En los registros de bienes inventariados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pueden encontrar sofás, cestos para basura, ceniceros, micrófonos, tripiés y, entre una larga lista, cafeteras con valores unitarios de decenas de miles de pesos. No sólo es la compra de lo que parecerían artículos no necesarios para una universidad pública y con problemas de presupuesto, sino también de adquisiciones con aparentes sobreprecios.
Adicionalmente, la institución destinó 68 millones de pesos a la compra de boletos de avión y 75 millones al pago de viáticos.
“La UNAM cuenta con amplia normatividad, comités y órganos de vigilancia en materia de adquisiciones que minimizan la posibilidad de que se puedan realizar este tipo de gastos [onerosos e injustificados]”, señala la máxima casa de estudios del país en respuesta escrita a Contralínea.
Asegura que nada irregular hay en las adquisiciones de muebles y equipos y en viáticos y pasajes aéreos. “El ejercicio presupuestal es objeto de revisiones por diversas instancias, tanto internas como externas que, en caso de encontrar anomalías, determinan las investigaciones y sanciones a lugar”.
La dependencia de la UNAM encargada de formular las respuestas fue la Secretaría Administrativa, encabezada por el ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez. La institución no aceptó una entrevista presencial y ofreció como única opción responder a las preguntas de manera escrita, sin la posibilidad –por lo tanto– de un intercambio con precisiones.
En el documento entregado a Contralínea por la Dirección General de Comunicación Social –a cargo de Néstor Martínez Cristo–, se argumenta que: “la Contraloría de la UNAM, a través de la Auditoría Interna, ejecuta un programa anual de auditorías a las diversas entidades y dependencias universitarias; el auditor externo, contratado por el H Consejo Universitario, a su vez realiza su propia revisión del ejercicio financiero y presupuestal. Año con año, también la Auditoría Superior de la Federación [ASF] ejecuta sus revisiones a esta casa de estudios”.
Leopoldo Silva está al frente de la Secretaría Administrativa desde el 7 de enero de 2013, cuando el entonces rector José Narro Robles lo nombró en sustitución de Enrique del Val Blanco. Se mantiene en el cargo hasta las postrimerías del actual rectorado, encabezado por el médico –como Narro– Enrique Graue Wiechers. Lo que no dijo en su respuesta es que la ASF sólo revisa aleatoriamente apenas algún aspecto del gasto universitario; tampoco, que las auditorías internas se resuelven generalmente sin sanciones y sin siquiera hacer partícipes a los medios de comunicación de las irregularidades detectadas, como lo ha documentado Contralínea en el caso de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (https://www.contralinea.com.mx/2015/12/13/complicidad-y-corrupcion-conade-unam/).
La UNAM ejerció en 2018 un presupuesto total de 38 mil 510 millones 94 mil 55 pesos. En “artículos y materiales de consumo” erogó 952 millones 702 mil 876 pesos, de acuerdo con el Desglose del presupuesto por capítulo de gasto. Adicionalmente –señala el documento publicado en el sitio electrónico de transparencia de la Universidad–, desembolsó 841 millones 77 mil 489 pesos en “mobiliario y equipo”. Y en inmuebles y construcciones, 624 millones 839 mil 582. Así, la máxima casa de estudios del país destinó 2 mil 418 millones 619 mil 948 pesos en materiales, muebles e inmuebles para cumplir con sus funciones.
A finales del año pasado y principios de 2019 –cuando se debatía la exigencia de austeridad en toda la administración pública impulsada por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador–, estudiantes, profesores y trabajadores universitarios condenaron en redes sociales los gastos “superfluos” y el “derroche” con el que –aseguran– se desempeñan los funcionarios de la UNAM. Denunciaron decenas de adquisiciones onerosas o de lujo incompatibles con el espíritu de una universidad pública que siempre trabaja con presupuestos ajustados.
En el Inventario de bienes muebles 2018, la UNAM reporta que el año pasado tenía registrados 794 mil 984 artículos. En las listas se pueden observar camionetas, micrófonos, plumas, cámaras, sillones, reproductores de DVD, proyectores… Con precios por decenas de miles de pesos cada uno.
Puede saberse de la adquisición de un sofá por 52 mil 900 pesos para la División de Posgrado de la Facultad de Derecho (con número de inventario 2285725); de un sofá de terno Pullman (número de inventario 1847088) para la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Filosofía y Letras por 16 mil 990 pesos, y de seis ceniceros (con número de inventario, el primero de ellos, 2508573) con un costo cada uno de 9 mil 496 pesos para hacer un total de 56 mil 967. Estos ceniceros se adquirieron para el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Además, siete “cestos para basura” para la Facultad de Filosofía y Letras con un costo unitario de 24 mil 708 pesos. Por los siete, la erogación fue de 172 mil 956 pesos. También, una pulidora de pisos (número de inventario 1728406) que costó 11 mil 960 pesos. Y de un sistema de aire acondicionado (número de inventario 2499907) para la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho por 332 mil 579 pesos.
“Vemos que llega un funcionario nuevo y lo primero que hace es remodelar su oficina. Se compran autos nuevos. Tienen chofer todos los directores”, señala Salvador Hernández, profesor de historia de México y de historia universal en el Colegio de Ciencias y Humanidades e integrante de la Asamblea Universitaria.
En entrevista con Contralínea, el académico agrega: “En vez de que se atiendan las necesidades más inmediatas del aula, prefieren tener las oficinas bonitas, presentables, con muebles nuevos, que atender las condiciones tan precarias que hay en los salones”.
Lamenta que, incluso, en algunos grupos los alumnos “se estén peleando” las bancas, pues no hay para todos. Y que no funcionen los cañones [proyectores] ni las computadoras, herramientas imprescindibles si se quiere promover el uso de las tecnologías de la información la comunicación. “A eso nos enfrentamos los profesores en la cotidianidad”.
Por su parte, la UNAM, respondió a Contralínea que las denuncias de alumnos en redes sociales acerca de los supuestos gastos superfluos “han sido tendenciosas y han omitido el contexto de dichas adquisiciones”.
Refuta que se trate de compras injustificadas o para beneficio de funcionarios. “Baste mencionar que lo que se ha reportado como adquisición de plumas por varios miles de pesos omitió especificar que se trata de acceso a estacionamientos con tarjetas de aproximación y no de plumas para la escritura. De manera similar se han descontextualizado otras ‘adquisiciones’”.
En sus respuestas escritas, la UNAM señaló que con respecto de uno de los cestos de basura (número de inventario 2415740) “se trata de dos núcleos de separación de residuos para dividir la basura por tipo de desecho. Consta de cuatro botes metálicos cada núcleo, los cuales fueron fijados al espacio correspondiente. Fueron adquiridos el 24 de abril de 2014”.
Sin embargo, la descripción en el documento de la propia Universidad dice: “cesto de basura”; y no, “dos núcleos de separación de residuos”, como asegura la autoridad universitaria que se trata en realidad.
La lista de compras de bienes sin aparente justificación o con supuesto sobreprecio se extiende con cientos de ejemplos. Algunos de ellos son: una cámara fotográfica para uso del Instituto de Investigaciones Biomédicas por casi 480 mil pesos (número de inventario 2215671); dos computadoras para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con un costo cada una de 105 mil 949 pesos (2133073 y 2133075); una computadora por 214 mil 240 pesos a cargo del Instituto de Neurobiología (número de inventario 2178839).
También, la adquisición de un micrófono (2187043) que costó 14 mil 720 pesos; una grabadora (2488963) por 17 mil 266; una reproductora de discos compactos (2281902) por 29 mil 909; un tripié (2379693) por 10 mil 858; una pantalla de plasma (2336923) por 96 mil 613; una pistola de impacto (2488943) por 32 mil 536, y una lavadora de pisos (2406134) por 56 mil 724 pesos. Estos últimos seis bienes están a cargo de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho.
En su respuesta, la UNAM argumentó: “La cafetera (número de inventario 2286630) es de uso rudo, con el fin de atender a la comunidad académica de la Facultad de Derecho. Tiene una capacidad de elaboración de 71.5 litros de café por hora (18.9 galones, 480 tazas de 5 oz). Se adquirió el 20 de mayo de 2009 y tiene varios años de uso intensivo” (sic).
Con respecto de una videocámara con número de inventario 2376397, la UNAM señala: “Es un equipo que se utiliza para Radio IUS y de apoyo en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Derecho. Se trata de un modelo Canon, adquirido el 31 de octubre de 2012. Está equipada con diversos accesorios y realiza múltiples funciones”.
De acuerdo con los informes del presupuesto ejercido por la UNAM en 2018, la Universidad erogó casi 68 millones de pesos en “pasajes aéreos”, es decir, en pagar los boletos de avión de funcionarios y, señala, la autoridad universitaria, académicos.
“La Universidad tiene presencia en todas las entidades de la República Mexicana y cuenta con 14 representaciones en el extranjero. Asimismo, ha celebrado una gran cantidad de convenios de colaboración con instituciones afines, con las cuales lleva un intenso trabajo de intercambio académico y de difusión y de extensión universitaria, lo cual ha permitido potenciar tanto la formación de recursos humanos de alto nivel como el trabajo de investigación.”
Así, de acuerdo con la Secretaría Administrativa, los boletos de avión se compran principalmente para investigadores. “Hay que tener presente que nuestras casa de estudio realiza la mayor parte del trabajo de investigación que se lleva a cabo en el país y es la institución con el mayor número de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores”.
Además, argumenta que tal erogación está vigilada: “El gasto para pasajes aéreos está normado por el Comité de Adquisiciones y Servicios, y en su mayor parte se ejecuta a través del ‘servicio de reservación, expedición y entrega de boletos de avión y otros servicios de viaje’, que se contrata con la aerolínea que ofrezca las mayores ventajas para la Universidad”.
En el informe de la erogación del presupuesto 2018 también queda claro que la UNAM erogó más de 75 millones en viáticos. Al respecto la autoridad universitaria respondió: “Las partidas de pasajes y viáticos están muy interrelacionadas, prácticamente el gasto en una conlleva un gasto recíproco en la otra. Los montos para cada caso se determinan de acuerdo al destino al que se dirija” (sic).
En su respuesta, la UNAM detalla que para cada destino “se encuentran definidos montos diferenciados para cuatro zonas geográficas de acuerdo al costo de la vida en cada una de ellas” (sic).
Obligada por los amagos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la UNAM debió elaborar un plan de austeridad. El objetivo formal es sumarse a la política de gasto eficiente y sobrio de los recursos públicos.
En su respuesta escrita, la autoridad universitaria señaló que tal plan de austeridad se pondrá en marcha “sin afectar la operación de programas sustantivos” de la Universidad.
Explica que los ahorros vendrán de las partidas de servicios personales, estímulos y prestaciones, “que básicamente se refieren a que no se autorizará la creación de plazas administrativas que no se deriven de la creación de nuevas instalaciones y otras medidas que tienen que ver con la aplicación de recursos propios en estos rubros, que tampoco impactan las funciones sustantivas”.
Agrega que el plan de austeridad también prevé, para este año, la reducción del presupuesto para pasajes, viáticos, anuncios y, entre otros, mensajería, “que se pueden sustituir a través de la utilización de medios electrónicos”.
Entre los pagos por servicios que fueron criticados por alumnos y profesores, se encuentran las “conferencias magistrales” contratadas con algunos intelectuales. Uno de los contratos fue por 250 mil pesos a favor de la politóloga Denise Dresser.
Para el doctor Rogelio Avendaño, catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina, el principal problema de la UNAM no es el de la falta de recursos, sino el de la falta transparencia con el que se ejerce el presupuesto.
En entrevista con Contralínea, reconoce que se debe aumentar el presupuesto a la UNAM y a la educación en general. Pero, “lo primero es transparentar los presupuestos. No bastan los informes que se dan ni de las facultades ni de la misma Universidad”.
Considera que aunque se incrementara el monto de los recursos, de poco serviría “si no se cuenta con la pormenorización de los diferentes gastos”.
El presupuesto total de la UNAM es, para 2019, de 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos.
Ramón Castro, catedrático de informática en la Facultad de Contaduría y Administración, señala que la Universidad cuenta con recursos que podrían ser suficientes. Lo que hace falta es “una distribución adecuada” de los mismos. “El ingreso está polarizado. Realmente la beneficiada es la burocracia universitaria con sueldos y bonos bastante elevados”.
Zósimo Camacho
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