Más de 3.8 millones de habitantes carecen de agua en viviendas de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido al crecimiento urbano periférico paupérrimo, lo que representa el 18.31 por ciento de la población que padece este flagelo y que se agudiza con los desarrollos inmobiliarios sin control y el alto costo para traer el líquido a la región.
La ZMVM, una de las ciudades más grandes del mundo por la concentración de población, actividades productivas, servicios, comercios, actividades culturales, educativas y de organización territorial, ocupa el espacio de 16 delegaciones de la Ciudad de México (CDMX), 59 municipios del Estado de México y un municipio de Hidalgo (Mapa 1).
De esta aglomeración urbana, integrada por 20 millones 892 mil 724 habitantes (17 por ciento de la población total del país), el 18.31 por ciento de la población carece de agua. El Estado de México es el más afectado, con 23.63 por ciento de viviendas sin acceso al vital líquido (Tabla 1).
La mayoría de la población que carece de agua potable se localiza en los municipios de Ecatzingo, Hueypoxtla, Villa del Carbón y Atlautla, donde el porcentaje de viviendas sin acceso al recurso supera el 60 por ciento, así como en Atenco, Chiconcuac, Chimalhuacán, y en las delegaciones Xochimilco, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, más recientemente, en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo.
Esta zona evidencia factores asociados con la falta de acceso al agua potable en las viviendas; pues a pesar de sus condiciones económicas, políticas y sociales, presenta deficiencias que podrían colapsar la ciudad, advierten especialistas en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), expertos en gestión y conflictos del agua de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav)
El acceso al agua y su calidad es un problema de desigualdad social en su distribución, tanto en municipios conurbados como en delegaciones de la ciudad, que ya colapsó la vida social del Valle de México, alerta la doctora María Luisa Torregosa, profesora investigadora de tiempo completo en la Flacso y coordinadora de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias.
“Acaso no es colapso que haya colonias donde el agua llega una vez a la semana por seis horas, que corten el agua por tres meses, que se acaben espacios como Xochimilco, cuyos manantiales se tienen que cubrir con agua reciclada, que haya precariedad en Benito Juárez, donde antes pensar en un tandeo era complicado y ahora el agua llega a determinadas horas del día”, indica.
Señala que incluso en Paseo de la Reforma hay edificios donde el 40 por ciento del agua que llega es por la red y el resto por pipa en edificios de lujo, y aun así se siguen autorizando construcciones en zonas que ni por tráfico ni servicios básicos hay capacidad de respuesta del gobierno y asomo de corrupción institucional entre autoridades y constructoras.
Torregosa ha realizado estudios de conflicto social por agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y sostiene que el problema del agua ha llevado a que gente tome el problema en sus manos, demande y exija cubrir esta necesidad al gobierno a través de luchas y confrontaciones cada vez más frecuentes en el Valle de México.
En entrevista, señala que hay un cambio importante en los últimos 10 años en la manera como se comporta la lucha social por el agua. “Primero se orientaba a tener agua, ahora la gente lucha porque el agua se distribuya de manera más equitativa y por los usos del agua”.
Por ejemplo, mucho antes de que inicie el periodo de estiaje de este año, habitantes de las delegaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa, bloquearon vialidades en protesta por la falta de suministro de agua potable.
La catedrática de la Flacso alerta de la intención de las instituciones de gobierno de la Zona Metropolitana, al proponer una Ley de Aguas que considera un uso económico más rentable, que se oriente el agua para uso privado e industrial, lo cual puede llevar a crecer el problema del agua en la Ciudad de México.
Su contraparte, dice María Luisa Torregosa, está en la ley alternativa de Agua para Todos, organización que aglutina académicos, sindicatos, colonos, campesinos e indígenas que propone que el agua se distribuya con criterios distintos.
La primera es una ley que plantea privatizar el agua, la segunda plantea su uso racional, no solo como derecho humano sino como patrimonio de la Biósfera, es decir, contiene un valor más amplio, no solo económico y mercantilista, considera la autora del libro El conflicto del agua. Política, gestión, resistencia y demanda social (Flacso 2017).
En la tesis de maestría “Características asociadas con el no acceso al agua potable dentro de las viviendas de la Zona Metropolitana del Valle de México en 2015”, Stephanie González Flores, ingeniero en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), determinó factores sociodemográficos y socioeconómicos asociados con la población sin acceso al agua potable.
Señala que no tener acceso al agua incide de manera desproporcionada en los sectores con menores ingresos, debido a las condiciones de las viviendas y la provisión inadecuada de servicios básicos como drenaje, salud, recolección de basura, electricidad.
“Existe un porcentaje de viviendas que no tiene acceso a la red pública y, por otro lado, hay un problema de mala calidad y cantidad del agua distribuida a las viviendas que tienen agua entubada, debido a factores como crecimiento poblacional, asentamientos irregulares, infraestructura, localización, ambientales, políticos, entre otros”, señala la especialista.
La también maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), indica que al analizar la ubicación de viviendas como un factor asociado con la falta de acceso al agua, la académica divide el crecimiento urbano por medio de contornos, con base en el modelo de zonas concéntricos de Burguess, que propone que al expandirse las ciudades se forman anillos concéntricos alrededor del centro urbano, compuestos por distintos municipios y delegaciones. (Mapa 1)
De esa manera, la catedrática de la Flacso observa que si bien la mayoría de los municipios de la ZMVM (Mapa 2) se localizan en el cuarto contorno, lo cual, sin embargo, llama la atención el municipio de Atenco ubicado en el segundo contorno, puesto que en teoría las peores condiciones en servicios fundamentales suelen encontrarse en la periferia.
Además, hay varios municipios y delegaciones con porcentajes arriba del 40 por ciento sin acceso al agua, ubicados tanto en el contorno 2 como en el 3. “En otras palabras, aunque los municipios o delegaciones se encuentren cerca de la región central de la ciudad, donde existen las mejores condiciones para garantizar los servicios públicos básicos, no necesariamente esto se cumple”, apunta González Flores.
Por esta razón, la académica de la Flacso encontró que las viviendas que se localizan en el primer contorno de la ZMVM tienen 1.4 veces mayor riesgo de no contar con acceso al agua en comparación con las viviendas que se encuentran en la región central.
En el segundo contorno solo aumenta el riesgo en 1.7 veces, mientras que las viviendas que están localizadas en el contorno 3 y 4 aumentan el doble (2.2 y 2.3 veces, respectivamente) de riesgo de no contar con acceso al agua en la vivienda, comparado con las ubicadas en la región central.
La explicación de este fenómeno –apunta González Flores- se debe a niveles de marginación y segregación social de la población, ubicada en zonas urbanas apartadas. Sin embargo, se nota que el riesgo de no acceder al agua no solo se presenta en la periferia de la ZMCM, sino que en todos los contornos alejados de la región central.
Asimismo, agrega que entre los factores que se asocian a la falta de acceso al agua potable en las viviendas, destacan las características particulares de los jefes de la vivienda (menor nivel educativo, dependientes económicos), la situación económica (menores ingresos, recibir algún apoyo), las malas condiciones en la vivienda, además de su ubicación en la periferia de la ZMVM.
Así, de acuerdo con las características de las condiciones de la vivienda, la académica concluye que los resultados varían, al señalar que en viviendas en situación de hacinamiento aumenta más del doble (2.5 veces) el riesgo de no contar con acceso al agua respecto a las viviendas que enfrentan esta condición, debido a su vulnerabilidad, que se ve reflejado en la falta de acceso al servicio de agua.
El piso de cemento o firme en las viviendas disminuye en 53.11 por ciento el riesgo de no contar con acceso al agua en comparación con las viviendas con piso de tierra. Y las viviendas con piso de mosaico, madera u otro material reducen en mayor medida (90.76 por ciento) el riesgo de no contar con agua, comparado con las viviendas con piso de tierra.
En las viviendas donde no hay tinaco aumenta en 1.8 veces el riesgo de no tener agua y en las que no tienen cisterna de igual forma aumenta 1.15 veces el riesgo, en comparación con las viviendas que cuentan con tinaco y cisterna.
La falta de drenaje está relacionada también con no tener acceso al agua; no tener este servicio aumenta en más del triple (3.8 veces) la oportunidad de no contar con acceso al agua en la vivienda, respecto a las viviendas que tienen drenaje.
“Estas variables sobre las condiciones de las viviendas se relacionan fuertemente con no tener acceso al agua, ya que son un reflejo del nivel de ingresos de los habitantes, lo cual se traduce en que si las viviendas no cuentan con ingresos suficientes, no pueden costear la inversión en infraestructura”, considera la especialista.
Gabriela Rosales Cristalinas, analista del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), indica por su parte que ha sido evidente la presión del Banco Mundial para la privatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), a pesar de que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera niegue estas negociaciones.
Explica que desde septiembre de 2016, a través del proyecto “Ciudades Resilientes” se develó cómo Mancera negoció con el Banco Mundial inversiones para “la gestión de 320 pozos, 16 manantiales, 16 entregas de agua en bloque, 17 presas, 26 plantas de bombeo, 26 tanques, 90 estaciones de transferencia, 52 estaciones de presión, 13 líneas de conducción y el equipamiento de 1 mil 174 sistemas de telemetría, así como la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras”, de acuerdo con solicitudes de acceso a la información.
Además anunció que el ‘Fondo del Agua’, que tendrá injerencia en los sistemas de abastecimiento, sería manejado por fundaciones formadas por empresas con fuertes intereses en el sector, como la Fundación Femsa (refresqueras) y Fundación Kaluz (Mexichem), sin contar con mecanismos de legítima participación ciudadana.
Rosales Cristalinas señala que en páginas web de empresas trasnacionales Suez y Veolia se observa el anunció que el 17 febrero de 2017 firmaron nuevas concesiones con Sacmex para la gestión del manejo de la base de datos, medición, facturación, cobro, potabilización, almacenaje, distribución, reemplazo y manejo de líneas primarias y secundarias, recolección y tratamiento de aguas residuales, con vigencia a cinco años.
“Así, en cumplimiento con las necesidades de dichas empresas, se busca aprobar una nueva Ley de Aguas de la ciudad que permitiría que Sacmex fije tarifas sin revisión pública o legislativa, cortar el servicio al acumular dos bimestres sin pago, por ejemplo”, indica la analista del Cesnav.
Linda Yáñez Pérez, maestra en Política y Erick Aguilar Obregón, doctorante en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideran que el discurso nacionalista y de justicia social que pesaba sobre recursos como el agua ha quedado en el olvido y el hídrico ha continuado su tránsito hacia la diferenciación y exclusión social.
En entrevista, Aguilar Obregón precisa que “la disponibilidad de agua establece una clara delimitación entre la pertenencia a un grupo social que goza de satisfactores, ingresos económicos decorosos y servicios públicos, y otro grupo social marginado no sólo económica, sino cultural y ambientalmente”.
Subraya que el agua corre el riesgo de convertirse en el bien emblemático, cuyo suministro y calidad se enfoca en un primer momento a los habitantes de mayores ingresos económicos o que habitan zonas de mayor plusvalía. “Se ha llegado incluso al extremo de dejar sin agua a comunidades que tradicionalmente poseen un yacimiento para hacer uso del mismo en pos de explotarlo a favor de ciudadanos de elite y aún más dejar sin agua a la comunidad de donde el agua es originaria”.
El mal uso y la deficiente gestión del agua en México han creado figuras perversas de ciudadanos de primera y segunda clase, donde el bienestar de los primeros es inapelablemente preferible al de los segundos. Haber incluido el derecho humano al agua en la Constitución abonó en favor de ejercer justicia social, de vivir en un vero estado de derecho de dejar en claro que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante la infraestructura pública.
José Réyez
Contralínea 581 / del 12 al 17 de Marzo 2018
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