:
Existe un área donde están establecidas las tomas clandestinas. La toma consiste en una o varias conexiones con válvula en el ducto y un sistema de mangueras con las que, a la hora que tienen el aviso desde la red de corrupción dentro de Pemex del transito y las características del combustible, cargan contenedores y/o pipas.
Para ello, llega un conjunto de individuos que abre la válvula y controla el flujo hacia los vehículos para llenar los tanques y contenedores que están ahí para tal efecto. Previamente, otro grupo de personas armadas y vigilantes (halcones) establece un perímetro alrededor de la toma y la ruta de trasiego para evitar que la población o los cuerpos de seguridad se acerquen mientras se realiza la sustracción, hasta que esta es llevada a su destino, sean centros de almacenamiento, empresas, gasolinerías o expendios clandestinos.
En este proceso no hay fugas o derramas, salvo que se presente algún accidente o enfrentamiento con grupos antagónicos o cuerpos de seguridad.
En Tlahuelilpan lo que ocurrió fue una cuestión diferente, un acto de sabotaje. Una célula del crimen organizado rompió el ducto donde antes existía una toma presumiblemente de un grupo rival, ocasionando una derrama de gasolina, e incitó a la población de San Primitivo y a la que transitaba sobre la carretera a Teltipan y Tlaxcoapan a que recolectaran la gasolina que se derramaba en una zanja sobre la ruptura del ducto. Esto también lo promovieron en redes sociales. Este tipo de acciones no son nuevas y las hemos visto en circunstancias similares en la zona de Palmar de Bravo o Texmelucan, Puebla, y recientemente en Acambay, Estado de México.
La gente llegó en su mayoría motivada por la escasez de combustible luego de 2 semanas, en una región donde estaban impactadas las actividades económicas locales. Y ante la posibilidad aliviar la falta de gasolina, o de venderla para tener un ingreso adicional por su alto costo y escasez, y dada la pobreza de una parte importante de la población, acudieron al lugar. La cantidad de personas osciló entre las 600 y 800 personas.
Las bandas de huachicoleo con esta acción perseguían dos cosas: 1) Cubrir la apertura de sus tomas evitando la detección de éstas por el mecanismo de detección de la baja de presión en el ducto, para atribuirla a la derrama de Tlahuelilpan, y 2) distraer y propiciar el retiro del Ejército del cuidado del ducto en otras áreas de ordeña, buscando que la situación generará confrontación con la población civil.
La actuación de las fuerzas federales consistió en hacer acto de presencia en número reducido para conminar a la población a retirarse dado el riesgo, pero no hicieron más ante la posibilidad de un enfrentamiento con alto costo social, y tampoco desplazaron las unidades que cuidaban el ducto más adelante, por lo que la intención de quienes lo sabotearon fracasó. Esto a pesar de que ampliaron el boquete para aumentar la derrama que duró más de 5 horas.
Es temeraria la afirmación de que las víctimas de la explosión eran huachicoleros, y peor aún, que se merecían lo que les ocurrió. Y en el colmo de la insensibilidad, negar la tragedia. Las personas afectadas casi en su totalidad no se dedican a la actividad de robo de combustible, no forman parte de esas bandas, ni se benefician de este ilícito; sólo era población civil motivada por las razones que señalamos con anterioridad.
Decir que de todos modos estaban robando y por eso eran delincuentes, también es una afirmación inexacta si consideramos que la gasolina estaba derramándose, contaminando el suelo y que era irrecuperable y, sobre todo, tal derrama no había sido ocasionada por quienes estaban recolectando. El propio código penal contempla esta circunstancia, o el estado de necesidad, como una atenuante o causa excluyente del delito (si lo queremos ver técnicamente); por lo que es ridícula la petición de castigar a los sobrevivientes con cárcel.
Lo que es una realidad es que es un acto imprudente e indebido de quienes acudieron y expusieron su vida. Se trata de hombres, jóvenes, mujeres y niños pobres en su mayoría. Es falso que los familiares le soliciten al gobierno indemnizaciones, como se ha difundido.
Esto no exime de responsabilidad a las autoridades estatales y municipales y en parte también a las federales, en materia de protección civil y cuidado del orden público, cuyas acciones hubiesen ayudado a evitar la tragedia o, por lo menos, a limitar el alcance de la misma.
Las derramas y accidentes en ductos han generado graves daños ambientales al suelo y a la atmósfera en los últimos años y este caso no es excepción, cuestión de la que Pemex ha tratado de evadir su responsabilidad legal y social mediante argucias administrativas y legales desde hace tiempo.
Esta tragedia ha puesto de relieve algunos hechos importantes: la dificultad y complejidad de la lucha contra el robo de combustible; la necesidad de normalizar el abasto para el éxito de la estrategia; la responsabilidad del crimen organizado que busca poner en medio a la población para amortiguar o neutralizar las acciones en su contra; la limitación de las fuerzas militares en tareas policiales; la omisión y complicidad de ciertas autoridades locales (estatales y municipales) en materia de protección civil y seguridad pública; ciertas limitaciones de Pemex y las fuerzas federales para la prevención, y la necesidad de la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan a las comunidades y municipios de la región y que están en el olvido.
El linchamiento en redes sociales busca criminalizar y minimizar la tragedia; se vale de imágenes, videos y argumentos falsos, sesgados o fuera de contexto, muy parecidos a los usados para criminalizar a la caravana migrante, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a las organizaciones campesinas que cercaron el Congreso (a las que se les quiso vincular con Antorcha Campesina y el Partido Revolucionario Institucional, PRI). Quienes participan en estos linchamientos esgrimen valores neoliberales. Buscan romper los lazos de solidaridad natural del pueblo de México con las víctimas. En mucho parecen un experimento de agencias especializadas de contrainformación con fines no claros, similares en su acción a la campaña impulsada por Bolsonaro contra la izquierda en las pasadas elecciones en Brasil o la campaña contra la Revolución Bolivariana en Venezuela.
El combate al robo del combustible como parte de la erradicación de la corrupción es importante para la recuperación de la capacidad productiva de Pemex, que ha sido desmantelada por los gobiernos neoliberales para entregar la riqueza petrolera a empresas extranjeras. Su desmantelamiento incluyó el beneficio, vía el robo, para la red de corrupción de alto nivel de la burocracia de la empresa productiva del Estado, una parte del sector empresarial, camarillas políticas y el crimen organizado.
Sólo con una empresa energética sana, y operando a toda su capacidad, es posible fortalecer las finanzas públicas e impulsar el relanzamiento de las actividades productivas de país, por lo que la estrategia de combate anunciada por López Obrador es necesaria y ha contado con amplio apoyo popular a pesar los problemas de desabasto.
Sin embargo, no es suficiente esta medida. También es necesario en el mediano plazo revertir la reforma energética para recuperar la soberanía nacional, es decir, la parte del patrimonio público cedido a las empresas petroleras trasnacionales mediante licitaciones y asignación de concesiones estos años, y recuperar la rectoría del Estado para frenar no sólo el despojo en sector publico sino también en el sector social, sobre todo en el campo.
Para ello se tiene que derogar la reforma constitucional entreguista, la ley de hidrocarburos y otras que emanaron de esta reforma impuestas mediante el acuerdo antinacional llamado Pacto por México, que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto con la complicidad de toda la clase política.
También es necesario relanzar la inversión y expansión de Pemex y, dentro de los planes, contemplar la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, que tendrá un impacto económico positivo para el país y desde luego para la región y el estado.
Es importante destacar que cuando se puso en marcha la última ofensiva para privatizar Pemex, mediante la reforma energética en 2013, nuestra región, este pueblo noble que hoy algunos criminalizan, y particularmente las comunidades que hoy conforman el MST, fueron la vanguardia de uno de los principales focos de lucha y resistencia en regiones petroleras del país en aquel momento.
La jornada desarrollada implicó un fuerte proceso asambleario y organizacional regional para la resistencia: la movilización de aproximadamente 10 mil personas el 3 de Septiembre de 2013 de Tula a la refinería Miguel Hidalgo; la participación en dos movilizaciones nacionales en el Zócalo con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador; el cerco al senado y a la cámara de diputados; la concentración masiva de rechazo en Tula el 12 de diciembre; el cerco el día 13 de ese mismo mes al Congreso del Estado de Hidalgo, y una amplia campaña de recolección de firmas durante el primer semestre de 2014 para, mediante la consulta popular, intentar revertirla. Desde luego, también debemos mencionar la jornada de lucha impulsada contra el gasolinazo en enero y febrero de 2017, donde miles de personas salimos de manera pacífica a demandar el fin de esta medida producto de la reforma energética y fiscal.
Francisco Chew Plasencia*
*Dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST)
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