Análisis militar alerta sobre violencia en proceso electoral

Las Fuerzas Armadas están preparadas para mantener la seguridad nacional e interior ante la eventualidad de “antagonismos” que alteren el orden social durante el proceso electoral

 

 

Las Fuerzas Armadas están listas “legal y operacionalmente” ante una eventual alteración del orden público durante el proceso electoral, protagonizado por “antagonismos” como el magisterio disidente, familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, grupos guerrilleros (EPR y EZLN), noticias falsas e intervención extranjera, alerta personal naval y militar, así como expertos en seguridad nacional.

“Se visualiza la compleja situación en el ambiente nacional que complicará la materialización del proceso electoral de 2018, distinguiéndose diversos antagonismos que pueden incidir en la seguridad de su desarrollo, como las protestas del magisterio disidente, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,  grupos antisistémicos Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las noticias falsas o la injerencia extranjera de países con intereses en el nuestro y que el nuevo gobierno pueda afectarlos”.

Lo anterior es parte de las conclusiones del análisis multidisciplinario Las Fuerzas Armadas y el proceso electoral de 2018, elaborado por los capitanes de navío del Estado Mayor de la Armada de México, Rafael García Urbina y César Orlando Rojas Cruz; los coroneles del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Martin Jiménez Olvera, Rodolfo Chinas Rosales y Humberto Orlascoaga Granados, y el académico Héctor Rodríguez Arellano.

 

 

Militares, marinos y un civil vinculado a las Fuerzas Armadas advierten también de que grupos u organizaciones desafectos, auspiciados y apoyados por el crimen organizado o la injerencia del exterior, podrían utilizar el proceso electoral como una plataforma para proyectar sus intereses a través de acciones de terrorismo, de sabotaje a las instalaciones estratégicas del país o intimidar a la población para que no acuda a votar el 2 de julio.

El análisis, publicado por la revista del Cesnav (abril 2018), señala que las fuerzas de seguridad pública podrían ser rebasadas frente a este tipo de antagonismos, “convirtiéndose en una problemática de seguridad interior, requiriéndose la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de estas fuerzas, de acuerdo con los protocolos establecidos para cada caso en particular”.

Para el experto en Fuerzas Armadas, Guillermo Garduño Valero, el análisis militar se inscribe en torno de los escenarios de guerra propio de las fuerzas castrenses, por lo que considera que la reflexión de los militares no estaría equivocada.

Sin embargo, acota que son hipótesis que responden a ciertas condiciones sociales; por ejemplo, dice, el EZLN ha sido desactivado, pero su propósito central de incorporarse como grupo armado y abrir paso a una vía electoral no se logró, lo cual conduce a los analistas a presuponer que podría reactivar escenarios de guerra.

“Mientras que el EPR, que tiene vínculos con el narcotráfico, como tal no es una unidad de gente armada con una visión uniforme, por el contrario, se observa que hay divisiones internas que están generando un elemento de potencial de conflicto, particularmente las guardias civiles armadas que surgen frente a la inestabilidad del narcotráfico en Guerrero”, subraya.

A ello no hay que descartar el narcotráfico, la fuente del proceso armamentista del país y de las mafias, acota el investigador.

 

En cuanto a la posibilidad de intervención extranjera en México, Garduño Valero, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, refiere que está latente por el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos apostada en la frontera con México, lo cual representa “un signo de militarizar la frontera con los riesgos que esto conlleva”.

El experto en Fuerzas Armadas Martín Barrón Cruz considera que se trata de un análisis “alarmista”, al indicar que el EZLN y el EPR como movimientos subversivos en el país quisieran aprovechar la coyuntura electoral para obtener provecho a su causa. “En el documento en cuestión no hay un tipo de análisis para llegar a esa conclusión”, apunta.

Y en el caso de una posible intervención extranjera en México -señala el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)-, estarían interesados Estados Unidos, China y Rusia por los vínculos comerciales, pero insiste en que afirmar que podría ocurrir requiere de un buen análisis de inteligencia.

“Si los analistas sostienen que los movimientos de insurgencia podrían resurgir, tendríamos un escenario distinto, porque se tiene que sumar el descontento social que se percibe en la frase de López Obrador sobre soltar al tigre, es una amenaza velada del candidato de Morena, preocupante porque está anticipando que va a haber un fraude y él va a perder”.

Barrón Cruz considera que el gran problema con el proceso electoral es que hay rutas polarizantes a través de las redes sociales, donde los comentarios de apoyo a López Obrador son cada vez más y la división que hay con los demás candidatos, de llegar incluso a insultarse, genera una mayor división e incertidumbre en el país.

“Los candidatos no tienen esta percepción, no les interesa, pero el 2 de julio puede haber una fractura mayor en la sociedad mexicana y una polarización social muy riesgosa para el país”, advierte el catedrático del Inacipe.

Néstor Arteaga, doctor en Sociología por la Universidad de Alicante y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, coincide en entrevista con Contralínea en que podrían presentarse “antagonismos” durante el proceso electoral, sin embargo, aclara que al referirse a las protestas del magisterio disidente por la reforma electoral, los analistas generan confusión, porque la cuestión del magisterio no está orientada a la reforma electoral sino a la reforma educativa.

Indica que al referirse a los grupos antisistémicos resulta relevante el hecho que los analistas colocan a dos grupos armados en un mismo nivel, lo cual en su opinión es un error de comparación por las diferencias que hay entre EPR y EZLN, lo cual es significativo porque refleja un problema de análisis en la medida en que no distinguen la manera en que estos dos grupos movilizan sus recursos políticos.

“Es decir, poner en una misma canasta al ERP y EZLN con los desaparecidos de Ayotzinapa y el magisterio disidente, cuando no son comparables, es un análisis profundamente confuso, en el que no hay claridad del papel de las Fuerzas Armadas en las elecciones, salvo la generalidad de salvaguardar la seguridad nacional”.

Néstor Arteaga advierte que “hay más riesgo cuando ciertos actores de la sociedad señalan que pueden matar a ciertos personajes y lo único que generan es incertidumbre entre la sociedad y presión a las fuerzas de seguridad para que ciertas prácticas autoritarias vuelvan al país”.

Advierte que los temores que generan entre la sociedad versiones de matar a tal candidato o de que va a acabar mal la elección, son temores que pueden tener como efecto el retorno de prácticas autoritarias que en nada contribuyen a la democracia.

El catedrático de la Flacso estima como normal que los fantasmas de la violencia del México bronco resurjan durante el proceso electoral, sin embargo, aclara que las elecciones del 94 demostraron que no hay condiciones para que la población deje su vida cotidiana y se lance a una revuelta en ese sentido.

Los analistas, maestros en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), dependiente de la Universidad Naval, exponen en su análisis el escenario político mexicano para el proceso electoral y sus implicaciones, “tanto para las Fuerzas Armadas en apoyo a la autoridad electoral, como para la Seguridad Nacional, ante la eventual incidencia de posibles antagonismos”.

Sostienen que el proceso electoral es un complejo entramado de actores, acciones y procesos en diversos ámbitos; sin embargo, asientan que ante la inexistencia de una Ley de Seguridad Interior que establezca las responsabilidades durante los procesos electorales, las Fuerzas Armadas tendrán que apegarse a sus respectivas leyes orgánicas para garantizar y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Arguyen que a falta de instituciones que cuenten con personal, infraestructura y organización como las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades electorales en el país, corresponde a mandos castrenses estar preparados con planes y operaciones para responder a las necesidades de seguridad durante el proceso electoral.

Aseguran que la misión de las Fuerzas Armadas podría complicarse, por lo que recomiendan que la estrategia de seguridad “debe ser aplicada en forma inteligente, a efecto de centrarse en garantizar la materialización del proceso electoral sin importar los resultados, las tendencias o el desempeño de los partidos políticos”.

 

 

Al respecto, el doctor Martín Barrón Cruz señala que la Ley de Seguridad Interior establece que ésta no podrá aplicarse a manifestaciones político electorales y que si se determina que una manifestación no cumple o transgrede la Constitución es posible aplicarla, lo cual es un riesgo.

Por ejemplo, dice, si durante el proceso electoral el titular del Ejecutivo federal determina que alguna manifestación está violentando el orden constitucional, puede decretar la implementación de la Ley de Seguridad Interior y las Fuerzas Armadas tendrán que participar más activamente, lo cual lleva a un proceso de militarización del país.

“La Ley de Seguridad Interior es la consolidación de la militarización del país que empezó hace 20 años, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el primer presidente que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Incluso, hay seis tesis jurisprudenciales que validan su participación y generación del miedo entre la sociedad.

“Es decir, habrá una votación donde las Fuerzas Armadas al salir y desplegarse militarmente el día de la elección, están haciendo un acto de intimidación sobre la población mediante el uso de la fuerza del Estado para generar miedo y zozobra entre los electores”, apunta Barrón Cruz.

No en balde –agrega- la Ley de Seguridad Interior señala que hay acciones de seguridad nacional y de seguridad interior, y aunque entre ambas hay una gran confusión y de que la ley está sujeta a controversia constitucional ante la Suprema Corte, las Fuerzas Armadas deben preservar la seguridad de los mexicanos ante cualquier eventualidad.

 

Ventana de vulnerabilidad

Los analistas castrenses precisan en su análisis que la seguridad nacional podría verse amenazada, cuando la magnitud de los eventos sean de consideración, cuando exista interferencia extranjera o cuando se pueda producir una “ventana de vulnerabilidad” que afecte a la seguridad nacional.

 

 

“Una ventana de vulnerabilidad puede poner en riesgo el proyecto de nación, la imagen del país a nivel internacional, afectar el desempeño de los campos del poder, con efectos inmediatos en la economía, la calificación crediticia de nuestro país, así como en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Subrayan que independientemente del apoyo que las Fuerzas Armadas proporcionen al Instituto Nacional Electoral, estas deben establecer planes de acción para garantizar la seguridad interior, especialmente durante la jornada electoral del 1 de julio del 2018, que se convertirá en el centro de gravedad de éste.

Así, sostienen que ante los eventos que se avecinan en nuestro país en relación al proceso electoral de 2018, los miembros de las Fuerzas Armadas deben conocer y considerar diversos aspectos que les impone su situación en el medio castrense, “principalmente como ciudadano, líder y como militar profesional”.

Sin embargo, precisan que “no debe dejarse lugar a dudas que su actuación es apegada a derecho y transparente, a fin de evitar caer en responsabilidades administrativas o dar pie a que medios de comunicación, partidos políticos o la ciudadanía duden de la confianza depositada en las Fuerzas Armadas.

Guillermo Garduño explica que las Fuerzas Armadas toman posiciones frente al proceso electoral, ejercen su autonomía y su sistema de inteligencia, donde la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena es un elemento esencial, así como el Estado Mayor Presidencial cuya función es brindar protección a todos los candidatos, sin embargo, observa que sólo el candidato del PRI tiene protección, lo cual hay que tomar en consideración.

Doctor en Sociología por la UNAM, Garduño cuestiona porqué un órgano de carácter militar, que debía mantener este tipo de información de manera confidencial, la hace pública. “Hay que ver qué razonamiento tuvo el mando que autorizó publicar este análisis en la revista del Cesnav, frente a algo que estaba en función de que López Obrador no tiene una visión de lo que es el ejército al que ha atacado y cuya estructura desconoce”.

”Si López Obrador aspira a ser presidente, no puede decir que va a remover los mandos, eso no es facultad del Ejecutivo ni del Ejército, es la obediencia a la ley, y ese es uno de los aspectos que más ha herido a la estructura militar, la cual está contemplando que los militares son indispensables”, enfatiza.

Coincide con los analistas del Cesnav en la posibilidad de que haya eventos “antagónicos” o un conflicto poselectoral, pero aclara que si se dieran tendrían que ser dentro de la racionalidad propia de los partidos políticos, incluido Morena, ante la posibilidad de que López Obrador pierda las elecciones el 2 de julio.

Martín Barrón Cruz estima necesario evaluar el grado de confidencialidad de la inteligencia militar, al señalar que este tipo de análisis solo generan alarma. Por ejemplo, dice, “¿Cuántas personas están presas en México por terrorismo?- ¡Ninguna! Entonces cuando se usa ese concepto se genera alarma por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, la generación del miedo, para que el lector de este tipo de análisis diga que hay que tener cuidado”.

 

 

Nelson Arteaga coincide en que las fuerzas del Estado tienen que hacer escenarios, pero indica que una sociedad democrática debe de exigir que los criterios a través de los cuales se establecen los riesgos y amenazas deben quedar perfectamente claros, porque de otra forma la teoría y metodología del escenario de riesgos queda expuesto a la discusión abierta de si efectivamente son o no amenazas reales.

“En las sociedades democráticas los ejércitos han sido sometidos a abrirse para discutir temas que tiene que ver con riesgos y amenazas a la sociedad, por lo que en México deben abrir sus niveles de secrecía de este tipo de documentos, para ser sometido a un análisis mayor y entrar en un debate con las Fuerzas Armadas que puedan establecer puentes de comunicación con la sociedad civil para discutir estos temas”, acota.

Las Fuerzas Armadas, como cualquier entidad de seguridad, tienen que hacer escenarios de riesgo, pero preocupa que en su reflexión del escenario electoral de 2018 los analistas no sean explícitos en términos de establecer porqué estos grupos que llaman “antagónicos” deben ser considerados como un riesgo. “El tema no es si es un riesgo o no, sino cómo llegan a esa conclusión”, argumenta.