Once instituciones federales habrían recurrido al esquema de subcontratación de terceros a través de convenios con universidades públicas en los ejercicios de 2015 y 2016, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunado a éstas, una secretaría del gobierno capitalino también lo habría hecho.
Tal como lo aseguró la secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga, no sólo las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –que actualmente encabeza– y de Desarrollo Social (Sedesol) triangulan las contrataciones con asistencia de instituciones de educación superior.
“Así funcionamos muchas dependencias: contratas servicios a terceros, les pagas y esperas”, dijo la funcionaria al periodista Carlos Loret, el pasado 22 de febrero. Y agregó: “Si hay irregularidades en ello, soy la primera en pedir que se castigue a los culpables, pero antes se tiene que investigar”.
Conocedora de las entrañas gubernamentales, Robles no hablaba a la ligera. Al menos las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Relaciones Exteriores (SRE); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y Mexicano de Cinematografía (Imcine); Pronósticos para la Asistencia Pública; las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y Federal de Electricidad; así como la Secretaría de Cultura capitalina echaron mano de este esquema.
Los 12 casos se documentan en 11 auditorías forenses a igual número de universidades, supuestamente implicadas en lo que se ha conocido periodísticamente como la “estafa maestra”. Dichos casos corresponden a las revisiones de los ejercicios 2015 y 2016.
Además, se mencionan convenios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), con la salvedad de que por éstos la universidad involucrada –la Tecnológica de Campeche– no subcontrató empresas, sino personal bajo la modalidad de becarios y de sueldos y salarios.
El problema, sin embargo, es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, observa el doctor Óscar Enrique Díaz Santos, pues ésta permite que se hagan contratos entre entidades públicas, que es lo que ha pasado con las instituciones que contratan universidades.
Esa misma ley también posibilita las subcontrataciones, cuando las entidades no tengan la capacidad técnica y operativa, indica el experto en política pública. Pero, advierte, la legislación obliga en esos casos a que se hagan licitaciones públicas; es decir, las universidades no pueden subcontratar de forma directa como lo han hecho.
El esquema, explica, no posibilita desvíos de recursos sino algo peor: peculado. “No es desvío de recursos porque el dinero se aplica en los contratos. La irregularidad presupuestaria que puede existir es peculado, porque se están gastando el dinero sin justificar su ejercicio”.
“¿A quién le están dando ese recurso? Quién sabe. Incluso puede ser a campañas políticas”, señala el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gasto público y presupuesto.
Añade que esto sólo se configura cuando las universidades incumplen con lo convenido y no comprueban en qué se gastaron el dinero público de los convenios. “La irregularidad existe porque aparentemente no hay comprobantes”.
De las 11 instituciones de educación superior supuestamente implicadas en el esquema de la llamada “estafa maestra” sobresale la Universidad Tecnológica de Campeche, relacionada contractualmente con cinco instituciones federales: además del TEPJF y PEP, está la Sedatu, la SRE y el Imcine, revela la auditoría forense 198.
En total, la institución obtuvo siete “convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos con la administración pública federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios”, por los que cobró 246 millones 799 mil 900 pesos en 2016.
De esa cifra, según la ASF, la universidad dispersó por subcontratación a terceros 174 millones 726 mil 700 pesos –el 70.7 por ciento del total–, correspondientes a tres convenios: uno de Sedatu, en el que subcontrató el 94 por ciento del servicio; uno de SRE –con la que firmó dos–, con el 11.8 por ciento; y uno de Imcine –que también la contrató dos veces–, con el 45 por ciento.
Para el máximo órgano de fiscalización del país, el régimen de contratación establecido por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “fue utilizado como vía para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos, dado que no se sujetó a las reglas de contratación establecidas […], que condiciona que las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido”.
Y aunque la escuela manifestó contar con la misma, “de manera directa no llevó a cabo actividades”. Derivado de esa falta de capacidad, indica la ASF, la universidad subcontrató a 14 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la SRE, el Imcine y la Sedatu; y a personal bajo la modalidad de becarios y de sueldos y salarios, para los servicios del TEPJF y PEP.
En el caso del convenio con la Sedatu, destaca el informe que la universidad “transfirió injustificadamente 79 millones 49.8 mil pesos a 11 empresas que supuestamente intervinieron en el cumplimiento del convenio […]; sin embargo, no presentaron la documentación e información que sustentara los pagos. Al respecto, la universidad únicamente proporcionó convenios generales suscritos con estas empresas desde 2014 y 2015”.
Para este trabajo se solicitó conocer la versión de la universidad a través del licenciado Alejandro Metelín García, jefe del Departamento de Prensa y Difusión. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Para la Auditoría Superior, otra escuela superior con problemas sería la Tecnológica de Salamanca. Ésta obtuvo convenios con cinco instituciones federales (Sagarpa –dos–, CFE, Pronósticos, Conagua, Indesol) y una capitalina (Secretaría de Cultura), por 59 millones 449 mil pesos.
De ese total, la escuela pagó a terceros 46 millones 693 mil 700 pesos. Los siete convenios resultaron en subcontrataciones hasta por el 98.5 por ciento de los servicios, estima la ASF.
En su auditoría forense 199, señala que la escuela suscribió convenios y contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal sin contar con la capacidad técnica, material y humana para su realización, ya que subcontrataron el 78.5 por ciento de los servicios.
No obstante, el director de Administración y Finanzas, Enrique Hernández, asegura a Contralínea que “la universidad no hizo la subcontratación del 78.5 por ciento y así se hizo del conocimiento de la Auditoría en la primer respuesta que dimos, antes de que se emitiera el informe. Sin embargo, la Auditoría Superior no leyó toda la información que enviamos y desestimó todo lo que enviamos. Por eso presentó el informe con las ocho observaciones que hizo inicialmente, pero que nosotros sí subsanamos”.
Para la ASF, la universidad no publicó la información relativa a la contratación de los servicios que realizó con los terceros para ponerlo a disposición del público en general, en contravención con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Más aún, el órgano fiscalizador presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal, por 32 millones 637.2 mil pesos. Y es que para los auditores, “la UTS realizó pagos injustificados a diversos proveedores y expertos técnicos contratados para la ejecución de los trabajos convenidos”.
No obstante, el licenciado Hernández asegura que esos 32 millones “se comprobaron totalmente, derivado de que vienen de un programa en el cual nosotros la única actividad que realizamos es obtener el recurso para transferírselo a los beneficiarios y así se hizo. Comprobamos que fueron transferidos de las cuentas de la universidad a la cuenta de los beneficiarios de Sagarpa”.
Agrega que la universidad contrató a una persona para que se encargara de hacer la dispersión de esos recursos pero que eso no significa que se esté subcontratando el servicio. “Es un asalariado que nos ayudaba con el papeleo, eso es todo”.
El director de Administración y Finanzas indica que al no ser tomadas en cuenta las evidencias que presentó la universidad, ésta procedió a solicitar una explicación por escrito a la propia Auditoría a principios de enero. Pero, dice, que aún no tienen respuesta.
La única explicación que encuentra al hecho de que la Universidad Tecnológica de Salamanca fuera implicada en el escándalo es que, “tal vez, le quisieron llamar ‘estafa maestra’ para que quien orquestó esta auditoría quedará bien ante una posible candidatura que estaba asumiendo dentro de la misma Auditoría Superior”.
Respecto de los entregables, indica que se cumplió con los tiempos pactados y que las de la universidad fueron las propuestas más económicas para las instituciones, aunque reconoce que tuvieron una ganancia mínima para equipar a la escuela.
El licenciado Enrique Hernández advierte que las universidades como la que representa se encuentran en desventaja, porque “no podemos exhibir la información porque no podemos poner en riesgo al personal, al decir quiénes son los que participaron en todos los medios. Pero la Auditoría Superior sí sabe los nombres, cuándo se les depositó, tiene todos los datos”.
Agrega que la universidad cuenta con todos los documentos que comprueban el buen uso de los recursos.
La lista incluye a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, contratada en 2016 por Conapesca (cinco convenios, por un total de 136 millones 740 mil pesos) y Sagarpa (dos convenios, por 18 millones 55 mil pesos).
Según la ASF, en cinco de esos convenios –cuatro de Conapesca y uno de Sagarpa, por un total de 144 millones 565 mil pesos– se incurrió en la subcontratación de terceros. Por ello a éstos últimos les pagó 113 millones 315 mil pesos.
El máximo órgano de fiscalización advierte que la escuela suscribió convenios y contratos con sus respectivos anexos técnicos en donde declaró contar con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con las obligaciones y compromisos; “sin embargo, el ciento por ciento de los servicios fueron proporcionados con personal ajeno a la universidad (prestadores de servicios)”.
Una fórmula similar a la de los convenios que terminan en subcontrataciones fue detectada en la revisión a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Cuenta Pública 2015. La diferencia es que se trató de cinco convenios de colaboración con la Sagarpa, por 219 millones 430 mil pesos, para operar el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, en sus componentes Programa Regional de Desarrollo Previsto en el PND y Planeación de Proyectos.
Por ello, la escuela operó 36 proyectos en beneficio de 24 personas físicas y 12 personas morales. La ASF señala que se comprobó que la universidad contrató a 16 empresas, y erogó gastos que no son inherentes a la operación, por 128 millones 507 mil pesos, que correspondió al 58.6 por ciento del monto total de los convenios de colaboración.
Agrega que la diferencia por 90 millones 922.9 mil pesos, que representó el 41.4 por ciento, los transfirió a otras cuentas bancarias abiertas a nombre de la propia universidad, de las cuales se erogaron recursos por 76 millones 325.2 mil pesos para pagar a 624 personas contratadas por honorarios asimilados a sueldos y salarios; 14 millones 36.1 mil pesos los consideró como cuotas administrativas, y 561.6 mil pesos como gastos administrativos.
Por ello, el órgano fiscalizador concluye que dichos actos no aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y, en consecuencia, no se cumplió con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, e imparcialidad para el Estado.
La ASF dictaminó que la Universidad Autónoma de Zacatecas incumplió la ley, “toda vez que conjuntamente con la Sagarpa simularon un esquema para la transferencia de los recursos a través de cesión de derechos suscritos con los beneficiarios de los apoyos para que la Sagarpa pudiera transferir los recursos”.
Advierte que se corroboró que para la ejecución de los 36 proyectos asignados, contrató a 16 proveedores, pagó a 624 personas por honorarios asimilados a sueldos y salarios y erogó diversos gastos que no son inherentes a la operación por 205 millones 393.9 mil pesos, no obstante haber manifestado que tenía la capacidad técnica y humana para desarrollarlos.
Como ha publicado la prensa, la Sedatu y la Sedesol son las instituciones que más problemas presentan por usar este esquema de subcontratación vía universidades.
De las 11 universidades fiscalizadas, cinco sirvieron a la Sedatu para estos fines: la Mexiquense Bicentenario, la Politécnica de Chiapas, la Politécnica de Francisco I Madero, la Politécnica de Quintana Roo y la Tecnológica de Campeche; y tres a la Sedesol: la Politécnica de Texcoco, la Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Tecnológica del Sur del Estado de México.
Además, una de ellas, la Politécnica de Chiapas, incurrió en el mismo esquema con el ISSSTE.
“Lo de Sedatu y Sedesol se ha hecho de una manera muy descarada”, señala el doctor Díaz Santos. Pero, indica, los culpables no son sólo esas secretarías.
El primer responsable es el Congreso, pues la ley permite este tipo de contrataciones y subcontrataciones, indica. La segunda responsables es la Secretaría de la Función Pública, porque de acuerdo con la Ley de Adquisiciones debe solicitar información sobre procesos de contratación y al parecer no lo ha hecho. Y la tercera es, dice, la Secretaría de Hacienda, que debe vigilar el gasto.
Sobre esta última dependencia, indica que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera debería estar monitoreando los casos sensibles como éstos, pero no lo hace. “Así que la negligencia es de varios”.
Nancy Flores
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIONES: PORTADA/RENDICIÓN DE CUENTAS]
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