La renuncia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y excomisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Óscar Mauricio Guerra Ford, dejó al descubierto la opacidad del (Inai), consideró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello sobresale porque se trata del órgano que supuestamente debería velar por el derecho humano a la información.
Tras advertir que es un hecho importante, el primer mandatario expuso que “ayer una investigación periodística llevó a que unos funcionarios del Instituto de Transparencia –fue como machetazo a caballo de espadas– renunciaran”, en clara referencia a Guerra Ford y al hasta ayer secretario ejecutivo del Inai y excomisionado, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Y es que luego de que Contralínea revelara que el Instituto Nacional de Transparencia ocultó 94 gastos personales de Guerra Ford con cargo a la tarjeta corporativa de la institución, entre ellos tres que se ejecutaron en un table dance, ayer 13 de noviembre ambos presentaron su renuncia. En el caso de Monterrey, porque era comisionado al momento de los hechos.
El presidente de la República agregó que a pesar de que se supone que el Inai está para garantizar la transparencia, particulares le solicitaban información sobre el gasto del propio Instituto de Transparencia, y no la entregaban. Ello, porque censuraron la información de todos los cargos personales hechos por los comisionados y comisionadas a las tarjetas corporativas del propio instituto.
En su conferencia desde Sinaloa, López Obrador indicó que a diferencia de esa opacidad sobre el ejercicio del dinero público, ese mismo Instituto –encabezado actualmente por Blanca Lilia Ibarra– sí solicita información a todas las demás dependencias: “si un ciudadano quiere saber sobre cuánto gana el presidente de México, la Presidencia de la República tiene que entregar el informe al instituto de la transparencia”.
Por ello, criticó al Inai por resistirse a transparentar sus propios gastos. “Y, así, un ciudadano pidió al instituto de la transparencia que le informaran cuánto estaban gastando unos consejeros, comisionados, y no les daban la información, hasta que salió la información, se filtró, como se dice coloquialmente. Una revista [Contralínea] hizo la investigación y resultó que la tarjeta de crédito o de pago, la oficial, se utilizaba para pagar gastos de un bar, dinero del pueblo. Y ayer ya renunciaron dos funcionarios de este instituto. Eso es bueno. Antes no se podía tocar al intocable; ahora no”.
El pasado 11 de noviembre, esta publicación reveló que el hasta ayer secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y antes comisionado del Inai, Óscar Mauricio Guerra Ford, realizó –entre 2014 y 2015– al menos 94 pagos con la tarjeta bancaria del Instituto que incumplieron los controles administrativos pues, en realidad, se trataba de gastos personales sufragados indebidamente con dinero público.
Entre esos cargos destacaban tres, pues los realizó en un table dance –de nombre Curazao– clausurado en 2018 por trata de personas en su modalidad de prostitución. Consultado por Contralínea sobre esos gastos en particular y para ese trabajo, Guerra Ford afirmó: “asistí a ese establecimiento con compañeros de trabajo, sin tener el conocimiento de que ahí se cometían actos ilícitos y, que por ello fue clausurado. La clausura de establecimientos y determinación de delitos corresponde a la autoridad competente en la materia”.
No obstante que los 94 gastos se realizaron con la tarjeta American Express –con número 3766-894309-71008– propiedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en mayo de 2016, el pleno del propio Inai –conformado por los pares del maestro Guerra Ford: Ximena Puente de la Mora, Patricia Kurczyn, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez– censuró los datos bajo el supuesto de que se revelaría su capacidad adquisitiva. Para el Instituto, se pondría en evidencia su patrimonio si se daban a conocer los 94 gastos personales que el entonces comisionado hizo con dinero público, porque tuvo que restituir al erario el daño causado.
A pesar de que el pleno del Inai debe velar por el derecho humano a la información del pueblo de México, y aplicar la máxima publicidad en torno al manejo del dinero público para contribuir al combate a la corrupción y la rendición de cuentas, textualmente, determinó: “los movimientos bancarios permiten identificar los conceptos de los gastos que fueron solventados con el patrimonio de una persona física, lo que daría cuenta de su patrimonio y su capacidad económica. En ese sentido, este Instituto estima procedente la clasificación como confidencial de los datos referidos, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
De acuerdo con la ya derogada Ley que citaron, el artículo referido establecía que como información confidencial se considerará: “II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley”. Además del patrimonio, en la propia resolución del pleno se cita que los datos personales confidenciales son aquellos relacionados con, entre otras cosas, características morales, características emocionales, vida afectiva, otras análogas que afecten su intimidad.
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