En México, las carreras de caballos y el mercado de apuestas ligado a ellas está bajo el control total de particulares, a pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) está obligada, por ley, a regular todos los juegos con apuestas y sorteos.
El principal responsable de haber cedido a la iniciativa privada este lucrativo negocio es el panista Santiago Creel Miranda, ahora promotor de la candidatura presidencial de Ricardo Anaya. Durante su paso por la Segob, en el sexenio foxista, anuló al órgano regulador en perjuicio del sector público.
Así, la industria hípica carece de autoridad desde septiembre de 2004, cuando Creel derogó el decreto presidencial por el que se creó la oficial Comisión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos, y ésta desapareció. Sus sucesores, incluyendo al recién salido Miguel Ángel Osorio Chong, no corrigieron la anomalía.
La falta de autoridad propició que bajo el patrocinio de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), SAB de CV –entonces titular del Hipódromo de las Américas–, se creara la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, que en la práctica –y sin tener facultades legales– regula al sector.
Durante años, la Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Carreras ha solicitado, sin éxito, invalidar las funciones de autoridad hípica que ejerce dicha asociación civil.
Además de regalar permisos para casinos a Televisa, Santiago Creel en la industria hípica generó una lucrativa industria de apuestas sin supervisión gubernamental, de la que ahora es beneficiaria la española Codere, actual controladora del Hipódromo de las Américas.
“La concesión está condicionada: para tener los permisos de 60 casinos se debe mantener el Hipódromo. Pero lo que realmente quiere la empresa es desaparecer las carreras de caballos en México, porque es una operación muy cara: quieren reducir la operación hípica y por eso el caballo de carreras pura sangre está en vías de extinción”, señala Enrique Rodríguez Cano, presidente la Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Carreras.
En 1998, ese negocio se cedió a CIE por 25 años, prorrogables por otro periodo igual; de tal manera que desde 2012 y hasta 2023 –plazo que podría extenderse hasta 2048, Codere dominará el mercado.
Y es que en 2012 la trasnacional española, especializada en apuestas deportivas, adquirió la mayoría de las acciones (84.4 por ciento) de la empresa Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV, que controla el Hipódromo y los 60 casinos que señala Rodríguez Cano (Sports Book, Royal Yak, Jackpot y Yak).
El modelo de negocios del Hipódromo se basa en las apuestas y cruce de apuestas, pero, sin autoridad oficial, la asociación civil tomó las responsabilidades del otrora órgano regulador (la Comisión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos), cuya vigencia duró de 1943 a 2004.
Luis Cangas –quien hasta mediados de enero de 2018 estuvo encargado de la DGJS– confirmó a Contralínea el disminuido papel que juega la Segob en este tema.
Consultado previo a la llegada del secretario Alfonso Navarrete Prida a Gobernación, indicó que la regulación de las carreras de caballos es un “asunto entre particulares”. Por ello, dijo, no podía opinar respecto de las acusaciones de carreras amañadas y demás arbitrariedades. Contralínea también buscó conocer la versión de la Comisión Mexicana, pero no obtuvo respuesta.
El tamaño del negocio que cedió Gobernación a privados es incierto. De 2012 –año en que Codere se apropió del mercado– a 2017, el Hipódromo de las Américas organizó 8 mil 723 carreras ordinarias, y entregó premios por un total de 283 millones 968 mil pesos, reportan datos recabados por organizaciones de caballistas.
El empresario Enrique Acosta –dueño de un caballo cuarto de milla– tiene sus propios cálculos: “concursan entre 80 y 120 caballos en promedio. Al final del año se van quedando muchos en el camino; pero se juntan cantidades de 3 y medio millones de pesos, aproximadamente, de acuerdo con el número de caballos que se inscriben. El premio que dan es de entre 500 mil y 800 mil pesos. Entonces hay una diferencia de 2 millones y medio que ellos se quedan. Aparte está el tema de las cuotas que pagan los competidores”.
Al 30 de junio de 2017, Administradora Mexicana de Hipódromo –dirigida por Rodrigo Humberto González Calvillo– informó a la DGJS que su capital contable ascendía a 3 mil 868 millones 794 mil 984 pesos.
En el periodo de enero a junio, sus ingresos ascendieron a 2 mil 401 millones 138 mil 310 pesos, de los cuales tuvo una utilidad de operación por 434 millones 431 mil 823 pesos, sin especificar cuánto corresponde a los casinos y cuánto al Hipódromo.
Ahí, la actividad hípica es tierra de nadie. Y aunque la Segob no supervisa ni vigila el cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para el caso de las carreras de caballos y sus apuestas, sí otorga permisos y cobra participaciones.
Esa ausencia de regulador también ha posibilitado que quienes operan el negocio en el Hipódromo de las Américas (la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos y la Administradora Mexicana de Hipódromo) cometan supuestas arbitrariedades y anomalías.
Entre éstas destaca que uno de los dirigentes de la asociación –Manuel Pacheco Hinojosa– esté ligado a Creel Miranda y a CIE, aún accionista minoritaria del Hipódromo y, durante años, principal beneficiada del negocio que cedió el panista en el gobierno de Vicente Fox.
Y resulta que en el Hipódromo de las Américas, los veredictos de la Comisión Mexicana –que oficialmente funge como órgano técnico de consulta– son prácticamente incuestionables.
Eso lo comprobó el empresario Enrique Acosta, a quien se le atribuyó incurrir en un caso de dumping, y por ello fue despojado de un premio que, asegura, obtuvo de forma legítima.
Su caballo –cuarto de milla– no fue inyectado ni recibió tratamiento alguno para mejorar su competitividad y, sin embargo, un examen de orina lo condenaba. Así, el premio de 500 mil pesos cambió rápidamente de manos. Pero Acosta afirma que la prueba antidumping practicada a su equino por la Comisión Mexicana fue irregular.
“Es imposible que salga la prueba positiva en orina y en sangre no, cuando el análisis de sangre es mejor. Entonces le demostramos a la asociación que no hacía bien el antidumping: no lleva bien el protocolo para que no se contamine la orina o la sangre.”
Acosta pagó estudios de sangre en laboratorios estadunidenses, que demostraban que su cuarto de milla no había consumido ningún tipo de droga.
“Aún así me multaron y perdí medio millón de pesos. Me quitaron para que subiera uno de sus cuates, que tiene 20 caballos. Y yo nada más tenía uno, que participaba en una cuadra de cinco caballos.”
Ésa era la primera advertencia. Luego vendría la suspensión por antidumping –durante 1 año– no sólo contra su equino, sino también contra el entrenador, quien finalmente fue “condenado” por la asociación civil a pagar 25 mil pesos para recuperar su empleo.
Al empresario Acosta le fue prohibida la entrada al Hipódromo, supuestamente por “tramposo”. “Fue una represalia, porque detectaron que el caballo era mío, y ya me habían amenazado dos o tres veces antes”.
En entrevista, la abogada Diana Reséndiz señala que es anticonstitucional que a los caballistas se les cancele el derecho de defensa. En el caso de Acosta, asegura, el órgano técnico tenía la obligación de permitirle que se defendiera y presentara las pruebas independientes, y no lo hizo.
Ante la negativa de la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos para escuchar sus alegatos y tomar en cuenta los peritajes que realizó al caballo por cuenta propia, el empresario tuvo que recurrir al juicio de amparo, que también perdió.
Sin ir al fondo del asunto, la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló en su contra: al considerar que se trataba de un conflicto entre particulares, determinó que la Comisión tiene derecho a imponer reglas y sanciones, como suspender, multar y correr a los competidores.
Para Acosta, todo el procedimiento fue manipulado, porque en el Hipódromo las “autoridades” y la empresa actúan en complicidad para “arreglar” las carreras. Por ello, señala, los dueños de caballos y cuadras que no pertenecen al círculo de “amigos” pierden por descalificación, les roban los premios y los echan sin derecho a defenderse.
Considera que, al no regular el sector, la Segob ha permitido no sólo que se generen esos negocios irregulares y competencias amañadas, sino que se cometan atropellos como su caso.
Este discrecional negocio también generó otro problema: la crisis en las granjas de cría de caballos pura sangre. Según caballistas, la subsidiaria de Codere no fomenta las competencias de esa raza ni mejora las condiciones para los ejemplares que se alojan en el Hipódromo de las Américas.
Por ello, en diciembre de 2017, los dueños de pura sangre que aún se mantienen en el negocio pidieron a la trasnacional española que impulse las competencias, con un aumento de 80 por ciento a carreras ordinarias y del ciento por ciento a premios y clásicos.
Rodríguez Cano observa que en este negocio no sólo hacen falta buenos premios para mantener a los caballos, sino también contar con un árbitro imparcial e independiente: “si la autoridad hípica depende de la empresa, como es el caso, pues al que no le gusta lo corren o le sacan positivo [las pruebas antidumping], que es lo que le ha pasado a muchas personas”.
Incluido él, que también fue corrido del Hipódromo bajo acusaciones de querer amañar las competencias a favor de los caballistas que integran su organización. Un señalamiento que rechaza.
“La industria hípica es como un carro romano de dos ruedas: una rueda son los caballistas, que ofrecen el espectáculo y son dueños de los caballos, y la otra es la empresa. Ésas tienen que funcionar al parejo. Y el que maneja el carro es la autoridad hípica, que durante mucho tiempo fue la Comisión Nacional de Carreras, dependiente de Gobernación; pero Creel abrogó la Comisión para crear órganos técnicos de consulta, y la empresa tan lista pues creó su propio órgano, la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, que maneja Manuel Pacheco, quien es íntimo de Santiago Creel.”
Rodríguez Cano agrega que CIE –empresa que en 1998 obtuvo la concesión con la condición de que fuera capital mexicano el que dominara la industria– es la que orquestó la anulación de la autoridad: “la empresa manejaba a la asociación civil para que nadie se pudiera meter en su negocio. Y al controlar a la autoridad también controlaba a los caballistas”.
Nancy Flores
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
Contralínea 575 / del 29 de Enero al 03 de Febrero 2018
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