Serán las elecciones más imprevisibles de las que se vivieron en Brasil, afirmó recientemente el teólogo de la liberación Frei Betto, quien admitió no tener tampoco la esperanza de que el Congreso surgido de la votación de octubre “sea menos conservador que el actual”.
A la incertidumbre que antecede al sufragio en las urnas electrónicas el venidero 7 de octubre ha contribuido en mucho lo que el cientista político y coordinador del Observatorio de las Elecciones, Leonardo Avritzer, considera un activismo judicial que nunca fue tan decisivo como ahora.
Ésta será la disputa más judicializada de la historia; mucho más de la que tuvimos en 2014, pues “parte del Poder Judicial parece dispuesta a sustituir la soberanía del elector”, aumentando así el riesgo de que sea electo un presidente débil, además de gobernadores sin legitimidad, sostuvo.
La manifestación más evidente del criterio de Avritzer es, sin duda, la exclusión de la contienda –como consecuencia de sucesivas decisiones judiciales– del líder absoluto en todas las encuestas de intención de voto: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde el pasado 7 de abril.
Condenado a 12 años y 1 mes de cárcel por “actos indeterminados”, sin presentar una sola prueba material que sustentara la acusación y en un acelerado proceso en los tribunales de primera y segunda instancia que abogados de su defensa y peritos internacionales consideraron plagado de irregularidades y viciado de origen, Lula fue imposibilitado de competir en las urnas con base en la llamada Ley de Ficha Limpia.
El dispositivo legal, promulgado en 2010, estableció nuevas hipótesis de inelegibilidad, entre éstas la de que ningún reo condenado en segunda instancia pudiera contender por cargos políticos.
Una regla que, sin embargo, no se aplicó nunca en otros 1 mil 500 casos de candidatos que de entonces a esta parte concurrieron a las elecciones sub-júdice (aguardando determinación judicial), y gracias a cuya omisión en 2016 un total de 145 candidatos a alcalde disputaron los comicios, 98 de ellos fueron electos y hoy ejercen su mandato.
La decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de impedir a Lula disputar las venideras elecciones presidenciales, además de defraudar a la mayoría del electorado brasileño desacató la decisión proferida el 17 de agosto último por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El órgano de la ONU indicó al Estado brasileño que debía garantizar a Lula el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, “hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo”.
Al dictaminar la exclusión forzosa de Lula, candidato favorito en todas y cada una de las encuestas de intención de voto realizadas hasta finales de agosto, el TSE dejó a Brasil ante las elecciones más indefinidas de su historia.
Éste era uno de los posibles cinco escenarios dibujados 2 meses atrás por el asesor de Movimientos y Pastorales Sociales e integrante del grupo de reflexión Nuevos Paradigmas, Roberto Malvezzi, según el cual la conclusión a que habían llegado era que “nada está seguro, todo está incierto”.
Con Lula impedido de concurrir, dijo, gran parte de la población va a votar en blanco o nulo, como indican las pesquisas. Y quien va a asumir (la Presidencia de la República) estará siempre con la pecha de ilegítimo, de subcandidato que sólo ganó porque Lula fue prohibido.
La previsión de Malvezzi fue corroborada por el portal Poder 360, según el cual el no voto (blancos, nulos y abstenciones) puede ser mayoritario en las próximas elecciones en Brasil ante la ausencia del fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) entre los presidenciables.
Cuando en la disputa por ocupar el Palacio de Planalto se excluye el nombre de Lula, el no voto crece en 23 de los 26 Estados de la Federación y en el Distrito Federal con relación a los comicios presidenciales de 2010 y 2014, anticipó la fuente después de cruzar los resultados de estos y las encuestas de intención de voto para 2018.
De acuerdo con la publicación, si los pronósticos se cumplieran el no voto llegaría este año a alcanzar la cifra de 57.8 millones de electores, muy superior a las de 2014 (38.8 millones) y a la de 2010 (34.2 millones).
En entidades como Río Grande del Norte los sufragios inválidos podrían llegar al 51 por ciento del total, mientras en Sergipe y Pernambuco alcanzaría el 44 por ciento; en Alagoas ascendería hasta el 42 por ciento y hasta el 40 en Paraíba.
Las mayores cantidades de votos blancos, nulos y abstenciones en la elección anterior se registraron en Bahía y Río de Janeiro, en ambos casos con 31 por ciento del total, y 4 años antes Maranhao (32) y Alagoas (31).
Por otra parte, más allá de la preferencia del electorado, hasta ahora manifiesta apenas en los sondeos de intención de voto, mucho tendrán que ver en el desempeño y resultado final de los presidenciables las nuevas reglas de financiamiento para campañas y de tiempo de propaganda en radio y televisión vigentes para la actual contienda.
Instituido a partir de sendas reformas del sistema electoral hechas en 2015 y 2016, el nuevo ordenamiento limita las formas de financiamiento de las campañas (que además acorta) al suprimir la posibilidad de recibir recursos de parte de las empresas y establecer un Fondo Especial de 1 mil 700 millones de reales (más de 410 millones de dólares) para ser desigualmente distribuidos entre los 35 partidos registrados en el país.
Sólo 2 por ciento de esa suma se repartirá a partes iguales entre todas las fuerzas; mientras, 48 por ciento beneficiará a los partidos de acuerdo con la proporción de representantes en la Cámara de Diputados que tenían el 28 de agosto de 2017; 35 por ciento entre aquellos con al menos un representante electo para esa Casa en 2014, y el restante 15 por ciento según la proporcionalidad en el Senado federal.
La nueva legislación electoral vigente, sin embargo, no establece límites para el llamado “autofinanciamiento”, con lo cual un aspirante con alto poder adquisitivo podrá financiar la totalidad de los gastos de su campaña electoral, algo que pudiera crear –de cierta forma– algunos “supercandidatos”.
Tales serían los casos, por ejemplo, de Joao Amoedo, del Partido Nuevo (Novo) y del representante del gobernante Movimiento Democrático Brasileño (MDB) Henrique Meirelles), quienes concentran el 96 por ciento de todo el patrimonio declarado por los 13 presidenciables.
Los bienes declarados por Amoedo suman 425 millones de reales (más de 100 millones de dólares) y 377 millones de reales (unos 91 millones de dólares) los del banquero Meirelles.
El reparto del espacio de televisión también perjudicará a los partidos menores, pues éste responde al tamaño de las bancadas en el Congreso.
Así, el exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, quien representa a la coalición Para unir a Brasil compuesta por nueve fuerzas políticas, dispondrá de más del 44 por ciento del tiempo establecido para estos fines (11 minutos y cuatro segundos), mientras el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro dispondrá de apenas 16 segundos.
Según los últimos estimados dados a conocer, 146.8 millones de brasileños están aptos para votar en los comicios de octubre próximo, cuando además del presidente y vicepresidente de la República serán electos los 27 gobernadores, 54 senadores y 513 diputados federales.
Con vistas a optar por esos puestos fueron inscriptos 28 mil 125 candidatos, 7.5 por ciento más que los 26 mil 162 registrados para los comicios de 2014.
Entre los 35 partidos políticos que aspiran a ocupar alguna de las 1 mil 654 plazas que se pondrán en disputa, seis inscribieron más de 1 millar de aspirantes: el Partido Social Liberal (PSL) encabeza la relación con 1 mil 487 candidatos, seguido por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con 1 mil 319.
Después le siguen el Partido de los Trabajadores (PT), con 1 mil 283; Patriota (1 mil 142); el gobernante Movimiento Democrático Brasileño, MDB (1 mil 082) y el Partido Republicano del Orden Social, PROS (1 mil 059).
Del total de candidatos que solicitaron registro, 13 aspiran a la Presidencia de la República; 199 a una de las 27 plazas de gobernador; 321 a ocupar alguno de los 54 escaños en disputa para el Senado Federal, y 8 mil 274 pugnarán por uno de los 513 asientos en la Cámara de Diputados.
Para cubrir los 1 mil 35 curules de diputado estadual hay 17 mil 413 aspirantes y 960 para ser electo uno de los 24 diputados distritales.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Divulgación de Candidaturas, la mayor parte son hombres: 19 mil 475, lo cual representa el 69.24 por ciento del total. La participación femenina (8 mil 650 postulantes) en las venideras elecciones será superior a la de 2014, cuando concurrieron 8 mil 124 mujeres.
También la mayoría de los pretendientes (52.63 por ciento) se autodeclararon blancos, mientras 10.82 por ciento dice ser de raza negra y apenas 0.47 por ciento, o sea 131 candidatos, se denomina indígena.
Entre los inscriptos predominan los ciudadanos de entre 45 y 49 años de edad (16.11 por ciento), seguidos por los de entre 50 y 54 años (15.93). Los más jóvenes –de 21 a 24 años– representan 1.72 por ciento del total y un 0.20 por ciento los que cuentan con entre 80 y 84 años de edad.
Según el grado de instrucción, predominan los de nivel superior completo (49.28 por ciento del total) y los que terminaron el nivel medio (29.11). Mientras, 261 (0.93 por ciento) sólo saben leer y escribir.
Las elecciones de 2018 en Brasil tendrán otra novedad y será el acompañamiento, por primera vez, de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Una avanzada de la misión, encabezada por la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, estuvo ya en Brasilia y suscribió con el canciller Aloysio Nunes Ferreira un Acuerdo de Privilegios e Inmunidades.
El convenio es uno de los dos que establecen las condiciones bajo las cuales la representación de la OEA realizará su trabajo “con independencia y autonomía”, dijo en una nota el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Recordó que en diciembre de 2017 fue suscrito el primero de los convenios, el de Procedimientos para la Observación Electoral, en este caso entre la OEA y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Excluido de la contienda en las urnas como consecuencia de una obcecada persecución judicial, el exdignatario Luiz Inácio Lula da Silva continúa siendo factor determinante en las elecciones presidenciales de Brasil, el próximo 7 de octubre.
“Lula todavía es el centro de esa elección, el centro de las atenciones; aquél que determina la marcha y el comportamiento de la misma”, reconoció en recientes declaraciones a la prensa el director del instituto de pesquisas Datafolha, Mauro Paulino.
A juicio del experto, el rumbo de las presidenciales dependería en mucho de lo que sucediera con Lula, del momento en que sería lanzada la campaña de su reemplazante, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, y de cómo actuaría el Partido de los Trabajadores (PT) para lograr convertirlo en un candidato con credibilidad.
El desenlace sobre la candidatura de Lula llegaría pocos días después de las valoraciones de Paulino, en la madrugada del 1 de septiembre, cuando por mayoría de votos el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió rechazar su registro y además dar 10 días de plazo al PT para reemplazar el nombre de Lula en la fórmula presidencial.
No por esperada, la determinación del TSE dejó de sorprender, pues desacató abiertamente una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que demandó del Estado brasileño respeto a los derechos políticos de Lula y su candidatura “hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo”.
Ya desde comienzos de julio último, y en una carta al pueblo brasileño dada a conocer por intermedio de la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann, el exdignatario afirmaba no tener razones para creer que tendría justicia.
El comportamiento público de algunos de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) –subrayó Lula entonces– “es una mera reproducción de lo que pasó en la primera y segunda instancias” judiciales, donde fue condenado a 12 años y 1 mes de prisión sin que fuera presentada una sola prueba para demostrar su presunta culpabilidad.
Las decisiones de un solo magistrado han sido usadas para escoger el colegiado que momentáneamente parece ser más conveniente, como si hubiera algún compromiso con el resultado del juzgamiento. Son concebidas como estrategia procesal y no como instrumento de justicia, denunció.
“No estoy pidiendo favores; estoy exigiendo respeto”, recalcó el líder histórico y fundador del PT antes de afirmar que “si no quieren que sea presidente, la forma más sencilla de conseguirlo es tener la valentía de practicar la democracia y derrotarme en las urnas”.
Una derrota que, de acuerdo con la última encuesta de intención de voto realizada antes que el TSE lo excluyera de la contienda en las urnas, sería prácticamente imposible infligirle.
Si los comicios fueran hoy, el expresidente conseguiría alrededor de 54 millones de boletas, lo que sería la mayor votación registrada en el primer turno desde la redemocratización del país, destacó entonces el portal www.lula.com.br.
El estimado surgió del cruzamiento de los resultados de los sondeos que realizaron entre el 13 y el 24 de agosto el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) y el Instituto Datafolha de Minas Gerais, y según los cuales Lula contaría con 37 por ciento de las intenciones de voto, más del doble que el segundo colocado, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro (18).
La pesquisa reveló además que con la presencia del nombre del exdignatario brasileño en las urnas el porcentaje de votos blancos o nulos sería de 16 por ciento, mientras si éste fuera excluido de la contienda ese porcentual se elevaría hasta 29 por ciento.
El no voto (blancos, nulos y abstenciones), alertó a comienzos de este septiembre el portal Poder 360, puede ser mayoritario en las próximas elecciones ante la ausencia de Lula.
Cuando en la disputa por ocupar el Palacio de Planalto se excluye el nombre del exdignatario, el no voto crece en 23 de los 26 estados de la federación y en el Distrito Federal con relación a los comicios presidenciales de 2010 y 2014.
De acuerdo con la publicación, si los pronósticos se cumplieran el no voto llegaría este año a alcanzar la cifra de 57.8 millones de electores, muy superior a las de 2014 (38.8 millones) y a las de 2010 (34.2 millones).
Reemplazar a Lula en la fórmula presidencial de la coalición El pueblo feliz de nuevo, que forman el PT, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Republicano del Orden Social (PROS), constituye el mayor reto enfrentado por Haddad, un académico y político de 55 años de edad que gobernó la ciudad de Sao Paulo entre 2013 y 2016.
Designado por Lula como su portavoz, Haddad tuvo también a su cargo la coordinación del programa de gobierno Brasil feliz de nuevo, que pone énfasis en la recuperación de la economía y la soberanía, e incluye la realización de un proceso constituyente y una reforma política con participación popular, entre otros.
Son cinco los ejes sobre los cuales se estructura el proyecto, el primero de los cuales es la reafirmación del legado de los gobiernos petistas y la revocación de las medidas puestas en práctica por el gobierno golpista de Michel Temer, surgido del golpe parlamentario-judicial perpetrado en 2016 contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff.
De cualquier modo, para poder llevar a vías de hecho el programa es necesario primero conseguir imponerse en las urnas y para ello el PT confía en el potencial de transferencia de votos de Lula para Haddad, quien fuera además exministro de Educación.
Los petistas encomendaron al Instituto Vox Populi al menos tres encuestas sobre el asunto y las mismas revelaron que entre 20 y 32 por ciento de los votos de Lula podrían ser adjudicados a Haddad en el primer turno de las presidenciales.
Estos resultados, puntualizó el diario digital Brasil 247, son similares a los registrados por órganos como el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) y Datafolha: dos tercios de los que se declaran electores de Lula dicen que votarían con seguridad por otro candidato indicado por él.
Electores, que como el primero y uno de los más renombrados especialistas en gerenciamiento de crisis de Brasil, Mario Rosa, sin dudas perciben que la elección con Lula sería completamente diferente.
Sin Lula, la elección no parece una decisión, sino un entrenamiento. Es algo desanimado, sin gracia. Puede hasta haber goles, pero no arrebatan; parece que no valen. La “torcida” no se levanta, el estadio no grita; la bola rueda en el campo, pero no entusiasma, opinó Rosa, autodeclarado amante de la política y el fútbol.
Con Lula, no. El graderío iba a permanecer de pie; las banderas irían a agitarse frenéticas. No faltaría el palabrón; el juego sería jugado y con garra. Iba a tener marcación cerrada, confusión, falta, cartones… Pero qué juegazo!, remató.
“Del modo en que está es un pleito que llama más la atención por una ausencia de lo que por todas las presencias reunidas. La elección sin Lula es la final de un campeonato estadual. Con él, sería una final de Copa del Mundo”, concluyó.
Legislador federal de larga data y escasos resultados, el candidato de la extrema derecha Jair Messias Bolsonaro disputará la Presidencia de la República en octubre próximo, tres décadas después de incursionar en la vida política brasileña.
Electo miembro de la Cámara Municipal de Río de Janeiro en 1988 por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y dos años después diputado federal, el controversial excapitán del Ejército está por agotar su séptimo período en la Cámara baja, donde de 147 proyectos de autoría propia presentados apenas uno llegó a convertirse en ley.
En esos 27 años de mandato legislativo transitó por ocho partidos políticos, al último de los cuales, el Social Liberal (PSL) se afilió este año para postularse como candidato presidencial de la coalición Brasil encima de todo, Dios encima de todos, integrada además por el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB, por sus siglas en portugués).
Bolsonaro, de 63 años, nunca ocupó un cargo que lo destacara en la Cámara; no encabezó ninguna comisión legislativa ni una bancada, y si tuvo alguna visibilidad fue por su carácter autoritario, sus discursos agresivos, sus posiciones extremas y sus comentarios racistas y homofóbicos.
Por el contrario, tiene en su haber el hecho de ser recordista absoluto en procesos abiertos en el Consejo de Ética, con cuatro instaurados desde que fuera instalado ese órgano en 2001, y es también reo ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en dos acciones penales, en las cuales es acusado de injuria y apología del estupro.
Autodefinido como “católico fervoroso”, Bolsonaro es tratado por sus seguidores, en buena parte jóvenes instruidos, como un “mito” y como el único capaz de acabar con la inseguridad que golpea al país, aun cuando la receta fundamental que el presidenciable propone para ello es la cuestionada flexibilización de la tenencia de armas de fuego.
De cualquier modo, se trata de un electorado fiel y que le ha permitido mantenerse como segundo colocado en todas las encuestas de intención de voto en las que aparecía además entre los candidatos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya impedido de concurrir a la contienda en las urnas por decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Según el más reciente sondeo realizado por el Instituto Datafolha, y cuyos resultados fueron revelados el 10 de septiembre, Bolsonaro –quien se recupera de un ataque con arma blanca sufrido durante un acto de campaña en Minas Gerais– ganaría en el primer turno (ya sin Lula) con 24 por ciento de respaldo entre los potenciales electores.
Sin embargo, continúa siendo el candidato más rechazado (43 por ciento no votaría por él en hipótesis alguna) y de verse obligado a disputar una segunda vuelta perdería con tres de sus principales adversarios: Ciro Gomes, Marina Silva y Geraldo Alckmin, y solo quedaría en un empate técnico con Fernando Haddad, el reemplazante de Lula.
Meses atrás, y refiriéndose a la entonces precandidatura del excapitán del Ejército, la depuesta presidenta constitucional Dilma Rousseff negó que éste fuera “una ficción” y tampoco “un producto militar”. Las Fuerzas Armadas –sostuvo– no tienen nada que ver con Bolsonaro.
A juicio de la exmandataria, la relevancia conseguida por el parlamentario carioca es solo parte del proceso de intolerancia, racismo y misoginia desatado por el golpe contra la democracia perpetrado en 2016 por el Congreso de la Nación con el consentimiento del Poder Judicial y que creó un fuerte antagonismo dentro de Brasil.
Más que un programa para el país, el llamado Proyecto Fénix, presentado por Bolsonaro ante el Tribunal Superior Electoral como plan de gobierno, parece una carta de intenciones, comentó el periódico Brasil de Fato al reseñar el documento de 81 páginas, el cual contiene algunas sugerencias inconstitucionales que laceran los derechos humanos y la libertad de expresión.
El documento presenta lo que considera una nueva forma de gobernar bajo el slogan “Más Brasil, menos Brasilia” y promete realizar los ajustes necesarios para garantizar crecimiento con inflación baja, generar empleos y enfrentar “los grupos de intereses ocultos que casi destruyeron al país”.
Insiste asimismo en facilitar el porte de armas, reducir hasta los 16 años la mayoría de edad penal, y en tipificar como actos de terrorismo las invasiones de propiedades rurales y urbanas, en un claro intento por criminalizar los movimientos sociales que luchan por tierra y vivienda.
Anuncia además la intención de abrir colegios militares en todas las capitales del país; cambiar los métodos de enseñanza y modificar los contenidos para evitar el “adoctrinamiento y la sexualización precoz”, y “expurgar la ideología de Paulo Freire”, pedagogo brasileño considerado uno de los pensadores más notables de la historia.
Al ser proclamado oficialmente candidato presidencial, en julio pasado, Bolsonaro evitó ofrecer muchos detalles de su programa de gobierno, pero dejó claro que la agenda económica, de la cual se encarga Paulo Guedes, fundador del banco Pactual, busca el liberalismo y reordenar las estructuras federales disminuyendo el número de ministerios.
Mientras, en recientes declaraciones a la prensa afirmó que de ser electo retiraría la Embajada de Palestina de Brasil; buscaría ampliar el diálogo con Israel, Estados Unidos y Europa, y abogó por “dar la debida estatura” al Mercosur, pues no se puede ser un país con el PIB del tamaño de casi toda América Latina y estar subordinado a éste.
De cualquier modo, el Proyecto Fénix es apenas una propuesta que el candidato del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués), Ciro Gomes, confía en que no llegue a aplicarse, pues Bolsonaro –consideró– no llegará a ganar la elección.
El éxito de Bolsonaro en las encuestas es impulsado por los ricos, blancos, machos… básicamente ese lado más truculento y egoísta de la sociedad, señaló Gomes y apuntó que él (Jair) sabe que más o menos uno de cada cinco brasileños es homofóbico, misógino, racista y tiene horror al pobre.
Sin embargo, dijo creer que el pueblo brasileño “no cometerá ese suicidio colectivo” que sería proclamar a Bolsonaro vencedor en las urnas.
En su segunda tentativa de ocupar el sillón presidencial del Palacio de Planalto, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho tendrá que cargar el pesado fardo que supone ser identificado como el ““candidato del golpe””.
Y es que fue justamente el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), presidido por él, el encargado –al día siguiente de la elección de 2014– de cuestionar los resultados de la votación, primero, y luego impulsar un proceso de impeachment devenido golpe parlamentario–judicial contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff.
Como para confirmar su condición de postulante de los golpistas, el exgobernador de Sao Paulo, médico de profesión y ya con 66 años de edad, aglutinó en torno suyo para lanzarse a la carrera presidencial a la casi totalidad de los partidos políticos involucrados en el atropello en que se convirtió el juicio político contra Rousseff.
Así, bajo el paraguas de la coalición Para unir a Brasil quedaron cobijados el PSDB, los Demócratas (DEM), Solidaridad (SDD), y los partidos Laborista Brasileño (PTB), Progresista (PP), de la República (PR), Popular Social (PPS), Republicano Brasileño (PRB) y Social Democrático (PSD).
En conjunto, las nueve fuerzas lograron una sustancial ventaja inicial: quedarse con casi la mitad del llamado Fondo Especial Electoral, al obtener 828 millones de reales (más de 200 millones de dólares) del total de 1 mil 720 millones de reales (unos 420 millones de USD) de las arcas públicas asignados con ese propósito.
Además de disponer de poco más del 44 por ciento del tiempo total de propaganda en la radio y la televisión, con 11 minutos y cuatro segundos; suficiente para colocar al aire 434 spots diarios.
Mas, hasta ahora la preeminencia en estos dos aspectos no se traduce en resultados y Alckmin, que dejó el cargo de gobernador paulista en su más bajo nivel de aprobación (28 por ciento), patina en todas las encuestas de intención de voto con un respaldo que oscila entre un seis y un 11 por ciento de los potenciales electores. Ya desde abril último el periódico digital Brasil 247 hacía notar que el escenario se presentaba mucho más áspero para Alckmin en esta campaña que en la de 2006, cuando por primera vez se lanzó detrás del sillón presidencial.
Doce años atrás su gestión al frente del gobierno paulista alcanzaba una valoración positiva del 66 por ciento, casi 40 puntos más que cuando la abandonó esta vez para intentar ocupar el Palacio de Planalto. Y para sus aspiraciones presidenciales, remarcó el diario, la receptividad de su candidatura por el electorado de Sao Paulo resulta vital.
En 2006, Alckmin tenía cerca de 20 por ciento de las intenciones de voto y aparecía en segundo lugar, detrás del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección. Hoy llega, cuando más, al 11 por ciento y se abraza en un empate técnico con al menos otros tres aspirantes.
Para analistas aquí, la que lleva adelante el candidato del golpe se muestra como una campaña errática en la cual se dedica más tiempo a atacar los adversarios que a mostrar un futuro programa de gobierno.
Quien sea capaz de citar una propuesta de Geraldo Alckmin gana un viaje a Venezuela, ironizó el diario Folha de Sao Paulo al comentar una de las tantas apariciones del “tucano” en la televisión, en este caso para tratar de explicar como pretendía fortalecer la Fuerza Nacional.
En los debates presidenciales transmitidos en cadena nacional, así como en entrevistas organizadas por diferentes medios, Alckmin ha dicho que quiere ser el presidente del cambio para transformar a Brasil. “Si no fuera para eso, no vale la pena”, asegura.
De ahí que entre sus principales banderas enarbole las de las reformas política, pues “no es posible tener 35 partidos”; del Estado, tributaria y del sistema de pensiones, las cuales pretende llevar adelante en los primeros seis meses de gobierno para recuperar la confianza en el país, dice.
También promete que los salarios crecerán más que la inflación; que atraerá inversión e impulsará la industria de la construcción, en tanto ésta constituye uno de los sectores capaces de generar más rápidamente empleo y renta; y que tendrá como prioridad elevar la calidad de la educación básica.
Alckmin aboga asimismo por reducir lo que llama el “costo Brasil” para aumentar la competitividad y fomentar el comercio exterior, así como por desregular y abrir el sistema bancario, aunque –afirma– sin privatizar el Banco de Brasil ni la Caixa Económica Federal.
Primero el titular de la Secretaría de Gobierno del Palacio de Planalto, Carlos Marun, y luego el propio presidente Michel Temer –principal usufructuario del golpe de Estado de 2016– arremetieron contra Alckmin en pleno apogeo de su campaña electoral.
Alckmin critica la salud y su candidata a vicepresidenta, la senadora Ana Amélia, es del PP, partido que gestiona esa área en el gobierno; enjuicia la educación y el coordinador de su coalición es presidente del DEM, también el partido que controla esa cartera, apuntó Marun en declaraciones al portal Poder 360.
El ansia de vencer en octubre está transformando a Alckmin en “la más completa personificación de la hipocresía de que se tenga noticia en esta elección”, remató.
Como para no ser menos que su subordinado, el titular del Ejecutivo difundió un video en el cual dice dirigirse a Alckmin “por todas las falsedades que ha colocado en su programa electoral”, cuyas piezas comienzan afirmando que “el Brasil de Dilma y Temer es así”, antes de mostrar algunos de los males que hoy aquejan al país.
El mandatario no electo de Brasil dice recordar que el candidato del PSDB era diferente las veces cuando él lo apoyó en su afán de convertirse en gobernador de Sao Paulo y también cuando concurrió a la contienda presidencial de 2006, y le recomienda no atender solo lo que le dicen sus publicistas.
En el mensaje, de dos minutos de duración, Temer deja claro que él y Alckmin representan el mismo proyecto y tienen los mismos aliados.
Un proyecto que –según reconoció en declaraciones formuladas Tasso Jereissati, expresidente del PSDB y titular del Instituto Teotonio Vilela, su órgano de formación política– resultó un fracaso.
El partido cometió un conjunto de errores memorables, el primero de los cuales fue cuestionar el resultado electoral (de 2014), algo que no pertenece a nuestra historia ni a nuestro perfil, porque respetamos la democracia, dijo.
El segundo yerro fue votar contra principios básicos del PSDB, sobre todo en la economía, sólo para ir en contra del Partido de los Trabajadores (PT). Pero el más grande desacierto, y buena parte del partido se oponía a eso, fue entrar en el gobierno de Temer, reconoció el senador Jereissati.
Por tercera vez en más de siete lustros de vida pública, Ciro Gomes figurará en octubre próximo entre los 13 candidatos que disputarán la Presidencia de Brasil, ahora como abanderado de la coalición Brasil soberano.
Natural del municipio paulista de Pindamonhangaba, Gomes creció y fue criado en la ciudad de Sobral, en el nordestino Estado de Ceará, donde desarrolló una carrera política que incluye el tránsito por siete partidos y su elección para diputado estadual (1982), alcalde de Fortaleza (1988) y gobernador (1990).
Fungió además durante cuatro meses como ministro de Hacienda en la recta final del gobierno de Itamar Franco (1994) y en 2003 asumió la cartera de Integración Nacional en el primer mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su último encargo político transcurrió entre 2007 y 2011 como diputado federal en la Cámara baja.
Su debut en la carrera por el sillón ejecutivo del Palacio de Planalto se produjo en 1998, dos años después de incorporarse al recién fundado Partido Popular Socialista (PPS), por el cual volvió a disputar la elección en 2002.
En su primera incursión como presidenciable, Gomes terminó tercero con más de siete millones 400 mil votos y aventajado solo por Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y por Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
Cuatro años después, en su segundo intento por ceñirse la banda presidencial, finalizó en el cuarto puesto con más de 10 millones 170 mil votos, pero esta vez detrás de Lula, José Serra (PSDB) y Anthony Garotinho, del Partido Republicano Progresista (PRP).
Para la puja del 7 de octubre venidero el ahora candidato del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) –la agrupación que conforma junto a Avante la coalición Brasil soberano– parece destinado a rendir un desempeño similar a los conseguidos antes.
En la casi totalidad de las encuestas de intención de voto realizadas hasta la fecha aparece colocado del tercero al quinto lugar, unas veces en solitario y otras en un empate técnico con el exgobernador de Sao Paulo y aspirante del PSDB, Geraldo Alckmin, y con la excandidata presidencial Marina Silva (Red Sustentabilidad).
Los dos más recientes sondeos, cuyos resultados fueron difundidos esta semana, colocan al presidenciable del PDT en el pelotón de avanzada e incluso le conceden mayores posibilidades de triunfo en una eventual participación en el segundo turno.
De acuerdo con la pesquisa realizada por CNT/MDA, en un escenario estimulado (donde al entrevistado se le sugieren los nombres de los contendientes) Gomes se ubica tercero con el respaldo de un 10.8 por ciento de los potenciales votantes.
En tal caso accederían a la segunda vuelta el aspirante de la extrema derecha Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) con 28.2 por ciento de las intenciones de voto y Fernando Haddad, el reemplazante de Lula en la coalición El pueblo feliz de nuevo, con 17.6 puntos porcentuales.
Mas, de lograr avanzar al segundo turno (el 28 de octubre), Gomes batiría a todos sus contrincantes, incluyendo a Bolsonaro.
Un levantamiento hecho por FSB Pesquisa, y contratado por el banco de inversiones BTG Pactual, arrojó resultados similares e incluso un poco más halagüeños, pues mientras Bolsonaro consigue el apoyo de 33 por ciento de los posibles electores en primera vuelta, Haddad y Gomes lo escoltan con un empate técnico a 16 puntos.
En este caso, el aspirante del PDT también representaría la mayor amenaza para Bolsonaro en un segundo turno, en la cual –atendiendo al margen de error del muestreo– pudieran alcanzar cada uno 42 por ciento de los votos.
Un proyecto de gobierno con 12 pasos para cambiar a Brasil fue presentando en julio último por Ciro Gomes a la Convención Nacional del PDT, que en la ocasión lo proclamó oficialmente candidato presidencial.
Se trata, explicó el propio pedetista, de “líneas generales, deseos, ideas y pasos que consideramos fundamentales para hacer de nuestro Brasil un país verdaderamente justo, solidario, unido, fuerte y soberano”.
Con los llamados 12 pasos se pretende incentivar la generación de empleo; recuperar y modernizar la infraestructura; propiciar el desarrollo con respeto al medio ambiente; impulsar la ciencia, tecnología e innovación; invertir sólidamente en la educación; y mejorar la atención en el sector salud.
También, combatir la corrupción y el crimen y proteger a los jóvenes; crear, mantener y ampliar los programas sociales; potenciar la cultura como afirmación de identidad nacional; respetar a todos los brasileños “en un país tan desigual” mediante políticas específicas y afirmativas; y preservar la soberanía nacional.
Anticipa asimismo que el complejo industrial de defensa tendrá como objetivo desarrollar tecnologías de vanguardia no solo para preservar la soberanía nacional, sino también para propiciar el desarrollo de innovaciones aplicables al resto del sector productivo, todo ello sin aceptar la compra de activos por capitales extranjeros.
Mas, advierte que para poder llevar adelante el programa lo primero será poner en orden las cuentas del gobierno, lo cual supone reformar el sistema de pensiones (sin afectar los derechos adquiridos, asegura); reducir gastos; modificar la composición de la carga tributaria; y tener una tasa de interés baja y una tasa de cambio competitiva.
Blanco de críticas por su temperamento, agresivo y autoritario a veces, Gomes ha insistido en que de ganar la elección revocaría la Propuesta de Enmienda Constitucional impulsada por el gobierno de Michel Temer y que colocó un techo a los gastos públicos por 20 años, afectando en lo fundamental la educación, salud pública y los programas sociales.
Abogado de profesión, profesor universitario e investigador visitante en la universidad estadounidense de Harvard, el candidato presidencial del PDT en 2018 dice ser visto, “desde el pensamiento más conservador, como una persona más de izquierda, incluso buscando ser moderado, equilibrado, que gusta de producir resultados”.
Candidata de vasta experiencia en la vida política brasileña, Marina Silva está envuelta por tercera vez consecutiva en una carrera presidencial, aunque en esta ocasión la galopada transcurre en franca desaceleración.
La más reciente encuesta de intención de voto del Instituto Datafolha revela que en tres muestreos realizados entre el 10 y el 19 de septiembre por esa entidad, la preferencia de los potenciales electores por la fundadora del partido Red de Sostenibilidad decreció en cuatro puntos, de 11 a 7 por ciento.
De otro lado, Silva ocupa la segunda posición entre los presidenciables más rechazados, con 32 por ciento de desaprobación, y es aventajada solo por el ultraderechista Jair Bolsonaro (43 por ciento) del Partido Social Liberal (PSL) y quien encabeza la coalición Brasil encima de todo, Dios encima de todos.
Precisamente con Bolsonaro y con el Cabo Daciolo es que Marina –cuya postura ultraconservadora respecto al matrimonio igualitario y el aborto es bien conocida– disputa el discurso evangélico en la actual campaña rumbo a la conquista del Palacio de Planalto.
La meta para ella, sin embargo, parece bien distante. Semanas atrás el cientista político Humberto Dantes anticipó que Marina no tiene potencial de crecimiento en las elecciones.
Para mí, su candidatura tiende a encogerse, evaluó Dantes y puntualizó que la aspirante de la coalición Unidos para transformar Brasil desaparecería en el horario electoral, con apenas 42 segundos de exposición en la radio y la televisión; además de estar en un partido pequeño, no tener el apoyo financiero de 2014 y tampoco fuerte presencia en las redes sociales.
Profesora de la red pública de enseñanza, concejala, diputada estadual, senadora entre 1995 y 2010 y ministra de Medio Ambiente (2003-2008) durante parte de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva nació hace 60 años en el Estado de Acre.
De origen pobre, aprendió a leer y escribir a los 16 años e inició su carrera política en el sindicato de caucheros. Fue fundadora de la Central Única de Trabajadores (CUT) y del Partido de los Trabajadores (PT) en Acre, y en septiembre de 2015 logró el registro de su nuevo partido Red de Sostenibilidad.
Su primera incursión en las elecciones presidenciales se produjo en 2010, cuando representó al Partido Verde (PV), el cual abandonó ese mismo año, y la segunda en 2014 reemplazando al candidato del Partido Socialista Brasileño (PSB) Eduardo Campos, fallecido en un accidente aéreo a sólo semanas de la porfía en las urnas.
Silva, quien analistas señalan que transita en el centro pero coquetea con sectores de la izquierda y de la derecha, causó revuelo en enero pasado cuando sugirió que las cuatro mayores organizaciones políticas del país –el PT, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y los Demócratas– deberían tomarse cuatro años sabáticos y quedar fuera de la elección de octubre venidero.
De cualquier modo, y de cara a la ya cercana contienda en las urnas, tejió en muchos Estados alianzas con las fuerzas que ella fustiga con vehemencia, lo cual le generó fuertes críticas por la manifiesta incoherencia política de su partido.
Asimismo, es puesta en duda su capacidad de gobernar sin contar con apoyo en el Congreso (tiene solo un senador y dos diputados federales), a lo cual replica que pretende llevar adelante un gobierno programático que incentive una nueva política, combata la corrupción y mantenga un diálogo permanente con los partidos.
En ese sentido, manifiesta la decisión de mantener un diálogo permanente con el Poder Legislativo a partir de un programa que exprese las agendas de interés público, con absoluta transparencia, así como de establecer una relación de colaboración con Estados y municipios, independientemente del partido político que los gobierne.
Precisa que será “un gobierno abierto y digital”, que valiéndose de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación procurará asegurar servicios públicos más eficientes y de mejor calidad.
Prevé también establecer un sistema de metas e indicadores para todas las políticas que posibiliten la ampliación del control social sobre la gestión gubernamental, así como la creación de un Consejo Nacional de Transparencia Activa, que reglamentará y fiscalizará la publicación de todos los datos de interés público.
En otra de sus partes, el programa anuncia que en el inicio mismo de su mandato el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional una propuesta de reforma enfilada a rescatar la confianza en el sistema político.
Señala asimismo como prioridades la institución de una Política Nacional Integrada para la Primera Infancia, que ponga fin a la situación de millones de niños que hoy viven en Brasil en situación de pobreza y son excluidos de recibir servicios públicos de calidad.
Enfatiza también el compromiso de implementar el Plano Nacional de Educación (PNE); fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), al cual cataloga como el mayor programa de asistencia gratuita y universal del mundo y que hoy está sobrecargado por las características de un país de dimensiones continentales y muy desigual.
Otro de los propósitos de un hipotético gobierno de Marina Silva será definir políticas específicas para superar las desigualdades que afectan a mujeres, negros, pueblos y comunidades tradicionales, personas con deficiencia, Lgbti, a la juventud y a los ancianos.
“Promoveremos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales respetando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia, por medio de políticas transversales”, puntualiza.
Desarrollar ciudades saludables y sustentables; liderar la transformación hacia una economía de carbono neutro e implantar una política externa comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, la promoción de la paz y de la cooperación internacional, forman parte también de las promesas de gobierno de Marina Silva, que por ahora va desacelerando en su carrera por llegar al Palacio de Planalto.
Relegados ya por las encuestas de intención de voto al papel de meras figuras decorativas en el escenario electoral, ocho de los 13 candidatos inscritos conforman el segundo escalón de los presidenciables brasileños.
Quizás el caso más notorio entre todos ellos sea el del representante impuesto por el presidente Michel Temer al gubernamental Movimiento Democrático Brasileño (MDB), su exministro de Hacienda Henrique Meirelles, cuyo nivel de respaldo entre el electorado no logró hasta ahora rebasar el tres por ciento.
Mosiés Pérez Mok/Prensa Latina
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